Alejandra Senosiain Pelaez
Expediente 998/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alejandra Senosiain Pelaez
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual informa que aceptó la competencia del presente asunto, de lo que se toma conocimiento. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 19 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se declaró carecer de competencia legal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual el actuario adscrito a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la tercera interesada la sentencia de fecha de engrose veintidós de agosto del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido, este y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEÑALA: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 786/2022, promovido por ..., por conducto de su representación legal, actos de la Juez Séptimo de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Trámite. El quince de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Substanciación. La representación social Federal adscrita no intervino; se rindió el informe de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y la audiencia constitucional se celebró acorde al acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso concursal, seguido en un Juzgado Federal residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo la materia de estudio es: 1) La omisión de ejecutar el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. 2) La omisión de ejecutar el auto de tres de marzo de dos mil diecisiete. 3) La omisión de ejecutar el auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete. 4) La omisión de ejecutar el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete. 5) La omisión de ejecutar los autos del ocho de diciembre de dos mil diecisiete. 6) La omisión de ejecutar el auto del doce de julio de dos mil dieciocho. 7) La omisión de ejecutar la sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete por el que se declaró en concurso mercantil a la moral quejosa. 8) La omisión genérica de cumplir con los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles. Todos en el concurso mercantil 666/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Tercero. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados y se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo . Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió la solicitud de declaración en concurso mercantil de .... Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Concursos Mercantiles, la juzgadora rectora del proceso dictó como medida precautoria la prohibición a la comerciante de realizar pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda, la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos que integren el activo fijo y circulante; realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes principales de la empresa; así como transferencias de recursos o valores a favor de terceros, sin perjuicio de las operaciones ordinarias y prestaciones laborales. 2. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete, la A Quo concursal ordenó a ... retener los recursos fideicomitidos en el fideicomiso ...; giró oficio al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México para no ejecutar embargo contra la comerciante, en el juicio ejecutivo mercantil 915/2015. Asimismo, se requirió a Pemex Exploración y Producción depositar ante la autoridad judicial, los pagos que debía hacer a la comerciante con motivo del contrato número 422213801, hasta en tanto la concursada compareciera y cumpliera las medidas emitidas en el auto de admisión. 3. Por acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecisiete, la juzgadora del proceso se pronunció sobre la petición de la acreedora demandante, de requerir respectivamente a la paraestatal y fudiciaria, el depósito de los recursos de la comerciante con independencia de la cesión de derechos de cobro alegada como imposibilidad, y el embargo de los recursos provenientes de la paraestatal, como se indica: "(.) Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. (.) Se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante y aun cuando en el sistema jurídico mexicano, exista la posibilidad de transmitir por cesión de derechos la facultad de cobrar remuneraciones futuras, como en el caso sucede en referencia al contrato ..., celebrado entre ... Y ..., en favor de ..., con el fin de pagar o garantizar una obligación sin embargo, la inflexibilidad de ese pacto debe ceder ante las disposiciones de orden público que entran en juego cuando el cedente queda sujeto a concurso mercantil, por ello la administración y aplicación de los activos futuros del comerciante ya no podrán regirse por las estipulaciones comunes, en donde se comprometan anticipadamente los ingresos esperados en el porvenir, porque estarán regulados por normas de orden público y de índole taxativo que deben prevalecer frente las predisposiciones efectuadas en un título privado, por lo que en caso de concurso, ya no podrá continuar vigente la predisposición de ingresos futuros destinados al pago de ciertos créditos a favor de algunos acreedores por el comerciante en el contrato de cesión de derechos futuros. Consecuentemente, gírese atento oficio a ..., para que proceda a depositar a este juzgado los pagos que originalmente debía hacer a la comerciante demandada, con independencia de la cesión de derechos referida en su oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de marzo del año en curso y derivada del contrato ... de fecha veintinueve de agosto del dos mil trece, por virtud de las providencias precautorias decretadas en el auto de veinticuatro de enero del dos mil diecisiete y hasta en tanto la comerciante demandada comparezca y empiece a dar cumplimiento puntual a la providencia decretada en autos, apercibido de doble pago en caso de no cumplir con lo anterior." (.) Asimismo y en cumplimiento a las medidas decretadas en auto admisorio, gírese atento oficio a ..., con la finalidad de que retenga los pagos recibidos por ..., en su carácter de cesionaria de los derechos de cobro derivados del contrato número ... denominado "Servicio Integral de Compresión para Gas Amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en una plataforma auto elevable (Jack-up), para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell" de fecha 29 de agosto de 2013, por virtud del Contrato de Cesión de Derechos de Cobro que consta en el instrumento Notarial número 1586 de fecha 15 de septiembre de 2015, pasado ante la fe del notario Público número 12 de Ciudad del Carmen Campeche, ya sea que reciba dichos recursos por cuenta propia o por cuenta de un fideicomiso, contrato de mandato o por cualquier otro motivo, apercibido que de no hacerlo en el término de tres días se le impondrá una multa." Inconforme, ..., interpuso recurso de revocación, resuelto en sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete (engrosada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete), declarado infundado. 4. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México dictó sentencia en el juicio de concurso mercantil .... En el segundo punto resolutivo se declaró abierta la etapa de conciliación por ciento ochenta y cinco días; se ordenó al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos la sentencia de concurso mercantil; suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos del comerciante, con las excepciones a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, entre otros. 5. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable consideró que las medidas cautelares dictadas en autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril, todos de dos mil diecisiete, fueron sustituidas por los resolutivos de la declaratoria de concurso mercantil. Con lo cual se ordenó a la paraestatal normalizar los pagos en relación al contrato de prestación de servicios ..., y requirió a la fiduciaria normalizar de inmediato los pagos a la comerciante captados en el fideicomiso ..., bajo los siguientes términos: "Ciudad de México, a trece de septiembre dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que mediante sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete se declaró en concurso mercantil a la comerciante ... en la cual en sus puntos resolutivos décimo primero y décimo segundo se estableció lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos esta sentencia de concurso mercantil, salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar a este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados. DÉCIMO SEGUNDO.- Se ordena que durante la etapa de conciliación se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante, con las excepciones a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, es decir, el mandamiento de embargo o ejecución de carácter laboral, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, ampliando el monto de los salarios a los dos años anteriores al concurso mercantil" En atención a ello, las medidas cautelares provisionales concedidas por este órgano jurisdiccional a través de los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, fueron sustituidas por dichos puntos resolutivos, y, por ende, dejaron de surtir sus efectos. Así y por cuanto hace al escrito de cuenta registrado con el número 18730, signado por ..., en su carácter de apoderada de ..., personalidad que se le y reconoce en términos del instrumento notarial número treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete pasado ante la fe del notario público número 150 de la Ciudad de México, y en atención a su contenido se provee: Infórmese a la promovente, que por lo que respecta a la medida cautelar de cuatro de abril del dos mil diecisiete, la misma, dejó de surtir sus efectos, por consiguiente, en lo que concierne a los derechos de cobro relativos al contrato ..., deberá de normalizarlos como lo venía haciendo hasta antes del dictado del referido proveído, en atención a que es necesario que la concursada reciba el flujo de dinero que le corresponde a fin de hacer frente a las operaciones ordinarias, lo que deberá ser informado en términos del resolutivo décimo primero de la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Por otra parte y a fin de que la comerciante esté en aptitud de informar el pago de las operaciones ordinarias que debe realizar, infórmese a ..., que debido a que dejaron de surtir efectos las medidas cautelares ordenadas en los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, que estaba sujeta a cumplir, en consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número ... derivado de los derechos de cobro del contrato número ... informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos M.N. 100/00) de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio. Asimismo, como lo solicita el ocursante, devuélvase la copia certificada, que indica en su escrito, de mérito, previa toma de razón que de su recibo que obre en autos. En relación al escrito registrado con el número 18875 signado por ..., apoderado de la comerciante, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial cuarenta mil ciento treinta y tres, pasado ante la fe de los notarios públicos 18 y 195 de la Ciudad de México, y atención a su contenido se provee: Dígasele al ocursante, que el término de veinticuatro horas que reclama como insuficiente, se estableció en la sentencia de concurso mercantil y, por ende, la suscrita no puede modificarlo, alterarlo o revocarlo, aunado a que el requerimiento que se le hizo dentro de este término, es únicamente para que informe sobre sus gastos de operación ordinarios, lo que debió de tener contemplado en vista de los innumerables requerimientos que solicitó a este órgano a fin de que pudiera manejar la viabilidad de la empresa. Por lo que respecta a la entrega de los derechos de cobro derivados del contrato número ..., derivado del fideicomiso ..., dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. (.)" 6. En auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó requerir a ..., para entregar directamente a la comerciante los fondos que normalmente recibía hasta antes el concurso mercantil, pertenecientes exclusivamente a la concursada y provenientes del fideicomiso ... de once de septiembre de dos mil quince. Además de informar las cantidades totales retenidas de la comerciante, en relación con las estimaciones enviadas por ..., los pagos recibidos de dicha entidad, los conceptos por los cuales se han retenido y quién giró las instrucciones para ese fin. Asimismo, devolver a la concursada todas las cantidades entregadas a ... aplicadas a pagos de adeudos, contraídos previo a la admisión de la demanda de concurso mercantil, así como los montos cubiertos que la propia acreedora se haya auto pagado y que correspondían a la comerciante, por concepto de comisión. 7. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la juzgadora concursal dictó las siguientes determinaciones: ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por (.), quien promueve en su carácter de delegada fiduciaria de ..., personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, y en atención a su contenido al efecto se provee: En cuanto al primer punto del escrito de cuenta y respecto a la aclaración que refiere la ocursante, dígasele que ello lo debió de hacer valer a través el (sic) medio de impugnación correspondiente, puesto que al auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, ya no puede ser revocado por la suscrita, aunado a que la aclaración solicitada se refiere a aspectos diversos sobre los cuales se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos. En relación al primer punto en donde insiste en que se aclare el requerimiento formulado, dígasele a la ocursante que los términos sobre los cuales han sido fijadas las medias (sic) cautelares se encuentran perfectamente claros, desde el auto de trece de septiembre del dos ml (sic) diecisiete, en el cual se indicó lo siguiente: "En consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número ... derivado e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido..." De donde se aprecia que la obligación de normalizar los pagos de manera inmediata no significa otra cosa sino la de efectuar los pagos como los venía haciendo previo al concurso mercantil, como se reitera mediante auto de treinta de octubre del dos mil diecisiete, lo que evidentemente significa que la fiduciaria sabrá como lo explica, en su propio escrito, los términos sobre los cuáles deberá realizarlos ya sea cumpliendo con los pagos comprometidos, considerando la cuenta receptora, o la cuenta de ingresos, o de remanentes si pagaba o no los servicios impuestos o demás, pues sólo ella era la encargada de efectuarlos, razón por la cual queda subsistente el requerimiento ordenado en autos y una vez que fenezca el término que se le concedió en el auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, se acordara lo que en derecho corresponda. En relación al segundo punto, en el cual se alega que las sumas de dinero entregadas a ..., se hicieron en cumplimiento al propio fideicomiso ..., porque así se pactó en la cláusula que indica y que sólo ha cumplido con los términos del fideicomiso y que al exigírsele la devolución, la medida se constituye en una medida restitutoria y no conservadora. Dígasele que dadas las medidas precautorias que se emitieron por medio del auto de cuatro de abril del dos mil diecisiete, en las cuales se le ordenó retener los pagos que se recibieran a nombre de la concursada, por encima del fideicomiso y, por ende, se le impedía a la hoy ocursante entregar las cantidades a cualquiera otra persona, debido a ello no es verdad que el requerimiento para exhibir esas cantidades, carezca de legalidad o se aparte de la naturaleza de las medidas cautelares. Por otra parte, según lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, la suscrita como rectora del procedimiento, con independencia de que la concursada haya instaurado en contra de la promovente el juicio que aduce ello no impide que se cumpla con la exhibición de las cantidades solicitadas. Tampoco es procedente la petición que se hace en el punto cuatro, consistente en requerir a ... para los fines que indica, dado a que la supervivencia de la empresa como factor predominante en el objeto de los juicios concursales, deberá de estar sobre cualquier trato entre particulares (fideicomiso) y si bien se hizo mención al banco promovente como fiduciario, fue para que el orden administrador y financiero del fideicomiso sirviera para recibir los pagos y encausarlos a un mejor fin, pero al mostrar la contumacia de la fiduciaria promovente resulta necesario obtener tales ingresos del fondo de origen. Finalmente y en cuanto a la prórroga que indica en el punto cinco, se le concede un término de veinte días para que dé cumplimiento con la rendición de cuentas requerida por la suscrita, bajo el entendido de que subsiste el requerimiento decretado en autos. Sin perjuicio de lo anterior guárdense en el seguro del juzgado los documentos que al efecto exhibe." ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por (.), quien promueve en su carácter de apoderado de la comerciante (.), personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta y, en atención a su contenido, al efecto se provee: Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de ..., para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ... cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a Pemex Exploración y Producción, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada (.), respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil (.), en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a ..., fiduciaria en el contrato de fideicomiso CIB/2346. Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada número I.3º.C.230 C (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Civil, publicada en la página 2736, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2012476, que es del tenor literal siguiente: 'FIDEICOMISO O CESIÓN DE DERECHOS. EN CASO DE CONCURSO MERCANTIL, LAS REMUNERACIONES FUTURAS DERIVADAS DE UN CONTRATO PRIVADO DE TRACTO SUCESIVO, A FIN DE GARANTIZAR O PAGAR UNA OBLIGACIÓN, NO PODRÁN CONTINUAR VIGENTES, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ACTIVOS FUTUROS ESTARÁN REGULADAS POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE RIGEN PARA EL CEDENTE O FIDEICOMITENTE.'. Bajo el percibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de (.), de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio, de aplicación supletoria (sic) la Ley de Concursos Mercantiles. Asimismo, se requiere al conciliador designado en este concurso mercantil (.), para que una vez que tenga a disposición el pago requerido, cumpla de inmediato con el pago del impuesto al valor agregado, del arrendamiento de la plataforma y los impuestos correspondientes, por ser considerados como gastos de operación. Notifíquese." Contra dichas determinaciones se interpusieron sendos recursos de revocación, que fueron resueltos el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en sentencias engrosadas el doce de febrero de dos mil diecinueve. En el amparo en revisión R.C. ... del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se revocó la protección constitucional concedida, y se negó el amparo, respecto de la ulterior determinación, en resolución correspondiente a la sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 8. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la juez del concurso dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Dicho fallo fue objeto de impugnación en segunda instancia (toca civil .../2018 y sus acumulados .../2018, .../218, .../218, .../2018, .../2018, .../2018, .../2018 y .../2018), resuelto el seis de febrero de dos mil diecinueve. 9. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la juzgadora concursal dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos los escritos suscritos por (.) en su carácter de apoderado de la comerciante, personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido al efecto se provee: Con relación al escrito con número de registro 13382, tomando en consideración que en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante sentencia de catorce de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C. ...; asimismo, en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, mediante resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el R. C. ..., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó negar la suspensión definitiva; en consecuencia, la suscrita se encuentra en aptitud de continuar con la ejecución del auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. ...En ese orden de ideas, gírese oficio a Pemex Exploración y Producción, para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, que en lo conducente dice: ".Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de ..., fiduciaria en el contrato de fideicomiso ..., para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ... cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a Pemex Exploración y Producción, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil (.), en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a ..., fiduciaria en el contrato de fideicomiso ... . Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares." Ahora bien, atento a lo manifestado por el conciliador (.) mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de la presente anualidad, el pago que corresponde a la comerciante por concepto de "ingreso por compresión de gas amargo" correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete es de USD$1,914,000.00 (un millón novecientos catorce mil dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor agregado; y por el mes de diciembre de dos mil diecisiete, es de USD$1,977,700.00 (un millón novecientos setenta y siete mil setecientos dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor agregado, por lo que el total a pagar por los dos meses asciende a USD$3,891,700.00 (un millón (sic) ochocientos noventa y un mil setecientos dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor. Por otro lado, visto el escrito con número de registro 14261, dado que en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, con fecha once de abril de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, médiate sentencia de uno de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C. ...; en consecuencia, es procedente requerir a ..., el cumplimiento del auto de treinta de octubre del año próximo pasado, en tal virtud, previo a requerir dicho cumplimiento, requiérase al conciliador para que se pronuncie respecto al monto que deba exhibir dicha institución bancaria. Sin perjuicio de lo anterior, guárdese en el seguro del juzgado las documentales indicadas. (.)" Contra dicha determinación se interpuso recurso de revocación declarado infundado en sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho (engrosada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), que a su vez fue materia del juicio de amparo indirecto ... del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y posterior recurso de revisión R.C. ... del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo. 10. El seis de julio de dos mil dieciocho, el conciliador nombrado en el concurso solicitó la entrega a la comerciante de USD$19´690,785.40 (diecinueve millones seiscientos noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares 40/100 moneda en curso de los Estado Unidos de América), por concepto de adeudos; petición que motivó la siguiente determinación judicial: "(.) Ciudad de México, doce de julio de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, se tiene por recha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el conciliador (.), personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido se provee: Se tiene al conciliador dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y el efecto informar el monto que ... debe devolver a la comerciante en atención a lo ordenado en auto de treinta de octubre del año inmediato anterior. Por tanto, requiérase a ..., para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que en lo conducente señala: ".Bajo ese contexto, y al quedar clara la libertad de la fiduciaria para continuar con la normalidad del pago de los derechos de cobro que únicamente le corresponden de manera exclusiva a la comerciante como se venían haciendo antes del concurso, en consecuencia con fundamento en la sentencia de concurso mercantil emitida y en lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 26 de la Ley de Concursos Mercantiles y como lo solicita la comerciante a través de su escrito 20318, en el punto 28 requiérase a ... en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso para que entregue directamente a la comerciante ... los fondos que normalmente venía realizando hasta antes del concurso mercantil, pertenecientes exclusivamente a la referida concursada derivados del fideicomiso número ... de once de septiembre de dos mil quince. (.) Bajo apercibimiento que de no informarlo en el término de cinco días, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio. Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y a fin de dar seguridad a los acreedores de que las cantidades liberadas a la comerciante serán aplicados correctamente, se requiere a ..., asistida por el conciliador (.), para que mes con mes informen, el flujo recibido por la institución fiduciaria, así como la aplicación de los mismos, apercibido (s) que de no hacerlo o que de los mismos se aprecie aplicación anormal de tales ingresos, se le impondrá a cada uno una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Ahora bien, en atención a lo señalado por el conciliador en el escrito que se provee, la cantidad que la institución bancaria señalada deberá devolver a la comerciante es de USD$19,690,785.40 (diecinueve millones seiscientos noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares 40/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos de América) equivalente a $379,099,601.67 (trescientos setenta y nueve millones noventa y nueve mil seiscientos un pesos 67/100 moneda nacional), tomando el tipo de cambio que utilizó Pemex Exploración y Producción para pagar la contraprestación pactada en el contrato de prestación de servicios identificado con el número ... . Notifíquese." Dicha determinación fue objeto del recurso de revocación fallado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (engrosado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), declarado infundado, analizado posteriormente en el amparo indirecto y revisión R.C. ..., donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, negó el amparo. 11. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, resolvió en definitiva el procedimiento especial de medidas cautelares previas al arbitraje, radicado con el índice ..., en cuyos puntos resolutivos se lee: "PRIMERO. Se ordena a ... que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número (.) con motivo del concurso mercantil o la quiebra de ..., quien forma parte del consorcio que suscribió dicho contrato con el carácter de proveedor, o bien que con motivo de dicho contrato retenga o suspenda los pagos de dicho contrato de prestación de servicios. SEGUNDO. Se ordena a ... que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número (.) con motivo de la subcontratación por parte del representante común del consorcio (...) de un proveedor idóneo para sustituir a ..., en la prestación de los servicios relativos al complimiento de dicho contrato, debiendo realizarse la sustitución en acatamiento al contrato de prestación de servicios, salvaguardando la debida y probada experiencia, capacidad y cualidad del prestador del servicio y de sus subcontratistas. TERCERO. Se ratifica la autorización para que ..., indistintamente lleven a cabo los pagos relacionados a la PAE Agosto 12 respecto de las labores que correspondía realizar a ..., en términos del contrato de participación conjunta y del instrumento regulador del consorcio, ambos de fecha 19 de febrero del 2013, a efecto de que se cumplan las obligaciones de los contratos de fletamento a casco desnudo del 14 de octubre de 2013 y/o del contrato de servicios celebrado con ... el 29 de agosto de 2013 con número (.), debiendo compensarse los pagos en cuestión con los ingresos derivados del contrato de servicios que corresponderían a los remanentes o en su caso a los ingresos directos que correspondan a ..., siempre y cuando dichos pagos correspondan a (1) Contribuciones fiscales; (2) Prestaciones laborales de los operarios y empleados de la plataforma y (3) Gastos de conservación, mantenimiento y operación ordinará de la plataforma. (.)" 12. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, dictó el fallo correspondiente al toca ... y sus acumulados, donde desaprobó el convenio presentado por la concursada con la mayoría de sus acreedores, y ordenó reponer el procedimiento en la etapa de conciliación, para el efecto de reconocer a ciertos acreedores y éstos pudieran considerarse en la propuesta del convenio concursal. Contra la resolución que ordenó la reposición concursal, ..., por conducto de su apoderado, interpuso juicio de amparo que tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (expediente ... y sus acumulados ... y ...). Mediante resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el Tribunal Unitario concedió la suspensión definitiva para el efecto de mantener las cosas en el estado que guardaban y no seguir ejecutando la reposición del procedimiento ordenada en el concurso mercantil .... Para cumplir con la suspensión el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se ordenó mantener en el cargo de depositario a ..., el cual fue otorgado previamente desde el tres de junio de dos mil diecinueve. Contra lo resuelto en el fondo de la controversia, se dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, conforme a los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO.- El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (y por ende, este propio órgano auxiliar por asumir su competencia al resolver este asunto), CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver respecto de las ampliaciones de demanda por cuanto a los actos reclamados consistentes en el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (emitido en el concurso mercantil de origen), así como la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, atribuidos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos, razones y para proceder en los términos expresados en la consideración PRIMERA de este fallo. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., por los motivos y razones expuestos en la consideración NOVENA de la presente sentencia de amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... y a ..., por su propio derecho, como acreedor reconocido y en su carácter de cesionario de ..., contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la consideración SEXTA de esta sentencia, por los motivos, razones y para los efectos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional. (.)" El último considerando del fallo, en lo conducente dice: ".Efectos de la protección constitucional. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes: I. La autoridad responsable ordenadora (tribunal de apelación) deberá dejar insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. II. Hecho lo anterior, deberá emitir una resolución en la que analice de nueva cuenta los recursos de apelación hechos valer, empero, en esta ocasión, prescinda de sustentar su decisión judicial en el contenido de los artículos 166, 233 y 266 de la Ley de Concursos Mercantiles, al menos desde la visión adoptada en el fallo aquí examinado y, en su lugar, considere que para efectos de examinar la no aprobación del convenio concursal así como la declaratoria de quiebra de la empresa quejosa, no resulta menester contar con la sentencia ejecutoria que resuelva las apelaciones contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, pues los derechos de esos acreedores impugnantes, una vez designados como acreedores reconocidos mediante sentencia ejecutoria, podrán ser ejercidos en la forma prevista en el artículo 143 de la propia norma concursal. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos reclamados atribuidos (por ambas quejosas) al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, evento que incluye el proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, materia de la ampliación de demanda de ..., en su carácter de acreedor reconocido y como cesionario de ...; lo anterior, dado que la ejecución del acto reclamado al Tribunal Unitario responsable, no deriva de una impugnación por vicios propios, por tanto, su inconstitucionalidad depende de aquél por el que se concedió el amparo.." Inconformes, se interpuso recurso de revisión que fue radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente .... 13. En auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en lo resuelto en la revisión civil 267/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , la rectora concursal requirió a la paraestatal poner a su disposición directamente el pago de determinadas estimaciones, y en lo conducente sostuvo: "(.) Aunado a lo anterior, cabe señalar que del escrito de cuenta, se advierte que el dicho del promovente, supone la existencia de disponibilidad de recursos, por parte de Pemex Exploración y Producción; de ahí que se requiere la exhibición de la cantidad referida en el párrafo precedente, a efecto de que no sea entregada en su totalidad al fideicomiso, dada la contumacia que se advierte ha tenido la fiduciaria a lo largo del presente concurso mercantil. (.)" Acorde a la demanda de amparo, la omisión de ejecutar las medidas precautorias indicadas en los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, bajo los términos e interpretación sugeridos por la quejosa, integra la materia del juicio. Quinto. Conceptos de violación. A. El acto reclamado contraviene las garantías a la ejecución de la sentencia tuteladas en los artículos 17 de la Constitución Federal, y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la juzgadora responsable no ha cumplido con las obligaciones previstas en la Ley de Concursos Mercantiles, que indica específicamente sus obligaciones y no deja al árbitro las funciones de rectoría. La juzgadora ha incumplido con la ejecución de las medidas cautelares emitidas el veinticuatro de enero, tres de marzo, cuatro de abril, treinta de octubre, ocho de diciembre todas de dos mil diecisiete y doce de julio de dos mil dieciocho, pues la comerciante debe recibir puntual y directamente las cantidades que le corresponden, de forma irrestricta, tanto de ... como ... . La sentencia de concurso mercantil tiene el efecto de permitir el acceso directo y constante al capital de la concursada, como una excepción a las relaciones contenciosas en general. El artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles obliga al juzgador a impedir la ejecución de bienes de la comerciante, no obstante se han retenido injustificadamente recursos. B. La juzgadora ha incumplido con su papel de administradora en el concurso, por haber admitido recursos improcedentes, que han impedido y/o retrasado la entrega de capital, resueltos en contravención a la ley de la materia. La administración de la empresa se entregó ilegalmente al conciliador, que ha tenido como efecto general daños y perjuicios a la comerciante, porque solo con la dotación de recursos se puede mantener la operación. Tampoco se ha impedido la aplicación de las medidas cautelares y suspensiones concedidas por diversos juzgadores, en contravención a resoluciones firmes del concurso. C. La juzgadora responsable ha omitido realizar control ex officio, respecto de las disposiciones procesales y sustantivas que regulan el concurso mercantil. Son infundados los conceptos de violación, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, aunque no responda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión . Ahora, acorde a los planteamientos que dan contexto a la materia del reclamo, las omisiones reclamadas vistas en su conjunto tienen una vinculación a través de un mismo hilo conductor: la eficacia de las medidas de protección emitidas desde la admisión de la demanda y reiteradas en la resolución del concurso, para la conservación de los bienes de la masa concursal, así como para allegarse de los recursos que pudieran corresponder a la concursada con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado, en consorcio con la paraestatal ... . En ese sentido, la impugnación de las omisiones como punto común, según se aprecia de los conceptos de violación, es atribuir a la autoridad la falta de hacer efectivas totalmente tales medidas y autos de requerimiento de recursos. En tanto que el propósito u objetivo atribuido a las medidas implementadas en el concurso, con independencia de su contenido, alcance o efecto es entregar recursos, lo cual implica que la medida o la forma de medir la efectividad a partir de la posición de la quejosa, depende de la entrega de capital. Expresado en una relación de causa efecto, si los recursos son puestos a disposición de la inconforme entonces la actuación judicial y las medidas habrán cumplido su objeto y la ley, de lo contrario la primera es ilegal y la ulterior inaplicada, inobservada o desconocida, en ambos casos con independencia de la causas. Bajo esa lógica y tomando como punto de partida la materia de la queja que es el derecho constitucional y convencional en apariencia lesionado, las omisiones reclamadas no son simples sino calificadas. Lo cual significa que la quejosa alega inacción eficaz a la juzgadora federal responsable, porque no ha obtenido todas las prerrogativas que en su concepto le corresponden, las cuales se expresan preponderantemente en dos líneas argumentativas. La primer causa de la queja cuestiona las facultades de rectoría de la juzgadora, en desapego a la Ley de Concursos Mercantiles y su interacción con procesos conexos, y en segundo lugar, en la gestión de los recursos que han logrado obtenerse, pues en opinión de la inconforme es injustificada la imposición de modalidades a la administración de los fondos propios. Sobre esas bases, se contesta que es infundado el concepto de violación marcado con la letra A. Al respecto, la quejosa alega que los recursos depositados por la paraestatal PEMEX que en su concepto le corresponden, deben entregársele directamente y sin imponerle términos para administrarlos o conceptos por pagar. Empero, no se sigue violación al derecho de acceso a la jurisdicción por dar intervención a un intermediario, aunque ello conlleve disminuir los recursos recibidos por la paraestatal, que posteriormente se hacen disponibles a la comerciante. Lo anterior, porque la administración de los recursos provenientes de la empresa estatal a causa de la relación comercial que la vincula con la quejosa, fue cedida contractualmente por la propia impetrante, lo cual obliga por regla general a la fiduciaria a intervenir para determinar los fondos que correspondan a la comerciante, y excluir los que no deban fluir en esa dirección. Tal circunstancia conlleva que no sea viable aceptar directamente las cuantificaciones de la concursada, como tampoco prescindir, por regla general, de la fiduciaria en el flujo de los recursos. El fundamento de tales condiciones es el "Contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número ...", celebrado el once de septiembre de dos mil quince, donde la comerciante es fideicomisaria y ... . El fideicomiso, se creó como un mecanismo de administración de los ingresos derivados del contrato celebrado con la paraestatal ..., así como para el pago de los gastos ordinarios necesarios para mantener la plataforma con base en la cual se da cumplimiento a lo pactado en el contrato suscrito con dicha empresa estatal y, una vez hechos esos pagos, para que el fiduciario transfiriera los ingresos remanentes a los fideicomitentes conforme a los porcentajes pactados . Al amparo de ese acto jurídico al ingresar recursos al fideicomiso, provenientes de la relación comercial con la paraestatal Pemex Exploración y Producción, se integra una única unidad que la fiduciaria debe administrar y por los cuales también tiene el deber de responder. Ese deber de defensa de los recursos incluye intervenir para alegar sobre las cantidades exigidas por la comerciante, y tiene el efecto en el proceso de precisar, limitar y en su caso negar el derecho o posibilidad de entregar recursos que la comerciante demande. Por ello, es que no pueda entregarse recursos directamente a la comerciante y prescindir, por regla general, de la intervención de la fiduciaria, dado que esta última tiene la obligación contractual y legal de defender el patrimonio fideicomitido, como se corrobora de los artículos 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los diversos 46, fracción XV, 80 y 82 de la Ley de Instituciones de Crédito. Tal precisión es relevante porque implica que la unidad de los recursos, también se sujetan a una única unidad financiera y contenciosa para su defensa y administración, a cargo de la entidad que los capta y que conforman el fideicomiso, porque las partes cedieron esa facultad. Atribución que tiene un alcance facultad total y/o sin salvedades, de defender los recursos provenientes de la masa de recursos bajo diversos conceptos y/o cuentas, subcuentas que identifican o etiquetan su aplicación, por disposición de la cláusula décima segunda del contrato de fideicomiso ... . De modo que corresponde a la fiduciaria probar que el numerario que en su caso demande o exija la comerciante, es excesivo o no le pertenece, mediante la aclaración y demostración de las operaciones que así lo evidencien, y en esos términos no puede prescindirse de la intervención de la intermediación de la fiduciaria. Máxime en aquellos casos que los recursos ya estén en bajo resguardo o depositados ante la fiduciaria, pues al amparo de la obligación de defender el patrimonio que administra, solo deberá entregar lo que corresponde a la comerciante y no lo que ésta demande o terceros así le instruyan. Por otra parte, tampoco son injustificadas las cargas administrativas impuestas por la juzgadora responsable a la quejosa, una vez entregados recursos en los supuestos que el capital no es obtenido del fideicomiso, sino directamente de la paraestatal. Las causas del apuntado supuesto ya fueron analizadas en el recurso de revisión R.C. ..., por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la parte que se transcribe a continuación: "(.) En el auto de 24 de enero, así como en los diversos 3 de marzo, 4 de abril y 28 de julio, todos del 2017 (medidas cautelares), se le requirió a ***** para que retuviera las cantidades que le correspondían a la comerciante, estableciéndose también una prohibición de que la concursada pagara obligaciones vencidas. Dicha prohibición de pago incluía a cualquier acreedor de la comerciante, como lo es el caso del supuesto adeudo que ***** ha estado cobrando a través de las instrucciones dadas a la quejosa *****. Por este motivo, desde el dictado de las medidas cautelares, la quejosa estaba impedida legalmente para entregar a ******* el capital que le correspondía a la comerciante, orden que abiertamente incumplió. Al ser sustituidas las medidas cautelares por la declaración de concurso mercantil, la prohibición permaneció al señalarse en el resolutivo décimo primero y duodécimo, que durante la etapa de conciliación no se podían embargar o ejecutar bienes o derechos de la recurrente (a excepción de los adeudos laborales), ni pagar adeudos a sus acreedores. La finalización de efectos de las medidas cautelares, no significa que éstas hayan sido anuladas o destruidas retroactivamente, existen y son válidas, tan es así que forman parte de las actuaciones que dieron validez a la declaración de concurso mercantil, con la que culminó esa etapa procesal del juicio. En efecto, por el periodo de su vigencia siguen obligando a la quejosa a dar cumplimiento en la retención y entrega del numerario que le corresponde a la comerciante como beneficiaria del fideicomiso. Por estos motivos, el dinero que es de la comerciante en términos de las medidas cautelares y ahora la declaratoria de concurso mercantil, debe ser entregado para su administración y disposición en el concurso mercantil. Por otra parte, es fundado el argumento a través del cual se asegura que desde 4 de abril de 2017, la juez ordenó a la quejosa que retuviera las cantidades que le correspondían como beneficiaria del fideicomiso. Efectivamente, en dicho proveído la juez consideró que aun cuando la comerciante cedió al fideicomiso sus derechos de cobro futuros, la inflexibilidad del pacto del fideicomiso debía ceder ante las disposiciones de orden público, cuando el cedente es quien está sujeto a un concurso mercantil. Lo anterior, revela que la afectación a la forma en que se pactó la administración, flujo y entrega del capital dentro del fideicomiso, fue decidida con anterioridad al acto reclamado y al estar firme, la inconformidad de la quejosa en relación a este aspecto, se encuentra consentida. En el auto de 30 de octubre de 2017, la juez concursal teniendo en cuenta: lo pactado en el fideicomiso ******; el auto de 4 de abril; la carta de instrucción de ***** (13 de junio de 2017); la sentencia de declaratoria de concurso mercantil y el proveído de 13 de septiembre de 2017; concluyó que desde que dictó las providencias precautorias y hasta la declaratoria de concurso mercantil, la comerciante no había recibido el dinero que le correspondía y que debía de entregarle *******, no obstante que no existía impedimento justificado para ello. Con base en lo anterior, entre otras cosas, le requirió nuevamente a ******* para que devolviera todas las cantidades que retuvo de la comerciante previo a la declaración de concurso mercantil, así como que normalizara los pagos que le correspondían e informara qué cantidades recibió de ***** y su destinó (este auto no fue impugnado). (.)" Como se deduce de lo analizado, el desplazamiento económico a cuenta de la fiduciaria, o bajo las órdenes de un tercero, soslayan la prohibición de ejecutar o embargar bienes, lo cual incluye hacer pagos a los acreedores de la comerciante e impedir la entrega del capital correspondiente a la concursada. Además, que el dinero de la concursada solo puede ser entregado a ella y las cuentas sufragadas por la fiduciaria por orden de un tercero o motu proprio, que dejan al margen a la concursada, no estaban autorizadas y por ende tampoco deben ni pueden compensarse sobre el capital actual. Aunado a que en la etapa de conciliación en la cual se encuentra el concurso mercantil, subsisten y están vigentes las medidas que apremian a mantener operativa, funcional y productiva la empresa concursada como unidad económicamente viable, de modo que las disposiciones contractuales intermedias, aún deben ceder a las reglas del proceso judicial en marcha; y que los derechos de cobro de la comerciante se rigen por el concurso mercantil, aunque estuvieran de por medio los pactos del fideicomiso. Ahora, al revisar las conclusiones alcanzadas respecto de las obligaciones que la fiduciaria incumplió en cuanto a retener el capital captado en el fideicomiso para la comerciante, y entregarle únicamente a ella la porción que le corresponde, explica porque desde el cuatro de abril de dos mil diecisiete, la juzgadora requirió directamente a la paraestatal los recursos de la comerciante. Tales circunstancias tuvieron el efecto de subrogar a la fiduciaria únicamente en la intermediación de los recursos de la comerciante, no así respecto de las obligaciones de administración y gestión de los recursos, de modo que conservó el deber de defensa y depuración de los fondos. En tanto que respecto de la comerciante, se generó la posibilidad de hacerse únicamente con sus propios fondos, y motu proprio o conjuntamente con las prescripciones de la fiduciaria, sufragar los conceptos que esta última debió asumir ordinariamente. Lo cual justifica que la juzgadora impusiera deberes de información sobre la disposición de los recursos, además de gestionar las actividades prioritarias a que se obligó contractualmente la comerciante, con la diferencia de recursos puestos a su disposición. Lo cual se corrobora de la cláusula octava del contrato de fideicomiso , donde se pactó el orden en que la fiduciaria habría de distribuir el patrimonio del fideicomiso, controlado por criterios de prelación, conforme al cual la fiduciaria pagara prioritariamente para gastos comunes, dentro de ellos los gastos comunes de operación, y que la comerciante debe soportar al recibir directamente recursos. Por otra parte, es infundado el concepto de violación marcado con la letra B. En principio no asiste razón al inconforme al señalar que la juzgadora admitió recursos improcedentes que han impedido la entrega de recursos. Es así, porque la verdad procesal es consecuencia del proceso no de la calidad de quien demanda la titularidad de la acción, prueba de ello son los antecedentes narrados en esta sentencia conforme a los cuales se han emitido sentencias que inicialmente han sido desfavorables a la comerciante y en la instancia definitiva se le otorga la razón. Aunado a que la garantía de acceso a la jurisdicción consiste en tener disponibles tribunales que sustancien acciones y excepciones, de modo que al exigir la desestimación de éstas por el solo hecho de existir la posibilidad de restringir recursos a la comerciante resulta inviable, además de conllevar un juicio a priori que como se dijo, está condicionado por el proceso. Por otra parte, tampoco se vulneran los derechos de la quejosa amén de la designación de órganos auxiliares, y por no impedir la incorporación al proceso de decisiones judiciales conexas al concurso mercantil. Es así, porque la quejosa parte de la idea que la juzgadora responsable actuó con libertad de jurisdicción para fijar el alcance de las apuntadas decisiones, como para impedirlas; por el contrario la impetrante deja de considerar que la A Quo responsable solo tiene facultad de imperio judicial sobre el concurso mercantil, por exclusión las resoluciones donde se fijaron los puntos alegados, no están condicionados por la rectora del concurso mercantil. Empero, no puede atribuirse las apuntadas consecuencias a la juzgadora concursal si la quejosa no demuestra que provinieron de un fallo dictado en plenitud de jurisdicción, pues de no ser así, y en su caso haber actuado condicionada por una resolución firme, no puede señalarse directamente al concurso mercantil como la fuente de tales efectos. Finalmente, es infundado el concepto de violación marcado con la letra c., porque se reclama que la juzgadora concursal no ha realizado un control ex officio en el proceso. Empero, la parte quejosa no señala una norma general en específico que haya sido señalada en el proceso para los apuntados fines, como tampoco los parámetros o bloques de derechos bajo los cuales deban ser confrontados. Al respecto, debe precisarse que la conclusión a que se llega de ningún modo contraviene el artículo 1° Constitucional, conforme al cual todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (o fundamentales) reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en consecuencia, que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, además de interpretar las normas relativas a tales derechos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es así, porque la observancia de tales obligaciones no implica desatender los diversos principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional (legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada), ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Ello como consecuencia de que en todo momento debe observarse el fin sobre el que se basa todo el sistema jurídico mexicano: preservar la seguridad jurídica. Por lo que si en la especie, no quedaron demostradas la violaciones constitucionales alegadas, claro es que no se vulneran los derechos fundamentales invocados, ni que deban ser objeto de control ex officio por la circunstancia de no favorecer a la quejosa. En apoyo a lo anterior se citan, por identidad de razón, las tesis de la Décima Época de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, consultable en la página 890, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Así como la tesis de la Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1587, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Por otra parte, consta en la demanda que la inconforme se remitió al contenido de diversos criterios emitidos por órganos del Poder Judicial de la Federación, de los cuales afirmó transcribir párrafos íntegros para sustentar sus posiciones. De modo que la inclusión de los criterios solo se hizo para señalar el origen de los párrafos incluidos en la demanda como referencia de decisiones independientes, y bajo esa regla si los conceptos de violación resultaron infundados por ende las referencias argumentativas, además de aisladas y descontextualizadas resultan inaplicables. Esto es, las porciones obtenidas indistintamente de diverso fallos dependen de la asertividad en los planteamientos que apelan a defender, y si estos últimos son inconducentes los primeros no tendrán lugar de forma autónoma tampoco, ni serán aptos para modificar la conclusión alcanzada. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por conducto de su representación legal, actos de la Jueza Séptimo de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, conforme al diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
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