Alejandra Rendón Oseguera

Expediente 174/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
174/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • Alejandra Rendón Oseguera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ... Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el diez de abril de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. ...

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: ... Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el diez de abril de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. ...

  3. Principal

    ... Agréguese el escrito signado por la quejosa Alejandra Rendón Oseguera, a través del cual manifiesta que las autoridades responsables ya dieron cabal cumplimiento en brindarle atención médica integral que requería, pues le realizaron estudios de laboratorio y gabinete, se le otorgaron quimioterapias, radioterapias, consultas médicas, medicamentos e insumos para la salud respecto de los padecimientos que presentaba, por lo que señala que ya cesaron los actos de molestia que dieron origen al presente juicio de amparo. Atento a lo anterior y como de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables como complemento a su informe de ley, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En razón a que los actos reclamados en este asunto han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ahora bien, mediante escrito presentado en este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero del año en curso, ALEJANDRA RENDÓN OSEGUERA, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS, norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. 1.- DEL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, el acto reclamado lo constituye el peligro de privación de la vida y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se pone en peligro la integridad física de la suscrita, dichos actos derivan de las omisiones de la responsable que coartan en mi perjuicio, el acceso de su derecho a la salud. La falta INTEGRAL DE ATENCION MÉDICA, que se desprende de la falta de estudios clínicos, exámenes médicos, aplicación de medicamentos, consultas médicas, quimioterapias, radiaciones, dotación de medicamentos tales como son: Miloxantrona de 10 mg., etoposdo de 2100 mg., citarabina de 500 mg., gentuzmab, plaquetas, intervenciones quirúrgicas y en fin todas las acciones necesarias para el correcto tratamiento y atención médica que requieren los padecimientos de la suscrita, específicamente los referentes a Leucemia Meloide agudo que padezco, enfermedad que se ha extendido a diversos órganos de mi cuerpo. Dichos actos derivan de las omisiones en el acceso del derecho a la salud, ya que no obstante que acudí el día 22 veintidós de febrero del año en curso a las 11:00 once horas al Hospital General "Dr. Miguel Silva" para que me realizaran una revisión médica como lo acredito con la copia fotostática simple de la nota de atención en urgencias, en la cual al reverso de la misma prescribió que era urgente que me transfundieran plaquetas, así mismo mi médico tratante la doctora Alicia Rivera Trujillo, me entrego una receta con número de folio 22850320-E, en la cual me prescribió los siguientes medicamentos para mi próxima quimioterapia, los cuales son: Miloxantrona de 10 mg., etoposdo de 2100 mg., citarabina de 500 mg., gentuzmab, (SIC) como lo acredito con la copia al carbón de dicho documento (anexo uno), pues me indico que la enfermedad que padezco en muy grave que se había extendido a diversos órganos de mi cuerpo, quien me manifestó que los medicamentos, plaquetas y en general todo el tratamiento que requiero para recuperar mi salud y preservar mi vida los tenía que seguir pagando la suscrita pues el nosocomio antes citado no cuenta con recursos económicos, insumos, medicamentos para sufragar mi tratamiento, no obstante de que le explique que no cuento con recursos económicos para sufragar el costo de mi tratamiento, pues cada vez me es más difícil soportar el costo económico para recuperar mi salud; indicándome que no hay dinero para pagar mi tratamiento, que no lo puedo suspender pues mi pronóstico es malo, que no debo suspenderlo pues lo necesito con urgencia, y que si quiero vivir debo de pagarlo la suscrita. 2.- DE LA DELEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, el acto reclamado lo constituye el peligro de privación de la vida y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se pone en peligro la integridad física de la suscrita, dichos actos derivan de las omisiones en que incurre la responsable y que restringen en perjuicio de la quejosa mi derecho humano de acceso a la salud. Esto en razón de que el personal médico me ha indicado que si la Delegada de los Servicios de Salud de Michoacán, no autoriza el pago de mi tratamiento, el cual comprende: estudios clínicos, exámenes médicos, aplicación de medicamentos, consultas médicas, quimioterapias, radiaciones, dotación de medicamentos tales como son: Miloxantrona de 10 mg., etoposdo de 2100 mg., citarabina de 500 mg., gentuzmab, plaquetas, intervenciones quirúrgicas y en fin todas las acciones necesarias para el correcto tratamiento y atención médica que requieren los padecimientos de la suscrita, específicamente los referentes a Leucemia Meloide Aguda que padezco, ellos no pueden cubrirlo, además señalan que esta Autoridad debe de proveer todos los insumos y materiales que el Hospital General "Dr. Miguel Silva" requiere para cumplir con su objeto, que es la prestación de servicios médicos. 3.- DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MICHOACÁN DE OCAMPO, el acto reclamado lo constituye el peligro de privación de la vida y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se pone en peligro la integridad física de la suscrita, dichos actos derivan de las omisiones en el acceso del derecho a la salud, esto en razón de que el personal médico me ha indicado que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, no ha financiado la atención médica integral de la suscrita, no obstante de que estoy afiliada al seguro popular, como lo acredito con la copia fotostática de la póliza número 16140035499, incumpliendo con su objetivo primordial que es el de financiar de manera integral los servicios médicos y dotar de los medicamentos e insumos que para tal fin se requieran, tal como lo señala el artículo 77 Bis de la Ley General de Salud, entre otras cosas. 4.- DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA", el acto reclamado lo constituye el peligro de privación de la vida y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se pone en peligro la integridad física de la suscrita, dichos actos derivan de las omisiones en el acceso del derecho a la salud. En el presente caso, resulta evidente LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, la cual debe comprender estudios clínicos, exámenes médicos, aplicación de medicamentos, consultas médicas, quimioterapias, radiaciones, dotación de medicamentos tales como son: Miloxantrona de 10 mg., etoposdo de 2100 mg., citarabina de 500 mg., gentuzmab, plaquetas, intervenciones quirúrgicas y en fin todas las acciones necesarias para el correcto tratamiento y atención médica que requieren los padecimientos de la suscrita, específicamente los referentes a Leucemia Meloide Aguda que padezco y que desafortunadamente ya se ha extendido a diversos órganos de mi cuerpo, ya que no me han otorgado la atención médica integral que requiero, y todo porque no tengo recursos económicos para continuar pagando el tratamiento que requiero para recuperar mi salud, siendo importante resaltar que la doctora que me atendió el día 22 veintidós de febrero del año en curso, me dijo que no puedo dejar mi tratamiento que me prescribió pues son indispensables para recuperar mi salud y preservar mi vida, pues los requiero con apremiante urgencia, en virtud de que el pronóstico que tengo en MALO Y MUY GRAVE, pues esta enfermedad se está propagando por todo mi cuerpo, y en caso de suspenderlo es inminente mi muerte, y que como las autoridades responsables no me quieren proveer de la atención médica integral antes mencionada la salud y la vida de la suscrita no se preservaran.". Es importante señalar que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de practicar a la quejosa estudios clínicos exámenes médicos, aplicación de medicamentos tales como miloxantrona de 10 miligramos, etoposdo de 2100 miligramos, citarabina de 500 miligramos, gentuzmab, plaquetas, intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de la leucemia meloide aguda que padece. Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables allegaron a este juicio de amparo, como complemento a su informe justificado, entre otras cosas, obra lo siguiente: 1.- Nota de evolución de la quejosa, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 459), en la que el médico oncólogo Juan Felipe Ortiz, asentó: "Mujer 29A. LMA.M2 en tratamiento de consolidación que termino hace 2 semanas. El tumor de la mejilla izquierda puede ser infiltración que bien puede ser o considera darle Radioterapia a zonas infiltradas. No hay hemorragias clínicas. No hay zonas de infiltración tumoral nueva en Cuello y Axilas (-) RC RR normales. Abdomen e ingles normales. Extremidades sin alteraciones. Ya tiene cita para siguiente quimioterapia. El pronóstico reservado. Plan. 1. Se envía a su servicio de Hematología para continuar tratamiento PX. Incierto". Lo anterior, se robustece con lo manifestado por la quejosa en escrito de nueve de los actuales, en el que señaló que recibió la atención médica integral que requería, que le había realizado todos los estudios de laboratorio y gabinete, se le otorgaron quimioterapias, radioterapias, consultas médicas, medicamentos e insumos para la salud de los padecimientos que presentaba. De igual manera, al rendir su informe justificado las autoridades responsables manifestaron en lo que aquí interesa: ".Primeramente se estima pertinente precisar que mis representadas no han emitido acto u omisión que implique, en forma alguna., la negativa a la atención médica, ni la negativa a prescribir medicamento que refiere la parte quejosa, o bien, retardo o dilación injustificada para brindar atención a la salud del peticionario del amparo. Por lo anterior, se brinda a la quejosa ALEJANDRA RENDÓN OSEGUERA, todos los servicios públicos que requiera para salvaguardar en forma efectiva su derecho humano a la salud, lo cual implica, lógicamente, proporcionar -además de la atención médica propiamente dicha-, los insumos médicos necesarios para la protección integra de dicho derecho humano.". Lo anterior, pone en evidencia que en el caso particular cesaron los efectos de los actos reclamados, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, puesto que ya se brindó a la aquí quejosa la atención médica, así como los medicamentos requeridos. Por consiguiente, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. ...

  4. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: ... Agréguese el escrito signado por la quejosa Alejandra Rendón Oseguera, a través del cual manifiesta que las autoridades responsables ya dieron cabal cumplimiento en brindarle atención médica integral que requería, pues le realizaron estudios de laboratorio y gabinete, se le otorgaron quimioterapias, radioterapias, consultas médicas, medicamentos e insumos para la salud respecto de los padecimientos que presentaba, por lo que señala que ya cesaron los actos de molestia que dieron origen al presente juicio de amparo. Atento a lo anterior y como de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables como complemento a su informe de ley, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En razón a que los actos reclamados en este asunto han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ahora bien, mediante escrito presentado en este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero del año en curso, ALEJANDRA RENDÓN OSEGUERA, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS, norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. 1.- DEL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, el acto reclamado lo constituye el peligro de privación de la vida y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se pone en peligro la integridad física de la suscrita, dichos actos derivan de las omisiones de la responsable que coartan en mi perjuicio, el acceso de su derecho a la salud. La falta INTEGRAL DE ATENCION MÉDICA, que se desprende de la falta de estudios clínicos, exámenes médicos, aplicación de medicamentos, consultas médicas, quimioterapias, radiaciones, dotación de medicamentos tales como son: Miloxantrona de 10 mg., etoposdo de 2100 mg., citarabina de 500 mg., gentuzmab, plaquetas, intervenciones quirúrgicas y en fin todas las acciones necesarias para el correcto tratamiento y atención médica que requieren los padecimientos de la suscrita, específicamente los referentes a Leucemia Meloide agudo que padezco, enfermedad que se ha extendido a diversos órganos de mi cuerpo. Dichos actos derivan de las omisiones en el acceso del derecho a la salud, ya que no obstante que acudí el día 22 veintidós de febrero del año en curso a las 11:00 once horas al Hospital General "Dr. Miguel Silva" para que me realizaran una revisión médica como lo acredito con la copia fotostática simple de la nota de atención en urgencias, en la cual al reverso de la misma prescribió que era urgente que me transfundieran plaquetas, así mismo mi médico tratante la doctora Alicia Rivera Trujillo, me entrego una receta con número de folio 22850320-E, en la cual me prescribió los siguientes medicamentos para mi próxima quimioterapia, los cuales son: Miloxantrona de 10 mg., etoposdo de 2100 mg., citarabina de 500 mg., gentuzmab, (SIC) como lo acredito con la copia al carbón de dicho documento (anexo uno), pues me indico que la enfermedad que padezco en muy grave que se había extendido a diversos órganos de mi cuerpo, quien me manifestó que los medicamentos, plaquetas y en general todo el tratamiento que requiero para recuperar mi salud y preservar mi vida los tenía que seguir pagando la suscrita pues el nosocomio antes citado no cuenta con recursos económicos, insumos, medicamentos para sufragar mi tratamiento, no obstante de que le explique que no cuento con recursos económicos para sufragar el costo de mi tratamiento, pues cada vez me es más difícil soportar el costo económico para recuperar mi salud; indicándome que no hay dinero para pagar mi tratamiento, que no lo puedo suspender pues mi pronóstico es malo, que no debo suspenderlo pues lo necesito con urgencia, y que si quiero vivir debo de pagarlo la suscrita. 2.- DE LA DELEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, el acto reclamado lo constituye el peligro de privación de la vida y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se pone en peligro la integridad física de la suscrita, dichos actos derivan de las omisiones en que incurre la responsable y que restringen en perjuicio de la quejosa mi derecho humano de acceso a la salud. Esto en razón de que el personal médico me ha indicado que si la Delegada de los Servicios de Salud de Michoacán, no autoriza el pago de mi tratamiento, el cual comprende: estudios clínicos, exámenes médicos, aplicación de medicamentos, consultas médicas, quimioterapias, radiaciones, dotación de medicamentos tales como son: Miloxantrona de 10 mg., etoposdo de 2100 mg., citarabina de 500 mg., gentuzmab, plaquetas, intervenciones quirúrgicas y en fin todas las acciones necesarias para el correcto tratamiento y atención médica que requieren los padecimientos de la suscrita, específicamente los referentes a Leucemia Meloide Aguda que padezco, ellos no pueden cubrirlo, además señalan que esta Autoridad debe de proveer todos los insumos y materiales que el Hospital General "Dr. Miguel Silva" requiere para cumplir con su objeto, que es la prestación de servicios médicos. 3.- DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MICHOACÁN DE OCAMPO, el acto reclamado lo constituye el peligro de privación de la vida y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se pone en peligro la integridad física de la suscrita, dichos actos derivan de las omisiones en el acceso del derecho a la salud, esto en razón de que el personal médico me ha indicado que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, no ha financiado la atención médica integral de la suscrita, no obstante de que estoy afiliada al seguro popular, como lo acredito con la copia fotostática de la póliza número 16140035499, incumpliendo con su objetivo primordial que es el de financiar de manera integral los servicios médicos y dotar de los medicamentos e insumos que para tal fin se requieran, tal como lo señala el artículo 77 Bis de la Ley General de Salud, entre otras cosas. 4.- DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA", el acto reclamado lo constituye el peligro de privación de la vida y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se pone en peligro la integridad física de la suscrita, dichos actos derivan de las omisiones en el acceso del derecho a la salud. En el presente caso, resulta evidente LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, la cual debe comprender estudios clínicos, exámenes médicos, aplicación de medicamentos, consultas médicas, quimioterapias, radiaciones, dotación de medicamentos tales como son: Miloxantrona de 10 mg., etoposdo de 2100 mg., citarabina de 500 mg., gentuzmab, plaquetas, intervenciones quirúrgicas y en fin todas las acciones necesarias para el correcto tratamiento y atención médica que requieren los padecimientos de la suscrita, específicamente los referentes a Leucemia Meloide Aguda que padezco y que desafortunadamente ya se ha extendido a diversos órganos de mi cuerpo, ya que no me han otorgado la atención médica integral que requiero, y todo porque no tengo recursos económicos para continuar pagando el tratamiento que requiero para recuperar mi salud, siendo importante resaltar que la doctora que me atendió el día 22 veintidós de febrero del año en curso, me dijo que no puedo dejar mi tratamiento que me prescribió pues son indispensables para recuperar mi salud y preservar mi vida, pues los requiero con apremiante urgencia, en virtud de que el pronóstico que tengo en MALO Y MUY GRAVE, pues esta enfermedad se está propagando por todo mi cuerpo, y en caso de suspenderlo es inminente mi muerte, y que como las autoridades responsables no me quieren proveer de la atención médica integral antes mencionada la salud y la vida de la suscrita no se preservaran.". Es importante señalar que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de practicar a la quejosa estudios clínicos exámenes médicos, aplicación de medicamentos tales como miloxantrona de 10 miligramos, etoposdo de 2100 miligramos, citarabina de 500 miligramos, gentuzmab, plaquetas, intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de la leucemia meloide aguda que padece. Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables allegaron a este juicio de amparo, como complemento a su informe justificado, entre otras cosas, obra lo siguiente: 1.- Nota de evolución de la quejosa, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 459), en la que el médico oncólogo Juan Felipe Ortiz, asentó: "Mujer 29A. LMA.M2 en tratamiento de consolidación que termino hace 2 semanas. El tumor de la mejilla izquierda puede ser infiltración que bien puede ser o considera darle Radioterapia a zonas infiltradas. No hay hemorragias clínicas. No hay zonas de infiltración tumoral nueva en Cuello y Axilas (-) RC RR normales. Abdomen e ingles normales. Extremidades sin alteraciones. Ya tiene cita para siguiente quimioterapia. El pronóstico reservado. Plan. 1. Se envía a su servicio de Hematología para continuar tratamiento PX. Incierto". Lo anterior, se robustece con lo manifestado por la quejosa en escrito de nueve de los actuales, en el que señaló que recibió la atención médica integral que requería, que le había realizado todos los estudios de laboratorio y gabinete, se le otorgaron quimioterapias, radioterapias, consultas médicas, medicamentos e insumos para la salud de los padecimientos que presentaba. De igual manera, al rendir su informe justificado las autoridades responsables manifestaron en lo que aquí interesa: ".Primeramente se estima pertinente precisar que mis representadas no han emitido acto u omisión que implique, en forma alguna., la negativa a la atención médica, ni la negativa a prescribir medicamento que refiere la parte quejosa, o bien, retardo o dilación injustificada para brindar atención a la salud del peticionario del amparo. Por lo anterior, se brinda a la quejosa ALEJANDRA RENDÓN OSEGUERA, todos los servicios públicos que requiera para salvaguardar en forma efectiva su derecho humano a la salud, lo cual implica, lógicamente, proporcionar -además de la atención médica propiamente dicha-, los insumos médicos necesarios para la protección integra de dicho derecho humano.". Lo anterior, pone en evidencia que en el caso particular cesaron los efectos de los actos reclamados, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, puesto que ya se brindó a la aquí quejosa la atención médica, así como los medicamentos requeridos. Por consiguiente, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. ...

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