Alejandra Paola Osorio Otero
Expediente 1842/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1842/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alejandra Paola Osorio Otero
- M.A. A O
- Alejandro Nahum Alvarado Cantu y Otros.
- Alejandra Paola Osorio Otero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archívense el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario.
- Principal
SE EMITE ENGROSE DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
ACTA DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE CELEBRA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN CADA UNA DE SUS FASES.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que se presentaron ante este juzgado la perito oficial y la perito del tercero interesado, para el desahogo de los ejercicios caligráficos relativos a la prueba pericial ofrecida en autos; sin embargo, no compareció la quejosa no obstante haber sido notificada del auto de veintidós de febrero del presente año, como se desprende de este expediente. En mérito de lo anterior, toda vez que no compareció la aquí quejosa sin causa justificada a estampar las firmas para la realización de los ejercicios caligráficos señalados para esta fecha, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de febrero del año en curso, esto es, se le tiene reconociendo que no suscribió la demanda de amparo; por lo que una vez que se concluya la audiencia constitucional, resuélvase lo que en derecho corresponda. Lo anterior encuentra apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que con la negativa que asumió la quejosa de estampar las firmas para el desahogo de los ejercicios caligráficos y con ello llevar acabo el perfeccionamiento de la pericial ofrecida en el incidente de objeción de firmas que nos ocupa, ha entorpecido la administración de justicia, retardando la solución del conflicto, sin que el interés de la quejosa pueda estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no se puede supeditar su resolución al arbitrio o voluntad de una de las partes. Se estima aplicable por analogía, el siguiente criterio: "OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA. PROCEDE QUE EL JUZGADOR APERCIBA A LA PARTE CONTUMAZ CON TENERLA POR CIERTA, CUANDO SE NIEGUE INJUSTIFICADAMENTE A PROPORCIONAR EL DOCUMENTO ORIGINAL PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA RESPECTIVA PUES, DE LO CONTRARIO, SU DESLEAL PROCEDER LE ACARREARÍA UN BENEFICIO PROCESAL EN DETRIMENTO DE QUIEN FORMULÓ AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El hecho de que la parte demandada se niegue reiteradamente, a pesar de la aplicación de las medidas de apremio, a allegar un documento original para analizar las firmas en él plasmadas, no implica que el resultado del litigio se deje a su voluntad, porque de cualquier manera esa negativa u oposición debe tener una consecuencia jurídica que incida en el resultado del juicio; sin embargo, esto no se plasma expresamente en la ley. No obstante lo anterior, debe apuntarse, que cuando una parte se niegue o se oponga a cumplir con el mandato que le ordene allegar un documento, atendiendo al principio de buena fe del proceso, y ante la ineficacia de los medios de apremio, es menester que los juzgadores se conduzcan conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil lato sensu (entre la que se encuentra la ley procesal civil), deberán hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios generales del derecho. Así, se da la posibilidad de que apliquen diversos medios de interpretación, y ante la laguna que existe en la codificación adjetiva civil del Estado, en establecer una sanción para el caso de negativa injustificada y contumaz en allegar los documentos originales en detrimento de la parte que pretende demostrar la falsedad de la firma, se tiene que recurrir al método de integración de la norma. Así tenemos que si bien la legislación del Estado de Nuevo León, no contiene norma expresa que precise la consecuencia de la negativa a allegar el original para permitir el desahogo de la prueba pericial grafoscópica que analice la autenticidad de las firmas, debe recordarse que los Jueces se encuentran facultados para disipar toda disputa, amén de existir silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, con la aplicación debida de los principios generales del derecho, toda vez que bajo ninguna circunstancia podrán dejar de resolver la controversia suscitada ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de una de las partes que pretenda beneficiarse de su propio dolo. Por tanto, se considera que para subsanar esa laguna legal deben aplicarse, por analogía, las disposiciones concernientes a los principios reguladores de la confesión ficta contenidos en el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles local, conforme a los cuales se tiene por confesa a la parte citada a absolver posiciones cuando se niega a declarar o no comparece a la diligencia sin justa causa. En la inteligencia de que, como sucede con cualquier prueba ficta, en la especie, la presunción derivará de la omisión del demandado de permitir el desahogo de la prueba pericial para dilucidar la autenticidad de las firmas y, en su caso, deberá estar adminiculada con otras pruebas.". Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 164980. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Novena Época. Materias(s): Civil. Tesis: IV.1o.C.103 C. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 3021. Tipo: Aislada Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
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