Alejandro Capistran Flores

Expediente 771/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
771/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Capistran Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se exhorta al personal encargado del presente asunto a ser diligente en el desempeño de sus funciones a efecto de evitar el retraso en la tramitación de los expedientes de la estadística de este órgano de control constitucional. Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintiuno. I. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y otras autoridades, con sus anexos; regístrese en libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 771/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Análisis del escrito de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, respecto al acto que por esta vía se reclama, las señaladas como responsables no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Los numerales citados, en lo conducente establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis aislada P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Febrero de 1997, materia común, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CCIV/2001, página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, del análisis integral de la demanda de amparo y de las documentales que anexa a la misma, se advierte que la parte promovente, reclama de las autoridades responsables: La falta de pago del salario, que le corresponde como trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pues cuenta la clave presupuestal y clave de cobro 078737E0687000200318, al señalar que el citado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ha dejado de pagarle sus salarios que le corresponden como trabajador, desde la segunda quincena de junio, primera y segunda quincena de julio y primera quincena de agosto todas del año dos mil veintiuno. Ello se considera así, pues en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en lo que ahora interesa, manifestó: (.) 1.- EL suscrito soy trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y actualmente ostento la clave presupuestal y clave de cobro 078737E0687000200318. 2.- Es el caso que el citado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha dejado de pagarme mis salarios que corresponden como trabajador desde la segunda quincena de junio, primera y segunda quincena de julio y primera quincena de agosto todas del ario dos mil veintiuno. 3.- Según se desprende del portal SUAP Sistema Único de Autenticación y Perfiles SCSSO.FONE.SEP.GOB.MX, mi salario que se me deben pagar de manera quincenal, ya han sido liberados por parte de la Secretaría de Educación Pública, quien es la autoridad encargada de suministrar dicho recurso al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; pues ya se encuentran disponibles los correspondientes comprobantes de pago, en el portal electrónico antes citado, sin embargo, de manera ilegal ésta última autoridad es quien está reteniendo dichos pagos sin justificación alguna. 4.- Actualmente, mi único ingreso para subsistir y pagar mis necesidades básicas es el salario que percibo como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 5.- En virtud de que las autoridades responsables vulneran de manera flagrante mis derechos humanos, acudo ante esa autoridad a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, haciendo valer desde este momento los siguientes". (.) Manifestaciones las anteriores mismas que se adminicula con los comprobantes de pago que anexa a la presente como pruebas documentales, las cuales constituyen una confesión que hacen prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Sin que obste que también refiera en el aparatado relativo al acto reclamado, lo concerniente a la falta de mecanismos y acciones para garantizar el derecho al mínimo vital, la discriminación y la violación a su derecho a la dignidad humana, pues estos no pueden considerarse como actos reclamados, sino como conceptos de violación, referente al acto relativo que señala como falta de pago a su salario, como se expondrá. De ahí que, en el caso, se advierte la parte quejosa acuda a esta instancia en su carácter de trabajador o empleado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el que además, solicita el pago de su salario por su servicio prestado; lo cual, conduce a estimar que tal situación deriva de una relación laboral con el citado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como se advierte de las propias manifestaciones de la parte quejosa. Por ende, se estima que su petición de amparo está dirigida a entes que carecen de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que aun cuando de conformidad con la Ley Estatal de Educación, dicha autoridad pertenece a una dependencia estatal que realiza funciones de autoridad administrativa; sin embargo, en el caso, lo pretendido por la parte quejosa, no va encaminado a las funciones que como autoridad tiene encomendada, sino que aquélla deriva de una relación en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. De lo que se colige que dicho ente, no cuenta con el poder público o facultades de imperio respecto de la parte impetrante del amparo para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues la pretensión de la parte quejosa, la realiza en su carácter de empleado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, máxime que versa sobre una cuestión del pago de sus servicios prestados en esa dependencia. De ahí que, aun cuando en el contexto de su demanda, refiera violado su derecho al mínimo vital, la discriminación y la violación a su derecho a la dignidad humana por parte de las señaladas como responsables, resulta indispensable que la solicitud se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la trasgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad. De ahí que, las omisiones reclamadas, no sea formalmente acto de autoridad, sino en realidad, se estima contrario a lo que aduce la parte quejosa en su escrito de demanda, se trata de una solicitud o reclamo que tiene su origen en una relación de trabajo, toda vez que aquéllas quedan comprendidas en la relación patrón-empleado que vincula a la promovente con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, esto es, que los actos reclamados no emergen del imperio que corresponde a dichas autoridades señaladas como responsables. Por tanto, se considera que en la especie, se está en presencia de un asunto laboral, en la que la parte patronal actúa en un plano de igualdad; de modo que, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate junto con sus organismos alternos, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. De ahí que, los conflictos o situaciones que se susciten entre la autoridad señalada como responsable, con la parte quejosa, de ser el caso, están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no ante el órgano de control constitucional, a partir de que la señalada como autoridad responsable, no actúa con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con la calidad de patrón. Reafirma lo anterior, lo establecido por el artículo 81 fracción I de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, que establece que los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados, conocerá la Junta de arbitraje, que establece "ARTÍCULO 81.- La Junta de Arbitraje será competente: I.- Para conocer los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados.". Apoya lo anterior, la jurisprudencial I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 1956, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así como la tesis III.4o.T. J/3 (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Tercer Circuito, consultable en la tesis, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". Asimismo, no es obstáculo a lo anterior, la vinculación existente con el derecho de la parte trabajadora al pago de prestaciones, pues dicha circunstancia no puede hacer procedente un medio de defensa extraordinario como lo es el juicio de amparo, si como en el caso, lo combatido se le atribuye a un ente que por sus facultades en el contexto en que actúa, en modo alguno puede ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario, llevaría al extremo que también se pudieran señalar en casos similares, como autoridades responsables a empresas privadas o particulares que sólo actúan en calidad de patrón, al efectuar retenciones vía nómina o que no den contestación a solicitudes relacionados con el pago del salario que percibe el empleado o, referentes aclaraciones de índole laboral, desnaturalizándose así el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis sostenida por la otrora cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia laboral, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ESTADO PATRON. Cuando el Estado suspende en su empleo y sueldo a un empleado, no obra en calidad de autoridad, sino que suspende los efectos del contrato celebrado entre el empleado y el Estado en su calidad de patrón, y esos actos a lo que dan lugar, es a la reclamación correspondiente por el interesado, ante el Tribunal de Arbitraje, con motivo del conflicto individual suscitado, de acuerdo con la fracción I del artículo 99 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero no al juicio de amparo". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Alejandro Capistran Flores. Por su parte, no se soslaya que en julio de dos mil doce se publicó la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; sin embargo, ese criterio fue aclarado en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis del expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar con el rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." De modo que, sólo resulta aplicable para los casos específicos que en ella se mencionan, referentes a la fijación de tarifas de suministro y venta de energía eléctrica. Y contrario al caso resuelto en la citada jurisprudencia, en el presente asunto sí hay claridad en el tipo de relación que existe entre la parte quejosa y el citado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el cual es laboral; aunado a que dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de celebrarse la audiencia Constitucional y, emitirse la sentencia correspondiente, no cambiarían el hecho de que en el caso la autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo. Máxime, que la parte quejosa, no se ubica en algún grupo de los supuestos establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que sea miembro de una institución policial de la Federación, entidad federativa o municipio, que hiciera procedente la vía constitucional, en atención a la prohibición expresa de reincorporación al servicio, cualquiera que fuera el resultado del juicio o medio de defensa que promueve, que establece la Constitución. Habida cuenta, que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Asimismo destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se estima pertinente citar la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" Lo anterior, sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". III. De los autorizados y consulta del expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el particular que indica; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Darinel Blas García, José Manuel Rosales López y Artemio Hernández Hernández, toda vez que como se hizo constar en la certificación de cuenta, en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas las cédulas profesionales a su nombre; y únicamente por autorizados para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, por así haberlas designado expresamente. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Por otra parte, en atención a lo solicitado, respecto el acceso a las actuaciones que integran el presente juicio de amparo por medio del expediente electrónico y como medio para recibir notificaciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el mismo se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autoriza al usuario "JURISTAFX", en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa y para que se le realicen las notificaciones por dicho medio; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al analista jurídico de dicho de dicho sistema adscrito a este Juzgado de Distrito. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden al Actuario Judicial de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. V. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid19. VI. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los ordinales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, y 71, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. VII. De la gratuidad en el servicio. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo.

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