Alejandra Paola Osorio Otero

Expediente 683/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
683/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Paola Osorio Otero
  • Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Una vez concluido el plazo de tres años posteriores al archivo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. En razón a lo anterior, devuélvanse los tomos de pruebas que se allegaron al presente juicio de amparo, a la autoridad responsable, al resultar innecesaria su retención.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad; que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 29, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; acto que no se transcribe por no haber disposición que lo imponga. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien la admitió a trámite el tres de mayo de dos mil veintidós; se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; se tuvo con el carácter de tercero interesado a ALEJANDRO NAHUM ALVARADO CANTÚ, quien fue legalmente emplazado a juicio; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales; 1, fracción V, 49, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial con residencia en esta ciudad, en un expediente de su índice. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Con base en dichas premisas, del análisis integral de la demanda, se determina que el acto reclamado consiste en: De la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad: El auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia 1077/2020. TERCERO. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acuerdo que se le reclama; por tanto, debe tenerse como cierto. Lo anterior, se corrobora de las constancias que en forma física remitió la responsable, y electrónicas, relativas al expediente de origen, esto último dado que su acceso fue compartido por la propia juez como se aprecia del penúltimo párrafo de su informe justificado; documentales a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes dicho, por analogía, y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 5/2021 (11a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/2018; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo I, página 147, Materia Común, registro digital 2023943, que dice: "FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS DE DICHO PODER PUEDEN UTILIZARLA EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA DENTRO DE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES QUE EMITAN. Hechos: Al resolver recursos de revisión interpuestos contra sentencias de amparo indirecto que fueron firmadas electrónicamente por el Juez de Distrito y por el secretario, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discreparon en cuanto a si dicha firma sustituye o no a la autógrafa y, en consecuencia, si la falta de esta última amerita la reposición del procedimiento. Criterio jurídico: Los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación pueden utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) en sustitución de la autógrafa dentro de las actuaciones y resoluciones judiciales que emitan. Justificación: De conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica tiene los mismos efectos que la firma autógrafa y debe ser utilizada por las partes para el envío de promociones y documentos, así como para ingresar y hacer uso del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, su uso no se agota en esos supuestos, pues el legislador determinó que sus bases y correcto funcionamiento fueran definidos mediante acuerdos generales. En uso de esa libertad configurativa, los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2015 establecieron la firma electrónica para los servidores públicos, otorgándole el mismo alcance que a la firma autógrafa, indicando que los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico y estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda; también se estableció que los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica tendrían el mismo valor que los impresos, y que la obligación de hacer coincidir íntegramente el expediente electrónico con el impreso, va en función del contenido y no de los signos físicos. Lo anterior, sin duda, permite que los servidores públicos utilicen la firma electrónica como alternativa a la autógrafa, al ser un signo electrónico fiable y seguro, que vincula al autor con el documento. Si a lo anterior se adiciona que uno de los motivos por los que se introdujo a la nueva Ley de Amparo la posibilidad de tramitar electrónicamente juicios de amparo fue proveer a los órganos jurisdiccionales con un mecanismo para simplificar las actuaciones procesales y generar procesos constitucionales más ágiles -sobre todo en aquellas situaciones extraordinarias derivadas de la presentación masiva de demandas de amparo-, es posible que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación utilicen la FIREL dentro de las actuaciones y resoluciones judiciales que emitan." CUARTO. En el presente asunto no se determinará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa mediante el estudio de los conceptos de violación expuestos, ya que no se entrará al análisis de tal cuestión, habida cuenta que quien esto resuelve advierte que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, y su estudio es preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en: El auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia 1077/2020. Así es, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Ahora, de las constancias remitidas por la responsable que ya fueron valoradas con anterioridad, se advierte como antecedentes jurídicos que dieron origen al citado acto reclamado, lo siguiente: I. ALEJANDRO NAHUM ALVARADO CANTÚ, promovió juicio ordinario civil 1077/2020, sobre reglas de convivencia de los menores de edad con iniciales M.A.A.O. y A.R.A.O., en contra de ALEJANDRA PAOLA OSORIO OTERO. II. El veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, se fijaron, de manera provisional, las reglas de convivencia de los citados menores de edad, con su padre, nombrado en el párrafo anterior. III. Seguido por sus trámites legales el juicio de origen, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se modificaron dichas reglas de convivencia, dada la contumacia de la demandada y aquí quejosa de cumplir con el régimen establecido con anterioridad; y, se apercibió a ésta que de no cumplir con lo ordenado, se procedería a decretar el cambio de guarda y custodia de los menores, a favor del padre; proveído el cual constituye el acto reclamado en este juicio de amparo (foja 186 a 200 del tomo dos de pruebas). IV. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, la juez responsable hizo efectivo el apercibimiento al que se refirió en el punto anterior, dado el incumplimiento de la parte demandada con el régimen de convivencia; por ende, se modificó la guarda y custodia de los menores de edad ya mencionados, para quedar en favor de su padre, en forma provisional, por lo que se ordenó a aquella los entregara al hoy tercero interesado, para lo cual se señaló una fecha, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se procedería a la ejecución forzosa de la determinación de mérito (foja 287 a 305 del tomo dos de pruebas). V. Como la demandada y aquí quejosa no dio cumplimento al requerimiento de trato, por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós (foja 37 a 50 del tomo tres de pruebas), la juez responsable autorizó el apercibimiento decretado en el auto indicado en el párrafo anterior, y en consecuencia, ordenó la ejecución forzosa para la entrega de los menores a su padre; en lo conducente, dicho acuerdo dice: Como puede verse del extracto del acuerdo de veintitrés de mayo del año en curso, se advierte que la juez responsable al ordenar la ejecución forzosa para la entrega de los menores a su padre, dejó establecido que una vez que quedara firme dicho auto, se girara oficio a la Procuraduría Municipal de Protección a la Familiar, La Mujer y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF de esta ciudad, a fin de que designe psicóloga especializada en materia de la niñez, para que asista a los menores para la entrega de estos a su padre, con el propósito de cuidar en todo momento su integridad psicológica, y no sean afectados en su salud emocional. Asimismo, que se girara oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, para que ordene elementos a su mando y presten auxilio para la entrega de los menores a su progenitor. De igual forma, la juez responsable ordenó hacer del conocimiento lo determinado al Agente del Ministerio Público de su adscripción. VI. En proveído de treinta y uno de mayo del presente año (fojas 87 y 88 del tomo tres de pruebas), la juez responsable declaró la firmeza del diverso de veintitrés de mayo del mismo año, y ordenó que se diera cumplimiento a este último, como puede verse a continuación: VII. La entrega de los menores de edad a su padre no fue posible efectuarse dado que la hoy quejosa no lo permitió. VIII. En auto de ocho de junio de dos mil veintidós (fojas 169 y 170 del tomo tres de pruebas), la juez responsable ordenó cancelar el servicio de convivencia familiar de los menores de edad con su padre aquí tercero interesado, atendiendo a que la madre de los mismos hoy quejosa, no los presentó en las fechas señaladas para dicha convivencia. Expuesto lo anterior, se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se había ordenado la modificación de las reglas de convivencia de los menores de edad con su padre. Ello, toda vez que se emitieron los autos de veintinueve de abril; veintitrés y treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en los que se ordenó, respectivamente, el cambio de custodia de los menores de edad, a favor de su padre, tomando en cuenta que la madre no los presentó en las fechas programadas para la convivencia familiar; asimismo, en donde se ordenó la ejecución forzosa de la entrega de los menores de edad quejosos, a su padre, y se dejó firme ese auto ordenándose su cumplimiento. Tales proveídos contienen sus propios fundamentos y motivos, así como nuevas disposiciones en relación con el auto aquí reclamado de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Determinaciones que correctas o no en sus fundamentos y motivos, y toma de decisiones en las mismas por parte de la juez responsable, son las que rigen actualmente, y que se estima sustituyen procesal y jurídicamente al acuerdo reclamado de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; por lo que, en su caso, sería aquellos acuerdos (de veintinueve de abril; veintitrés y treinta uno de mayo de dos mil veintidós) los que ahora causan agravio a la parte aquí quejosa; habida cuenta que, como también se dijo, la convivencia familiar de los menores de edad con su padre, fue cancelada en auto de ocho de junio del año pasado, dado que la quejosa y madre de los menores no los presentó. Con base en lo anterior, es inconcuso que al haber emitido la juez responsable los acuerdos de veintinueve de abril; veintitrés y treinta uno de mayo de dos mil veintidós, se produce una consumación plena respecto del auto aquí reclamado; máxime que aquellos acuerdos fueron emitidos con posterioridad a dicho acto reclamado y lo sustituyen en todas sus partes. Por similitud jurídica y razones de derecho contenidas, es de aplicación la jurisprudencia VII.4o. J/1, del Cuarto Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Octubre de 1991, Materia Común, página 115, registro 221594, que dice: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. CASO DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE. Si en un amparo directo se impugna la sentencia de primer grado, respecto de la cual se pronunció otra que la sustituye procesalmente (la resolución que recayó al recurso de apelación), debe considerarse que han cesado los efectos de aquélla, y, por ende, el juicio de garantías interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia resulta improcedente y debe sobreseerse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que aquella se refiere al caso en que, por ejemplo, la autoridad responsable, mediante algún recurso o medio ordinario de defensa revoca la determinación que se reclame en amparo, con lo que cesarían los efectos de una resolución o determinación procesal; pero en el caso, se está ante la hipótesis en que, se insiste, la nuevas decisiones que se tomaron en los autos de veintinueve de abril; veintitrés y treinta uno de mayo de dos mil veintidós, modifican sustancialmente la convivencia familiar que se había determinado en el acuerdo reclamado, ya que inclusive, se ordenó un cambio en la custodia de los menores y se ordenó la entrega de los mismos a su padre; de ahí que esas nuevas determinaciones emitidas con posterioridad al acto reclamado no pueden ser materia de examen en este juicio biinstancial. Ello es así, en virtud de que, la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, conduce a sostener la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: la primera, por revocación, que se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda, por sustitución, supuesto que se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia del reclamado, como en el caso acontece. Lo anterior reviste de vital importancia si tomamos en consideración que ningún efecto práctico tendría analizar la constitucionalidad del auto reclamado, cuando este ha dejado de surtir efectos, pues ha sido sustituido procesalmente por otros, que contienen sus propios fundamentos y motivos legales; de lo contrario, de emitir sentencia amparadora, con sus efectos se afectaría los acuerdos de veintinueve de abril; veintitrés y treinta uno de mayo de dos mil veintidós, que son los que ahora rigen la situación jurídica de las partes en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." También es sustento legal de la conclusión a la que se arribó, por igualdad de razón jurídica, la tesis I.3o.C.769 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio. Por tal motivo, no se analizarán los razonamientos de fondo que se hayan hecho valer en relación con el acto reclamado, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano judicial se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. De igual forma, cabe indicar que este órgano jurisdiccional no se ocupará del análisis de los alegatos que, en su caso, se hayan formulado en cuanto al fondo del asunto, toda vez que los mismos no forman parte de la litis constitucional, además de que este órgano no se encuentra obligado a dar contestación a dichos argumentos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 683/2022-V, promovido por ALEJANDRA PAOLA OSORIO OTERO, por propio derecho y en representación de los menores de edad de iniciales M.A.A.O. y A.R.A.O.; respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, hoy dieciséis de marzo de dos mil veintitrés; ante José Luis González Arredondo, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito firmado por el licenciado Gustavo Alfredo Zamora Loya, representante de los menores en el presente sumario, y en atención a su contenido, de ser el caso, se ordena tomar en consideración, las manifestaciones a manera de alegato que vertió en su diverso ocurso de seis de diciembre del año en curso, al momento de resolver el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, fórmese el presente cuadernillo para que se agregue a los autos el escrito firmado por el licenciado Gustavo Alfredo Zamora, representante especial de los menores de identidad reservada; y respecto de su contenido, sin que haya lugar a tomarse en consideración, toda vez que el seis de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia Constitucional, posterior a la hora de presentación del escrito de cuenta. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Domingo Alberto Martínez Nava, que autoriza y da fe.

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