Alejandro Benjamín Sánchez Arredondo y Otros.
Expediente 288/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Benjamín Sánchez Arredondo y Otros.
- Enrique Ramírez Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que los plazos y términos suspendidos mediante circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron a partir del cuatro de los actuales con base en el punto 5 de la citada circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se ordena la reanudación del presente juicio en el punto en que quedó pausado. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a *************, respecto a la aprobación, expedición, promulgación de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico la fracción IV del artículo 22, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas, por página, al haberse considerado que el citado dispositivo legal transgrede la garantía de proporcionalidad contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que: Se nulificara la validez jurídica de la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos reclamada, en relación con los quejosos, de tal manera que la disposición impugnada no debería aplicárseles de nueva cuenta; y, El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, les devolviera las cantidades que enteraron con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. 2. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien a través del Director de lo Contencioso del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, remitió copia certificada del oficio SATEG-03-01-11-0078/2020 de veintisiete de octubre del mismo año, mediante el cual informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veinte; asimismo, los requirió para que proporcionaran una cuenta bancaria, así como su CLABE interbancaria, a fin de que se les devolvieran las sumas de $350.00 (trescientos cincuenta cuatro pesos 00/100 M. N.) y $63.00 (sesenta y tres pesos 00/100 M. N.). 3. Con motivo de lo anterior, el tres de noviembre de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días legalmente computado, informara a este Juzgado si proporcionó ante la responsable los datos solicitados. 4. El nueve del mismo mes y año se tuvo a ********** desahogando el requerimiento antes señalado, motivo por el cual se requirió a la autoridad para que dejara a disposición de los quejosos, ante la Oficina Recaudadora de esta ciudad, las cantidades indicadas. 5. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Director de lo Contencioso del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, informó que las indicadas cantidades se dejaron a disposición de los quejosos por medio de cheque en la Oficina de Servicios al Contribuyente de esta ciudad, razón por la cual se requirió a los impetrantes para que en el término de tres días comparecieran a recogerlos, apercibidos que de no hacerlo se entendería que fueron recibidos. 6. En providencia de catorce de diciembre del año próximo pasado, se hizo efectivo el apercibimiento anterior, entendiéndose que los aquí quejosos recibieron las cantidades que enteraron con motivo de la aplicación de la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato. 7. En esa misma data, se dio vista a la parte quejosa y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Devolvió a los quejosos las cantidades de $350.00 (trescientos cincuenta cuatro pesos 00/100 M. N.) y $63.00 (sesenta y tres pesos 00/100 M. N.)., que erogaron con motivo de la aplicación del ordenamiento declarado inconstitucional. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la devolución de las cantidades de $350.00 (trescientos cincuenta cuatro pesos 00/100 M. N.) y $63.00 (sesenta y tres pesos 00/100 M. N.)., correspondientes a las que erogaron los quejosos con motivo de la aplicación de la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, declarado inconstitucional, así como su desincorporación a su esfera jurídica, el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que los plazos y términos suspendidos mediante circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron a partir del cuatro de los actuales con base en el punto 5 de la citada circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se ordena la reanudación del presente juicio en el punto en que quedó pausado. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a **********, respecto a la aprobación, expedición, promulgación de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico la fracción IV del artículo 22, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas, por página, al haberse considerado que el citado dispositivo legal transgrede la garantía de proporcionalidad contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que: Se nulificara la validez jurídica de la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos reclamada, en relación con los quejosos, de tal manera que la disposición impugnada no debería aplicárseles de nueva cuenta; y, El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, les devolviera las cantidades que enteraron con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. 2. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien a través del Director de lo Contencioso del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, remitió copia certificada del oficio SATEG-03-01-11-0078/2020 de veintisiete de octubre del mismo año, mediante el cual informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veinte; asimismo, los requirió para que proporcionaran una cuenta bancaria, así como su CLABE interbancaria, a fin de que se les devolvieran las sumas de $350.00 (trescientos cincuenta cuatro pesos 00/100 M. N.) y $63.00 (sesenta y tres pesos 00/100 M. N.). 3. Con motivo de lo anterior, el tres de noviembre de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días legalmente computado, informara a este Juzgado si proporcionó ante la responsable los datos solicitados. 4. El nueve del mismo mes y año se tuvo a ********** desahogando el requerimiento antes señalado, motivo por el cual se requirió a la autoridad para que dejara a disposición de los quejosos, ante la Oficina Recaudadora de esta ciudad, las cantidades indicadas. 5. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Director de lo Contencioso del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, informó que las indicadas cantidades se dejaron a disposición de los quejosos por medio de cheque en la Oficina de Servicios al Contribuyente de esta ciudad, razón por la cual se requirió a los impetrantes para que en el término de tres días comparecieran a recogerlos, apercibidos que de no hacerlo se entendería que fueron recibidos. 6. En providencia de catorce de diciembre del año próximo pasado, se hizo efectivo el apercibimiento anterior, entendiéndose que los aquí quejosos recibieron las cantidades que enteraron con motivo de la aplicación de la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato. 7. En esa misma data, se dio vista a la parte quejosa y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Devolvió a los quejosos las cantidades de $350.00 (trescientos cincuenta cuatro pesos 00/100 M. N.) y $63.00 (sesenta y tres pesos 00/100 M. N.)., que erogaron con motivo de la aplicación del ordenamiento declarado inconstitucional. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la devolución de las cantidades de $350.00 (trescientos cincuenta cuatro pesos 00/100 M. N.) y $63.00 (sesenta y tres pesos 00/100 M. N.)., correspondientes a las que erogaron los quejosos con motivo de la aplicación de la fracción IV del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, declarado inconstitucional, así como su desincorporación a su esfera jurídica, el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que informaran si recogió los cheques que emitió a su favor el Director de lo Contencioso del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y lo hiciera del conocimiento de este Juzgado, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de noviembre pasado, entendiéndose que ya los recibió . Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que suscribe el Director de lo Contencioso del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, mediante el cual informa que las cantidades que erogaron los quejosos con motivo del pago de copias certificadas, se dejaron a su disposición por medio de cheque en la Oficina de Servicios al Contribuyente de esta ciudad. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a los impetrantes para que en el término de tres días legalmente computado, comparezcan a recoger los cheques que se emitieron a su favor y lo hagan del conocimiento de este Juzgado, apercibidos que de no hacerlo se entenderá que ya los recibieron.
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