Alejandra Olivares Ortiz

Expediente 597/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
597/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Olivares Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve el presente juicio y remite testimonio de la ejecutoria que confirmó el sobreseimiento del juicio. Acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del asunto, considerando que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Acorde a la certificación inicial, en cumplimiento a la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria encargada de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. Asimismo, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admite a trámite el medio de impugnación que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Como lo pide la superioridad, se ordena hacer disponible este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública de la sentencia dictada en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese el ocurso de la quejosa; con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 597/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado. En este acto se da cuenta con el estado procesal de autos, primero con el hecho de que a la presente data, no se ha vinculado el presente juicio, al contrario del quejoso, esto es, el tercero interesado ..., persona a quien por jurisprudencia le asiste tal carácter al ser el ejecutante en el asunto natural. y segundo con la promoción con folio 10697, la cual carece de firma respecto del Actuario responsable. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Ahora, respecto a la falta de firma del Actuario responsable en el oficio con folio 10697, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena regularizar el procedimiento y se tiene por no rendido el informe justificado del Actuario adscrito al Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, no obstante de estar debidamente notificado, como se advierte de la constancia de ..., por tanto, ante la omisión de rendir su informe de ley la consecuencia es que se tiene por ciertos los actos que se le atribuyen, lo que será considerado al momento de resolver. Y por lo que hace a la falta de llamamiento del tercero interesado mencionado, tal circunstancia no es óbice para celebrar la presente audiencia y dictar la sentencia que corresponde; pues una vez analizadas las constancias, se considera que el sentido de la resolución no le pararía perjuicio a dicha persona; lo cual se apoya en el principio de celeridad procesal y favorecimiento de las soluciones al litigio, conforme al contenido del tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, por no haber una situación que afecte la igualdad entre las partes, ni que afecte las formalidades esenciales para el citado ejecutante del negocio natural, quien se itera, no se verá afectado por el presente fallo. Apoya lo anterior, también la tesis de jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación 531 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, en Materias(s): Común, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA.". A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se indica que la parte acciónate adjunto diversas pruebas documentales a su escrito inicial de demanda. Se admiten y desahogan dada su especial naturaleza las probanzas referidas. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la quejosa los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Después de la separación de asuntos decretada por este órgano jurisdiccional en diverso proceso de amparo, se tuvo a la parte quejosa demandado, en lo individual, el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las mencionadas autoridades, alegando violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Ley Fundamental. SEGUNDO. Admisión y trámite. Previa aclaración, el suscrito dictó auto admisorio, donde se dio intervención a la Representación Social adscrita, se pidió informe con justificación; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada (el cual fue innecesario materializar, por las razones expuestas y fundadas que constan en el acta que precede); además se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, si bien es cierto que a la fecha en que tuvo verificativo la audiencia constitucional no se había practicado el llamamiento de la parte tercera interesada, también lo es que por el sentido de la presente resolución no le irroga perjuicio y por ende, en nada trasciende su ausencia en este asunto, pues su esfera jurídica no sufre alguna modificación. En lo tocante al tercero interesado, no vinculado, es aplicable la Tesis P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 196912, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, que señala: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil, seguido ante un juzgado del orden común con sede en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se ostenta como tercera extraña auténtica al juico ejecutivo mercantil ... del índice del Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, y reclama la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en "...", del que afirma tener la posesión. TERCERO. Informe Justificado. El juez responsable aceptó la existencia del acto, lo que se robustece con las constancias que se remitió; las que por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del Actuario responsable, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de habérsele notificado el proveído de diecisiete de junio del año actual, en que se le requirió; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se le atribuye CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es una cuestión de orden público y estudio preferente que debe analizar el juzgador, aún de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente, pues la promovente carece de interés jurídico, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En la especie, la quejosa se ostenta tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, y reclama la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en "...", del que afirma tener la posesión. Entonces, conforme a lo expuesto sobre el interés jurídico, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados; lo que no aconteció Lo anterior es así, porque la peticionaria no allegó prueba alguna que revele -ni de manera indiciaria- un derecho a su favor, respecto del bien referido, o documento alguno que sustente dicha afirmación, sin que se óbice a ello, que la impetrante adjuntara a su demanda el acuse de recibo de un escrito dirigido al Director de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por la consignación de pago por $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), el cual tiene asentado un sello de un órgano local y datos de la recepción de un billete de depósito, sin que de éste se desprenda la posesión que detenta del inmueble que pretende defender para así reconocerle un derecho. Por tanto la documental referida no abona a la existencia de un derecho en favor de la quejosa respecto del inmueble ubicado en que pretende defender, pues de éstos, lo único que se desprende es que realizó una consignación por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional). Al respecto se invoca el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 21/98 de la Novena Época, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, en Materia(s): Común, Página: 213, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." En efecto, la quejosa debió demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de posesión; pues como ya se dijo, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros; esto es, el interés jurídico. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; intitulada: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." Así, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Sin embargo, como se ve del análisis de las constancias, lo que ofreció la quejosa como prueba es solo un acuse de un escrito presentado ante el Director de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con un sello de recepción cuyo origen o razón por la que se asentaron, es indeterminable, por tanto, no es un documento suficiente para probar el interés jurídico de la peticionaria. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, cuyo rubro y texto son: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Sin que sea impedimento, que la quejosa ofreciera como diversas documentales, y dada la separación de juicios (decretada en el juicio de amparo ...), fueron remitidas a cada asunto escindido, siendo: - Contrato de arrendamiento de uno de noviembre de dos mil diez, celebrado como arrendatario por ... . - Contrato de arrendamiento de fecha uno de enero de dos mil nueve, celebrado como arrendataria por ... . - Escrito de consignación de pago de mantenimiento con folio ..., signado por ... . - Copia del contrato de arrendamiento de uno de enero de dos mil catorce, celebrado como arrendatario por ... . Lo anterior, porque también son insuficientes para que la accionante acredite el interés jurídico, en razón de que se aprecia que esas probanzas se relacionan con diversos quejosos cuyos juicios constitucionales ya fueron tramitados y se estudiaran en lo individual; esto es, no consignan un derecho de posesión con fecha cierta a favor del quejoso en lo particular. No es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado, pues ello no releva a la quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de los actos que se reclaman. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Actuario responsable, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 597/2022, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

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