Alejandro César Olivar Obregón

Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1127/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Alejandro César Olivar Obregón

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda con evidencia criptográfica de ***, quien se ostenta como mandatario judicial del quejoso ***; fórmese el expediente relativo con el número 1127/2022-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Sin soslayar que no adjuntó documental idónea de la que se desprenda la representación con la que se ostenta como mandatario judicial; sin embargo, se corroboró lo que afirmó respecto a que tiene reconocido tal carácter en el juicio de origen, al tener a la vista diversas constancias en copia certificada del expediente *** del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que adjuntó la responsable al rendir su informe justificado en el diverso juicio de amparo 477/2022 de este índice (promovido también por el aquí quejoso); en las que se encuentra el escrito de demanda, su ratificación y el proveído de catorce de marzo de este año, en el que se aprecia que se le tuvo como mandatario del impetrante; lo que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós -dictado en el expediente *** relativo a la Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, Alimentos, deducido del Procedimiento Especial de Divorcio Incausado, promovido por ***, contra ***, que inadmitió el recurso de apelación que interpuso el actor contra la determinación emitida en la audiencia inicial de veintidós de agosto de esta anualidad, en la etapa de revisión de medidas provisionales. DESECHAMIENTO En la especie se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el quejoso el recurso ordinario establecido en la ley, para lograr modificar o revocar el acto reclamado, es decir, no agotó el principio de definitividad, al no combatirlo mediante la interposición del recurso de queja que prevé la legislación adjetiva civil del Estado de México, previo a acudir a la instancia constitucional, para efectos de la procedencia del juicio constitucional, en términos de lo previsto en el citado numeral que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de improcedencia de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales) establecidos en el numeral y fracción transcrita, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están anunciados en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. En ese orden de ideas, se destaca que los artículos 1.393, fracción II, 1.396, 1.397 y 1.398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, prevén el recurso de queja contra la determinación reclamada, así como su trámite, los cuales a la letra establecen: "1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: . II. Deniega una apelación. . Artículo 1.396. Recibida la queja, el Juez, sin decidir sobre su procedencia, al siguiente día remitirá la misma a la Sala con un informe justificado. Resolución de la queja Artículo 1.397. Recibidas las constancias del recurso de queja, la Sala dentro del plazo de tres días decidirá lo que corresponda. Efectos de la queja Artículo 1.398. Si se declara fundada la queja, se ordenará admitir la demanda o apelación." De lo anterior se advierte que contra la determinación que resuelva no aceptar a trámite el recurso de apelación, procede el recurso de queja. El recurso de mérito tiene por finalidad que la Sala, de así estimarlo procedente, revoque, confirme o modifique la determinación de la que se duele la parte quejosa, tomando en cuenta las cuestiones materiales y legales que a concepto del promovente causen agravio; es decir, para el caso en concreto, la finalidad del recurso estriba en que el juzgador admita la apelación. Ahora, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque el quejoso Alejandro César Olivar Obregón, reclama de la citada jueza responsable la determinación que inadmitió el recurso de apelación y contra ésta existe un medio ordinario de defensa que tiene por objeto analizar lo ahí resuelto, el cual -como se dijo-, se debe agotar previo a la interposición del juicio de amparo; por lo que al no hacerlo, se surte la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior es así, pues este órgano federal estima que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, encuadra en el supuesto que enmarca el mencionado artículo 1.393, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece que contra de las determinaciones que resuelvan sobre la no admisión de una apelación procede el recurso de queja. Sustenta lo anterior, la tesis XXI.3o.8 K, visible en la página 1117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "QUEJA, EL AUTO QUE NIEGA DAR ENTRADA A UN RECURSO DE APELACIÓN ES RECURRIBLE EN, Y NO EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El auto por el cual no se da entrada al recurso de apelación, se traduce en una denegada apelación; consecuentemente, con estricto apego a la fracción II del numeral 399 del Código Procesal Civil de la entidad, ese proveído es recurrible en queja y, por tanto, puede ser corregido u ordenarse su reposición mediante la resolución que se dicte en dicho medio de impugnación, tal como lo dispone la fracción VI del artículo 402 del código procesal de referencia. Por tanto, el juicio de amparo que se promueve en contra del auto que deniega dar entrada a un recurso de apelación resulta improcedente, al actualizarse la causal prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, es correcto que el Juez de Distrito, con fundamento en el numeral 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, deseche la demanda de amparo, al advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías." En este sentido, se insiste que al no haber agotado el referido recurso ordinario, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa, trayendo como consecuencia que no se haya cumplido con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime, no se ubica en alguna excepción que permita acudir inmediatamente al juicio constitucional sin necesidad de agotar los recursos procedentes, pues dicho principio que rige y caracteriza al juicio de amparo, en cualquiera de sus formas de instauración, es de observancia obligatoria y general, siendo únicamente mediante el reconocimiento de excepciones específicas que se pueden admitir supuestos en los que dicha observancia deja de ser obligatoria. No se soslaya que el acto reclamado se encuentra relacionado con la pensión alimenticia; sin embargo, el pronunciamiento de la responsable en su caso, es en detrimento del impetrante quien incluso acude al amparo por derecho propio y no queda inaudito su derecho al tener a su alcance dicho medio de impugnación; aunado a que se estima que no se deja en estado de riesgo o vulnerabilidad a los menores y por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad toda vez que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se aprecia que con su emisión, incida directamente en perjuicio de la esfera de derechos de los impúberes. Por tanto, como anticipadamente se mencionó, y atento a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII y 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Héctor Arce Moreno, como mandatario judicial del quejoso Alejandro César Olivar Obregón. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, no obstante que el promovente señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones; por así solicitarlo de manera expresa, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "***"; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "CSJHAM"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Con relación a los correos electrónicos y número telefónico que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesarios. Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1238, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. En la inteligencia que, previo a comparecer revisar su expediente, recoger copias o documentos a este juzgado de Distrito, deberá realizar una cita en la AgendaOJ, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, de lunes a viernes, dentro del horario establecido por el Consejo para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 15:00 P.M.), la cual le otorga un código QR, que deberá presentar de forma impresa o digital al acudir a su cita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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