Alejandra Jovana Durazo Valenzuela

Expediente 1268/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1268/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Jovana Durazo Valenzuela
  • Juez Oral de lo Penal de Primera Instancia, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria correspondiente a la queja administrativa ***, en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido para los efectos puntualizados en la última parte del considerando cuarto." Háganse las anotaciones correspondientes. En relación con la determinación plenaria, en proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, se designó a la Procuraduría Agraria, para que fungiera como representante legal del tercero interesado ********************, por lo que, se está en espera de la aceptación de tal cargo, para ordenar el emplazamiento respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la última de las partes en ser notificada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Capturas. En esa virtud, háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Incidente de suspensión. En consecuencia de lo anterior, gírese oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para que remita la ejecutoria del incidente civil en revisión ***, para que tenga a bien remitir el original del cuaderno incidental de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, a fin de proveer lo correspondiente. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables, y al tribunal de alzada. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el contenido del auto de 22/septiembre/2023, que dice:Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Se remiten constancias. Glósense a los autos el oficio con anexo de cuenta que remitió la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó el estado procesal que guarda la causa penal ******************** de su índice, instruida en contra de la aquí quejosa Alejandra Jovana Durazo Valenzuela. Pruebas. En consecuencia, de conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que provienen de una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Estado procesal. Por otra parte del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La orden de detención, comparecencia y aprehensión, que se emita en su contra. Por su parte de las constancias que remite la autoridad oficiante se advierte que en la causa penal de origen ********************, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo audiencia mediante la cual se vinculó a proceso a Alejandra Jovana Durazo Valenzuela, por el delito de amenazas, previsto y señalado por el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Isaac Fimbres Martínez. Asimismo, tal autoridad precisa que se le impusieron medidas cautelares, mismas que tendrían vigencia durante todo el tiempo que se encuentre abierto el proceso penal de origen, las cuales consisten en: La presentación de la firma mensual ante la autoridad Dirección General de Servicios Previos al Juicio y Medidas Cautelares, de esta ciudad, imponiéndole un término de tres días hábiles para comparecer ante dicha institución. La prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la víctima y testigo; como acercarse o convivir con la víctima o testigo en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Asimismo, se autorizaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria con las consecuencias de los artículos 321 y 323, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior se advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el contenido de la hipótesis normativa es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (...)" Análisis de la causa de improcedencia. De la lectura del precepto antes transcrito es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, de la Novena Época, que textualmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De lo anterior se tiene que la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Como puede advertirse, esta causal opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente. Esto es, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente del derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Normativa. El artículo 211, fracciones II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: (...) II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento..." Conforme a la disposición legal en cita, se colige que la etapa intermedia tiene su culminación con el dictado del auto de apertura a juicio; y el inicio de la de juicio es desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el dictado de sentencia. En ese sentido, como ya se dijo de las constancias que la autoridad responsable remitió probanzas a las que se les otorgó valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se pone de relieve que el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo audiencia mediante la cual se vinculó a proceso a Alejandra Jovana Durazo Valenzuela, por el delito de amenazas, previsto y señalado por el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Isaac Fimbres Martínez. Asimismo, tal autoridad informó que se le impusieron medidas cautelares, mismas que tendrán vigencia durante todo el tiempo que se encuentre abierto el proceso penal de origen ********************. Consecuentemente, se tiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que en el presente juicio, la parte quejosa señala la orden de aprehensión y la ejecución emitida en su contra, y de las constancias adjuntas, se advierte que se emitió el auto de vinculación a proceso, por tanto se colige que el acto que reclama la parte quejosa cambió de etapa procesal. En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática de la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, el presente asunto es improcedente. Robustece lo anterior la tesis III.2o.P.150 P (10a.), en Materia Común, Penal; de la décima época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultabe en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675; con registro digital 2019590, de rubro y texto literal siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla. Conclusión. Por lo que, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Se remiten constancias. Glósense a los autos el oficio con anexo de cuenta que remitió la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó el estado procesal que guarda la causa penal ******************** de su índice, instruida en contra de la aquí quejosa Alejandra Jovana Durazo Valenzuela. Pruebas. En consecuencia, de conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que provienen de una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Estado procesal. Por otra parte del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La orden de detención, comparecencia y aprehensión, que se emita en su contra. Por su parte de las constancias que remite la autoridad oficiante se advierte que en la causa penal de origen ********************, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo audiencia mediante la cual se vinculó a proceso a Alejandra Jovana Durazo Valenzuela, por el delito de amenazas, previsto y señalado por el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Isaac Fimbres Martínez. Asimismo, tal autoridad precisa que se le impusieron medidas cautelares, mismas que tendrían vigencia durante todo el tiempo que se encuentre abierto el proceso penal de origen, las cuales consisten en: La presentación de la firma mensual ante la autoridad Dirección General de Servicios Previos al Juicio y Medidas Cautelares, de esta ciudad, imponiéndole un término de tres días hábiles para comparecer ante dicha institución. La prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la víctima y testigo; como acercarse o convivir con la víctima o testigo en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Asimismo, se autorizaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria con las consecuencias de los artículos 321 y 323, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior se advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el contenido de la hipótesis normativa es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (...)" Análisis de la causa de improcedencia. De la lectura del precepto antes transcrito es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, de la Novena Época, que textualmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De lo anterior se tiene que la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Como puede advertirse, esta causal opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente. Esto es, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente del derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Normativa. El artículo 211, fracciones II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: (...) II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento..." Conforme a la disposición legal en cita, se colige que la etapa intermedia tiene su culminación con el dictado del auto de apertura a juicio; y el inicio de la de juicio es desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el dictado de sentencia. En ese sentido, como ya se dijo de las constancias que la autoridad responsable remitió probanzas a las que se les otorgó valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se pone de relieve que el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo audiencia mediante la cual se vinculó a proceso a Alejandra Jovana Durazo Valenzuela, por el delito de amenazas, previsto y señalado por el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Isaac Fimbres Martínez. Asimismo, tal autoridad informó que se le impusieron medidas cautelares, mismas que tendrán vigencia durante todo el tiempo que se encuentre abierto el proceso penal de origen ********************. Consecuentemente, se tiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que en el presente juicio, la parte quejosa señala la orden de aprehensión y la ejecución emitida en su contra, y de las constancias adjuntas, se advierte que se emitió el auto de vinculación a proceso, por tanto se colige que el acto que reclama la parte quejosa cambió de etapa procesal. En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática de la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, el presente asunto es improcedente. Robustece lo anterior la tesis III.2o.P.150 P (10a.), en Materia Común, Penal; de la décima época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultabe en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675; con registro digital 2019590, de rubro y texto literal siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla. Conclusión. Por lo que, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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