Alejandro Ávila Arteaga y Otros.

Expediente 34/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
34/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Ávila Arteaga y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de ocho de abril del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el citado auto. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron 29/07/21 11:00:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f0.9b JOSE ALFREDO LEON ORTEGASECCIÓN AMPARO MESA II-A. PRAL. 34/2020. como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se sobreseyó este juicio de amparo, lo cierto es, que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva. Asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la depuración el expediente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 29/07/21 11:00:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f0.9b JOSE ALFREDO LEON ORTEGASECCIÓN AMPARO MESA II-A. PRAL. 34/2020. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y cúmplase.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se advierte que no obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables Director General y Titular de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca". Asimismo, que en la secretaría correspondiente a la mesa dos de amparo de este Jugado de Distrito, y en el área de correspondencia, hasta este momento no han sido devueltos, ni obran en este Órgano Jurisdiccional las constancias de notificación correspondiente a los oficios que contienen la transcripción del auto de veintidós de febrero del año en curso, mediante el cual se le requirió dichos informes a las citadas autoridades responsables. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, se instruye al actuario encargado de este expediente, para que de inmediato, realice la notificación correspondiente, o en su caso, entregue dicha constancia a esta Secretaría, además de integrarla en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el apartado de Notificaciones. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad señalada como responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Apoyo a lo anterior, las tesis XX. 304 K y VI.1o.P.18 K, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Octava y Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XV, Enero de 1995 y XIV, Octubre de 2001, respectivamente, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA." y "NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL AUTO QUE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL.". NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/03881/2021, signado por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", por medio del cual rinde su informe en relación con la suspensión de plano, así como informando las medidas tomadas con motivo de la misma. En atención a su contenido, téngasele a la autoridad rindiendo su respectivo informe relativo a la suspensión de plano, e informando respecto de las medidas tomadas en relación con la citada medida cautelar; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. En tales condiciones, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Se recibe el oficio 175, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de enero del año en curso, dictado dentro del recurso de queja 46/2020. Acúsese recibo. Ahora, como en dicha ejecutoria el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja; por tanto, ordenó dejar sin efectos el auto recurrido y proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo. En consecuencia, en cumplimiento de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número #13 "CPS-Oaxaca", y otra autoridad, consistentes en: La omisión o negativa de proporcionar de atención médica especializada, para tratar su padecimiento dental. Suspensión de plano. Ahora bien, analizado el escrito de demanda, se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado la omisión o negativa de proporcionar de atención médica especializada, para tratar su padecimiento dental, por las autoridades señaladas como responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126 párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, en el caso, se decreta la suspensión de plano y de oficio, para que de inmediato se proporcione atención médica especializada a los quejosos Alejandro Ávila Arteaga y Rodrigo Bonillas Chávez, que acorde con sus padecimientos o por su gravedad requieran de manera urgente; toda vez que el derecho fundamental a la salud se encuentra consagrado en el precepto 4º de la Constitución Federal. En el entendido que la preservación de la salud, queda a cargo de las nombradas como responsables. Lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos. En la inteligencia de que si la gravedad de los internos lo requieren, procedan en los términos a que alude el artículo 50 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, a fin de salvaguardar su salud. Apoya la anterior determinación, la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la presente determinación para su debido y exacto cumplimiento y requiéraseles para que dentro del término de veinticuatro horas informen a este Juzgado, el cumplimiento dado a dicha medida suspensional, por cualquier vía de mensajería que asegure su inmediata recepción, en la inteligencia que de inmediato deberán proporcionar la atención y medicamento de urgencia que requieren los quejosos, en los términos precisados en los párrafos que anteceden; apercibidas, que de no hacerlo así, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, asimismo, se harán acreedoras a la sanción que establece el artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, considerando que la falta de atención médica, por cualquier afectación que presente un paciente en su salud podría empeorarse a tal grado que se ponga en riesgo la vida de quien la padece, sin prejuzgar constituye una omisión que atenta en contra de la integridad personal u "omisiones que importan privación de la vida", en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, medida cautelar que se estima procedente conceder, con el objeto de evitar que se les siga afectando en sus derechos, pues de lo contrario, sería físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho a la integridad personal reclamado. Además, no debe perderse de vista que los directos quejosos, se encuentran privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en ese contexto, las autoridades carcelarias son quienes deben atender las necesidades médicas que requieran los internos, tomando como base los lineamientos que establece el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, común de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO". Así como la tesis aislada VI.2o.37 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, materia penal, número de registro 203666, de rubro y texto: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República." Y la Tesis XXVII.1o.(VIII Región) 8 P (10a.), visible en la página 1857, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2000769, cuyo rubro y texto son: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente, pues en virtud de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado de su libertad, incluso en la sentencia definitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad administrativa que ejecute la pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica necesaria respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que permanezca a su disposición". Se instruye a los actuarios judiciales adscritos, en su carácter de fedatarios, envíen de manera inmediata vía mensajería acelerada (cualquiera que acredite su inmediata recepción), CON CARÁCTER DE URGENTE, el oficio que contiene este auto, a las autoridades señaladas como responsables, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibido, para el caso que se logre su envío por fax o medios electrónicos. Asimismo, infórmese a las autoridades señaladas como responsables, que podrán remitir su informe sobre la suspensión de plano, vía fax a este órgano jurisdiccional al número de teléfono 01951-5023701 o al correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que, no ha lugar a tramitar incidente de suspensión, toda vez que en este auto, se resolvió sobre la suspensión de plano de los actos reclamados. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días; y, en caso de ser cierto el acto reclamado, remita a este Juzgado de Distrito: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite; lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, y 64, ambas de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal para justificar el incumplimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117, en relación con el diverso 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos aludidos en el presente acuerdo, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 50 23701, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax, sin que resulte necesario reiterarlo por otra vía. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si respecto del acto reclamado ya se promovieron diversos juicios de amparo; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten. Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo II, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Audiencia Constitucional. Se señalan las DOCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia; la fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el numeral en cita, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal. En el entendido, que de persistir la contingencia de salud pública derivado del virus COVID-19, para la fecha señalada para la audiencia constitucional, la misma se celebrará sin presencia física de las partes. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de éstas. Empero, se les comunica que en caso de que sea deseo de alguna de las partes comparecer a la celebración de la audiencia, ello únicamente será posible por videoconferencia, a través de la plataforma Cisco Webex, por lo que, será necesario que proporcionen un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios, a saber, Windows 7 o superior 32/64 bits o Mac OS X 10.13 o superior. Los requisitos mínimos de sistema Windows CPU de doble núcleo a 2 GHz, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores. Mientras que los requisitos mínimos de sistema Mac OS X son, Arquitectura de CPU Intel, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8. En ambos casos, utilizar Chrome como navegador, Cámara y micrófono, y Conexión a internet con velocidad mínima de subida de 300 kbps. O en su caso, a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta), en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings", lo cual podrá realizar a través de la PlayStore para Android o AppStore para Apple, utilizar equipos con pantalla de resolución media de 320 x 240 píxeles, cámara, micrófono y altavoces. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva, de lo contrario, la audiencia se celebrará sin la presencia de las partes y por ende no se realizará la videograbación de la audiencia de mérito sólo obrara el acta por escrito respectiva. Así, hágase saber a las partes, que en su caso podrán formular alegatos, siempre que se exhiban de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, o físicamente ya sea en la Oficialía de Partes Común en un horario vespertino de las quince a las diecinueve horas o en la Oficina de Correspondencia Común, la cual prestará auxilio a las oficialías de partes, conforme al artículo 10, fracción VIII, inciso a), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Notificación al Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, hágase del conocimiento del representante social de la Federación, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la actuaría de este juzgado, por lo que se ordena darle la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". Tercero interesado. Acorde con lo previsto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia del mismo. Robustece lo anterior, el criterio sustentado en la tesis XXVII.9K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1131 del Tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece bajo el rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5°., FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio de la parte quejosa. Toda vez que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en consecuencia, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y retardar la secuela del procedimiento, dada la naturaleza de los actos reclamados, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, para que se haga presente en el referido centro de reclusión, notifique al aludido quejoso este auto de manera personal, para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Asismismo, se hace constar que lo relativo a la habilitación de días y horas inhábiles, vista otorgada respecto del acceso a la información pública y protección de los datos personales y Ley de Transparencia, así como la gratuidad de los servicios prestados, fue acordado en auto de veintitrés de enero de dos mil veinte. Finalmente, se autoriza al Secretario y Actuario Judicial a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE.

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