Alejandra González Velázquez
Expediente 163/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alejandra González Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, se advierte que ya obran en autos las constancias de notificación de del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, así como las relativas al acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés por medio del cual se hizo del conocimiento a las partes, la interposición del recurso de revisión en contra del proveído en cita; por tanto, remítase el original del presente juicio de amparo, el original del escrito de agravios y copia simple del mismo; al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en Turno, con sede en Apizaco, para que proceda conforme a sus atribuciones. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, presentado físicamente con firma autógrafa, por el que interpone recurso de revisión contra la determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el presente expediente; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de agravios, como lo establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, y, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, escrito de expresión de agravios y una copia para la representación social, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Por otra parte, con copia de la demanda, audiencia constitucional y sentencia, así como de escrito agravios, fórmese cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto. Notifíquese por medio de lista a la quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizado legal en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de los informes previos y anexos rendidos por las autoridades responsables y de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el presente incidente de suspensión; atento a ello, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa identificación, toma de razón y recibo que obre en autos; asimismo, se tiene como autorizado para tal efecto a la persona que indica. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios y anexos de los 1Integrantes de la Comisión Central Mixta de Capacitación de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y por el 2Director de Administración, ambos del Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala", así como por el 3Secretario Técnico de la Comisión Central Mixta de Capacitación de la Sección Veintisiete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informe justificado. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se les tiene a las primeras dos autoridades oficiantes designando delegados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables: - 1Integrantes de la Comisión Central Mixta de Capacitación de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y por el 2Director de Administración, ambos del Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala", copia certificada de la solicitud de tiempo beca con comisión oficial fechada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós firmada por la parte quejosa; de la minuta de la sesenta y cinco sesión ordinaria de la Comisión Central Mixta de Capacitación de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala", de diecisiete de enero de dos mil veintitrés; y del oficio número 5018-DA/RH/ORL/MP/200-B/01/2023 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. - 3Secretario Técnico de la Comisión Central Mixta de Capacitación de la Sección Veintisiete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), copia simple de la sesión extraordinaria del Comité Local Mixto de Capacitación y Becas, de nueve de enero de dos mil veintitrés; copia simple del Reglamento de Capacitación de la Secretaría de Salud; copia simple de la minuta de la sesenta y cinco sesión ordinaria de la Comisión Central Mixta de Capacitación de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala", de diecisiete de enero de dos mil veintitrés; y copia certificada del oficio número 5018-DA/RH/ORL/MP/200-B/01/2023 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de resolver. Ahora, de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda de amparo y del diverso aclaratorio, se observa que la parte quejosa reclama: a) De la Comisión Central Mixta de Capacitación y Secretario Técnico adscrito a dicha Comisión, la omisión de dar contestación a su solicitud de "Tiempo Beca con Comisión Oficial" de cinco de diciembre de dos mil veintidós, presentada ante esa Comisión el trece de diciembre de dos mil veintidós. b) Del Director de Administración del OPD Salud, Tlaxcala, el oficio 5018-DA/RH/ORL/MP/200-B/01/2023, de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. En tal virtud, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se observa copia certificada de la minuta de la sexagésima quinta sesión ordinaria de la Comisión Central Mixta de Capacitación de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala", de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en la que se determinó lo relativo a la solicitud de "Tiempo Beca con Comisión Oficial" presentada por la quejosa el trece de diciembre de dos mil veintidós; acuerdo que se le fue notificado el cuatro de febrero de dos mil veintitrés mediante oficio 5018-DA/RH/ORL/MP/200-B/01/2023, de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, de las constancias de autos se aprecia que el escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, residente en esta ciudad de Apizaco, el trece de febrero de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, al haberse atendido, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, la petición que la quejosa formuló en su escrito presentado ante la autoridad responsable el trece de diciembre de dos mil veintidós, lo cual le fue notificado mediante oficio 5018-DA/RH/ORL/MP/200-B/01/2023, de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el cuatro de febrero último, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (trece de febrero de dos mil veintitrés); es evidente que no existe la omisión reclamada. Por tanto, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, respecto del acto reclamado señalado con el inciso a), en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, materia común, registro 184572, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otra, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se considera que, respecto del acto reclamado señalado con el inciso b), en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los diversos preceptos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, del mismo ordenamiento prevén: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Las disposiciones transcritas establecen, respectivamente, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por la ley; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sin embargo, dichos actos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen una naturaleza eminentemente laboral que se generan por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón; es decir, deriva de la relación laboral que sostiene en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo, por lo cual respecto de los actos reclamados, las personas jurídicas que señala como responsables no se encuentran en un plano superior como autoridades, sino en su calidad de patrón y superior jerárquico de la ahora promovente, quien se ostenta como enfermera-operativa adscrita al Hospital General de Tlaxcala, tal como se advierte de las constancias remitidas por las autoridades responsables. De modo que, cualquier decisión que adopten las dependencias señaladas como responsables, en su carácter de patrón y superior jerárquico, con motivo del desempeño de las funciones de la trabajadora, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea interino o de base o de confianza- y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, los actos de que se duele no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del amparo. Lo anterior es así pues, para efectos del juicio de amparo, autoridad es el órgano público que emite, ordena, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita un acto que de realizarse tendría esos mismos efectos, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados, cuyas funciones estén determinadas, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por consiguiente, aun cuando en algunas ocasiones el Estado puede obrar como autoridad y en otras como persona de derecho privado, no debe confundirse que en uno y otro caso, los actos positivos, negativos u omisivos que se le atribuyen, puedan reclamarse en el juicio de amparo, pues en el primero supuesto, obra como autoridad haciendo uso de los atributos propios de su soberanía encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria, mientras que en el segundo, actúa al igual que los individuos particulares, ejecuta actos que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares. Consecuentemente, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de: - Las relaciones jurídicas de coordinación; - Las de supra a subordinación; y, - Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página 1089, Materia(s) Común, Registro 161133, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por otra parte, es necesario precisar que el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo dispone, por regla general, que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares ".cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general." Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese contexto, el término lingüístico "equivalente" consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. De esta forma, si bien es verdad que los actos provenientes de particular, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos de particular, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y de la interpretación sistemática de los señalados artículos 5, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Así, los elementos esenciales para reconocer autoridad al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo se presentan cuando un particular en agravio de otro le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria. Robustece lo expuesto, la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Página 1943, Materia(s) Común, Registro 2009420, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: 'AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.', el concepto jurídico de 'autoridad responsable' lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." En suma, el juicio de amparo no es el medio para reclamar el oficio 5018-DA/RH/ORL/MP/200- B/01/2023, de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dado que la impetrante tiene a su alcance para hacer valer su reclamación, la vía procesal ordinaria tramitable ante las autoridades de trabajo competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre la agraviada y las autoridades responsables. Así las cosas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron las diez horas con trece minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en líneas que anteceden, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos dicha audiencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a las autoridades responsables.
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