Alejandra García Valderrama

Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 34 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
918/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandra García Valderrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 918/2023, promovido por Alejandra García Valderrama, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y recibido el día siguiente, en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Alejandra García Valderrama, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDADES: Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: El requerimiento de entregar y desocupar el inmueble ubicado en Calle Himno Nacional, número sesenta y nueve, Colonia Centro de Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros, Tlaxcala, que se dictó en el expediente 507/2022 relativo al juicio de desocupación por terminación de contrato y falta de pago de rentas del índice de la responsable. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el número de expediente 918/2023, se admitió a trámite, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El siete de agosto de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia constitucional y se suspendió con motivo de que la parte tercero interesada Ma. De los Ángeles Moctezuma Ayala, promovió incidente de objeción de las firmas que se atribuyen a la parte quejosa Alejandra García Valderrama que aparecen en el escrito de la demanda de amparo de veintiocho de junio y escrito de alegatos de catorce de julio ambos de dos mil veintitrés, al referir que no proviene del puño y letra de la quejosa; y, Finalmente, la continuación de la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados y las autoridades a quienes se les reprochan tienen su ejecución y residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: El requerimiento de entregar y desocupar el inmueble ubicado en Calle Himno Nacional, número sesenta y nueve, Colonia Centro de Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros, Tlaxcala, que se dictó en el expediente 507/2022 relativo al juicio de desocupación por terminación de contrato y falta de pago de rentas del índice de la responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, mismo que se corrobora de los autos originales que remitió del juicio de desocupación por terminación de contrato y falta de pago de rentas con providencia de lanzamiento número 507/2022, que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y que se tienen a la vista para resolver el presente asunto. CUARTO. Incidente de objeción de falsedad de firma. Previo a entrar al estudio del asunto debe resolverse el incidente de objeción de falsedad de documento planteada por la tercera interesada Ma. De los Ángeles Moctezuma Ayala, mediante escritos recibidos en este juzgado el catorce y veintiséis ambos de julio de dos mil veintitrés (fojas 40 y 58 de autos), respecto a las firmas que calzan el escrito de demanda de amparo de veintiocho de junio y escrito de alegatos de catorce de julio ambos de dos mil veintitrés, al referir que las firmas que contienen, no provienen del puño y letra de la quejosa. En aras de acreditar la falsedad aducida, la incidentista anunció como prueba de su intención, la pericial en grafoscopía y documentoscopía; para ello, designó como perito de su parte al licenciado Marcial Ahuactzin García, quien aceptó y protestó el cargo el nueve de agosto de dos mil veintitrés. (foja 89) Por otra parte, este órgano jurisdiccional efectuó el nombramiento del perito oficial, licenciada Claudia Aguilar Olaya, perito oficial que, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, aceptó y protestó el cargo conferido (foja 120 de autos). Como preámbulo se señala que conforme al artículo 122 de la Ley de Amparo, la objeción de falsedad de firmas, sólo da competencia al juez de distrito para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad del documento con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio; lo que implica, que este órgano constitucional sólo está facultado para valorar la autenticidad del documento y determinar su alcance probatorio en el amparo, pero no para hacer una declaración general acerca de la falsedad del documento, menos para que esa declaración se refleje en un resolutivo de la sentencia. Ahora bien, el incidente de falsedad de firmas que promovió la parte tercero interesado, es fundado. Así, para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada es falsa o auténtica, no basta la simple comparación que realice el juzgador con otra firma atribuida a la misma persona, sino que es necesario llevar a cabo la constatación de su falsedad o autenticidad mediante una prueba pericial en materia de grafoscopía que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si efectivamente la firma cuestionada fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. Al respecto es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/1714, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que de rubro: "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA". Así, el perito a través de su conocimiento especializado en una ciencia, técnica o arte, ilustra al juzgador sobre la percepción de hechos o para complementar el conocimiento de algo que se ignora y para integrar su capacidad y, asimismo, para la deducción cuando la aplicación de las reglas de la experiencia exige cierta aptitud o preparación técnica que el juzgador no tiene. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 143, 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, esta juzgadora goza de la más amplia facultad para apreciar la referida prueba pericial en grafoscopía. En consecuencia, la libre valoración de la prueba pericial no implica que se pueda seleccionar cualquier dictamen de los que se presenten sin externar las razones por las que genera convicción, pues como parte integral de la sentencia en que se analicen, debe cumplirse con la debida motivación de la decisión adoptada, partiendo en la especie del análisis de los elementos técnicos y científicos que le son proporcionados en los dictámenes periciales, y que se someten a su prudente arbitrio, dado que prevalecerá el que genere convicción sobre el punto debatido mediante la explicación de las premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, técnica o arte de que se trate y la exposición de la forma en que dichas premisas aplicadas al caso conducen a una conclusión. En ese orden de ideas, debe destacarse que los dictámenes periciales deben ser valorados atendiendo a los criterios siguientes: 1. La idoneidad de los peritos; 2. La lógica de los razonamientos expuestos; 3. Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; 4. Que las opiniones contenidas en los dictámenes se refieran a cuestiones propias de su especialidad; y, 5. Que exista congruencia entre las conclusiones del dictamen y los hechos que pretenden corroborarse en la litis. En el entendido de que la falta de alguno de ellos es suficiente para restarle valor probatorio, pues los dictámenes periciales no son verdades irrefutables, sino que su objetivo, es ilustrar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos científicos suficientes para resolverlos. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional concede eficacia probatoria plena a los dictámenes emitidos por la perito oficial Claudia Aguilar Olaya así como por el perito designado por la tercera interesada Marcial Ahuactzin García, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 198 (interpretados en sentido contrario) y 211, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto a la mecánica que emplearon para llevar a cabo el análisis de los documentos dubitados, en comparación con las que obraban en los documentos indubitados, porque en ejercicio de la amplia libertad para analizar y determinar el valor que debe corresponden a la prueba pericial (entendiendo que esa libertad se circunscribe al ejercicio responsable del prudente arbitrio del juzgador), considera que los especialistas en comento motivaron ampliamente su opinión, esto es, ilustraron con suficiencia las razones en que sustentaron cada respuesta que otorgaron, porque asentaron de qué medios se valieron y qué conocimientos requirieron para responder cada pregunta que planteó la parte tercero interesada y orientan el criterio de esta juzgadora a fin estar en aptitud de establecer, que la firma estampada en el escrito de demanda que dio lugar a la tramitación del presente juicio de amparo y el escrito de alegatos, no fue suscrita por Alejandra García Valderrama. Se confiere valor probatorio a la opinión técnica emitida por dichos peritos, en principio, porque acudieron a la diligencia de estampamiento de firmas realizada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, aunado a que tomaron en consideración como firmas de cotejo, las elaboradas en dicha diligencia, así como las contenidas en la credencial de elector expedidas a favor de la quejosa. Aunado a lo anterior, se advierte que al realizar los estudios grafoscópicos comparativos que les sirvieron de base para emitir su opinión técnica, ambos peritos fueron coincidentes al destacar las diferencias en los rasgos de las firmas contenidas en los documentos indubitables, en relación con las signaturas cuestionadas, pues concluyeron que las características morfológicas de orden general y los gestos gráficos contenidas en las firmas indubitables no coinciden con las características contenidas en las firmas dubitables y precisaron que el desenvolvimiento es diferente. (fojas 174 a 193) y 207 a 216), concluyendo que la firma del escrito de demanda de veintiocho de junio de dos mil veintitrés y el escrito de ofrecimiento de alegatos de catorce de julio de dos mil veintitrés no proviene del origen gráfico y es falsa. (foja 216). Por lo anterior, se insiste, con fundamento en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio pleno a los dictámenes rendidos por el perito oficial y el perito designado por la tercera interesada. Lo anterior es así, porque los referidos dictámenes cumplen con la función de una prueba de esa naturaleza, y esto es así, porque resulta ilustrativo, puesto que los expertos realizaron un planteamiento del problema, método de estudio, además describieron el material utilizado, precisaron el objeto de estudio, expusieron y reflejaron el estudio comparativo que realizaron, explicaron las razones que tuvieron para concluir en los términos que lo hicieron, describiendo las características de las firmas cuestionadas, con las firmas de cotejo y comparación, para después dar contestación al cuestionario formulado por la oferente de la prueba, a saber, la tercera interesada Ma. De los Ángeles Moctezuma Ayala. Bajo esa tesitura, el peritaje emitido por los diversos peritos -oficial y designado por la tercera interesada antes referidos, se considera apto para generar convicción, en el sentido de que la firma estampada en el escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio de amparo, no fue emitida por Alejandra García Valderrama, lo que conduce a concluir que dichos peritajes cumplen con la finalidad para la que le fue requerida su intervención, esto es, brindar la información especializada requerida en términos objetivos, independientes e imparciales. Atento a lo anterior y toda vez que los peritos concluyeron que la firma objetada no corresponde a un mismo origen gráfico, por lo tanto, dicha pericial es suficiente para confirmar las consideraciones en que la quejosa sustentó la presente objeción, por lo que es procedente declarar fundada la objeción de falsedad planteada respecto de los documentos cuestionados, únicamente para los efectos del juicio de amparo. Consecuentemente, se procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con el acto reclamado y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En atención a la decisión adoptada en el considerando que antecede, se procede a estudiar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por los preceptos 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo. En efecto, el juicio de amparo solo puede seguirse a instancia de parte, entendiéndose por ello que quien es titular de un derecho subjetivo o tiene interés legítimo y tutelado, cuenta con legitimación procesal para promover este, so pena de que, de no cumplirse con tal elemento, se surte la causal de improcedencia señalada. Dicho esto, Alejandra García Valderrama, promovió la demanda de amparo, sin embargo, como se analizó en el apartado anterior, la objeción planteada por su contraria fue fundada; en consecuencia, esta situación constituye en caso análogo de ausencia de firma autógrafa, ya que la falta de ese signo gráfico se traduce en la inexistencia del documento en sí, puesto que la firma es un signo inequívoco que representa a la persona para poner de manifiesto la voluntad, en este caso, de promover demanda de amparo indirecto. Por ello, es indispensable para dar seguridad jurídica de que realmente quien suscribe la demanda sea el titular de los derechos otorgados por la Constitución afectado por el acto de autoridad, puesto que la falta de ese signo, debe considerarse que la demanda de amparo carece del requisito de validez y eso impide a este órgano jurisdiccional que sea analizado. De ahí, que lo que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 93/200817 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la ausencia de firma que conlleva a tener como inválida la voluntad de quien acude al órgano de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento de rubro y texto siguiente: "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Cuando al resolver el incidente respectivo un tribunal colegiado de circuito declara conjuntamente con la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo directo la falsedad de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de eficacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió. Así, ante la mencionada declaración de falsedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que el aparente promovente compareció ante el tribunal colegiado a reconocer la firma cuya autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Por tanto, se concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley indicada." Asimismo, sirve de apoyo la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubro "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. DA LUGAR A SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO". SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. OCTAVO. Publicación de datos personales. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara fundado el incidente de falsedad de firma interpuesto por la tercera interesada Ma. De los Ángeles Moctezuma Ayala, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Alejandra García Valderrama, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo; por los motivos y razonamientos jurídicos expuestos en el diverso quinto de la presente sentencia TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el quince de noviembre de dos mil veintitrés, ante la licenciada Janeth Ávila Sepúlveda, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada Ma. de los Ángeles Moctezuma Áyala, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación al dictamen emitido por la perito oficial Claudia Aguilar Olaya, sin perjuicio de tomarlos en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Janeth Ávila Sepúlveda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada Ma. de los Ángeles Moctezuma Áyala, a través del cual realiza diversas manifestaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados a titulo de alegatos, sin perjuicio de tomarlos en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, en relación a su solicitud de asegurar la garantía que le fue fijada a la parte quejosa Alejandra García Valderrama, dígasele que deberá estarse a lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, esto es, deberá realizar la solicitud dentro de seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación de la resolución que ponga fin al juicio en el cuaderno indicental respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, en virtud de que transcurre el término de tres días concedido a las partes para imponerse y realizar manifestaciones que crean pertinentes respecto al dictamen pericial emitido por ******************** -perito oficial-, en relación a la prueba pericial en materia de grafoscopía. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Janeth Ávila Sepúlveda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos la diligencia de ratificación de dictamen a cargo de la perito oficial Claudia Aguilar Olaya, por la cual la profesionista mencionada ratificó en todas y cada una de sus partes su dictamen pericial. En tales condiciones, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, a efecto de que hagan las manifestaciones que crean pertinentes respecto al dictamen de referencia; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Janeth Ávila Sepúlveda, que autoriza y da fe.

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