Alejandro Alcaraz Reyes

Expediente 1134/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1134/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Alcaraz Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Colima y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1134/2019-III. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la orden de traslado que se pretende hacer de su persona a otro Centro de Readaptación Social y sus consecuencias. Desechamiento. Al respecto debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a este tribunal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora bien, en el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. De acuerdo con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el peticionario del amparo debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. Como se aprecia de la demanda de amparo, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social ubicado en Colima; por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal no sólo es aplicable a quienes compurguen una pena privativa de libertad (sentenciados), sino también rige a los que se hallen sujetos a la prisión preventiva (procesados o imputados), al margen de que tales medidas restrictivas de libertad sean originadas por el sistema tradicional o mixto, o bien, por el diverso penal acusatorio. De la porción normativa reproducida deriva que deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio pro persona previsto en el artículo 1° constitucional, en términos de la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciocho, del Libro XIII, Tomo uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de dos mil doce, de la Décima Época, con el rubro siguiente: PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Efectivamente, los artículos 5 y 18 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Los artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal estipulan el procedimiento administrativo mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden, sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los internos pueden formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la ley relativa, los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2, la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales federales y locales. Por consiguiente, con base en lo expuesto, si el quejoso está interno en un centro penitenciario debe formular su petición al Director del Centro, o bien, si considera que su petición debe ser atendida de inmediato, está en libertad de acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente. Además, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Por tanto, se concluye que este juicio es improcedente en virtud que antes de promover la vía constitucional, el impetrante del amparo debe formular su petición al Director del Centro o bien formular controversia ante el juez de ejecución, si así lo considera oportuno. Luego, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar la demanda de amparo promovida por *****, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia.

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