Alejandra María Isabel Vera Vargas

Expediente 727/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
727/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Alejandra María Isabel Vera Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja número ********************, interpuesto por ********************, contra el auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés; por el que declaró infundado dicho medio de impuganación, acúsese recibo. Se toma conocimiento del fallo anterior, por lo que se ordena glosar a este expediente dicha ejecutoria y se procede a la destrucción de la copia certificada que devuelve, por carecer de objeto que se agregue a los presentes autos. Por otra parte, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción IV, del referido Acuerdo General en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, en relación a su contenido, se tiene al magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, informando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el proveído de dieciocho de julio del actual, por el que se desechó la demanda de amparo intentada por la parte quejosa e indica que lo registró con el progresivo **/***. En consecuencia, este órgano jurisdiccional toma nota de lo anterior. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. En atención a los dos escritos de la quejosa ****, se advierte que en ambos interpone recurso de queja contra el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir los referidos escritos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno; rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. Por último, se tiene como nuevo domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en sus escritos y por autorizados para tales efectos, a las personas que refiere por así solicitarlo expresamente. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional manifiesta que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal -ordenada en proveído de dieciocho de julio del año en curso- a la parte quejosa, por las razones que ahí expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación de la citada determinación y las subsecuentes, por lista de acuerdos, aún las de carácter personal. Notifíquese por lista. - - - - - I N S E R C I Ó N. - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; asimismo, regístrese con el número 727/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente; por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, debido a que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. n razón de ello, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador estima desechar de plano la demanda promovida por Alejandra María Isabel Vera Vargas porque se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, debido a que el acto que reclama no es impugnable en la vía constitucional, al provenir de autoridad que no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo. Para evidenciar porqué se surte dicha causal, resulta necesario transcribir los citados preceptos, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los preceptos legales transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de control constitucional puede derivar de otros preceptos de la Ley de Amparo o de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se evidencia que, en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita llevar a cabo el acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y finalmente, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a aquélla, que afecten derechos en los términos anteriormente indicados y cuyas funciones estén determinadas por una ley general. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de 2011, con el registro, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Aunado a lo antes expuesto, ese Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que por autoridad responsable debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Tiene aplicación al respecto la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, cuyos rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En función de lo anterior, no es dable estimar que una persona o ente constituya autoridad para efectos del juicio de amparo, si no reúne las características previamente apuntadas. En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas, a saber: a. Coordinación, b. Supra-subordinación y, c. Supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios previamente establecidos para que, coactivamente, se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra-subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados. Éstas se regulan por el derecho público establecido también en los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del estado, entre ellos, destaca el juicio contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los distintos mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución y algunos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las establecidas entre los órganos del propio estado. Una vez puntualizado lo anterior, en lo que al caso interesa, el Estado tiene una doble personalidad. La primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados. Y la segunda, como persona moral, sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último supuesto, si el estado contrata a una persona para desempeñar cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate y de los diversos funcionarios, que de acuerdo a sus atribuciones figuren en cualquier ámbito, en auxilio de la parte patronal frente a la persona contratada, su actuación de ninguna manera será investida de imperio, sino en una relación laboral peculiar o sui generis, surgida en un plano de coordinación. Es decir, de igualdad entre el propio estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio personal subordinado material, intelectual o de ambos géneros, en razón del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Como puede advertirse una de las notas distintivas del acto de autoridad es la existencia de una relación de supra a subordinación con un particular. Partiendo de lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que aquí la impetrante de amparo*** reclama de la coordinadora de enlace de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el inicio de un procedimiento administrativo de recisión de la relación laboral; sin embargo, el suscrito considera que al realizar ese acto, el referido ente público no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo. Asentado lo anterior, se procede realizar un análisis de la relación que existe entre la aquí quejosa y la coordinadora de enlace de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, puesto que la violación al inicio del procedimiento de recisión de la relación laboral reprochada no es acto de autoridad para efectos del amparo. Se justifica tal aseveración, porque la promovente *** funge como trabajadora de la coordinadora de enlace de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Es decir, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del amparo a la coordinadora de enlace de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ya que atendiendo a la naturaleza jurídica del acto que se le reclama, se llega a la conclusión de que no ejerce un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa, sino se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo. Además, si la aquí quejosa forma parte de la junta, no es factible considerar al primero como gobernado frente a la referida institución, porque el hecho de que inicien un procedimiento administrativo, no se realiza en un plano en el que la Junta realice alguna facultad para vencer la resistencia de la impetrante del amparo, por lo que al no encuadrar esa conducta en la característica aludida, no puede sostenerse que se trate de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que la Ley de Amparo, en su artículo 5 precise que los particulares puedan tener el carácter de autoridad cuando afecten derechos de manera unilateral y obligatoria como consecuencia de las funciones determinadas por una norma general; sin embargo, lo cierto es que, en el caso, la parte patronal ejerció las facultades que le concede la ley, dentro de la relación laboral existente entre las partes, por lo que, cualquier conflicto que emana de ese vínculo entre empleador-empleado debe dirimirse ante los tribunales laborales. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, con registro digital: 2011343, que refiere: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Por tal motivo, no puede considerarse en realidad como un planteamiento encaminado a evidenciar la vulneración de derechos fundamentales en perjuicio de la aquí inconforme, por encontrarse ausente el elemento de supra a subordinación característico del acto de autoridad. Ciertamente, se estima que no todos los actos de los órganos del Estado pueden ser calificados como de autoridad, destacándose en particular aquellos que solamente se refieren a asuntos internos del propio órgano (actos adintra) en tanto no tienen afectación directa a los ciudadanos y por ende, no vulneran de ninguna manera su esfera de derechos fundamentales, porque en esa relación no opera una suprasubordinación jerárquica. Por ello, se considera que no se reúnen las características necesarias para que el acto reprochado se proyecte como el establecimiento de una relación de supra-subordinación y que, por tanto, actualicen la procedencia del amparo, en razón de que no se está en presencia de actos que impliquen una relación en la que el Gobierno del Estado, de forma unilateral y con imperio afecte la esfera jurídica de la parte aquí quejosa. Conclusión directa de lo anterior es que, en razón de que el acto que se reclamó en esta vía no superó el primer supuesto del parámetro implementado para efectuar el análisis de su naturaleza jurídica y determinar si es o no un acto de autoridad susceptible de ser reclamado en amparo, resulta innecesario estudiar la satisfacción de los restantes tres supuestos, en razón de que las notas distintivas de los actos de autoridad deben ser conjuntivas, esto es, para estimar que un acto para efectos de ser combatido en amparo es de autoridad, debe reunir en conjunto y no alternativamente las cuatro características vertidas en esta ejecutoria. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial y como su autorizado con las facultades del precepto 12 de la Ley de Amparo a **, por contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales; no así a la persona restante, a quien este juzgador solamente lo autoriza con las restricciones a que aluden el artículo 24, párrafo segundo de la citada normativa. Por otra parte, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario que menciona, para la consulta del expediente electrónico. En ese orden, se comisiona a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que el referido usuario pueda consultar el presente expediente, tal como lo solicita. Juicio en línea. Debido a que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes o apoderados legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente

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