Alejandro Chavez Lozano
Expediente 161/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Chavez Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
------Juicio de amparo 161/2023-I..... En la misma fecha, se da cuenta a la jueza con la certificación que antecede y con el estado procesal de autos. Conste. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte el proveído dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento de las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que estuvieran en aptitud de impugnar tal determinación, apercibidas que en caso de no hacerlo se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto la parte quejosa como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento declarado fue consentido. Anotaciones internas Se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante solo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido en virtud de que causó estado el proveído en el que se determinó que la sentencia amparadora quedó cabalmente cumplida. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es conservable de manera íntegra, y será transferido al archivo de concentración una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se concedió el amparo. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Archivo de Concentración. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos irremplazables) para devolver a las partes. Incidente de suspensión. Se hace constar que en el presente asunto no se formó cuaderno incidental. Devolución de cuadernos auxiliares. Se ordena devolver al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el duplicado de la causa penal 553/2003 de su índice; por lo tanto, se requiere al juez responsable para que acuse recibo de las constancias remitidas, dentro del plazo de tres días siguientes a su recepción, apercibida que de no cumplir con ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a las partes quejosa y tercera interesada (si la hubiera), porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ya causó estado el auto por el cual se determinó que la sentencia dictada quedó enteramente cumplida. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o la quejosa desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Juicio de amparo 161/2023-I. Puebla, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la autoridad judicial responsable para cumplir con la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado, pues sería infructuoso, para el quejoso, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia; lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución. Ahora, en el asunto que nos ocupa, se dictó sentencia en la audiencia constitucional de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Alejandro Chávez Lozano, para el efecto de que la autoridad judicial realizara las siguientes acciones: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 553/2003. 2. En su lugar, emita una nueva determinación en la establezca que el delito de robo de vehículo agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción V y 380, fracciones XI y XII del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, es de dieciocho años (doce años por el tipo penal básico y seis años por las agravantes), por lo que es mayor a la pena de prisión para el diverso delito de robo de mercancía, establecida en los artículos 373 y 374, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que es de ocho años; de ahí que el primero debe absorber al segundo. 3. Con plena libertad de jurisdicción determine si desde el veintiocho de julio de dos mil cuatro, en que se libró la orden de aprehensión contra el quejoso, en cumplimiento al juicio de amparo 368/2004 del índice del entonces Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, hasta que se ejecutó, ya transcurrió el plazo requerido para declarar prescrita la acción penal, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 80, 130, 131, 132 y 137 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla." Luego, por auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de dicha sentencia. En vista de lo anterior, en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se recibió el testimonio de la ejecutoria de amparo en la que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca de revisión R121/2023, que en sus puntos resolutivos estableció: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Chávez Lozano, en contra del acto reclamado al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en el auto de formal prisión emitido el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal ++++++++++++++++++++". En consecuencia, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo dictado por esta juzgadora y confirmado por la superioridad, para los efectos en él establecidos. Luego, por auto de seis de septiembre del presente año, se recibió en este juzgado el oficio 2116, registrado con número de folio 11361, por el cual la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, informó y anexó copias certificadas de los actos que realizó en cumplimiento al fallo protector. De dicho oficio y constancias se observan que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria aquí dictada en los siguientes términos: Efectos señalados en la ejecutoria de amparo aquí dictada. Actos de cumplimiento. "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 553/2003." "2. En su lugar, emita una nueva determinación en la establezca que el delito de robo de vehículo agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción V y 380, fracciones XI y XII del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, es de dieciocho años (doce años por el tipo penal básico y seis años por las agravantes), por lo que Efecto cumplido, porque la autoridad judicial responsable, mediante oficio 2116, informó a este juzgado de distrito que mediante resolución de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dentro la causa penal 553/2003, de su índice, dejo insubsistente el auto de formal prisión de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en contra del quejoso Alejandro Chávez Lozano. Efectos cumplidos, así, a través del oficio 2116, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de septiembre de la cual se advierte que emitió una nueva determinación en la que estableció que el delito de robo de vehículo agravado previsto y + es mayor a la pena de prisión para el diverso delito de robo de mercancía, establecida en los artículos 373 y 374, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que es de ocho años; de ahí que el primero debe absorber al segundo. 3. Con plena libertad de jurisdicción determine si desde el veintiocho de julio de dos mil cuatro, en que se libró la orden de aprehensión contra el quejoso, en cumplimiento al juicio de amparo 368/2004 del índice del entonces Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, hasta que se ejecutó, ya transcurrió el plazo requerido para declarar prescrita la acción penal, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 80, 130, 131, 132 y 137 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla." sancionado por los artículos 373, 374 fracción V y 380, fracciones XI y XII, del código de Defensa Social para el Estado de Puebla, es de dieciocho años (doce años por el tipo penal básico y seis años por las agravantes), por lo que es mayor a la pena de prisión para el diverso de robo de mercancía, establecida en los artículos 373 y 374, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que es de ocho años; de ahí que el primero debe absorber al segundo. Por lo que, determinó que el delito de robo calificado, por estar más penado, se subsume al de robo de mercancía. Realizó el análisis de la prescripción del citado delito y declaró prescrita la acción penal del delito de robo de vehículo agravado. Y en consecuencia, decretó la inmediata libertad en favor del inculpado aquí quejoso, por prescripción de la acción penal ejercitada en contra del quejoso, únicamente por lo que hace a la causa penal de origen 553/2003. Como se ve, ningún defecto o exceso puede considerarse en la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, pues el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, cumplió con los efectos de protección de la sentencia. Lo anterior es así porque la autoridad judicial responsable, dejo insubsistente el auto de formal prisión reclamado, emitió una nueva determinación en la que declaro subsumido el delito de robo de mercancía al del robo de vehículo agravado (por ser mas penado), realizó el análisis de la prescripción de dicho delito y en consecuencia, declaró que opera en favor del quejoso la prescripción de la acción penal ejercitada en su contra, y decretó su inmediata libertar, únicamente respecto a la causa penal 553/2003 de su índice. Bajo ese contexto, es válido afirmar que lo realizado por la autoridad responsable, se ajusta a los efectos de la protección otorgada al quejoso. Además, las partes no presentaron escritos en los cuales hubieran cuestionado los actos de cumplimiento realizados por la autoridad obligada. Por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria emitida por este órgano judicial sin excesos ni defectos. Recurso de inconformidad. A fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Vista a la fiscal adscrita. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Datos estadísticos. Con el objeto de registrar la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: 1. En audiencia constitucional de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo a la parte quejosa. 2. En proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión del quejoso.. En auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida el testimonio de la ejecutoria por la que la superioridad confirmó el fallo protector, motivo por el cual, en esa misma data, se requirió a la autoridad judicial diera cumplimiento total a la sentencia de amparo confirmada. 4. El cuatro de septiembre del actual, la autoridad dio cumplimiento total a la sentencia dictada. 5. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió en este juzgado el oficio y las constancias con las cuales la autoridad acreditó dicho cumplimiento. 6. En auto de seis de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias recibidas en cumplimiento a la ejecutoria dictada. 7. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, fue realizada la última notificación -al agente del Ministerio Público tercero interesado- respecto del auto por el que se dio vista con el cumplimiento. 8. En la presente fecha -dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y tercera interesada (por lista) y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; y por oficio a las demás partes; y cúmplase.
- Principal
Juicio de amparo 161/2023-I. Conste. Puebla, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe constancia de cumplimiento de la sentencia. Al expediente el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa que ha cumplido con la sentencia emitida en este juicio y, para demostrarlo, adjunta copia certificada de la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el proceso penal 553/2003. En consecuencia, se deja insubsistente el apercibimiento de multa impuesto en el acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso. Vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia. Toda vez que la autoridad responsable aduce haber cumplido el fallo de protección emitido en el presente juicio, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con las actuaciones antes mencionadas, para que en el plazo de tres días se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Luego, con desahogo de la vista o sin ella, se procederá a proveer lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; de manera personal al quejoso y tercera interesada (por lista) y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; por oficio al fiscal tercero interesado; y cúmplase
- Principal
Juicio de amparo 161/2023-I.. Puebla, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el toca de revisión R-121/2023, que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a +++++++++++++++ en contra del acto reclamado al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en el auto de formal prisión emitido el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal ++++++++++++++ Además, devuelve el expediente original del presente juicio y dos cuadernos auxiliares; motivo por el cual, se ordena glosar el testimonio de la ejecutoria y acusar recibo a la superioridad -vía interconexión- por el oficio y anexos mencionados. También se instruye agregar al juicio de amparo las constancias relevantes que obran en el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión (sólo las originales). Anotaciones internas. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se requiere cumplimiento. Toda vez que el tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada en este juicio que concedió el amparo al quejoso, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 553/2003. 2. En su lugar, emita una nueva determinación en la establezca que el delito de robo de vehículo agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción V y 380, fracciones XI y XII del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, es de dieciocho años (doce años por el tipo penal básico y seis años por las agravantes), por lo que es mayor a la pena de prisión para el diverso delito de robo de mercancía, establecida en los artículos 373 y 374, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que es de ocho años; de ahí que el primero debe absorber al segundo. 3. Con plena libertad de jurisdicción determine si desde el veintiocho de julio de dos mil cuatro, en que se libró la orden de aprehensión contra el quejoso, en cumplimiento al juicio de amparo 368/2004 del índice del entonces Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, hasta que se ejecutó, ya transcurrió el plazo requerido para declarar prescrita la acción penal, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 80, 130, 131, 132 y 137 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla." Luego, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir lo aquí establecido o de omitir manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario, que equivalen a las cantidades de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional) a $103,740.00 (ciento tres mil setecientos cuarenta pesos, 00/100, moneda nacional), según se califique la gravedad de tal omisión y los daños ocasionados a la parte quejosa; aunado a que se remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual puede derivar en la separación del puesto del juez responsable y su consignación ante la representación social de la federación, tal como lo establece el numeral 267, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable al caso, la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ++++++++++++++ ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." (Registro digital: 2007918, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Tipo: Jurisprudencia). Cabe destacar que en este asunto resulta inviable requerir al Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla o a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, es decir, considerarlos superiores jerárquicos del juez responsable, para que lo instruyan a que cumpla la sentencia emitida en los términos establecidos, pues por su autonomía e independencia carece de un superior a quién formularle ese requerimiento. Tiene aplicación a la determinación previa, la jurisprudencia 1.3º.C. J/8 (10a) con número de registro 2005326, materia común, décima época, Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, enero de 2014, página 2894, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)". Notifíquese y cúmplase
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