Alejandro Alcaraz Reyes
Expediente 682/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Alejandro Alcaraz Reyes
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación de cuenta se advierte que se hizo constar que la parte quejosa no impugnó el auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Transferencia, digitalización, depuración y destrucción del expediente.
- Principal
Del estado procesal del presente juicio y de la certificación de cuenta, se desprende que el plazo de cinco días concedido al promovente para dar cumplimiento a la prevención hecha en auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, transcurrió del trece al dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Se hace efectivo apercibimiento y se tiene por no presentada la demanda. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por *******************, al parecer por propio derecho y a favor de Alejandro Alcaraz Reyes. Se deja sin efecto la suspensión de plano. Por lo anterior, se deja sin efecto la suspensión de plano dictada en el auto de tres de agosto de dos mil dieciocho. Infórmese a las autoridades responsables. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta determinación, para lo efectos legales conducentes.
- Principal
Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, adjunta copia certificada de la ejecutoria pronunciada el cinco de julio del año en curso, en los autos de la inconformidad *** y los autos originales del juicio de amparo número ****. Hágase del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió el recurso interpuesto de conformidad con el siguiente punto resolutivo: PRIMERO. Se tiene por desistido a **** del presente recurso de inconformidad. SEGUNDO. Queda firme la resolución recurrida de 2 de octubre de 2017 emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima en el juicio de amparo indirecto *****. Acúsese el recibo correspondiente.
- Principal
Colima, Colima, tres de agosto de dos mil dieciocho. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por Benito Alcaraz Reyes, al parecer por propio derecho y a favor de Alejandro Alcaraz Reyes, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Colima y otras autoridades. ( Formación de expediente, registro y seguimiento. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el juicio con el número 682/2018-III. Dese seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y SISE). Análisis de la demanda. Del análisis de la demanda de amparo no se advierte con precisión los actos reclamados por la parte quejosa; sin embargo en atención a que al parecer la promovente reclama actos de incomunicación y traslado a su favor y de diversa persona, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión de plano de dichos actos. ( Se concede de plano y de oficio la suspensión. El numeral 126 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso, la orden de traslado del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra a uno diverso y su ejecución, es de aquellos previstos en el aludido numeral 126 de la Ley de Amparo, en razón de que se trata de uno emitido fuera de procedimiento que indirectamente afecta la libertad personal del impetrante; de ahí que, es procedente conceder la suspensión de plano de dicho acto. Lo anterior acorde a lo dispuesto en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Por lo que, aun cuando el traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado o sentenciado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, página 865, que dice: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 17/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 800, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2003323, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues ello implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado, se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo. Luego, debe concluirse que el acto reclamado -orden de traslado- afecta la libertad del quejoso, dada la naturaleza de la misma, en la medida que modifica los términos en que debe estar privado de ese derecho. Por tanto, se concede la suspensión de plano a Benito Alcaraz Reyes y Alejandro Alcaraz Reyes, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan, es decir, que los quejosos no sean trasladados a lugar distinto al en que actualmente se encuentran recluidos; hasta en tanto se resuelva el presente juicio. Lo anterior, no surtirá sus efectos, si el traslado obedece para ponerlos a disposición inmediata de autoridad judicial competente o a que los solicitantes del amparo, se encuentra en un proceso cuya orden fue emitida por la autoridad judicial rectora, por delincuencia organizada o requiera medidas especiales de seguridad, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional; en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, o, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario -hipótesis previstas en el numeral 52 de la Ley de Ejecución Penal-, y cuente con previa autorización por autoridad judicial. ( Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 107, fracción VIII constitucional reformado, en relación con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se previene a las autoridades responsables que la desobediencia a este mandato será sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. No se desconoce que el artículo 126 de la Ley de Amparo, constriñe a que el ataque a la libertad sea fuera de procedimiento, y en el caso no se sabe si existe una orden jurisdiccional; sin embargo, de la demanda de amparo, se desprende que el solicitante de la protección constitucional sólo señaló como responsables a autoridades administrativas, como lo son el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Colima, al Director del Centro de Reinserción Social de Colima, Director de la Policía Estatal Acreditable; no así judiciales, por lo que la suspensión decretada solo puede alcanzar a aquéllas. La suspensión de oficio y de plano que se concede se hace extensiva a cualquier acto prohibido en el artículo 22 constitucional, es decir, a penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, así como de penas inusitadas y trascendentales, por lo que las autoridades responsables deberán cesar de inmediato los actos reclamados en contra de la parte quejosa. ( Se exime de otorgar garantía. La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, pues de ejecutarse los actos reclamados causarían a la parte quejosa un gravamen de imposible reparación, pues se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado mientras se cumplieran tales requisitos, contrariando así los fines de la suspensión. Requerimiento de informe provisional. Las autoridades responsables deberán informar de inmediato el cumplimiento que den a este mandato, con la consiguiente responsabilidad en caso de ser omisas, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que acrediten, bajo el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En el entendido de que no se remite copia de la demanda porque se encuentra imprecisa; sin embargo, en el párrafo tercero del presente proveído, se precisaron los actos por los que se solicita hasta este momento su informe. Prevención. Ahora, en atención a que la demanda que se analiza es imprecisa, ya que el promovente refiere por una parte que promueve "JUICIO DE AMPARO en favor del suscrito" y, por otra, en el apartado del acto reclamado señala que a su hermano Alejandro Alcaraz Reyes, se le privó de todo tipo de comunicación por personal del Centro de Reinserción Social del Estado de Colima, por lo que reclama el traslado que pretenden ejecutar, sin permitirle continuar el proceso penal en el lugar en el que se encuentra recluido. Lo anterior genera incertidumbre respecto de los actos reclamados, así como del promovente, es decir, si promueve por sí o a favor de Alejandro Alcaraz Reyes, o de ambos, por lo que debe aclarar dicha situación. En ese sentido, en vista de que existen irregularidades en la demanda de amparo que deben subsanarse, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, IV y V, 110, 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo y bajo protesta de decir verdad precise: Si promueve la demanda por propio derecho o a favor de Alejandro Alcaraz Reyes, o, en su caso, si la promueve a favor de ambos. Aclare en forma clara y precisa el acto reclamado de cada una de las autoridades responsables. Amplíe los antecedentes del acto reclamado, en los que precise el número de proceso penal y la etapa en la que se encuentra. Apercibimiento. Se apercibe a la promovente que en caso de incumplir con lo requerido, o que lo haga de manera incompleta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. ( Domicilio procesal. Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el mencionado en su demanda. Facultades del autorizado. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a José de Jesús Herrera González únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos por no tener inscrita su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Juzgados de Distrito. ( Habilitación de días y horas inhábiles en cuanto a la práctica de notificaciones. Para el adecuado despacho de los asuntos, conforme con el artículo 21 de la ley, se habilitan días y horas inhábiles sólo por lo que hace a las notificaciones que resulten en el trámite de este juicio de garantías. ( Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la secretaría encargada del expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos; debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. ( Firma de oficios que se generen en el trámite. Se faculta a la secretaria judicial que apoya en la tramitación de este asunto que suscriba los oficios que de él deriven. ( Apercibimiento. Por otro lado, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la ley, que prevé entre las obligaciones de la parte quejosa, la de designar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, de la ley referida), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen o su denominación resulta errónea, sin mayor trámite, se considerarán inexistentes y, por ende, se suspenderá toda comunicación con ellas y, en su oportunidad, se resolverá lo que en derecho proceda, salvo prueba en contrario o, en su caso, cuando corrija la denominación de la autoridad responsable. Notifíquese personalmente al promovente y a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Vladimir Véjar Gómez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, ante Lucía del Carmen Galván Aguilar, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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