Alejandra Morales Garcia

Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
972/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Morales Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento de las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto la parte quejosa como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento declarado fue consentido. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido y se ordena su archivo. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional. Resguardo del expediente Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos En atención a que la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, remitió copias autorizadas de la carpeta judicial administrativa *, así como dos discos en formato dvd, así como el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Estado de Puebla, copia de la audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, relativa al juicio oral *, y dado a que el presente controvertido constitucional ya se concluyó; resulta innecesaria la conservación de las referidas constancias, por ende, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes. Sin embargo, al tratarse de copias autorizadas no es necesario requerirle el acuse de recibo. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el cumplimiento de este fallo protector. Lo mismo ocurre respecto de las demás autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, tercero interesado o la quejosa desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto Notifíquese;

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la autoridad judicial responsable para cumplir con la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado, pues sería infructuoso, para la parte quejosa, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución. Ahora, en el asunto que nos ocupa, se dictó sentencia en la audiencia constitucional de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa *, para el efecto de que la autoridad judicial responsable desplegara las siguientes acciones: "... 1. Cite a las partes a una audiencia a la cual deberán comparecer, como mínimo, la imputada * , su defensa y la agente del ministerio público encargada de la causa penal *, siendo optativa la asistencia de la parte agraviada (por sí o a través de su asesora jurídica), por lo que su inasistencia no será impedimento para la celebración de la audiencia. 1. En ésta, dejará intocado el debate generado entre las partes en la audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, relativa a la causa penal * (y sus acumuladas), pues la violación a los derechos fundamentales de la quejosa se dio con posterioridad. 2. Luego, deberá dejar insubsistente la resolución a través de la cual acogió la petición de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva, sólo por cuanto hace a *. 3. Enseguida, sin dar intervención a las partes1 y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeta *, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Inconforme con dicha resolución, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la agente del ministerio público tercera interesada interpuso recurso de revisión; del cual, por turno, le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó en el expediente 316/2022 y que en sesión de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, resolvió en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. En tales condiciones, mediante auto de dos de los presentes, se tuvo por recibida esa ejecutoria y, en vía de consecuencia, se requirió a la autoridad judicial responsable para que diera cumplimiento al fallo aquí dictado, en el plazo de tres días. Por su parte, previos requerimientos, a través del oficio 433/2023/JC, presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, la Jueza de Control de la Región Judicial Centro- Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, comunicó que fueron señaladas las doce horas con treinta minutos de esa data (siete de febrero de dos mil veintitrés), para llevar a cabo la audiencia en la cual se daría total cumplimiento al fallo protector. Con posterioridad, mediante el diverso oficio 475/2023/JC, la Jueza de Control responsable informó que en audiencia oral y pública verificada el siete de febrero del actual, modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a *, y le impuso la de resguardo domiciliario en depósito del Centro Penitenciario del Estado de Puebla, hasta en tanto se contara con la evaluación correspondiente y existieran datos de prueba idóneos, suficientes y pertinentes para acreditar la viabilidad de cumplir con dicha medida en el domicilio proporcionado por la defensa. La responsable remitió como justificante de ello, un disco en formato DVD que contiene el audio y video de esa audiencia. En virtud de lo anterior, por acuerdo de nueve de los presentes, esta potestad constitucional requirió a la autoridad responsable para que, en el plazo de doce horas, dictara y ejecutara las medidas necesarias para materializar su determinación de que cesara la prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa y estableciera las modalidades que estimara convenientes para su resguardo en el domicilio señalado en la audiencia. Requerimiento que se le realizó, en esencia, porque si en la audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, la responsable había arribado a la conclusión de que lo procedente era que cesara la prisión preventiva oficiosa y en su lugar imponer la diversa de resguardo domiciliario; era incuestionable que la consecuencia lógica, legal y procesal, era dejarla en libertad de manera inmediata (al menos fuera del lugar donde se encontraba recluida, aunque en resguardo domiciliario). Así las cosas, el trece y quince de febrero del actual, se recibieron los oficios 539/2023/JC y SSP/SCP/DCPP/DJ/01445/2023, por los cuales la jueza y la directora de Centro Penitenciario de Puebla, informaron de las gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior. En ese marco contextual, resulta conveniente establecer que, de todas las diligencias efectuadas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria aquí dictada, las que, en este auto serán consideradas y valoradas para determinar si se encuentra o no cumplida la sentencia, son las siguientes:  Audio y video de la audiencia celebrada el siete de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativ * y sus acumuladas * Acuerdo dictado el diez de febrero de dos mil veintitrés.  Oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/01445/2023 de once de febrero de dos mil veintitrés. Constancias recibidas que tienen pleno valor probatorio como documentos públicos, debido a que se tratan de actuaciones judiciales debidamente cotejadas; de modo que, pueden ser utilizadas para resolver sobre el cumplimiento dado a la protección de amparo, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido que la videograbación de la audiencia donde se dio cumplimiento a la sentencia amparadora, contenida en un archivo informático almacenado en el disco remitido por la Juez de Control responsable, adquiere la naturaleza jurídica de una prueba documental pública. Sirve de sustento, la jurisprudencia *." Precisado todo lo anterior, es turno de señalar que, de las constancias remitidas por la responsable, se observa que la autoridad judicial dio cumplimiento a la ejecutoria aquí dictada en los siguientes términos: Como se ve, ningún defecto o exceso puede considerarse en las resoluciones emitidas en cumplimiento al fallo protector, pues la autoridad judicial responsable cumplió con los efectos de protección de la sentencia. Lo anterior, es así, porque de inicio, la jueza responsable citó a las partes a una nueva audiencia, la cual tuvo lugar a las quince horas con dieciséis minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés. Al comenzar esa audiencia individualizó a las partes y dejó establecido que era diverso defensor particular el que asistía a la quejosa, pues, al parecer, la que la acompañó en la audiencia del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, tenía síntomas de covid-19; sin embargo, ello no era motivo suficiente para no celebrarla ya que el tópico a tratar involucraba la libertad personal de la imputada y ésta había aceptado como nuevo defensor al que acudió . Luego, dejó insubsistente la resolución de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a *, dictada en la audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Enseguida, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en este asunto, decretó el cese de la medida cautelar de prisión preventiva y previo debate, impuso la diversa de resguardo domiciliario en depósito en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Con posterioridad, y previo requerimiento de esta potestad constitucional, a través de las providencias dictadas el diez de febrero de dos mil veintitrés, materializó su determinación de que cesara la prisión preventiva impuesta a *. Finalmente, a las veintitrés horas con diez minutos del once de febrero de dos mil veintitrés, la quejosa fue trasladada al domicilio donde cumplirá la diversa de resguardo domiciliario. En ese orden de ideas, es válido afirmar que lo realizado por la juez responsable se ajusta a los efectos de la protección otorgada a la quejosa, y se cumple con el núcleo esencial de la sentencia, a saber: observar el derecho de la imputada *a no ser sometida a la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo superior a dos años de duración, cuando dicha situación no es imputable a ella. Ahora, por cuanto hace a las manifestaciones del defensor particular de la quejosa, hechas en el sentido de que existe defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida porque * se encuentra custodiada en el interior de su domicilio por dos elementos estatales de nombres * (oficial B) y * (policía 473), y al exterior del domicilio por la patrulla 1656 con dos elementos estatales más. Sin embargo, ello no fue señalado por la juez dentro de la modificación de la medida cautelar de resguardo domiciliario, ya que el resguardo en el domicilio sería para su representada y la vigilancia y custodia debía ser fuera de este por parte de los elementos de la policía estatal, pues puede establecerse un abuso de autoridad por parte de estos elementos que custodian al interior del domicilio, y por ende, una violación al domicilio, ya que los mismos rebasan las facultades contenidas en el numeral 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no haber sido ordenada por la Juez de Control en su cumplimiento de materializar el cese de prisión preventiva. Debe decirse que son inatendibles en este momento procesal, puesto que el amparo cuyo cumplimiento se examina, sólo fue concedido para el efecto de que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, determinara si debía cesar o no la prisión preventiva oficiosa a la que se encontraba sometida la quejosa; empero, la constitucionalidad de la decisión que tomara al respecto, así como de las medidas cautelares o las modalidades bajo las cuales se concedió el resguardo domiciliario, son cuestiones de legalidad que debe hacer valer a través del diverso medio de impugnación en el cual se puedan alegar cuestiones de fondo. En efecto, aquellas son manifestaciones atinentes a la legalidad de la propia ejecución efectuada por la autoridad responsable y, de estimarlo procedente, debe hacerlas valer mediante los medios de defensa que estime pertinentes, pero no en vía de alegatos en esta revisión de cumplimiento de sentencia; pues, si bien es cierto, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, ello no significa que se tengan que analizar aspectos novedosos que no fueron examinados en la sentencia de amparo, ni aun "atendiendo al principio de economía procesal" contenido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, ya que ello no es la naturaleza de un acuerdo como el que nos ocupa -de cumplimiento del fallo amparador-. Sobre todo, porque los argumentos referidos están enderezados a impugnar la legalidad de la ejecución del cumplimiento del amparo, pero por nuevos motivos, lo que escapa del ámbito de análisis del estricto cumplimiento del fallo protector en donde la materia de estudio tiene su límite exclusivamente en los efectos precisados en la sentencia dictada en el juicio de amparo, de ahí que resulten inatendibles los agravios del defensor privado de la quejosa que vierte al respecto. Al respecto, es aplicable por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 29/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: * En mérito de todo la anterior, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria emitida por este órgano judicial sin excesos ni defectos. Recurso de inconformidad Con el único fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que, si la presente determinación es contraria a sus intereses, es su derecho recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Recurso respecto del cual tendrán un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para interponerlo Vista a la fiscal federal adscrita. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Datos estadísticos. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: a) El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo a la quejosa. b) El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la agente del ministerio público tercera interesada interpuso recurso de revisión. c) El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dictó ejecutoria en el recurso de revisión * (promovido contra la sentencia aquí dictada), en el sentido de confirmar la sentencia recurrida; la cual fue notificada a este órgano judicial el uno de febrero del actual. d) En auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad y, en vía de consecuencia, se requirió a la autoridad responsable ordenadora el cumplimiento a la misma. e) El once de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenadora, cumplió totalmente con la ejecutoria emitida por el tribunal colegiado. f) El trece de febrero del año en curso, se recibieron en la oficialía de este juzgado el oficio y las constancias con las cuales la juez responsable acreditó dicho cumplimiento. g) En auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada. h) El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés fue realizada la última notificación a las partes (quejosa) respecto del auto por el que se dio vista con el cumplimiento. i) En la presente fecha -veintiocho de febrero de dos mil veintitrés- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la autoridad judicial responsable para cumplir con la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado, pues sería infructuoso, para la parte quejosa, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución. Ahora, en el asunto que nos ocupa, se dictó sentencia en la audiencia constitucional de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa *, para el efecto de que la autoridad judicial responsable desplegara las siguientes acciones: "... 1. Cite a las partes a una audiencia a la cual deberán comparecer, como mínimo, la imputada * , su defensa y la agente del ministerio público encargada de la causa penal *, siendo optativa la asistencia de la parte agraviada (por sí o a través de su asesora jurídica), por lo que su inasistencia no será impedimento para la celebración de la audiencia. 1. En ésta, dejará intocado el debate generado entre las partes en la audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, relativa a la causa penal * (y sus acumuladas), pues la violación a los derechos fundamentales de la quejosa se dio con posterioridad. 2. Luego, deberá dejar insubsistente la resolución a través de la cual acogió la petición de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva, sólo por cuanto hace a *. 3. Enseguida, sin dar intervención a las partes1 y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeta *, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Inconforme con dicha resolución, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la agente del ministerio público tercera interesada interpuso recurso de revisión; del cual, por turno, le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó en el expediente 316/2022 y que en sesión de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, resolvió en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. En tales condiciones, mediante auto de dos de los presentes, se tuvo por recibida esa ejecutoria y, en vía de consecuencia, se requirió a la autoridad judicial responsable para que diera cumplimiento al fallo aquí dictado, en el plazo de tres días. Por su parte, previos requerimientos, a través del oficio 433/2023/JC, presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, la Jueza de Control de la Región Judicial Centro- Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, comunicó que fueron señaladas las doce horas con treinta minutos de esa data (siete de febrero de dos mil veintitrés), para llevar a cabo la audiencia en la cual se daría total cumplimiento al fallo protector. Con posterioridad, mediante el diverso oficio 475/2023/JC, la Jueza de Control responsable informó que en audiencia oral y pública verificada el siete de febrero del actual, modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a *, y le impuso la de resguardo domiciliario en depósito del Centro Penitenciario del Estado de Puebla, hasta en tanto se contara con la evaluación correspondiente y existieran datos de prueba idóneos, suficientes y pertinentes para acreditar la viabilidad de cumplir con dicha medida en el domicilio proporcionado por la defensa. La responsable remitió como justificante de ello, un disco en formato DVD que contiene el audio y video de esa audiencia. En virtud de lo anterior, por acuerdo de nueve de los presentes, esta potestad constitucional requirió a la autoridad responsable para que, en el plazo de doce horas, dictara y ejecutara las medidas necesarias para materializar su determinación de que cesara la prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa y estableciera las modalidades que estimara convenientes para su resguardo en el domicilio señalado en la audiencia. Requerimiento que se le realizó, en esencia, porque si en la audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, la responsable había arribado a la conclusión de que lo procedente era que cesara la prisión preventiva oficiosa y en su lugar imponer la diversa de resguardo domiciliario; era incuestionable que la consecuencia lógica, legal y procesal, era dejarla en libertad de manera inmediata (al menos fuera del lugar donde se encontraba recluida, aunque en resguardo domiciliario). Así las cosas, el trece y quince de febrero del actual, se recibieron los oficios 539/2023/JC y SSP/SCP/DCPP/DJ/01445/2023, por los cuales la jueza y la directora de Centro Penitenciario de Puebla, informaron de las gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior. En ese marco contextual, resulta conveniente establecer que, de todas las diligencias efectuadas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria aquí dictada, las que, en este auto serán consideradas y valoradas para determinar si se encuentra o no cumplida la sentencia, son las siguientes:  Audio y video de la audiencia celebrada el siete de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativ * y sus acumuladas * Acuerdo dictado el diez de febrero de dos mil veintitrés.  Oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/01445/2023 de once de febrero de dos mil veintitrés. Constancias recibidas que tienen pleno valor probatorio como documentos públicos, debido a que se tratan de actuaciones judiciales debidamente cotejadas; de modo que, pueden ser utilizadas para resolver sobre el cumplimiento dado a la protección de amparo, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido que la videograbación de la audiencia donde se dio cumplimiento a la sentencia amparadora, contenida en un archivo informático almacenado en el disco remitido por la Juez de Control responsable, adquiere la naturaleza jurídica de una prueba documental pública. Sirve de sustento, la jurisprudencia *." Precisado todo lo anterior, es turno de señalar que, de las constancias remitidas por la responsable, se observa que la autoridad judicial dio cumplimiento a la ejecutoria aquí dictada en los siguientes términos: Como se ve, ningún defecto o exceso puede considerarse en las resoluciones emitidas en cumplimiento al fallo protector, pues la autoridad judicial responsable cumplió con los efectos de protección de la sentencia. Lo anterior, es así, porque de inicio, la jueza responsable citó a las partes a una nueva audiencia, la cual tuvo lugar a las quince horas con dieciséis minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés. Al comenzar esa audiencia individualizó a las partes y dejó establecido que era diverso defensor particular el que asistía a la quejosa, pues, al parecer, la que la acompañó en la audiencia del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, tenía síntomas de covid-19; sin embargo, ello no era motivo suficiente para no celebrarla ya que el tópico a tratar involucraba la libertad personal de la imputada y ésta había aceptado como nuevo defensor al que acudió . Luego, dejó insubsistente la resolución de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a *, dictada en la audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Enseguida, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en este asunto, decretó el cese de la medida cautelar de prisión preventiva y previo debate, impuso la diversa de resguardo domiciliario en depósito en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Con posterioridad, y previo requerimiento de esta potestad constitucional, a través de las providencias dictadas el diez de febrero de dos mil veintitrés, materializó su determinación de que cesara la prisión preventiva impuesta a *. Finalmente, a las veintitrés horas con diez minutos del once de febrero de dos mil veintitrés, la quejosa fue trasladada al domicilio donde cumplirá la diversa de resguardo domiciliario. En ese orden de ideas, es válido afirmar que lo realizado por la juez responsable se ajusta a los efectos de la protección otorgada a la quejosa, y se cumple con el núcleo esencial de la sentencia, a saber: observar el derecho de la imputada *a no ser sometida a la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo superior a dos años de duración, cuando dicha situación no es imputable a ella. Ahora, por cuanto hace a las manifestaciones del defensor particular de la quejosa, hechas en el sentido de que existe defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida porque * se encuentra custodiada en el interior de su domicilio por dos elementos estatales de nombres * (oficial B) y * (policía 473), y al exterior del domicilio por la patrulla 1656 con dos elementos estatales más. Sin embargo, ello no fue señalado por la juez dentro de la modificación de la medida cautelar de resguardo domiciliario, ya que el resguardo en el domicilio sería para su representada y la vigilancia y custodia debía ser fuera de este por parte de los elementos de la policía estatal, pues puede establecerse un abuso de autoridad por parte de estos elementos que custodian al interior del domicilio, y por ende, una violación al domicilio, ya que los mismos rebasan las facultades contenidas en el numeral 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no haber sido ordenada por la Juez de Control en su cumplimiento de materializar el cese de prisión preventiva. Debe decirse que son inatendibles en este momento procesal, puesto que el amparo cuyo cumplimiento se examina, sólo fue concedido para el efecto de que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, determinara si debía cesar o no la prisión preventiva oficiosa a la que se encontraba sometida la quejosa; empero, la constitucionalidad de la decisión que tomara al respecto, así como de las medidas cautelares o las modalidades bajo las cuales se concedió el resguardo domiciliario, son cuestiones de legalidad que debe hacer valer a través del diverso medio de impugnación en el cual se puedan alegar cuestiones de fondo. En efecto, aquellas son manifestaciones atinentes a la legalidad de la propia ejecución efectuada por la autoridad responsable y, de estimarlo procedente, debe hacerlas valer mediante los medios de defensa que estime pertinentes, pero no en vía de alegatos en esta revisión de cumplimiento de sentencia; pues, si bien es cierto, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, ello no significa que se tengan que analizar aspectos novedosos que no fueron examinados en la sentencia de amparo, ni aun "atendiendo al principio de economía procesal" contenido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, ya que ello no es la naturaleza de un acuerdo como el que nos ocupa -de cumplimiento del fallo amparador-. Sobre todo, porque los argumentos referidos están enderezados a impugnar la legalidad de la ejecución del cumplimiento del amparo, pero por nuevos motivos, lo que escapa del ámbito de análisis del estricto cumplimiento del fallo protector en donde la materia de estudio tiene su límite exclusivamente en los efectos precisados en la sentencia dictada en el juicio de amparo, de ahí que resulten inatendibles los agravios del defensor privado de la quejosa que vierte al respecto. Al respecto, es aplicable por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 29/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: * En mérito de todo la anterior, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria emitida por este órgano judicial sin excesos ni defectos. Recurso de inconformidad Con el único fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que, si la presente determinación es contraria a sus intereses, es su derecho recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Recurso respecto del cual tendrán un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para interponerlo Vista a la fiscal federal adscrita. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Datos estadísticos. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: a) El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo a la quejosa. b) El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la agente del ministerio público tercera interesada interpuso recurso de revisión. c) El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dictó ejecutoria en el recurso de revisión * (promovido contra la sentencia aquí dictada), en el sentido de confirmar la sentencia recurrida; la cual fue notificada a este órgano judicial el uno de febrero del actual. d) En auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad y, en vía de consecuencia, se requirió a la autoridad responsable ordenadora el cumplimiento a la misma. e) El once de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenadora, cumplió totalmente con la ejecutoria emitida por el tribunal colegiado. f) El trece de febrero del año en curso, se recibieron en la oficialía de este juzgado el oficio y las constancias con las cuales la juez responsable acreditó dicho cumplimiento. g) En auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada. h) El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés fue realizada la última notificación a las partes (quejosa) respecto del auto por el que se dio vista con el cumplimiento. i) En la presente fecha -veintiocho de febrero de dos mil veintitrés- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se agrega el oficio de cuenta, signado por la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, por cual comunica que el once de febrero de dos mil veintitrés, la persona privada de su libertad * -quejosa- fue egresada de dicho centro de reclusión y trasladada al domicilio ubicado en *, en donde permanecerá en resguardo domiciliario. De lo cual este órgano jurisdiccional toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a dar vista con lo anterior a las partes, porque ello ya aconteció mediante auto de cinco de los presentes. Escrito de la defensora particular. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por *, autorizada en términos amplios de la quejosa *, por el cual, a fin de desahogar la vista otorgada a las partes en proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, expone diferentes manifestaciones en relación a los actos de cumplimiento que realizó la autoridad judicial responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo vertido en el escrito de cuenta se tendrá como manifestaciones a considerar al momento de proveer sobre la calificación del cumplimiento de la sentencia, pues no se pasa por desapercibido que esas alegaciones ya las hizo valer ante la Juez de Control responsable, quien en auto de trece de febrero del actual le dio contestación. Auto que forma parte de las diligencias relativas al cumplimiento; de ahí que lo procedente es proveer respecto de esas alegaciones al momento de resolver si se encuentra o no cumplida la sentencia. Notifíquese; y cúmplase.

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