Alejandra Ruiz Perez
Expediente 183/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandra Ruiz Perez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de octubre de dos mil veinte. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del dos de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 183/2020-II, estando presente la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistida del licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, por lo que procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes; circunstancia que queda corroborada, toda vez que al haberse realizado una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, principalmente en la "Agenda visita a OJ", no se advierte que alguna de las partes haya solicitado cita a este juzgado para comparecer a la presente audiencia. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, proveído de ocho de mayo del año en curso, donde se admitió a trámite, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y demás constancias que obran en autos; proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en que se determinó la reactivación del presente juicio, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. A lo que la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas: El Secretario hace constar la parte quejosa agregó documentales a su escrito de demanda, así también, la apoderada jurídica del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y de la Unidad de Medicina Familiar número 81, con residencia en esta ciudad, ambos de la Delegación Regional en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, adjuntó a su respectivo informe justificado diversas documentales vinculadas con los actos reclamados. A lo que la Jueza acuerda: Con apoyo en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las documentales que se relacionan, en atención a su propia y especial naturaleza jurídica. Se cierra el periodo probatorio. En la etapa de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la Fiscal de la adscripción presentó pedimento; se cierra ese periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se pasan los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 183/2020-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito que se recibió vía electrónica el ocho de mayo de dos mil veinte, por el Secretario de Guardia de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Alejandra Ruiz Pérez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: El INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN DE MICHOACÁN, con domicilio en Avenida Francisco l. Madero Poniente número 1200 (mil doscientos), Colonia Centro, en la ciudad de Morelia, Michoacán, (en adelante "IMSS"); y LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 81 DELEGACIÓN URUAPAN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL con domicilio en Calle Tacámbaro número 501 (quinientos uno)', colonia Valle dorado, de Esta ciudad de Uruapan, Michoacán, (en adelante "UMF 81 "). ACTO RECLAMADO: ". De las autoridades señaladas como responsables se reclama la negativa de suministrarme medicamentos que me han sido prescritos y se encuentran indicados en mi expediente clínico como parte de mi tratamiento para la enfermedad que padezco, siendo ésta artritis reumatoide, la falta de cualquiera de los medicamentos indicados para su tratamiento propician a que mi salud se vea deteriorada toda vez que se trata de un enfermedad de tipo autoinmune y crónico degenerativa. Se tuvo noticia del acto referido el día 24 (veinticuatro) de Abril del año 2020 (dos mil veinte), sin embargo, por ser este una omisión del actuar de las autoridades responsables (suministrar medicamentos), se constituye un acto negativo, mismo que es susceptible de reclamarse en cualquier momento, hasta en tanto no cese la negativa u omisión por parte de la autoridad responsable, por tanto, es un acto con efectos de tracto sucesivo." La quejosa señaló como derechos fundamentales al parecer le fueron violados, los contenidos en los artículos 1° y 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de ocho de mayo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número de juicio 183/2020-II; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; asimismo, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, luego de haberse reactivado el juicio de amparo en que se actúa, con motivo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la audiencia constitucional, tuvo, verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos omisivos (falta de medicamentos y como consecuencia atención medica) atribuidos a una autoridad residente en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Uruapan, Michoacán). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." La quejosa Alejandra Ruiz Pérez, reclama en esencia de las autoridades responsables: La negativa de suministrarle medicamentos que le han sido prescritos y se encuentran indicados en su expediente clínico como parte de su tratamiento para la enfermedad que padece, siendo artritis reumatoide (sulfazalacina y celexocib de 200mg), lo que propician a que su salud se vea deteriorada toda vez que se trata de una enfermedad de tipo autoinmune y crónico degenerativa. TERCERO. Certeza de los actos reclamados las autoridades responsables el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación de Michoacán y la Unidad de Medicina Familiar Número 81 Delegación Uruapan del Instituto Mexicano del Seguro Social; al rendir sus informes justificados admitieron la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con diversas constancias que integran el "expediente clínico abierto" integrado por "notas médicas y recetas individuales" a nombre de la quejosa; las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora considera que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico de la Unidad de Medicina Familiar Número 81 Delegación Uruapan del Instituto Mexicano del Seguro Social, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en virtud de las siguientes consideraciones. Es de precisar, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por la quejosa consiste en: La negativa de suministrarle medicamentos que le han sido prescritos y se encuentran indicados en su expediente clínico como parte de su tratamiento para la enfermedad que padece, siendo artritis reumatoide (sulfazalacina y celexocib 200mg), lo que propician a que su salud se vea deteriorada toda vez que se trata de una enfermedad de tipo autoinmune y crónico degenerativa. Sin embargo, como se anotó se considera que efectivamente tal acto reclamado cesó en sus efectos, habida cuenta que las autoridades responsables, en lo que aquí interesa, informaron lo siguiente: 1.- Oficio recibido el once de mayo de dos mil veinte. ".Que tal y como se desprende del oficio de nueve de mayo de dos mil veinte. se otorga cita médica a la quejosa, para que acuda a la Unidad de Medicina Familiar Número 81, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, el día martes doce de mayo de dos mil veinte, a las diez horas (10:00 hrs), con la finalidad de recibir atención médica para su padecimiento y para que le sea entregado su medicamento (sulfazalacina y celecoxib)". 2.- Oficio recibido el veintisiete de mayo de dos mil veinte. ".Que en virtud de que se agendó cita a la quejosa a las diez horas del día doce del mes y año en curso que trascurren, con la finalidad de que fuera entregado el medicamento consistente en (sulfazalacina y celecoxib), así como para que recibiera la atención medica. se adjuntan al presente escrito las documentales de las que se desprende que únicamente se le entregó el medicamento que requiere a la persona autorizada por este H. Juzgado Federal. con la finalidad de efectuarle una revisión médica que le fue agendada a la quejosa, se le agendó próxima cita con su médico familiar para el día veintidós de mayo de dos mil veinte a las 17:15 horas, lo que y se le hizo del conocimiento a la autorizada". 3.- Oficios recibidos el treinta de julio de dos mil veinte. Que como se puede advertir del oficio. de 25 de mayo del 2020, suscrito por la doctora Eugenia Alejandra Arroyo murillo , en su carácter de Director Unidad de Medicina Familiar Número 81, con sede en Uruapan Michoacán, se advierte la valoración médica y la entrega a la quejosa Alejandra Ruiz Pérez, de una caja de Telmisartan tabletas de 40 miligramos, mismo medicamento que le cubre su tratamiento hasta el día 23 de junio de 2020, si como la entrega de una caja de Sulfazalazina tabletas de 500 miligramos, por lo que con dicha entrega se cubre su tratamiento hasta el 10 de julio del año en curso. A su vez, en dicho oficio se hace de conocimiento a la quejosa que por lo que respecta al medicamento Celecoxib, con la entrega de las tres cajas de 200 miligramos realizadas a la misma fecha del día 22 de mayo, se cubre su tratamiento hasta el día 10 de julio de 2020. Que tal y como se desprende de la nota médica de 19 de junio de 2020 derivada de la atención médica a la quejosa Alejandra Ruiz Pérez, en la cual se asienta que comparece la representante legal de la quejosa a quien se le hace entrega de los medicamentos prescitos a sus padecimientos, tal cual se acredita con las recetas médicas de fechas 19 y 24 de junio del año en curso, en el cual asienta el nombre de la compareciente y plasma su firma. 4.- Oficio recibido el uno de octubre de dos mil veinte. "Como se puede advertir del documento denominado "Vale por entrega de medicamento a paciente" con fecha del día veintitrés del mes de septiembre de dos mil veinte, siendo las quince horas con cinco minutos, se entregó a la quejosa Alejandra Ruiz Pérez, la cantidad de tres cajas de con tres cajas con diez tabletas, cada una del medicamento denominado Celecoxib de doscientos miligramos en el domicilio." Para demostrarlo, es suficiente indicar que después la presentación de la demanda de amparo (ocho de mayo de dos mil veinte), la promovente ha recibido diversas atenciones médicas y su suministro de medicamento (sulfazalacina y celexocib 200mg), por lo que válidamente puede afirmarse que se le ha dado el tratamiento para combatir su padecimiento (artritis reumatoide); por lo que es inconcuso que la omisión inicialmente reclamada, ha dejado de surtir sus efectos a partir de que se ha llevado a la atención médica especializada. Para acreditar lo anterior, las referidas autoridades responsables agregaron las documentales consistentes en: Oficio de nueve de mayo de dos mil veinte en el que se otorgó cita médica a la quejosa, para que acuda a la Unidad de Medicina Familiar Número 81, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, el día martes doce de mayo de dos mil veinte, a las diez horas, con la finalidad de recibir atención médica para su padecimiento y para que le sea entregado su medicamento (sulfazalacina y celecoxib)". "Nota Médica" de doce de mayo de dos mil veinte donde aparece la leyenda "recibí medicamentos el 12 de mayo del 2020 Lic Victoria Mendoza Ruiz" -autorizada de la quejosa (rubrica); "recetas individuales" de veinticuatro de abril de dos mil veinte, de los medicamentos (sulfazalacina y celecoxib tabletas), en las cuales aparece la leyenda "Lic. Victoria Mendoza Ruiz" recibí medicamentos el día 12 de mayo del 2020" -rubrica-. Recibo de medicamento de veinticinco de mayo de dos mil veinte, de una caja de (Telmisartan tabletas de 40 miligramos; una caja de Sulfazalazina tabletas de 500 miligramos), asimismo, en dicho oficio se advierte que se hace de conocimiento a la quejosa que por lo que respecta al medicamento -Celecoxib, con la entrega de las tres cajas de 200 miligramos- realizadas a la misma fecha del día 22 de mayo, se cubre su tratamiento hasta el día 10 de julio de 2020, en el cual aparece la leyenda recibí medicamentos Alejandra Ruiz P. -rubrica-. "receta individual" de veintidós de mayo de dos mil veinte, del medicamento (sulfazalacina 500 mg tabletas), en las cuales aparece la leyenda "recibí medicamentos 25-05-2020" -rubrica-. "receta individual" de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, del medicamento (Celecoxib 2000 mg tabletas), en las cuales aparece la leyenda "recibí medicamentos 23-Sep 2020" -rubrica-. Lo que corrobora con las manifestaciones realizadas por la autorizada de la parte quejosa en la que en esencia acepta la atención médica y recibo de los medicamentos hacia su mandante, y que es materia de este sumario constitucional, mediante diversos escritos presentados vía electrónica y acordados por este Juagado de Distrito los días: veintinueve de mayo; veintinueve de junio; veintidós de julio; dos y veintidós de septiembre y uno de octubre, todo del año en curso. De ahí que se advierta que las responsables han hecho lo que está en el ámbito de su competencia para continuar con el tratamiento y suministro de medicamento de la peticionaria Alejandra Ruiz Pérez. En las relatadas condiciones es dable concluir que se encuentra evidenciada la hipótesis de improcedencia en estudio (cesación de efectos), toda vez que se le ha dado oportuno, adecuado y constante tratamiento clínico y suministro de medicamento respecto de la enfermedad que padece (artritis reumatoide); fecha que desde luego es posterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, ocho de mayo de dos mil veinte. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en su efectos y con ello dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". PRECISIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En tales condiciones, tomando en consideración que en el presente asunto, el acto reclamado por la quejosa Alejandra Ruiz Pérez, vulnera el derecho a la salud contemplado en el artículo 4° constitucional, y probablemente ESTANDO EN RIESGO SU VIDA, se exhorta a las autoridades responsables INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN DE MICHOACÁN Y LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 81 DELEGACIÓN URUAPAN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a continuar realizando lo siguiente: 1. Dicten cuanta medida sea necesaria, a fin de salvaguardar la vida de la quejosa Alejandra Ruiz Pérez; esto es, deberán seguir girando las instrucciones, a efecto de que se le proporcione el tratamiento y medicamentos relativos al padecimiento de artritis reumatoide y la institución de salud a su cargo brinde la adecuada atención médica de la misma, tanto en el nivel de especialidad médica, como hospitalaria y por cuanto insumo material o recurso humano requiera. 2. Para que el personal médico y de enfermería, se conduzcan tanto con el paciente, como con los familiares, acorde a los estándares éticos de su profesión, en estricto respeto de los derechos del paciente, evitando cualquier conducta que atente contra la dignidad humana de la ahora quejosa. 4. Y en general, para que dicten cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios -en caso que se requiera-, a fin de seguir brindando la atención médica y suministros de los medicamentos necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida de la hoy quejosa, hasta su total recuperación. De ahí que, en el ámbito de sus responsabilidades, la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación de Michoacán, queda obligada a que se realicen los actos necesarios para que se brinden las prestaciones en especie y en dinero previstas en los reglamentos o disposición que le sean aplicables, para atender de manera urgente, debida y adecuada, la atención médica y suministros de medicamentos que requiera la quejosa Alejandra Ruiz Pérez, materia de este sumario Constitucional. Sirve de apoyo la tesis 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 457 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, Novena Época, bajo la voz: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.". Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, dichas medidas deberán ser acatadas por dichas responsables, bajo apercibimiento de que en caso de desobediencia, se procedería conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, esta juzgadora no inadvierte que el padecimiento de la quejosa, posteriormente pueda necesitar diversas y múltiples atenciones médicas diversas a la materia de la litis constitucional aquí estudiada; sin embargo, en caso de que no se le brinden oportuna o adecuadamente, ello podrá ser materia de estudio en un diverso juicio de amparo que plantee la justiciable; toda vez que no es factible que con la promoción del presente sumario de derechos humanos, la quejosa pueda hacer uso de manera excesiva o indefinida, de la suspensión de plano decretada, a efecto de que se le otorguen prerrogativas por encima de las demás personas que también requieren el servicio de salud, más aun en los tiempos de contingencia por los que atraviesa al país. Es decir, el hecho de que la peticionaria acuda a la presente instancia constitucional, no le otorga derechos prioritarios para que al respaldo de la suspensión de plano decretada a su favor, sea valorado clínicamente primero o antes que todos y cada uno de los pacientes que se encuentren programados para consulta médica, sino que debe atenerse exclusivamente a las omisiones médicas que aquí se reclamaron (las cuales han dejado de surtir sus efectos); además de que debe tomarse en cuenta la agenda de la Unidad de Medicina Familiar número 81 Delegación Uruapan, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de respetar el derecho humano a la salud de los demás gobernados y atender, en la medida de las posibilidades, las estrategias que se han implementado en dicha institución para hacer frente a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19; a menos que la atención médica que necesite sea catalogada como prioritaria por su urgencia o emergencia, caso en que -se insiste- puede promoverse un diverso juicio de amparo, en el que se reclamen las omisiones médicas que se susciten, pues al efecto es factible que se otorgue una nueva suspensión de plano para que sea atendido a la brevedad. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SEXTO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 75, y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por la quejosa Alejandra Ruiz Pérez, por las razones expuestas en el cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Uruapan, Michoacán, uno de octubre de dos mil veinte. AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio con número de registro 9043, remitido por el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional con sede en esta ciudad, médiate el cual hace del conocimiento que el veintitrés de septiembre de la presente anualidad, se hizo entrega a la parte quejosa la cantidad de tres cajas con diez tabletas, cada una del medicamento denominado Celecoxib de doscientos miligramos en el domicilio ahí precisado. MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA. De igual forma, glósese el oficio escrito signado por ********************autorizada de la parte quejosa, con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual, realiza diversas manifestaciones relativas al cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por este órgano jurisdiccional, en proveído de once de mayo del año en curso y requerimiento de veintidós de septiembre de la presente anualidad, por parte de la autoridad responsable, esto es, le fue entregado a la quejosa de manera satisfactoria el medicamento faltante, consistente en Celecoxib de doscientos miligramos. Circunstancias de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. PRUEBAS. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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