Alejandra Guadalupe González Cármona

Expediente 590/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
590/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Guadalupe González Cármona
  • Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia Y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que de la consulta realizada a la página de internet https://www.estafeta.com/herramientas/rastreo.aspx, se desprende que las guías con códigos de rastreo 3154067621 y 0789596595, las cuales contenían los oficios 20590/2023 y 21770/2023, del índice de este Juzgado Federal, dirigidos a la autoridad responsable Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, a los que se adjuntó copia de la sentencia terminada de engrosar el seis de octubre de dos mil veintitrés, así como del proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa en contra de la citada sentencia, así como del escrito de expresión de agravios, fueron entregadas a su destinatario a las doce horas con catorce minutos del once de octubre y trece horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre, ambos de dos mil veintitrés, como se advierte de los comprobantes de entrega expedidos por el Servicio de Mensajería Estafeta. Por lo tanto, de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, se le tiene por debidamente notificada de las determinaciones judiciales que nos ocupan a la autoridad responsable Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, como se encuentra ordenado en el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, remítase mediante oficio el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que corresponda, para la substanciación del recurso que nos ocupa, así como un tomo de pruebas y el original y copia del escrito de expresión de agravios. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese copia del escrito de cuenta signado por la quejosa ********************, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en este asunto. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN, aludido en contra de la sentencia de seis de octubre de dos mil veintitrés, en la que se resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo. DISTRIBUCIÓN DE COPIAS. Córrase traslado con una copia del escrito de expresión de agravios por oficio a la autoridad responsable, así como, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. ENVÍO A LA SUPERIORIDAD. Se instruye a la Secretaria, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, se remita al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. CONSTANCIAS A ENVIAR. Hecho lo anterior, deberán remitirse las constancias necesarias para la substanciación del medio defensivo hecho valer, a saber: Expediente original 590/2023. El original y copia del escrito de expresión de agravios formulados por el recurrente. Un tomo de pruebas. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Se ordena dejar copias autorizadas de las principales actuaciones del juicio de amparo en que se actúa. REQUERIMIENTO. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiéranse a las autoridades responsables foráneas, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS hábiles contados a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive del presente proveído, informe a esta autoridad federal vía correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada del presente acuerdo (Revisión), así como de la sentencia dictada en fecha seis de octubre de dos mil veintitrés. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá, a las omisas, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, la tesis 111.4°. (111 Región) 6 K (10a) del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1481 del libro VI, Marzo de 2012, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2000479, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de octubre de dos mil veintitrés. JUICIO DE AMPARO ********************/2023-VI SENTENCIA Uruapan, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto ********************/2023-VI. RESULTANDO: I. DEMANDA. Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 16514, proveniente del Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, al que acompañó la demanda de amparo 794/2023, promovida por Alejandra Guadalupe González Carmona, contra actos del Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de dieciocho de julio del presente año, el titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la capital del estado, declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, del que correspondió su conocimiento a este órgano jurisdiccional; en consecuencia se asumió el conocimiento del asunto. En el escrito de demanda, la parte quejosa señaló como autoridades responsables y como actos reclamados los que a continuación se indican: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Los integrantes del Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. IV.- ACTO RECLAMADO: La resolución emitida el 19 diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por los integrantes del Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, dentro del recurso de revocación RR-CVD-47/2022, derivado del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CVD/47/2022. II. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN TRANSGREDIDOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 1°, 5, 6, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracciones II, III, IV, 115, 158, 159 y 207 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo. III. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Así como se adelantó, el veintisiete de julio de esta anualidad, este juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del presente asunto; se formó el expediente, se registró en el libro de gobierno bajo ********************/2023-VI y, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, de igual forma, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo a las diez horas del doce de septiembre de dos mil veintitrés, conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio (ciudad) . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: Del Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. La resolución emitida el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por los integrantes del Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, dentro del recurso de revocación RR-CVD-47/2022, derivado del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CVD/47/2022 y su ejecución. TERCERO. Certeza de acto. La autoridad señalada como responsable Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada del expediente relativo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CVD/47/2022; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Igualmente es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Las partes no alegaron alguna causa de improcedencia, y este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna. QUINTO. Estudio de fondo. En esa tesitura, la impetrante de garantías en contra del acto reclamado medularmente indica en sus conceptos de violación: 1. La responsable declaró infundados los agravios precisados en el escrito de revocación relativos a la competencia para substanciar y resolver dicho procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que dejó a la quejosa en el más completo y notoriamente evidente violación a sus garantías constitucionales de audiencia, legalidad del debido proceso y sobre todo viola sus derechos humanos; y, 2. No realizó la responsable una interpretación correcta y amplia del agravio que le fue expuesto, ya que no cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad en su perjuicio. En tal estado de cosas, son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos, aún y aplicando a su favor, por ser trabajadora, la suplencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez no se advierte que en su contra exista alguna violación manifiesta de la ley, que la haya dejado sin defensa, y que en su caso diera lugar a aplicar la mencionada suplencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2°.J/166, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1337, Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA. De lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, se desprende que es procedente suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios "en otras materias" cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; de lo que se sigue, que la suplencia prevista en esa fracción opera en los amparos en las materias civil y administrativa, toda vez que el legislador, al emplear las palabras "en otras materias", se refiere a las que no están expresamente reguladas en las primeras cinco fracciones del artículo citado, y que son, precisamente, la civil y la administrativa." La calificación de los conceptos de violación obedece a las consideraciones siguientes: En la resolución impugnada de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se declaran inoperantes por una parte e infundados por otra los agravios expresados por la quejosa y se confirma la determinación tachada de ilegal de diez de marzo de dos mil veintitrés, deducida del expediente RR-CVD/47/2022, relativo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CVD/47/2022, iniciado en contra de la quejosa por actos que cometió cuando se desempeñó como Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, en la que se le mencionó que la quejosa Alejandra Guadalupe González Carmona, fue quien realizó las faltas administrativas que derivaron a la suspensión del cargo por tres días naturales, sin goce de sueldo, de conformidad con el artículo 166, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como el diverso 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán; se advierte que el Tribunal responsable tomo en consideración para estimar sus agravios como inoperantes e infundados lo siguiente: 1. El órgano colegiado responsable debidamente precisó que acorde a lo dispuesto por los artículos 67, párrafo segundo, de la Constitución Local, 84, 90, fracciones I, III, XXV, XLV, 164, 176 y 177, de la Ley Orgánica, en relación con los numerales 5, 8, fracción V, y 115 de la Ley de Responsabilidades es legalmente para conocer y resolver en definitiva en su carácter de Autoridad Resolutora, los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que se instauren en contra de los servidores del Poder Judicial del Estado y en consecuencia, imponer las sanciones relativas. 2. Además, precisó que la regulación y determinación de las autoridades encargadas de investigar, substanciar, así como resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, se encuentran previstas en el Acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado que crea la Secretaría Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho; por tanto, consideró inoperantes los agravios relacionados con su competencia. 3. Finalmente, señaló el Pleno responsable que fue correcta la valoración probatoria de los medios de convicción que ofreció la autoridad investigadora para acreditar las faltas que le atribuyeron a la quejosa dentro del referido procedimiento administrativo, esto es, precisó que las imputaciones y partiendo del principio general de derecho de que quien afirma está obligado a probar, los hechos que le atribuyó la autoridad investigadora constituyen una imputación que, apoyada de los elementos probatorios, ofrecidos y desahogados, por sí mismos, resultaron suficientes para determinar la existencia de las irregularidades que le fueron atribuidas; en tal virtud, concluyó como infundados los agravios consistentes en seguridad jurídica, principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad. Expuesto lo anterior, resulta inconcuso que los conceptos de violación expresados por la quejosa reseñados al principio del presente considerando resultan inoperantes, pues no combaten con ellos los razonamientos que plasmó la autoridad responsable, para emitir la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se declararon inoperantes el primero y segundo de los agravios e infundado el tercero de ellos expresados por la quejosa y se confirmó la resolución impugnada de diez de marzo de dos mil veintitrés, en la que se le impuso a la quejosa Alejandra Guadalupe González Carmona, la suspensión del cargo por tres días naturales, sin goce de sueldo de conformidad con el artículo 166, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como el diverso 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán; omitiendo atacar las consideraciones y fundamentos que le sirvieron a la autoridad responsable para sostener la legalidad de la resolución combatida. Esto es así, debido a que la quejosa mediante sus conceptos de violación no tendió a controvertir las consideraciones y fundamentos torales de la resolución reclamada por los cuales la autoridad responsable determino que debía mantenerse la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le impuso una sanción a la quejosa Alejandra Guadalupe González Carmona, en los términos antes señalados; ya que únicamente en dicha hipótesis este Juzgado de Distrito estaría en aptitud de analizar si lo resuelto por la responsable causa algún perjuicio a la quejosa y, por ende, determinar si tal resolución es violatoria de los derechos humanos. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el segundo concepto de violación la quejosa se limitó a repetir en esencia parte de los agravios expresados en su escrito de apelación, omitiendo atacar las consideraciones y fundamentos que le sirvieron al juez responsable para emitir la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación en estudio esgrimidos por la quejosa no atacan las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, mismos que dieron origen a la resolución reclamada, tales conceptos de violación son inoperantes, pues como ya se precisó anteriormente, en ellos no se exponen argumentación alguna para impugnar la legalidad de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se declararon inoperantes el primero y segundo de los agravios e infundado el tercero de ellos expresados por la quejosa y se confirmó la sentencia impugnada de diez de marzo de dos mil veintitrés, sino que únicamente se limitó en sus conceptos de violación alegar que existía una evidente violación a sus garantías constitucionales de audiencia, legalidad del debido proceso y sobre todo en contra de sus derechos humanos, y repetir en esencia parte de los agravios expresados en su escrito de apelación; sin embargo, era necesario que entablara los presentes conceptos contra las argumentaciones que el pleno responsable plasmo en la resolución reclamada para sostener la validez de dicha determinación, y al no hacerlo así, los mismos deben seguir rigiendo. Efectivamente, es conveniente mencionar que los conceptos de violación se consideran inoperantes cuando no atacan las consideraciones torales del acto reclamado, así como también, cuando en ellos no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le causa dicho acto, tal como lo dispone la tesis de jurisprudencia I.6°.C.J715, consultable en la página seiscientos veintiuno, Parte XII, correspondiente al mes de julio de dos mil, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, así como también la tesis de jurisprudencia I.6°.C.J/21, visible a foja un mil cincuenta y uno, Parte XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos rubro y textos son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamiento lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." También sirve de base a lo anterior por el espíritu que la rige la jurisprudencia II.3°.J/44, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 40, Volumen 63, Marzo de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes." Así como en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.109/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación15, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida." Bajo esa óptica, se concluye que no se demostró la violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, lo que es suficiente para negar a la quejosa Alejandra Guadalupe González Carmona, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, respecto del acto en estudio, que le atribuye al Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Publicidad. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. Acuse. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificado de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a Alejandra Guadalupe González Carmona, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. En términos del considerando sexto de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Incidental

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental prevista por artículo 144 de la Ley de Amparo, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 590/2023-VI.... RESUELVE ÚNICO. Por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución, se NIEGA a la quejosa ALEJANDRA GUADALUPE GONZÁLEZ CARMONA, la suspensión definitiva solicitada. NOTIFÍQUESE; y por oficio a la autoridad responsable.

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