Alejandro Aguilar Aguilar

Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
441/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Aguilar Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Alejandro Aguilar Aguilar, en su carácter de apoderado de Arlet Edali Herrera Hervis, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2 Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Finalmente, en caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese....MESA 1

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Recepción y registro de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada de manera electrónica por Alejandro Aguilar Aguilar, en su carácter de apoderado de Arlet Edali Herrera Hervis, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 441/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, referente a que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Desechamiento de la demanda. En ese sentido, se tiene que en el caso la quejosa señala como acto reclamado: 4.- ACTOS RECLAMADOS: a) LA INACTIVIDAD PROCESAL DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 772/2019, toda vez que a la fecha la responsable se abstiene de señalar fecha para la audiencia de ley. b) La abstención de la responsable de señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, que señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. c) Así como la abstención de señalar audiencia dentro de los plazos y términos que señalan los artículos 873 de la Ley Federal del Trabajo. d) La falta de notificación y emplazamiento a juicio a los demandados COLEGIO TENOCH MONTESSORI, S.C. TENOCH, S.C., TENOCH MONTESSORI, S.C., así como a las C.C. IRMA YOLANDA CASTILLO CERRILLO y MARÍA SANDRA CASTILLO CERRILLO, ya que no han querido emplazar a juicio a dichas personas demandadas dentro del juicio de origen dilatando de forma dolosa el procedimiento laboral, hecho que se puede apreciar en las diversas constancias que obran en dicho juicio, conducta que transgreden lo previsto por la Ley Laboral. En ese sentido, se aprecia que las actuaciones destacadas lo son: 1. La omisión de fijar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J.7/772/2019, dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 2. La falta de notificación y emplazamiento a la parte demanda en el juicio laboral J.7/772/2019. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; porque las omisiones que reclaman ya fueron analizadas en el juicio de amparo 495/2020 del índice de este Juzgado Federal, en el que se otorgó la protección de la Justicia Federal, por lo que forman parte de la ejecutoria de dicho asunto. El numeral en cita establece: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior [.]. Del precepto transcrito, prevé la improcedencia del juicio de amparo respecto de la cosa juzgada. Así, debe mencionarse que el catorce de octubre de dos mil veinte se dictó sentencia en el expediente 495/2020 en se otorgó la protección de la Justicia Federal a Arlet Edali Herrera Hervis, contra los actos que reclamó del Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por lo que será parte fundamental a fin de proceder al estudio de la presente demanda. En tal virtud, téngase a la vista el juicio de amparo 495/2020 del índice de este juzgado, de conformidad con la jurisprudencia 25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199, cuyo rubro y contenido son los siguientes: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento. Del análisis de la demanda de cuenta y de la diversa que dio origen al juicio de amparo 495/2020, se advierte que la parte quejosa reclamó: Juicio de amparo 495/2020 Juicio de amparo 441/2021 1) La falta de notificación y emplazamiento a la parte demanda en el juicio laboral J.7/772/2019. 2) La omisión de fijar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J.7/772/2019, dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 1. La omisión de fijar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J.7/772/2019, dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 2. La falta de notificación y emplazamiento a la parte demanda en el juicio laboral J.7/772/2019. Cabe destacar que el juicio 495/2020 se resolvió de esta manera: SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa son fundados y suficientes para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos, el precepto de referencia a la letra establece: [.] El artículo en análisis, en lo que aquí interesa, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia, han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 192/2007, legible en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, registro 171,257, del rubro y texto siguientes: [.] Así, que del texto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al laudo. En el caso que nos ocupa, la responsable Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, a juicio de este juzgador han retrasado considerablemente la tramitación del juicio laboral, ya que no ha proveído lo conducente en los términos en que la ley de la materia lo obliga. En efecto, los artículos 685, 719 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: [.] De la interpretación de los artículos en cita se advierte que es responsabilidad de las juntas lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, que es posible que no se lleve a cabo la práctica de alguna diligencia y que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, deberá efectuarse dentro de los quince siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda; además de ordenar y practicar el emplazamiento a la parte demanda con diez días de anticipación a la fecha que se señale para la celebración de la audiencia inicial, esto con la finalidad de lograr su comparecencia. Así, los preceptos constitucional y legales antes mencionados, relativos todos a procurar el derecho de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que los tribunales en materia de trabajo, en el caso particular, la autoridad responsable, no puede ni debe retardar indiscriminadamente, su función de administrar justicia, atento a que, por el contrario, es una de sus obligaciones el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar resolver los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación aplicable. Debemos precisar que el juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. Así, tenemos que del análisis a las constancias de autos que allegó la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se desprende el evidente retraso del procedimiento del que se duele la quejosa, dado que la junta responsable, no se ha apegado a llevar el trámite del procedimiento en los términos y formas que lo obliga la ley, de ahí lo fundado del concepto de violación. Se afirma lo anterior, en virtud que en auto de catorce de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral J.7/772/2019, señaló como nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, es decir, excediendo el término de quince días que la ley prevé para ello. Bien, como ya se precisó la ley prevé que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se lleve a cabo dentro de los quince días posteriores a la presentación de la demanda; asimismo, prevé la posibilidad de que por alguna circunstancias las audiencias no se puedan llevar a cabo, se señale nueva fecha y hora para ello, como en el caso en estudio aconteció; sin embargo, es lógico establecer que la nueva fecha y hora debe encontrarse dentro del término que la ley prevé para que tenga verificativo la citada audiencia, pues de lo contrario se daría la facultad a la responsable de no celebrar las audiencias por cualquier razón que se le ocurra y señalarlas en cualquier tiempo, quedando al arbitrio de la responsable dicho término, lo que desde luego dejaría en estado de indefensión a los gobernados; de ahí que se evidencie que la junta responsable debió señalar nueva fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley, pero dentro del término de quince días, por lo que se ha excedido el término que prevé la ley para tal efecto, por lo que se concluye que la responsable no ha acatado lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y ha retrasado indebidamente el procedimiento, en violación a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, si en el presente amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral, pues la junta responsable el diez de diciembre de dos mil diecinueve, emitió el auto de radicación de la demanda laboral propuesta por la hoy quejosa; desde esa fecha no se ha llevado a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones por no haberse emplazado a la parte demandada, y no existe constancia de que haya practicado tal emplazamiento, por tanto, quien esto resuelve estima que esa omisión persiste, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio. En virtud de lo anterior, y en virtud de que la responsable no ha emplazado a la parte demandada; es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, para que la junta responsable señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordene al actuario de su adscripción lleve a cabo la diligencia tendente al emplazamiento a la parte demandada, dentro de los términos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, no se desatienden las cargas de trabajo de la junta responsable, y que la mayoría de las veces impiden cumplir de manera estricta con los términos que establecen las leyes, sin embargo, en la especie ha transcurrido tiempo suficiente durante toda la tramitación del procedimiento, para que la autoridad responsable dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos en cita y como ya se indicó, es evidente que se ha retrasado injustificadamente el procedimiento, lo que se traduce en una privación a la hoy quejosa de que se le imparta justicia en los términos y plazos que fija la ley, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a.CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable a foja 732, Tomo I, Libro 1, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, Décima Época que a la letra dice: [.] En consecuencia, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo se concede para el efecto de que la responsable, en términos de los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo: a) Ordene que se practique el emplazamiento a la parte demandada, dentro del plazo de cinco días. b) Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral J.7/772/2019, la cual deberá ser dentro del término de quince días; y, El entendido de que si una vez que quede firme la presente resolución y se solicite el cumplimiento a las responsables, la fecha señalada inicialmente (veinticuatro de noviembre de dos mil veinte), es más cercana a una nueva que se pudiera fijar, deberá subsistir la más benéfica a la quejosa. En relación a lo anterior, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, ya que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo; toda vez que se colige que ambas demandas cobran identidad, pues asiste a esta vía constitucional la misma quejosa, por los mismos actos reclamados, autoridad responsable y causas de pedir. La causa de improcedencia citada, se actualiza cuando se promueve un juicio de amparo contra un acto que hubiere sido materia de otro juicio, como lo fue en el juicio de amparo 495/2020, lo que se traduce en la figura jurídica denominada cosa juzgada, que se entiende como inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias o resoluciones firmes, es decir, dicha figura se actualiza cuando una sentencia o proveído ya no pueden ser impugnadas a través de ningún medio de defensa. Consecuentemente, debe decirse que se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; las cuales consisten en: a) Que se trate de leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. b) Que sea promovido por el mismo quejoso. c) Que se substancie contra las mismas autoridades. d) Que se trate del mismo acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo 2009, página 2734, del que establece: COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada. Ahora bien, realizando un análisis integral del juicio de amparo 495/2020, y de la presente demanda, puede concluirse que se cumplen con los requisitos citados, de conformidad con lo siguiente: Por lo que hace al primer requisito se aprecia que la demanda de cuenta se promovió contra actos que ya fueron materia de otro juicio de amparo, como lo fue en el expediente 495/2020, en el que este Juzgador concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo de los requisitos, se advierte que la presente demanda de amparo fue promovida por Alejandro Aguilar Aguilar, en su carácter de apoderado de Arlet Edali Herrera Hervis, quien también lo hizo en el juicio de amparo 495/2020. En relación con el tercer requisito consistente en que se advierta que se trate de las mismas autoridades responsables, debe mencionarse que la demanda objeto de estudio en el presente expediente, cumple con este requisito. Por otro lado, se cumple con el último de los requisitos consistente en que se impugnen los mismos actos reclamados, pues dichos actos son idénticos en el expediente en que se actúa y en el juicio 495/2020. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XI, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, por lo que, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Alejandro Aguilar Aguilar, en su carácter de apoderado de Arlet Edali Herrera Hervis. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Julio de 1993, página 225, que establece: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Ahora, también es relevante que el treinta de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia en el expediente 495/2020, por lo que la gobernada está en posibilidad de presentar la denuncia respectiva a la repetición del acto reclamado que prevé el artículo 199 de la Ley de Amparo,1 ya que en la ejecutoria del sumario que cita, explícitamente se ordenó a la autoridad para que procediera según los términos de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la fijación de la fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente de origen y además, emplazara a los demandados. Por lo que en el asunto, la dilación procesal por la que se estima transgredido el derecho de acceso a la justicia, se hace depender básicamente de la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, lo cual no ha permitido se lleva a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Siendo que en el juicio de amparo 495/2020 únicamente obra una razón de imposibilidad de emplazamiento, más no así la diligencia en sí; además que de las manifestaciones rendidas bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa (punto 4) se tiene 1 Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. conocimiento que la responsable no ha realizado el llamamiento. Por tanto, en el caso específico es posible considerar la denuncia de repetición de acto, debido a que esta determinación se constriñe a que la dilación es consecuencia a que no se ha realizado el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, por lo que el carácter omisivo de las actuaciones reclamadas se constriñe a esta situación de manera extraordinaria, siendo además que la naturaleza de dicha actuación otorga la posibilidad de que la denuncia se realice hasta que la autoridad haya respetado los plazos legales o cuando no lo haga porque ya han transcurrido. Es orientador a lo anterior la tesis I.14o.C.4 K (10a.), con registro digital 2015802, de rubro y texto: INCIDENTE DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. TRATÁNDOSE DE ACTOS DE CARÁCTER NEGATIVO QUE IMPLICAN OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESPETAR LOS PLAZOS LEGALES, SU PROMOCIÓN PUEDE HACERSE HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. Cuando en el juicio de amparo se advierte una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Juez responsable no actúa en los términos y plazos que establece la ley y, en consecuencia, se otorga la protección constitucional para el efecto de dar celeridad al procedimiento de origen y respetar los términos y plazos establecidos en la ley; es claro que el acto reclamado es de carácter negativo (omisión de la autoridad de respetar los plazos legales) lo que, a su vez, obliga a la responsable a cumplir la ejecutoria de amparo, respetar el derecho de que se trate y cumplir con lo que éste exija, de acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si bien es cierto que el artículo 199 de la ley citada prevé que la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada dentro del plazo de quince días (se entiende a partir de que conozca el cumplimiento de la ejecutoria), no menos lo es que tratándose de estos casos, en que el acto reclamado es de carácter negativo, dicho plazo debe empezar a computarse hasta que la autoridad haya respetado los plazos legales o cuando no lo haga porque ya han transcurrido. Así como la diversa 2a. VII/98, de registro digital 196895, de contenido: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. TAMBIÉN OPERA POR LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DE TOMAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El exacto cumplimiento de la sentencia de amparo obliga a las autoridades responsables no sólo a acatar lo resuelto, sino también a tomar las medidas necesarias que garanticen la eficacia real de la sentencia protectora. Así, en el caso de que órganos inferiores de las autoridades responsables, por sí mismos o incitando a terceros, realicen nuevamente actos similares a los declarados inconstitucionales o los consientan, las propias responsables incurren en la repetición de los actos reclamados si asumen una actitud pasiva que denote su falta de interés en acatar plenamente el fallo protector, en cuanto que, con ello, se refleja la omisión de tomar las acciones pertinentes para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación que debe repararse. Notificaciones electrónicas y acceso al expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que la promovente se encuentra registrada en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el usuario RENIUX, como lo solicita se le autoriza para tener acceso y consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo así como para notificarle electrónicamente las determinaciones tomadas, en términos de los artículos 14, 34, 35 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y en vigor a partir del día siguiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleve a cabo la diligencia encomendada en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...MESA 1.

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