Alejandro Buenrostro Araiza
Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Buenrostro Araiza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Únicamente agréguese a los autos el oficio que suscribe el Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, firmando en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua con sede en la Ciudad de México, toda vez que en proveído de veintiséis de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiséis de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio de cuenta que remite el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, actuando en suplencia por ausencia del Director Local de la citada dependencia, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención, la documental pública, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, téngase a la citada autoridad designado como delegados a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Por su parte, ********************, autorizada de la parte quejosa manifiesta que el veintidós de marzo del año en curso, le fue notificado a ésta, el título de concesión número 08GUA152334/12AMDL17, emitido por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. En ese sentido se acuerda: Vistas las constancias que remite la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque el impetrante reclamó: 1.- Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, señalo como acto reclamado la omisión de notificar el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007823 de fecha 08 de diciembre de 2016, emitida por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1231-26-05-16, y con ello resolver de manera definitiva la solicitud que fue realizada el 26 de mayo de 2016. 2.- De la segunda autoridad señalo como acto reclamado la omisión de inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007823 de fecha 08 de diciembre de 2016, emitida por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1231-26-05-16. Ahora bien, de las constancias que el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua con sede en esta ciudad, anexo al oficio B00.910.00.0881, mediante el cual rindió su informe justificado, se desprende que el veintidós de marzo del año en curso, se notificó a la parte quejosa el título de concesión 08GUA152334/12AMDL17, que sería la respuesta definitiva a la solicitud de trámite ingresada con número de expediente GUA-L-1231-26-05-16. Por tanto, es evidente que las omisiones que se tildan de inconstitucionales cesaron en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable el veintidós de marzo del año en curso, le notificó el título de concesión 08GUA152334/12AMDL17, que sería la respuesta definitiva a la solicitud de trámite ingresada con número de expediente GUA-L-1231-26-05-16, presentada por la quejosa, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la notificación de la resolución en comento, cesaron las omisiones que el quejoso reclamó en ésta instancia, dado que desaparecieron los efectos de la falta de inscripción y notificación del título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007823 de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido para este juzgador que a la fecha en que se actúa, no se cuente con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, Titular de la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua con sede en la Ciudad de México, ni el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó, toda vez que como se advirtió en líneas precedentes, el acto atribuido a éste corrió la misma suerte que el reclamado al Director Local Guanajuato de esta ciudad.
- Principal
Agréguese en autos el oficio de cuenta que remite el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, actuando en suplencia por ausencia del Director Local de la citada dependencia, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención, la documental pública, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, téngase a la citada autoridad designado como delegados a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Por su parte, ********************, autorizada de la parte quejosa manifiesta que el veintidós de marzo del año en curso, le fue notificado a ésta, el título de concesión número 08GUA152334/12AMDL17, emitido por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. En ese sentido se acuerda: Vistas las constancias que remite la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque el impetrante reclamó: 1.- Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, señalo como acto reclamado la omisión de notificar el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007823 de fecha 08 de diciembre de 2016, emitida por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1231-26-05-16, y con ello resolver de manera definitiva la solicitud que fue realizada el 26 de mayo de 2016. 2.- De la segunda autoridad señalo como acto reclamado la omisión de inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007823 de fecha 08 de diciembre de 2016, emitida por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1231-26-05-16. Ahora bien, de las constancias que el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua con sede en esta ciudad, anexo al oficio B00.910.00.0881, mediante el cual rindió su informe justificado, se desprende que el veintidós de marzo del año en curso, se notificó a la parte quejosa el título de concesión 08GUA152334/12AMDL17, que sería la respuesta definitiva a la solicitud de trámite ingresada con número de expediente GUA-L-1231-26-05-16. Por tanto, es evidente que las omisiones que se tildan de inconstitucionales cesaron en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable el veintidós de marzo del año en curso, le notificó el título de concesión 08GUA152334/12AMDL17, que sería la respuesta definitiva a la solicitud de trámite ingresada con número de expediente GUA-L-1231-26-05-16, presentada por la quejosa, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la notificación de la resolución en comento, cesaron las omisiones que el quejoso reclamó en ésta instancia, dado que desaparecieron los efectos de la falta de inscripción y notificación del título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007823 de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido para este juzgador que a la fecha en que se actúa, no se cuente con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, Titular de la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua con sede en la Ciudad de México, ni el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó, toda vez que como se advirtió en líneas precedentes, el acto atribuido a éste corrió la misma suerte que el reclamado al Director Local Guanajuato de esta ciudad.
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