Alejandra Perez Perez

Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
68/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Alejandra Perez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, uno de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar a la quejosa por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2- que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino-. Así, mediante el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte- reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos. Sin embargo, dicha reactivación se vio interrumpida por los diversos acuerdos de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, siendo la última ocasión la que abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, conforme lo dispuesto en las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. Con base en éstas, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del sexto circuito (entre otros) regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia, dando trámite solamente a los asuntos catalogados como urgentes o seguidos en la modalidad de "juicio en línea". Reanudación de plazos y términos procesales. Ahora, en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/10/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del dieciocho de febrero del mismo año (en el sexto circuito y otros) retoma su vigencia el esquema de operación previsto en el ya citado Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020). Por tanto, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar el desechamiento de la demanda. Visto el estado procesal del juicio, se observa que el veintinueve de enero de dos mil veintiuno se desechó la demanda de meritó. Dicha determinación fue notificada mediante despacho el cual fue debidamente diligenciado el doce de febrero de la presente anualidad. De modo que el plazo de cinco días para interponer recurso de queja -previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo- no ha comenzado a transcurrir, porque la suspensión de plazos no permitió que la referida notificación surtiera sus efectos. Por tanto, toda vez que se ha decretado la reanudación de los plazos y términos procesales, se informa a las partes que su notificación surtirá efectos en este día, por lo que a partir del día hábil siguiente comenzarán a computarse los cinco días con los que cuentan para recurrir la sentencia. Plazo para impugnar el desechamiento de la demanda. Visto el estado procesal del juicio, se observa que el veintisiete de enero de dos mil veintiuno se desechó la demanda de meritó. Dicha determinación fue notificada por lista a la parte quejosa el ocho de febrero de la presente anualidad, previo citatorio. De modo que el plazo de cinco días para interponer recurso de queja -previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo- no ha comenzado a transcurrir, porque la suspensión de plazos no permitió que la referida notificación surtiera sus efectos. Por tanto, toda vez que se ha decretado la reanudación de los plazos y términos procesales, se informa a las partes que su notificación surtirá efectos en este día, por lo que a partir del día hábil siguiente comenzarán a computarse los cinco días con los que cuentan para recurrir la sentencia. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo deba notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, dado que no contiene algún requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. EL AUTO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. JUICIO DE AMPARO 68/2021 Puebla, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Radicación Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó la quejosa *, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por tanto, se concluye que la parte quejosa reclama, únicamente la "orden de detención" emitida por autoridades ministeriales, y su eminente ejecución. Establecido lo anterior, la referida orden de detención con fines de investigación, actualiza la figura de la orden de presentación emitida por autoridad ministerial. Empero, debe tenerse en cuenta que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no puede implicar la restricción de la libertad de la parte quejosa cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación; por otra parte, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impone al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con la orden de presentación, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, sino que corresponde a un acto de investigación, pues todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una investigación, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Por tanto, resulta evidente que respecto del acto reclamado, opera una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo Máxime que la regulación de la orden de presentación traducida en un acto de investigación por parte de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales3 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación de la persona investigada incluso ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales4. Audiencia en la cual podrá ser o no vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, el acto consistente en la orden de presentación, así como la ejecución de la misma, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal del impetrante del amparo, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en la orden de detención, así como su ejecución, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma).Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Domicilio y autorizados Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla); y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Abel Cabrera Vivas ello es así, toda vez que cuentan con registro de su cédula profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así José Luis Hermilio Campos Guerra, por tanto se le autoriza únicamente en términos restringidos del numeral en comento. Comunicación con las partes Ahora, se tienen únicamente como medios de contacto del quejoso, el correo electrónico y número telefónico señalados en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla esos medios para realizar notificaciones. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales Por último, notifíquese en forma personal el presente acuerdo a la parte quejosa, en el domicilio designado para tal efecto, ... Notifíquese, en forma personal a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 399/2020 En veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se da cuenta a la jueza con un oficio con anexo y testimonio de ejecutoria; recibidos en este juzgado físicamente; registrado el primero con el folio de control interno 961. Conste. Puebla, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que devuelve el expediente original del presente juicio de amparo. Además, remite testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en el toca de revisión R-105/2020, del citado tribunal, que en sus puntos resolutivos establece: ".PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento............. En tales condiciones, se ordena la reposición del procedimiento en este juicio de amparo; y dado lo resuelto por la superioridad, ha quedado sin efecto la audiencia constitucional de veintisiete de julio de dos mil veinte, celebrada hasta la fase de sentencia. Luego, se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para celebrar la audiencia constitucional. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la notificación de este proveído, amplíen su informe justificado en lo que toca a los actos de tortura reclamados por el quejoso, motivo por el cual deberán exponer las manifestaciones pertinentes para respaldar la negativa que ya expresaron en sus informes justificados -sobre los actos de tortura-. De igual forma, deberán remitir todas las constancias con las que respalden la inexistencia de los actos reclamados (vertida en sus informes justificados); para tal efecto, deberán remitir las bitácoras, exámenes médicos y psicológicos realizados al quejoso Uriel Ignacio Puig, desde la presentación de la demanda que originó este juicio y hasta la presente fecha. Ello, porque la naturaleza de los actos reclamados revierte la carga de la prueba a las autoridades responsables, motivo por el cual corresponde a éstas demostrar la inexistencia de los actos de tortura alegados por el quejoso. Además, con independencia de las pruebas que exhiba el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia -Cuartel Metropolitano 2 de la Fiscalía General del Estado de Puebla-, se le requiere para que en el referido plazo de tres días, remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones que integran la carpeta de investigación *, e informe el estado procesal que guarda la investigación ante su judicialización. Por su parte, se requiere al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el mismo plazo de tres días, remita copia certificada del expediente que se haya formado con motivo de la detención del quejoso *, el cual deberá contener la certificación médica que adujeron los elementos aprehensores en su puesta a disposición. Se apercibe a las responsables que de no presentar la ampliación y constancias requeridas, en el plazo otorgado y sin causa justificada, se les habrá de imponer una multa de cien unidades de medida y actualización, a razón de su valor diario, con fundamento en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.Se deja establecido que una vez recibida la contestación de las responsables, esta juzgadora ponderará la necesidad de realizar mayores estudios (médicos o psicológicos) al quejoso. Notifíquese; de manera personal al quejoso y por oficio a las autoridades responsables; y cúmplase

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