Alejandra Ramos Miranda
Expediente 898/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandra Ramos Miranda
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Por recibidos los oficios signado por el oficio suscrito por el Perito oficial designado Kevin Tomás Pérez Méndez, la Directora General de Especialidades Periciales Documentales, de la Coordinación General de Servicios Periciales, dependiente de la Fiscalía General de la República, registradas con folios 617 y 618, por lo que atento a su contenido, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de tres de diciembre del año próximo pasado, el perito oficial Kevin Tomás Pérez Méndez, dio cumplimiento al auto de diecisiete de diciembre del año próximo pasado, realiza diversas manifestaciones relativas a los motivos por los cuales afirma que las materias de caligrafía y grafometría, se encuentran en desuso, por lo que se proveyó al respecto. De igual forma, se tiene por recibido el escrito presentado por Rosa Marizol Yañez Campos, en su carácter de apoderada legal de la moral tercero interesada GRUPO COMSERVE Sociedad Anónima de Capital Variable, registrado con folio 591, por medio del cual desahoga la vista que le fue otorgada mediante auto de diecisiete de diciembre del año en curso, respecto a lo indicado por el perito oficial Kevin Tomás Pérez Méndez. En ese sentido, una vez que las diversas instancias que fueron requeridas, den cumplimiento a lo solicitado por auto de dieciocho de diciembre del año próximo pasado, se acordará lo relativo a la prueba pericial en caligrafía y grafometría, ofrecida por las partes. Estado de autos Por otro lado y toda vez que mediante proveído de diecisiete de diciembre del dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devolvió el exhorto 416/2020 (orden 436/2020), sin diligenciar, mediante el cual se le solicitó llevar a cabo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la moral tercero interesada Grupo Comserve, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual fue devuelto sin diligenciar por los motivos que expone, reservándose a acordar lo conducente en virtud de las medidas adoptadas para salvaguardar la salud de las personas justiciables y las que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con motivo de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 y hasta en tanto se reanudaran las labores en el Primer Circuito. A efecto de desahogar la prueba de inspección judicial ofrecida por la moral tercero interesada Grupo Comserve, ??????????? sociedad anónima de capital variable, sobre los documentos y anexos que obren en el apéndice de los libros que tiene a su cargo el Notario Público Ciento Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, Rafael Aguilar Molina, y tomando en consideración que el domicilio del Notario Público Ciento Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, Rafael Aguilar Molina, se encuentra ubicado en Guty Cárdenas, número 48, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, código postal 01020, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de éste juzgado federal, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva a desahogar la prueba de inspección ofrecida por la moral tercero interesada Grupo Comserve, sociedad anónima de capital variable, sobre los documentos y anexos que obren en el apéndice de los libros que tiene a su cargo el Notario Público Ciento Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, Rafael Aguilar Molina, lo anterior en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, por lo que se anexan los puntos sobre los cuales versara dicha probanza, mismos que no se envían en sobre cerrado, ya que el exhorto correspondiente, se enviara de manera electrónica. Para su cumplimiento se le faculta al juez exhortado para acordar todo tipo de promociones, requerir a las partes, que tengan el propósito directo o indirecto para el cumplimiento de la diligencia ordenada, girar los oficios que sean necesarios, expedir copias solicitadas, dejar citatorios e imponer las medidas de apremio, hacer uso de la fuerza pública, a fin de completar y perfeccionar la diligencia que se le solicita, e intentar cuantas veces sea necesario la referida diligencia. Por otro lado, solicítese al Juez exhortado, para que informe a éste órgano jurisdiccional la fecha que se asigne para el desahogo de la diligencia necesaria, a fin de que ésta se haga del conocimiento a las partes en el presente juicio de garantías y en su caso se encuentren en aptitud de asistir. Notifíquese...MESA 2
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Aarón Edgar Estrada Morales, mediante el cual a nombre de la parte quejosa Alejandro Ramos Miranda, desahoga la prevención realizada mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Desechamiento de la demanda. Una vez asentadas las consideraciones anteriores, respecto del escrito de desahogo que se provee se advierte que fue presentado en línea y que la firma electrónica corresponde a Aarón Edgar Estrada Morales quien no figue como autorizado del que pretende promover, lo que trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo; y, 107, fracción I, de la Constitución Federal, estos interpretados en sentido contrario. En este sentido debe señalarse que el uso de la firma electrónica, se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo al señalar la posibilidad para las partes de actuar ante este órgano jurisdiccional mediante el empleo de diversas tecnologías electrónicas, como lo es la firma electrónica, la cual se encuentra regulada en los Acuerdos General Conjuntos 1/2013 y 1/2015; de los cuales se puede deducir que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se equipara al documento de identidad a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de tal forma que al presentar el desahogo de prevención formulada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por vía electrónica, como en el caso que nos ocupa, la misma debió contar con dicha firma electrónica de la persona que pretende promover. Al respecto, se ha establecido que en cualquier promoción o solicitud se requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, o como es en el caso que nos ocupa, de la firma electrónica, la cual hace las veces de firma autógrafa; de tal manera que si ésta se presenta sin la misma, debe desecharse. Sin que pueda aceptarse la firma electrónica de los autorizados y menos de personas que no tengan relación en el juicio que nos ocupa, como lo pretende la quejosa, pues ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la firma del promovente es un requisito esencial para dar entrada a un juicio de amparo, sin que pueda ser suplida por alguien más, tal como lo explica en la siguiente jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2018943, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Así como la diversa P./J. 8/2019 (10a.), visible en la página 79, Tomo I, Abril de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Por tanto, dado que la firma electrónica de la promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, es por lo que, ante la falta de firma en el caso en concreto de la firma electrónica del inconforme, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover y desahogar la prevención que se le formulo para instar en el juicio constitucional. En consecuencia, toda vez que el escrito de desahogo en cuestión, carece del signo escrito que exteriorice la voluntad de la referida persona en cuyo nombre se demanda la protección y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, éste debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, interpretando a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano, al no existir petición de dicha quejosa que figura como afectado por el acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada visible en la página 315, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Así como, la tesis aislada visible en la página 303, Tomo XVII, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." No se soslaya que conforme al artículo 15 de la ley referida, dicha firma electrónica resulta innecesaria cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el precepto legal citado; sin embargo, el acto reclamado no se encuentra en el supuesto, al ser una imposición de dos multas, por veinte y treinta unidades de medidas de actualización vigentes, además, de los antecedentes relatados no se advierte la imposibilidad que tenga para promover personalmente o por los medios electrónicos en párrafos anteriores citados. Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que en la parte final de la demanda de amparo aparece una firma aparentemente puesta por la quejosa; sin embargo, dicha circunstancia no proporciona seguridad al suscrito para considerar que efectivamente el solicitante del amparo la haya plasmado; por consiguiente, al haberse presentado en línea, se requería de la firma electrónica del mismo, para estar seguros de que era su voluntad instar el presente juicio de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Recepción de oficio. Por recibido el oficio 19776/2020, emitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en relación a los actos reclamados en el expediente 907/2020-II, de su índice, que se originó con motivo de la demanda promovida por Alejandra Ramos Miranda, por declararse incompetente, al que anexa el original del sumario y traslados. Registro de la demanda. En ese sentido, este Juzgado Federal acepta la incompetencia planteada y procede a avocarse al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 898/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince, la demanda de amparo promovida por Alejandra Ramos Miranda, contra actos del Juez de Control de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad. Análisis del escrito. Ahora, en el escrito de demanda Alejandra Ramos Miranda, reclama: IV.- ACTO RECLAMADO a) Se hace consistir en LA RESOLUCIÓN DE FECHA 29 VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, dictado en la causa de control número 1135/2020, que se instruye en contra de ABNER MANUEL FLORES, por el delito ROBO CON MODIFICATIVA DE HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA, ya que a través de la mencionada resolución, el Ciudadano Juez de Control de Ecatepec, del Estado de México, RESOLVIÓ LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto en contra de los autos de fecha 18 DIECIOCHO Y 23 VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, a través de los cuales, dicha Autoridad Responsable impuso a la suscrita DOS MULTAS POR VEINTE Y TREINTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, respectivamente. b) Los oficios números 222B0101030000T/1033/2020 y 222B0101030000T/1035/2020, ambos de fecha 23 veintitrés de septiembre del año en curso, suscritos y firmados por el Licenciado ADRIAN ALEJANDRO BAUTISTA CADENA Director Regional de la Zona Oriente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, A TRAVÉS DE LOS CUALES INSTRUYÓ AL SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, HACER EFECTIVAS LAS DOS MULTAS IMPUESTAS POR LA ORDENADORA, consistentes en VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, equivalentes a la cantidad de $1,737.60 (un mil setecientos treinta y siete pesos 60/100 m.n.), así como de TREINTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, equivalentes a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos 40/100 m.n.), directamente sobre la nómina de la quejosa. Por lo tanto, se advierte que se hace mención del Director Regional de la Zona Oriente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, pues en realidad a este le atribuye la emisión de los oficios reclamados, pero no lo señala como autoridad responsable; por tal motivo, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 114, fracción II, se considera que el escrito es irregular. En tales circunstancias, prevengáse a la promovente para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo señalar a la autoridad antes mencionada a su demanda. Se le apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio del quejoso. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden evidentemente ser considerados como un domicilio particular o procesal, pues éstos forman parte del órgano jurisdiccional, y por tanto dígasele que mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con relación a los correos electrónicos que proporciona la quejosa en su escrito de demanda, 5743396@pjedomex.gob.mx, rm_alexa@hotmail.com y asociados.flores@yahoo.com, como medio alternativo de notificación, debe señalarse que si bien, el correó electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, realícese por única ocasión la notificación del contenido del presente acuerdo a través de los correos electrónicos señalados por la promovente, por lo tanto se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que realice las gestiones correspondientes, confirmado de recibido dicha notificación; sin que con lo anterior se contravenga lo acordado en párrafos que preceden. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, téngase por autorizadas a las personas mencionada en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/Home/Ayuda. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese 5743396@pjedomex.gob.mx, rm_alexa@hotmail.com y asociados.flores@yahoo.com.
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