Alejandra Rosete Malaquias
Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandra Rosete Malaquias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ***********, en atención a su contenido, se autoriza el acceso y consulta del presente expediente, de conformidad con el artículo 3, sexto párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los numerales artículos 9, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban ser personales se realizarán electrónicamente a la parte quejosa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del citado Acuerdo General 12/2020 y la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.) de rubro "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL", publicada con registro 2026122. Lo anterior, en razón de que proporciona el nombre de usuarios "ROMA921123", por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En consecuencia, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 244/2023. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Toda vez que resulta innecesario seguir conservando la copia certificada de la carpeta de investigación UIPJ/DXV/240/2021/ESP4, que remitió la Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ***********, en atención a su contenido, se autoriza el acceso y consulta del presente expediente, de conformidad con el artículo 3, sexto párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los numerales artículos 9, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban ser personales se realizarán electrónicamente a la parte quejosa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del citado Acuerdo General 12/2020 y la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.) de rubro "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL", publicada con registro 2026122. Lo anterior, en razón de que proporciona el nombre de usuarios "ROMA921123", por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En consecuencia, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 244/2023. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Toda vez que resulta innecesario seguir conservando la copia certificada de la carpeta de investigación UIPJ/DXV/240/2021/ESP4, que remitió la Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia...De modo tal que si la quejosa no agotó el recurso de mérito en contra del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, visible en la página 902, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No obsta a lo anterior, la circunstancia jurídica de que la carpeta de investigación se siga por el delito de retención de menores, ya que ello no implica, per se, una excepción a la regla de definitividad; de ahí que la hoy quejosa, tenía la obligación de agotar el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por otro lado, cabe destacar que de acuerdo con los artículos transcritos, aun cuando el recurso innominado no suspende la ejecución del acto, la quejosa debió agotar el recurso de mérito ya que en la demanda de amparo no hace referencia a un riesgo para el menor por la circunstancia jurídica de que se omita sujetar a proceso penal al progenitor por un hecho considerado ilícito. No pasa inadveritdo que la quejosa manifiesta que el padre no permite que la quejosa conviva con su hijo y que con ello se ha generado un ambiente restrictivo, de presión y miedo, con daños al niño, al causar un síndrome de alienación parental, ya que tiene derecho de convivir con ambos progenitores; sin embargo, el riesgo que expone está vinculado con los juicios civiles respecto de los que reclamó el depósito de personas y la convivencia cuya separación se llevó a cabo; y en este juicio de amparo únicamente se analiza lo relativo a la omisión de dar continuidad a una carpeta de investigación. De ahí que, aun cuando el recurso innominado no admita suspensión, al no exponerse la existencia de un daño al menor se debió observar el principio de definitividad y agotar el recurso innominado. En el caso, cobra aplicación, en sentido contrario, la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." En esa medida, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, se impone sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En consecuencia, dado el sentido de la presente resolución, en donde se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, existe impedimento jurídico para analizar los conceptos de violación que se dirigen a combatir la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Cobra aplicación la jurisprudencia 1028 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, Tomo VI, ParteTCC, Octava Época, publicada en el Apéndice de 1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." ... Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ************, en contra de la autoridad responsable Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal Adscrito, personalmente a la parte tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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