Alejandra Martínez Robles
Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alejandra Martínez Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de veintitrés de febrero del año en curso; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivo, en el entendido que los concernientes a las autoridades responsables, serán remitidos mediante oficio, en tanto que para las demás partes queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, así como en el expediente electrónico de este sumario y en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 47/2023 A-II Certificación. En Hermosillo, Sonora a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: Informes justificados rendidos conjuntamente por los encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones (antes Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales) y jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales (antes Departamento de Créditos); así como los rendidos por el subdirector de Finanzas y encargada del despacho del Departamento de Control de Fondos dependiente de la Subdirección de Finanzas, todos pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). Constancia de emplazamiento a la representación social de la adscripción; y, Pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa; así como la documental, confesional expresa, presuncional en su triple aspecto (legal, lógico y humano) e instrumental de actuaciones, ofertadas por los encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Asimismo, hago constar que: En el auto de radicación, este juzgado estimó que, dada la naturaleza del acto reclamado, no existía tercero interesado; y, Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. María Guadalupe Noriega Vega Secretaria de juzgado Juicio de amparo 47/2023 A-II Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes ?autoridades responsables, parte quejosa y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con los medios de convicción aportados por las partes, a saber: documentales exhibidas por la parte quejosa; asimismo, la documental, confesional expresa, presuncional en su triple aspecto e instrumental de actuaciones ofrecidas por las autoridades responsables, encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Alejandra Martínez Robles, contra los actos atribuidos al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el diez de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Alejandra Martínez Robles, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a las autoridades que más adelante se precisarán. Se admite demanda. Por acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al representante social federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que las autoridades responsables tienen su asiento en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de entregar el equivalente a las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global). Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cuya certeza se desprende de las manifestaciones realizadas por los encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento Prestaciones Económicas Sociales, ambos pertenecientes al Instituto en cita, al rendir sus informes justificados de manera conjunta; además, dicha certeza deriva de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como de la documental exhibida por la citada parte, de la que se desprende que presentó ante el Instituto responsable su solicitud de devolución de fondo de indemnización global desde el quince de julio de dos mil veintidós, sin que a la fecha exista noticia de que se haya realizado su pago. Además, la entrega por concepto de indemnización global de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ahora Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción IV y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho Instituto. Al respecto, cabe destacar que, como se precisó, el pago de los fondos de indemnización global está a cargo de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, a través del Departamento de Créditos; aunado a que el Departamento de Control de Fondos se encuentra adscrito a la Subdirección de Finanzas del referido Instituto, tal como se desprende de los artículos 63.04.03 y 63.06.01 del Manual de Organización de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Consideraciones jurídicas Toda vez que vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. En atención a la causa de pedir, son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la quejosa, en los cuales aduce, que las autoridades responsables no han realizado las medidas necesarias para el pago de las aportaciones a que tiene derecho. Con el fin de centrar la litis, es necesario precisar que, el motivo de inconformidad de la quejosa se traduce a una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, en virtud que desde la fecha en que inició el trámite para el pago de la indemnización global, éste aún no concluye y, por ende, no se le ha entregado la suma respectiva. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, al efecto, establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, ésta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas. De ahí que los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento Por ejemplo: El artículo 111-C, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Comisión Ejecutiva, salvo algunas excepciones, resolver sobre las operaciones del Fondo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente. El artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Así, como se observa, el actuar de las responsables se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de devolución de la indemnización global, lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas a lo largo de esta sentencia, dicho procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables." "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles; plazo máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque las responsables no han tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite relativo al pago de las aportaciones al fondo de pensiones, a través del área correspondiente. Es así, pues de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quince de julio de dos mil veintidós, solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del área correspondiente, el pago por concepto de indemnización global. Por su parte, las autoridades responsables, encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y del Departamento Prestaciones Económicas Sociales, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el informe justificado rendido conjuntamente, informaron que en el caso el trámite de la parte quejosa fue turnado con número de contra recibo 5004, por la cantidad de $238,322.41 (doscientos treinta y ocho mil trescientos veintidós pesos 41/100 moneda nacional), se encuentra registrado ante el Departamento de Contabilidad dependiente de la Subdirección de Finanzas de este Instituto, para la programación del pago. En esa tesitura, debe entenderse que no puede tenerse como concluido el trámite a la solicitud que no ocupa hasta en tanto se efectúe la entrega del consabido pago a la impetrante, pues como ya se precisó con antelación, la entrega del concepto de indemnización de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ahora Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción IV y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho Instituto. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de pago de indemnización, a la fecha en que se resuelve, han transcurrido más de siete meses, esto es, el plazo de cuarenta y cinco días para dar contestación a la petición formulada ha transcurrido; hecho que evidentemente le depara perjuicio a la quejosa, dado que la responsable aún no ha culminado el trámite relativo a la devolución de las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global), esto es, la entrega a la impetrante de amparo el monto por el concepto aludido. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de las dependencias, se concede la protección constitucional solicitada por la quejosa. V. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: Provean los mecanismos para que de resultar procedente, realicen el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de fondo de pensiones (indemnización global). En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra Martínez Robles, por las razones, fundamentos establecidos en el apartado IV, y para los efectos referidos en el diverso V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega En esta fecha se generaron los oficios 4373, 4374, 4375 y 4376, se asienta para constancia. 4369, 4370, 4371 y 4372 Juicio de amparo 47/2023 A-II Certificación. En Hermosillo, Sonora a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: Informes justificados rendidos conjuntamente por los encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones (antes Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales) y jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales (antes Departamento de Créditos); así como los rendidos por el subdirector de Finanzas y encargada del despacho del Departamento de Control de Fondos dependiente de la Subdirección de Finanzas, todos pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). Constancia de emplazamiento a la representación social de la adscripción; y, Pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa; así como la documental, confesional expresa, presuncional en su triple aspecto (legal, lógico y humano) e instrumental de actuaciones, ofertadas por los encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Asimismo, hago constar que: En el auto de radicación, este juzgado estimó que, dada la naturaleza del acto reclamado, no existía tercero interesado; y, Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. María Guadalupe Noriega Vega Secretaria de juzgado Juicio de amparo 47/2023 A-II Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes ?autoridades responsables, parte quejosa y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con los medios de convicción aportados por las partes, a saber: documentales exhibidas por la parte quejosa; asimismo, la documental, confesional expresa, presuncional en su triple aspecto e instrumental de actuaciones ofrecidas por las autoridades responsables, encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Alejandra Martínez Robles, contra los actos atribuidos al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el diez de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Alejandra Martínez Robles, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a las autoridades que más adelante se precisarán. Se admite demanda. Por acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al representante social federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que las autoridades responsables tienen su asiento en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de entregar el equivalente a las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global). Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cuya certeza se desprende de las manifestaciones realizadas por los encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento Prestaciones Económicas Sociales, ambos pertenecientes al Instituto en cita, al rendir sus informes justificados de manera conjunta; además, dicha certeza deriva de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como de la documental exhibida por la citada parte, de la que se desprende que presentó ante el Instituto responsable su solicitud de devolución de fondo de indemnización global desde el quince de julio de dos mil veintidós, sin que a la fecha exista noticia de que se haya realizado su pago. Además, la entrega por concepto de indemnización global de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ahora Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción IV y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho Instituto. Al respecto, cabe destacar que, como se precisó, el pago de los fondos de indemnización global está a cargo de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, a través del Departamento de Créditos; aunado a que el Departamento de Control de Fondos se encuentra adscrito a la Subdirección de Finanzas del referido Instituto, tal como se desprende de los artículos 63.04.03 y 63.06.01 del Manual de Organización de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Consideraciones jurídicas Toda vez que vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. En atención a la causa de pedir, son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la quejosa, en los cuales aduce, que las autoridades responsables no han realizado las medidas necesarias para el pago de las aportaciones a que tiene derecho. Con el fin de centrar la litis, es necesario precisar que, el motivo de inconformidad de la quejosa se traduce a una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, en virtud que desde la fecha en que inició el trámite para el pago de la indemnización global, éste aún no concluye y, por ende, no se le ha entregado la suma respectiva. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, al efecto, establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, ésta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas. De ahí que los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento Por ejemplo: El artículo 111-C, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Comisión Ejecutiva, salvo algunas excepciones, resolver sobre las operaciones del Fondo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente. El artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Así, como se observa, el actuar de las responsables se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de devolución de la indemnización global, lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas a lo largo de esta sentencia, dicho procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables." "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles; plazo máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque las responsables no han tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite relativo al pago de las aportaciones al fondo de pensiones, a través del área correspondiente. Es así, pues de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quince de julio de dos mil veintidós, solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del área correspondiente, el pago por concepto de indemnización global. Por su parte, las autoridades responsables, encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y del Departamento Prestaciones Económicas Sociales, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el informe justificado rendido conjuntamente, informaron que en el caso el trámite de la parte quejosa fue turnado con número de contra recibo 5004, por la cantidad de $238,322.41 (doscientos treinta y ocho mil trescientos veintidós pesos 41/100 moneda nacional), se encuentra registrado ante el Departamento de Contabilidad dependiente de la Subdirección de Finanzas de este Instituto, para la programación del pago. En esa tesitura, debe entenderse que no puede tenerse como concluido el trámite a la solicitud que no ocupa hasta en tanto se efectúe la entrega del consabido pago a la impetrante, pues como ya se precisó con antelación, la entrega del concepto de indemnización de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ahora Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción IV y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho Instituto. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de pago de indemnización, a la fecha en que se resuelve, han transcurrido más de siete meses, esto es, el plazo de cuarenta y cinco días para dar contestación a la petición formulada ha transcurrido; hecho que evidentemente le depara perjuicio a la quejosa, dado que la responsable aún no ha culminado el trámite relativo a la devolución de las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global), esto es, la entrega a la impetrante de amparo el monto por el concepto aludido. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de las dependencias, se concede la protección constitucional solicitada por la quejosa. V. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: Provean los mecanismos para que de resultar procedente, realicen el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de fondo de pensiones (indemnización global). En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra Martínez Robles, por las razones, fundamentos establecidos en el apartado IV, y para los efectos referidos en el diverso V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega En esta fecha se generaron los oficios 4373, 4374, 4375 y 4376, se asienta para constancia. Juicio de amparo 47/2023 A-II Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes ?autoridades responsables, parte quejosa y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con los medios de convicción aportados por las partes, a saber: documentales exhibidas por la parte quejosa; asimismo, la documental, confesional expresa, presuncional en su triple aspecto e instrumental de actuaciones ofrecidas por las autoridades responsables, encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Alejandra Martínez Robles, contra los actos atribuidos al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el diez de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Alejandra Martínez Robles, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a las autoridades que más adelante se precisarán. Se admite demanda. Por acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al representante social federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que las autoridades responsables tienen su asiento en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de entregar el equivalente a las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global). Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cuya certeza se desprende de las manifestaciones realizadas por los encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento Prestaciones Económicas Sociales, ambos pertenecientes al Instituto en cita, al rendir sus informes justificados de manera conjunta; además, dicha certeza deriva de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como de la documental exhibida por la citada parte, de la que se desprende que presentó ante el Instituto responsable su solicitud de devolución de fondo de indemnización global desde el quince de julio de dos mil veintidós, sin que a la fecha exista noticia de que se haya realizado su pago. Además, la entrega por concepto de indemnización global de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ahora Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción IV y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho Instituto. Al respecto, cabe destacar que, como se precisó, el pago de los fondos de indemnización global está a cargo de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, a través del Departamento de Créditos; aunado a que el Departamento de Control de Fondos se encuentra adscrito a la Subdirección de Finanzas del referido Instituto, tal como se desprende de los artículos 63.04.03 y 63.06.01 del Manual de Organización de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Consideraciones jurídicas Toda vez que vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. En atención a la causa de pedir, son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la quejosa, en los cuales aduce, que las autoridades responsables no han realizado las medidas necesarias para el pago de las aportaciones a que tiene derecho. Con el fin de centrar la litis, es necesario precisar que, el motivo de inconformidad de la quejosa se traduce a una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, en virtud que desde la fecha en que inició el trámite para el pago de la indemnización global, éste aún no concluye y, por ende, no se le ha entregado la suma respectiva. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, al efecto, establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, ésta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas. De ahí que los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento Por ejemplo: El artículo 111-C, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Comisión Ejecutiva, salvo algunas excepciones, resolver sobre las operaciones del Fondo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente. El artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Así, como se observa, el actuar de las responsables se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de devolución de la indemnización global, lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas a lo largo de esta sentencia, dicho procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables." "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles; plazo máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque las responsables no han tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite relativo al pago de las aportaciones al fondo de pensiones, a través del área correspondiente. Es así, pues de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quince de julio de dos mil veintidós, solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del área correspondiente, el pago por concepto de indemnización global. Por su parte, las autoridades responsables, encargados del despacho de la Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y del Departamento Prestaciones Económicas Sociales, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el informe justificado rendido conjuntamente, informaron que en el caso el trámite de la parte quejosa fue turnado con número de contra recibo 5004, por la cantidad de $238,322.41 (doscientos treinta y ocho mil trescientos veintidós pesos 41/100 moneda nacional), se encuentra registrado ante el Departamento de Contabilidad dependiente de la Subdirección de Finanzas de este Instituto, para la programación del pago. En esa tesitura, debe entenderse que no puede tenerse como concluido el trámite a la solicitud que no ocupa hasta en tanto se efectúe la entrega del consabido pago a la impetrante, pues como ya se precisó con antelación, la entrega del concepto de indemnización de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ahora Subdirección de Pensiones Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción IV y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho Instituto. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de pago de indemnización, a la fecha en que se resuelve, han transcurrido más de siete meses, esto es, el plazo de cuarenta y cinco días para dar contestación a la petición formulada ha transcurrido; hecho que evidentemente le depara perjuicio a la quejosa, dado que la responsable aún no ha culminado el trámite relativo a la devolución de las aportaciones al fondo de pensiones (indemnización global), esto es, la entrega a la impetrante de amparo el monto por el concepto aludido. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de las dependencias, se concede la protección constitucional solicitada por la quejosa. V. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: Provean los mecanismos para que de resultar procedente, realicen el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de fondo de pensiones (indemnización global). En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra Martínez Robles, por las razones, fundamentos establecidos en el apartado IV, y para los efectos referidos en el diverso V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, toda vez que no transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agregan a los autos los informes justificados rendidos por el subdirector de Finanzas y la encargada del despacho del Departamento de Control de Fondos dependiente de la Subdirección de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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