Alejandro Ceballos García
Expediente 1040/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandro Ceballos García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del presente asunto e informa que estimó improcedente el incidente de inejecución, de lo que se toma debido conocimiento. Acúsese recibo. En consecuencia, glósese las actuaciones relevantes del cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que el duplicado del incidente es destruible una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, devuélvase al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México en funciones de Jueza de Distrito, con residencia en Naucalpan, las constancias remitidas como anexo a su informe con justificación, constantes de un tomo de copias certificadas. Notifíquese..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de que se advierte que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de uno de junio de la presente anualidad, en el que se determinó que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia constitucional dictada en este juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a lo anterior, y visto el estado procesal de los autos, con fundamento en los artículos 196, último párrafo y 201, fracción II, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a fin de que revise de oficio, la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con las constancias necesarias, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta y toda vez que transcurrió el término de tres días concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la Juez responsable al fallo protector, respecto del cual la parte quejosa realizó diversas manifestaciones, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de dos de mayo de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección a la justicia federal a la parte quejosa, e inconforme con ese fallo, dicha parte interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el número de revisión 166/2022 de su índice, el cual por resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, determino revocar el fallo recurrido y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los siguientes efectos: "1. La autoridad responsable ordenadora Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, con libertad de jurisdicción, deberá convocar a las partes a una audiencia en la que, previa vista a la representación social, se debata la necesidad de prolongación, o en su caso, el cese de la prisión preventiva oficiosa decretada al quejoso ********************, desde el nueve de agosto de dos mil quince, dentro de la causa penal ********************, de su índice, conforme a los principios que rigen el sistema pena acusatorio. 2. En la revisión se deberá de determinar de manera proporcional y razonada, si es que se justifica o no la prolongación de la medida impuesta al quejoso, al haber rebasado el plazo razonable de dos años para que una persona sea juzgada, o si ello obedece, entre otros supuestos, al ejercicio de defensa; y 3. Atendiendo al contenido de la presente ejecutoria, provea sobre la prolongación, o bien, el cese, sustitución o modificación de la prisión preventiva decretada al quejoso ********************, de conformidad con los preceptos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales." Mediante proveído dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo y se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio ********************la autoridad informó que por auto de nueve de marzo de este año, aperturó el incidente de revisión, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva del aquí quejoso, y fijó las doce horas del trece de marzo de dos mil veintitrés a efecto de llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, por oficio********************informó diversas gestiones efectuadas a fin de allegarse de la información necesaria para resolver la solicitud de revisión, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva del quejoso. Posteriormente, por oficio ********************, la responsable informó que el diez de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por devuelta su comunicación oficial 226/2023, librada para notificar al procesado aquí quejoso ********************, y de la constancia de notificación respectiva advirtió que el procesado -aquí quejoso- y el defensor público federal, ratificaron su deseo de desistir de la petición de revisión, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que los tuvo por desistidos en su entero perjuicio de la petición señalada. Así, arribó a la conclusión que aun cuando fue el Tribunal Colegiado el que ordenó la revisión de la medida cautelar, al desistir el procesado de la aludida petición, su voluntad debía prevalecer a fin de salvaguardar sus intereses; de ahí que determinó que la petición de revisión hecha valer quedó sin materia. Lo anterior se corrobora con las constancias certificadas allegadas por la responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Bajo esta óptica, resulta inconcuso que, en el caso, existe imposibilidad jurídica para cumplir el fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo el que suscribe determina que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia constitucional dictada en este juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 90/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Junio de 2007, Novena Época, página 140, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla.". Atento a lo razonado en este acuerdo, no ha lugar a seguir procurando el cumplimiento del fallo constitucional, ya que como se expuso, en el caso, existe una imposibilidad jurídica para tal efecto. En tal virtud, transcurrido el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, esta determinación se tendrá por consentida y con fundamento en los artículos 196, último párrafo y 201, fracción II, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a fin de que revise, de oficio, la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, con número de registro 2014210, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo.". Finalmente, en relación a las manifestaciones de la parte quejosa en su escrito con número de registro interno -75252-, dígase que se esté a lo acordado en el presente auto. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Aagréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual hace diversas manifestaciones en relación a la imposibilidad jurídica que tiene la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, atento a su contenido, dígase que dichas manifestaciones serán tomadas en consideración al momento de calificar el cumplimiento. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
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