Alejandra Peralta Lorenzana

Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1002/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Peralta Lorenzana

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En diverso aspecto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando en este juicio de amparo se desechó de plano el escrito inicial, lo cierto es que en el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, se otorgó a la justiciable la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones combatidas; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos combatidos, la resolución de treinta y uno de agosto pasado, en donde este Juzgado Federal desechó de plano la demanda de amparo y la presente determinación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. De la primera razón de cuenta se advierte que en la diligencia de treinta de agosto del año en curso, relativa a la búsqueda y la localización de la quejosa Alejandra Peralta Lorenzana, ante la fe del Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional el Juez Calificador en turno de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, manifestó que no tenían detenida en los separos que se ubican en las instalaciones de la Policía Vial de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, a persona alguna y tampoco a la directa agraviada, dicho fedatario corroboró esta última situación al vocear el nombre de la disidente, sin que nadie respondiera a su llamado; además, la autoridad señalada indicó que la quejosa fue detenida a las siete horas con treinta minutos del treinta de los corrientes; empero, fue liberada porque manifestó que se sentía mal y tenía la presión alta, situación que se corroboró por el personal médico de guardia de aquella institución, por lo que se le prestó la atención para que pudiera retirarse del lugar indicado, sin ser detenida. En ese sentido, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y de las constancias que integran este sumario se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. En el caso, se advierte que respecto de los actos reclamados consistentes la privación de la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación que Sidronia Ríos Vásquez señaló que fue objeto la inconforme Alejandra Peralta Lorenzana, atribuidos al Juez Calificador en turno y al Comandante de la Policía Vial, ambas autoridades de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 y 15 del propio ordenamiento, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De los numerales transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. También se advierte que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada; esto es, la para la procedencia de este medio extraordinario de defensa se requiere necesariamente que el acto reclamado cause un perjuicio al gobernado que se estime afectado; es decir, que ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por lo que esa situación provoca la génesis de la acción constitucional, la cual puede ejercerla el propio justiciable, o bien, por su representante o apoderado, por su defensor o por cualquier otra persona en los casos previstos por la ley de la materia. El arábigo 6 de la Ley de Amparo prevé la legitimación procesal activa que se traduce en la potestad legal del gobernado para acudir a los órganos jurisdiccionales a pedir el inicio de la tramitación del juicio; o sea, se presenta cuando la acción de amparo es ejercida por quien tiene aptitud legal para hacerla valer, ya sea porque es titular del derecho subjetivo público o porque cuenta con la representación legal o convencional del titular del derecho, o bien, es defensor del agraviado o se trata de cualquier persona, en los casos en los que se reclame algún acto señalado por el normativo 15 de la citada legislación, a saber, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el inconforme se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Al respecto es ilustrativa la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 76, Primera Parte, página 45, séptima época, con registro 232899, de rubro y texto siguiente: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Ahora, de este sumario se advierte que el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional en su razón actuaria -la cual elaboró en atención a la encomienda dada en el auto de treinta de agosto pasado- el Juez Calificador en turno de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, manifestó que no tenían detenida en los separos que se ubican en las instalaciones de la Policía Vial de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, a la directa agraviada, lo cual se constató por dicho funcionario, que fue detenida a las siete horas con treinta minutos de la data indicada; empero, fue liberada posteriormente, porque manifestó que se sentía mal y tenía la presión alta, situación que se corroboró por el personal médico de guardia de aquella institución. De igual manera, se precisa que la promovente Sidronia Ríos Vásquez en el escrito inicial de demanda señaló que tuvo conocimiento que la agraviada Alejandra Peralta Lorenzana fue privada de su libertad a las diecinueve horas del treinta de agosto pasado y fue llevada ante el Juez Calificador en turno de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Con base en los elementos anteriores, se arriba a la conclusión de que Sidronia Ríos Vásquez no estaba legitimada para promover el juicio de amparo a favor de la agraviada Alejandra Peralta Lorenzana, conforme a lo estatuido por el arábigo 15 de la Ley de Amparo, porque a la hora y la fecha de presentación de la demanda de amparo, la disidente gozaba de su libertad personal y no existía obstáculo que le impidiera promover este juicio de protección de los derechos fundamentales en términos de lo prescrito por el numeral 6 de la citada legislación. Se sostiene lo anterior, porque el escrito inicial se presentó a las diecinueve horas con veintisiete minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como consta en la boleta de turno, momento en el que la inconforme ya no se encontraba detenida ni privada de su libertad personal; por tanto, la agraviada no se encontraba imposibilitada para promover el presente juicio constitucional en términos de lo señalado por el precepto 15 de la Ley de Amparo, sino que podía ejercer por sí la acción de amparo al gozar de su libertad ambulatoria en la hora y fecha señaladas, ya que fue puesta en libertad, posterior a la detención ocurrida a las siete horas con treinta minutos del treinta de agosto pasado; ya que fue liberada porque manifestó que se sentía mal y tenía la presión alta, situación que se corroboró por el personal médico de guardia de aquella institución. En esos términos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 y 15 del propio ordenamiento, porque Sidronia Ríos Vásquez no estaba legitimada para promover el juicio de amparo a favor de la agraviada Alejandra Peralta Lorenzana, conforme a lo estatuido por el arábigo 15 de esa legislación, sino que la justiciable podía ejercer la acción constitucional por sí, como lo establece el dispositivo 6 del citado ordenamiento, al no tener impedimento alguno para hacerlo; por tanto, con fundamento en lo prescrito por el normativo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo y se dejan sin efectos las providencias decretadas en el auto inicial de treinta de agosto de dos mil veintidós. Finalmente, agréguese sin mayor proveído la segunda razón de cuenta, relativa a la inexistencia de una autoridad responsable, dada la resolución de desechamiento de plano el escrito inicial que originó el presente sumario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Ténganse por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1002/2022. Suspensión de oficio y de plano. De la revisión de la demanda de amparo se advierte que la promovente ************ reclama del Juez Calificador en turno y del Comandante de la Policía Vial, ambas autoridades de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la privación de la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación que afirma es objeto la quejosa **************, sin que sea obstáculo que el escrito inicial no contenga la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de la promovente a pesar de que fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo no se requiere firma electrónica cuando el amparo se promueve conforme a lo estatuido por el ordinal 15 de la ley de la materia, lo cual acontece en el caso, ya se combate un acto que implica ataques a la libertad personal de la justiciable fuera de procedimiento. En ese contexto, se provee en cuanto a la suspensión de oficio y de plano lo siguiente: Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a mantener privada de la libertad personal a la directa quejosa fuera de procedimiento, hacerla víctima de malos tratos, incomunicación, coacción, castigos o tormentos y que puedan privarla de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de este Juzgador por lo que hace a su libertad personal. Apercibimiento a las autoridades responsables. Requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comuniquen, vía informe, a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano con el apercibimiento, que de no cumplir con ello se le impondrá una multa de cincuenta veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito en términos de lo dispuesto por el ordinal 262, fracción III, de la ley de la materia, por lo que de consumarse, de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. También deberán permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados de la directa agraviada, quienes deberán acatar las medidas sanitarias que se hayan implementado en la institución de que se trate ante la contingencia decretada para hacer frente al fenómeno de salud pública causado por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido que al momento de la notificación debe permitir, en el caso de que sea solicitado por el Actuario Judicial correspondiente el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes en el momento de la diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las aludidas autoridades por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Por otro lado, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que solicite que le proporcionen el control de ingreso que se maneje en la dependencia antes citada con relación a los detenidos, debiendo hacer constar dicho fedatario la hora y el día en el que la parte quejosa ingresó a la dependencia a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Prevención y apercibimiento a la directa agraviada. Tomando en consideración que la promovente del amparo señala que la agraviada ************ se encuentra privada de su libertad personal en los separos que se ubican en las instalaciones de la Policía Vial de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que se haga presente en los separos que se ubican en las instalaciones de la Policía Vial de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, o en cualquier otro lugar donde pueda ser localizada la quejosa ************** y al momento de la diligencia realice lo siguiente: a) Notifique a ************* este proveído. b) De fe de las condiciones físicas en las que se encuentra la inconforme ********* y la requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice. c) Requiera a la agraviada ************** para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por **********, dicho lapso será computado a partir del día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no ratificarla se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con lo que exponga la inconforme o concluido el mencionado plazo dese nueva cuenta a fin de proveer sobre la admisión de la demanda o no. Asimismo, con transcripción de este auto gírese oficio a las autoridades responsables para que permitan la entrada a esa institución al Actuario Judicial comisionado, así como el acceso a las listas o los registros que en la misma se lleven como control de ingresos y egresos de las personas detenidas a fin de cumplir su encomienda. Precisión de los efectos de la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento. Con fundamento en lo previsto por el numeral 164 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que en el caso de que el arresto o detención de la directa quejosa haya sido efectuado por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público en relación a la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad de la directa agraviada, o bien, ponerla a disposición de las autoridades investigadoras competentes. De manera semejante, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que la parte quejosa sea puesta en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya ejecutado la orden privativa de la libertad deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el registro del arresto o detención, pues los miembros de la policía que la realicen deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y la hora en las que la persona fue detenida o puesta a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada para el efecto que si la detención se hubiere realizado en flagrancia o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición a la agraviada deberá examinar de inmediato las condiciones en que éste se realizó, debiendo remitir a este Juzgado las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro del arresto o detención correspondiente a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar la libertad o solicitar la respectiva audiencia de control de la detención ante el Juez competente En caso de que el arresto de la directa agraviada obedezca a un supuesto distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad o consignada ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictada en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de un hecho continuo, el cual es susceptible de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de la parte quejosa y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente esté ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a la parte agraviada, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por la autoridad señalada como responsable, pues de consumarse no sería posible de restituir, en su caso, a la solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a la autoridad responsable que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenida la persona agraviada, respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. Apercíbase a la autoridad responsable que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada se emplearán los medios de apremio a que se refiere el numeral 211 de la ley de la materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública. Por otro lado, se ordena al Actuario de la adscripción para que solicite le proporcionen el control de ingreso que se maneje en las dependencias antes citadas con relación a los detenidos, debiendo hacer constar dicha fedataria la hora y el día en el que la parte quejosa ingresó a la dependencia a fin de acordar, en su caso, lo que en derecho corresponda. Vinculación de autoridades. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de una persona, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye un delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la parte agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona al Actuario de la adscripción para que en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades que no hayan sido señaladas en virtud del desconocimiento de la promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención, están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad de la quejosa. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables refieren que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al Actuario Judicial para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicha funcionaria, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a la autoridad responsable, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de las responsables, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo. AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Copias. Expídase a favor de la parte quejosa copia certificada de esta determinación, autorizando a la promovente para recibirla, previa identificación y razón de entrega que se asiente en autos. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la justiciable para recibir notificaciones el que se indica al calce del ocurso de cuenta. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Por otro lado, se tiene a la inconforme por señalados los números telefónicos y el correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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