Alejandro Arroyo Murillo

Expediente 165/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
165/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/08/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Arroyo Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a trece de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo número 165/2018-I, promovido por Alejandro Arroyo Murillo, así como testimonio del recurso de queja civil 140/2018, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." En tales condiciones, acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, glósese el cuadernillo de antecedentes a partir del proveído quince de mayo de dos mil dieciocho, el cual tuvo por admitido el recurso de queja y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expedientes, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 165/2018-I, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por conducto del autorizado de la parte quejosa. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y el mismo quedó registrado con el número de recurso de queja 140/2018. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito signado por Luis Eduardo Sifuentes Sánchez, en su carácter de autorizado del quejoso Alejandro Arroyo Murillo, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de tres de mayo de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo; en ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniéndose la legalidad del mismo, en apoyo remítanse los autos originales del presente sumario Constitucional, además del escrito de expresión de agravios y copia para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer, ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Alejandro Arroyo Murillo, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 165/2018-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo consiste en: La resolución de fecha de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente número 77/2010, del índice del Juzgado Primero Civil de esta ciudad, relativo al juicio de divorcio mutuo consentimiento; mediante la cual ordena requerir al suscrito (aquí promovente) en forma personal, para que dé cumplimiento a lo ordenado mediante resolución de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en sus puntos resolutivos segundo, tercero y cuarto, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le requerirá el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de lo reclamado, en el entendido que en caso de no hacerlo, dicho derecho pasara a la parte actora, quien lo señalara bajo su más estricta responsabilidad En la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En el caso concreto, respecto del acto que por esta vía reclama el promovente, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que el solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, ya que tiene el carácter de parte demandada, como lo adujo en el escrito que se provee. Manifestaciones vertidas por el propio solicitante del amparo en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2a./J. 50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En este orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, lo que se traduce en aquella resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de los sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que en el caso no acontece, puesto que el acto reclamado es el proveído de dieciocho de abril del presente año, dictado dentro del juicio de tramitación especial de divorcio por mutuo consentimiento número 77/2010, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en el que se ordenó requerir a la parte demanda en forma personal, para que dé cumplimiento a lo ordenado mediante la resolución de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (relativa al incidente de liquidación de alimentos planteado por la parte actora en el juicio de origen) en sus puntos resolutivos segundo, tercero y cuarto, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le requiera por señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de lo reclamado, en el entendido que en caso de no hacerlo, dicho derecho pasara a la parte actora, quien lo señalara bajo su más estricta responsabilidad. Sobre el particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable, pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en segunda instancia del juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso, por analogía de razón, la tesis IV.2o.C.67 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 2007, Tomo XXV, página 1055, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO ESPECIAL DE CONTROVERSIA SOBRE CONVIVENCIA Y POSESIÓN INTERINA DE MENORES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SE TRATE DE RESOLUCIONES CUYO CUMPLIMIENTO SEA DE TRACTO SUCESIVO O PERIÓDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Por tanto, aun cuando en términos de la legislación local, la autoridad judicial en todo tiempo está en condiciones de modificar por causas supervenientes las resoluciones respecto a la custodia de los menores, ello es insuficiente para colegir que no existe una última resolución en los procedimientos de ejecución de sentencia del juicio especial de controversia sobre convivencia y posesión interina de menores, dado que hasta en tanto no exista una modificación o una nueva resolución por causa superveniente de la resolución primigenia emitida en el juicio, ésta surte plenos efectos jurídicos, lo que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza de firmeza y, por ende, debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, se concluye que el criterio de "última resolución" adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", debe prevalecer incluso en resoluciones que por su naturaleza no adquieren la categoría de cosa juzgada, pues tiende a agilizar la ejecución del juicio, y con ello se evita la posibilidad de impugnar cada una de las determinaciones dictadas en el procedimiento de ejecución, que sin duda retardarían el cumplimiento de la sentencia. Además, el hecho de que el régimen de convivencia, objeto de la sentencia, sea de tracto sucesivo o de cumplimiento periódico, sólo implica que la condena tenga una duración indeterminada, mas no que necesariamente en el juicio no sea factible dictar la resolución que tenga por cumplida la sentencia o se declare la imposibilidad jurídica o material de cumplirla, en la medida en que si varían las condiciones que llevaron al Juez a dictar las medidas de convivencia o surge una causa superveniente, se estará en condiciones de emitir la resolución de que se trata. Un criterio contrario, llevaría al absurdo de sostener que en sentencias de condena a prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, como pago de rentas, salarios o alimentos, no sea factible emitir la última resolución que dé por terminado un juicio, lo que abriría indiscriminadamente la posibilidad de promover juicio de amparo, contra cualquier actuación en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva, hipótesis que entorpecería el cumplimiento en demérito o desdoro de la finalidad perseguida por el legislador al establecer la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo en análisis, de tutelar el cumplimiento de las sentencias, por ser de orden público, y evitar abusos en la promoción del juicio de garantías." En efecto, en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento del juicio natural, porque con el mismo se trata de ejecutar las prestaciones contenidas en el convenio celebrado por las partes en el expediente de divorcio por mutuo consentimiento 77/2010 de origen, el que una vez ratificado se elevó a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a pasar por él; ahora, la ejecución de dicha incidencia de liquidación de alimentos (como la denomina el quejoso), no resulta ser el último acto en la etapa de ejecución del referido convenio (tiene la categoría de sentencia firme), pues no es independiente a ello Da orientación a lo anterior la tesis: VI.2o.C.561 C, localizable en la página: 1623, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro: 171782), de voz y rubro: "DIVORCIO VOLUNTARIO. EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RESPECTIVO, ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, ES EXIGIBLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y NO EN VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El convenio suscrito en un procedimiento de divorcio voluntario, una vez sancionado por la autoridad jurisdiccional, adquiere el carácter de sentencia ejecutoria, con rango de cosa juzgada; y si bien dicho procedimiento involucra lo relativo a la situación jurídica de los solicitantes, en función del estado civil que los une, también incluye aspectos relacionados al ejercicio de los derechos que derivan de la patria potestad que ejercen frente a los hijos, así como a los alimentos entre sí y ante sus descendientes con derecho a ellos, por lo que las acciones que al respecto se deduzcan en una parte son constitutivas y, en otra, de condena. En tal virtud, el convenio que se acompaña a la solicitud de divorcio voluntario, sancionado por la autoridad jurisdiccional y elevado a la categoría de cosa juzgada, constituye una sentencia que define los derechos que corresponden a cada uno de los interesados, así como las obligaciones que frente a ellos tienen los sujetos deudores de los derechos involucrados en él, de manera que el cumplimiento de lo resuelto en definitiva, cuando establece las obligaciones de las partes, otorga al acreedor el derecho de exigir su satisfacción. Asimismo, de los artículos 260 y 260 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, en relación con los diversos 442, 443, 445, 446, 450 y 453 del Código Civil para la misma entidad federativa, se concluye que un convenio que se eleva a cosa juzgada en un juicio de divorcio voluntario, no participa de las características generales propias de los convenios, porque la sanción jurisdiccional lo dota de la connotación de sentencia y, por ende, su cumplimiento debe exigirse siguiendo las reglas que se establecen para la ejecución de los fallos definitivos, y no las que sobre interpretación de los contratos prevé la legislación civil local pues, de lo contrario, se le estaría desconociendo el carácter de cosa juzgada que adquirió con motivo de la sanción judicial, en la medida en que se tendría que instrumentar un procedimiento contradictorio para obtener su satisfacción, produciendo con ello la insubsistencia de lo ejecutoriadamente resuelto. De tal suerte que, para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un convenio de esta naturaleza, no debe instrumentarse el procedimiento incidental regulado por los artículos 632 a 634 de la mencionada legislación adjetiva, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, y sí debe sustanciarse esa cuestión atendiendo a lo dispuesto por el abrogado artículo 546 de dicha codificación, en lo referente a la liquidación de sentencia, pues quien resulta acreedor de las obligaciones originadas por dicho convenio requiere la precisión de las cantidades que de manera líquida habrá de exigir del deudor." Por lo que el acto de que se duele el impetrante, de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquella como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Robustece lo aquí deducido, la jurisprudencia número 734, publicada en la página 1204, del apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." De lo que se sigue, que el acto reclamado por sí sólo no causa a la parte promovente un agravio personal y directo, esto es, se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera, como se dijo, sólo hasta que se pronuncie la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de amparo, donde tendrá la oportunidad, se insiste, de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Sin que se soslaye por quien resuelve, que al ejecución del incidente de regulación de salarios caídos en el juicio de alimentos de origen, ha sido combatido por el impetrante en esta vía de amparo indirecto en anteriores ocasiones, mismas que se registraron con los números de amparo 396/2017, 132/2018 y 133/2018. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase al peticionario de amparo señalando como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Segunda Avenida número 119, entre la calle Primera y el Boulevard México Laredo, del fraccionamiento Lomas Oriente de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nancy Celene Monter Romero y Luis Eduardo Sifuentes Sánchez, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse de autos a Joana Cecilia Álvarez Gallegos por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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