Alejandra Marisela García Lepe
Expediente 45/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandra Marisela García Lepe
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, ., por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil .; y, b) En su lugar emita una nueva, en la que al momento de resolver el recurso de reclamación de trato, por un lado, tome en consideración que la percepción consistente en vales de despensa que dispone el demandado, también forma parte de sus ingresos; y por otro, que la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente debe hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, no así las contraídas personal y voluntariamente. Hecho lo anterior, analice la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando la necesidad alimentaria de los acreedores alimentarios -aquí quejosos-, en contraposición con las posibilidades del deudor, con base en los elementos de prueba aportados por las partes y sus manifestaciones; y en caso de que estime procedente reducirla, justifique el monto que determine fijar a cada uno de los acreedores. (.)" Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado, ., interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; órgano que mediante resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ., determinó confirmar la sentencia recurrida. Por tanto, la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil . 2. En su lugar emitir una nueva, en la que al momento de resolver el recurso de reclamación, considerara lo siguiente: a) Que la percepción consistente en vales de despensa que dispone el demandado, también forma parte de sus ingresos; y, b) Que la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, no así las contraídas personal y voluntariamente. 3. Hecho lo anterior, analizara la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando la necesidad alimentaria de los acreedores alimentarios -aquí quejosos-, en contraposición con las posibilidades del deudor, con base en los elementos de prueba aportados por las partes y sus manifestaciones; y en caso de que estimara procedente reducirla, justificara el monto que determine fijar a cada uno de los acreedores. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 5155, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, remitió copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente ., entre las que destacan: el convenio de ocho de diciembre de dos mil veinte, celebrado entre . (actora) y . (demandado); la diligencia de ratificación de dicho acuerdo de voluntades; la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó el convenio de trato y se elevó a categoría de cosa juzgada; y el auto de nueve de marzo siguiente, en el que se declaró firme esta última determinación; por ende, el doce de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Ahora bien, del análisis de las constancias que conforman este expediente se deduce que, dada la naturaleza del acto reclamado, consistente en la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil ., en la que declaró procedente la reclamación interpuesta por el demandado en dicho litigio (aquí tercero interesado), contra la pensión alimenticia provisional decretada en dicho expediente; cambió la situación que imperaba al momento de la concesión del amparo. Lo anterior es así, ya que en la sentencia emitida el veinticinco de febrero del dos mil veinte, que otorgó el amparo impetrado, fue analizada dicha resolución; sin embargo, el Juez responsable el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitió una resolución en la que se aprobó el convenio celebrado entre . en el que, entre otras cosas, se estableció por concepto de pensión alimenticia para los menores hijos de ambos contendientes, el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los ingresos de dicho accionado, dejando sin efectos cualquier otra medida alimentaria dictada con anterioridad. En ese entendido, al haber quedado sin efectos el acto reclamado, respecto del cual se concedió el amparo, se impone declarar sin materia el cumplimiento a la ejecutoria federal. Sustenta lo anterior, en lo conducente y por su contenido esencial, la jurisprudencia 2a./J.2/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 431, Tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, el juicio principal es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, pues en el juicio SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a doce de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, al que acompaña copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 5592/2016 de su índice, entre las que obran el convenio judicial celebrado entre las partes, ******** y su ratificación, ambos de ocho de diciembre de dos mil veinte; resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó en todas y cada una de sus partes el citado convenio; acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que se declaró firme la citada resolución de veinticuatro de febrero del año en curso; por tanto, se le tiene remitiendo las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRONICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, a doce de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, al que acompaña copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 5592/2016 de su índice, entre las que obran el convenio judicial celebrado entre las partes, ******** y su ratificación, ambos de ocho de diciembre de dos mil veinte; resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó en todas y cada una de sus partes el citado convenio; acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que se declaró firme la citada resolución de veinticuatro de febrero del año en curso; por tanto, se le tiene remitiendo las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 207/2021-A, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, al que adjunta la ejecutoria emitida en los autos del juicio de amparo en revisión 154/2020, de su índice, el juicio de amparo 45/2020, y un tomo de prueba, de la que se advierte que dicho Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida por ..., autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del tercero interesado ...., en la que SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, quedando como sigue: PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida; en consecuencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... por propio derecho y en representación de sus menores hijos, contra la resolución emitida el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil 5592/2016, por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. La concesión de la protección federal, es para los efectos precisados en la parte final de la sentencia que se revisa. Como lo solicita la superioridad, acúsese recibo correspondiente; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). En el entendido que se concedió el amparo para los efectos que se transcriben a continuación: En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil 5592/2016; y, b) En su lugar emita una nueva, en la que al momento de resolver el recurso de reclamación de trato, por un lado, tome en consideración que la percepción consistente en vales de despensa que dispone el demandado, también forma parte de sus ingresos; y por otro, que la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, no así las contraídas personal y voluntariamente. Hecho lo anterior, analice la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando la necesidad alimentaria de los acreedores alimentarios -aquí quejosos-, en contraposición con las posibilidades del deudor, con base en los elementos de prueba aportados por las partes y sus manifestaciones; y en caso de que estime procedente reducirla, justifique el monto que determine fijar a cada uno de los acreedores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, contra cuyo acto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato, remitiéndole para tal efecto, copia certificada de la ejecutoria de que se trata. Apercibida la autoridad responsable, que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido para ello, se hará acreedora de una multa de cien Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido de que si no cumple con el requerimiento señalado en párrafos precedentes, con independencia de hacerle efectiva la imposición de la multa señalada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo.
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