Alejandra Sayonara Gómez Patiño
Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandra Sayonara Gómez Patiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 1476, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 3619/2021, con el que se remitieron los autos que integran el juicio de amparo número 741/2020-I, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ., por su propio derecho, en virtud del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, informando además que se admitió a trámite el mismo y quedo registrado bajo conflicto competencial materia administrativa 1/2021; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 691/2021, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante cual informa que una vez que la parte quejosa de cumplimiento a lo solicitado por la autoridad oficiante en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 17/2021-IV, de su índice, estará en aptitud de determinar si acepta o no la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el escrito signado por la quejosa ..., mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco de noviembre del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la cuenta bancaria número 56-79517786-2, con número de tarjeta 5579100301585434 de la institución bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, fue aperturada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. Cabe establecer que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: "I. La inconstitucional e inconvencional orden y/o mandamiento y/o ejecución y/o congelamiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria número 56-79517786-2, con número de tarjeta 5579100301585434 de que soy titular en la institución bancaria BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO señalada como responsable, vulnerando con su actuar las responsables, los principios, garantías y derechos constitucionales y supra nacionales que hoy se invocan transgredidos. II. La inconstitucional e inconvencional orden y/o mandamiento y/o ejecución y/o inmovilización y/o bloqueo de mi usuario 2468954 para llevar a cabo operaciones de compra venta de divisas en la institución financiera CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, vulnerando con su actuar las responsables, los principios, garantías y derechos constitucionales y supra nacionales que hoy se invocan transgredidos. III. La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la emisión, mandamiento, elaboración, ordenamiento y ejecución del acuerdo 145/2020 que contiene la lista de personas bloqueadas, emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalado como responsable en que se incluye a la suscrita en la misma de manera ilegal, de la que se sirvieron las autoridades señaladas como responsables para llevar a cabo la inmovilización, bloqueo y/o aseguramiento de la cuenta bancaria 56-79517786-2 y el usuario 2468954 de que soy titular en las instituciones financieras supra citadas". Ahora la quejosa manifestó en su escrito aclaratorio que la cuenta bancaria número 56-79517786-2, con número de tarjeta 5579100301585434 de la institución bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, fue aperturada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En esta tesitura, el dispositivo 37 de la ley de Amparo, establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, sí tienen efectos positivos, como en el caso sucede, ya que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde se ubica la sucursal en la que fue aperturada la cuenta bancaria, esto es, la competencia del juez de distrito debe atenderse al acto de ejecución, concretamente al lugar donde se inmovilizó dicha cuenta, es decir, la localidad en que se encuentra la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 74/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 369, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 161677, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Por tanto, si la cuenta número 56-79517786-2 y tarjeta 5579100301585434, fue aperturada en la sucursal ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2082, colonia Centro, de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de la Institución Bancaria denominada BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por lo que sus efectos y consecuencias se surten precisamente en ese lugar, al ser el sitio en que tendrá ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lugar en el cual este órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción. Ilustra a lo anterior la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 207553, que a la letra dice: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACIÓN, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZO EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." En este contexto, si el elemento esencial que fija la competencia para conocer del presente asunto, resulta ser el lugar en que tiene ejecución el acto reclamado, es inconcuso que la competencia legal para conocer del juicio de amparo, le asiste a un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan. Por tanto, este órgano de control Constitucional estima competente para conocer de la demanda de mérito, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tendrá materialización en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Así como la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 33, Volumen 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 234084, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para que previos los trámites y registros administrativos correspondientes, remita la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". Finalmente, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que no se ubican en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha doce de noviembre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el escrito signado por la quejosa ..., mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco de noviembre del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la cuenta bancaria número 56-79517786-2, con número de tarjeta 5579100301585434 de la institución bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, fue aperturada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. Cabe establecer que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: "I. La inconstitucional e inconvencional orden y/o mandamiento y/o ejecución y/o congelamiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria número 56-79517786-2, con número de tarjeta 5579100301585434 de que soy titular en la institución bancaria BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO señalada como responsable, vulnerando con su actuar las responsables, los principios, garantías y derechos constitucionales y supra nacionales que hoy se invocan transgredidos. II. La inconstitucional e inconvencional orden y/o mandamiento y/o ejecución y/o inmovilización y/o bloqueo de mi usuario 2468954 para llevar a cabo operaciones de compra venta de divisas en la institución financiera CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, vulnerando con su actuar las responsables, los principios, garantías y derechos constitucionales y supra nacionales que hoy se invocan transgredidos. III. La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la emisión, mandamiento, elaboración, ordenamiento y ejecución del acuerdo 145/2020 que contiene la lista de personas bloqueadas, emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalado como responsable en que se incluye a la suscrita en la misma de manera ilegal, de la que se sirvieron las autoridades señaladas como responsables para llevar a cabo la inmovilización, bloqueo y/o aseguramiento de la cuenta bancaria 56-79517786-2 y el usuario 2468954 de que soy titular en las instituciones financieras supra citadas". Ahora la quejosa manifestó en su escrito aclaratorio que la cuenta bancaria número 56-79517786-2, con número de tarjeta 5579100301585434 de la institución bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, fue aperturada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En esta tesitura, el dispositivo 37 de la ley de Amparo, establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, sí tienen efectos positivos, como en el caso sucede, ya que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde se ubica la sucursal en la que fue aperturada la cuenta bancaria, esto es, la competencia del juez de distrito debe atenderse al acto de ejecución, concretamente al lugar donde se inmovilizó dicha cuenta, es decir, la localidad en que se encuentra la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 74/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 369, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 161677, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Por tanto, si la cuenta número 56-79517786-2 y tarjeta 5579100301585434, fue aperturada en la sucursal ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2082, colonia Centro, de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de la Institución Bancaria denominada BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por lo que sus efectos y consecuencias se surten precisamente en ese lugar, al ser el sitio en que tendrá ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lugar en el cual este órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción. Ilustra a lo anterior la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 207553, que a la letra dice: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACIÓN, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZO EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." En este contexto, si el elemento esencial que fija la competencia para conocer del presente asunto, resulta ser el lugar en que tiene ejecución el acto reclamado, es inconcuso que la competencia legal para conocer del juicio de amparo, le asiste a un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan. Por tanto, este órgano de control Constitucional estima competente para conocer de la demanda de mérito, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tendrá materialización en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Así como la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 33, Volumen 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 234084, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para que previos los trámites y registros administrativos correspondientes, remita la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". Finalmente, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que no se ubican en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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- Alejandra Páramo Paredes384/2023
- Alejandra Rendón Oseguera174/2018
- Alejandra Romero Espinoza86/2018
- Alejandra Ruiz Ferreyra1245/2021
- Alejandra Soria Manriquez197/2019
- Alejandra Suárez Vaca1066/2022
- Alejandra Ureña Vargas1264/2021
- Alejandrina López Arzate615/2022
- Alejandro Abouchard Ayón295/2018
- Alejandro Aguilar Pérez247/2023