Alejandra Rubio Luna
Expediente 159/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alejandra Rubio Luna
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término de diez días previsto en el numeral 81 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en comento, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes. Ahora bien, en relación con los oficios derivados del presente acuerdo, dirigidos a autoridades administrativas o jurisdiccionales, cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye a la Actuaria de la adscripción, a efecto de que tales comunicaciones queden en su resguardo hasta en tanto las autoridades correspondientes reanuden sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Notifíquese mediante lista de acuerdos, una vez que se reanuden las labores presenciales en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Común, con sede en esta ciudad, mediante el cual, cumple con el requerimiento de diez de septiembre de dos mil veinte y al efecto remite copias certificadas del acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veinte, así como de su respectiva notificación a la quejosa; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. En ese contexto, y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Común, con sede en esta ciudad, de dar contestación a las solicitudes formuladas en comparecencia de cuatro de junio de dos mil veinte y escrito de doce de junio del año actual, a efecto de que lea sea devuelto el vehículo que dice es de su propiedad. Por otro lado, se observa que mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante oficio recibido en este órgano el diez de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Común, con sede en esta ciudad, rindió su informe justificado, manifestando la negativa del acto reclamado y remitió en su apoyo copias sin certificar de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación **** de su índice, informando que el día dieciocho de junio del año en curso, se emitió el acuerdo correspondiente a la solicitud de la quejosa; por lo que se le requirió para que las remitiera dichas constancias debidamente certificadas, así como la notificación del acuerdo correspondiente. Por otra parte, de las constancias anexas al oficio de cuenta, se advierte que la autoridad responsable, dio contestación a la solicitud de la parte quejosa en relación a la devolución del vehículo mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil veinte y que éste le fue de manera personal por conducto de su asesor jurídico designado. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proveer lo conducente respecto a la solicitud de la parte quejosa de que le sea devuelto el vehículo en la carpeta de investigación *** del índice del Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Común, con sede en esta ciudad; por tanto, es claro que ya cesaron los efectos del acto reclamado. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las CATORCE HORAS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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