Alejandra Fabiola Peña Gallardo

Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
776/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Fabiola Peña Gallardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en la que, se concedió a peticionaria ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa Tuxtepec, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable a través de la persona física que la representa en el cumplimiento del fallo protector, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas anteriores, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $ 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), que constituye la Unidad de medida referida, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a las personas físicas nombradas por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por María Teresa Aguilar Herrera en su carácter de autorizada legal de la quejosa ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, por medio del cual, en esencia, solicita se requiera a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición debido a que, conforme a la certificación del secretario, aún se encuentra transcurriendo para la parte tercera interesada, el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; por lo que su petición resulta improcedente. Tan luego transcurra el término de ley, de oficio, se proveerá al respecto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA III "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 776/2022, promovido por ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa y otras autoridades; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza civil, especializado en materia familiar, seguido ante autoridades, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables: a).- El auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, a través del cual la responsable acordó que en atención a que la parte actora (aquí quejosa) y demandada (aquí tercero interesado), ya no son cónyuges, pues ya no existe el vínculo matrimonial que los unía, ha cesado la obligación de darse alimentos, por parte del acreedor alimentario y demandado Alfonso Amaro Carrillo, a favor de la acreedora alimentaria Alejandra Fabiola Peña Gallardo; por ende es procedente la retención en forma provisional del quince por ciento que le fue fijado al demandado sobre su sueldo y demás prestaciones. b) La expedición del oficio 778/2022, en el que se ordenó se realice la retención de pensión alimenticia, fechado el veintiocho de junio de dos mil veintidós; así como el diverso 784/2022, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, y ejecutor de su adscripción, no obstante que en su informe justificado hayan reconocido parcialmente su existencia; lo que se corrobora con las constancias que remitió en copia certificada como justificación a su informe. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a la que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1.- Que la ahora quejosa ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, demandó a ALFONSO AMARO CARRILLO, por derecho propio y en representación de la menor M.J.A.P., diversas prestaciones, a saber: a).- La guarda y custodia provisional de la menor M.J.A.P. b).- La guarda y custodia definitiva de la menor en mención. c).- El pago de una pensión alimenticia provisional hasta del sesenta por ciento de los ingresos del demandado, para sufragar las necesidades de la demandante y su menor hija. d).- El pago de una pensión definitiva de hasta el sesenta por ciento de todos los ingresos del demandado, para sufragar las necesidades en concepto de alimentos de la demandante y su menor hija. e).- El pago de gastos y costas del juicio. 2.- En auto de dos de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, entre otras cosas, hizo lo siguiente: radicó la demanda con el número 54/2022, la admitió a trámite; ordenó el emplazamiento al demandado; señaló fecha y hora para la celebración de pruebas y alegatos; admitió pruebas ofrecidas por la actora, y, en lo que interesa, fijó como medida provisional el pago a la actora, en concepto de alimentos para ella y su menor hija, el treinta y cinco por ciento sobre los ingresos y prestaciones del demandado, como introductor de caña de azúcar, de cuyo porcentaje correspondería el veinte por ciento para su hija y el quince restante para la demandante. 3.- El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en cumplimiento al auto inicial, el actuario de la adscripción emplazó al demandado, quien apersonado al juicio, compareció junto con la actora, a una audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos, en la cual, desahogadas algunas, seguidamente se acordó un escrito del demandado en que ofreció como prueba la documental consistente en copia certificada de la resolución de once de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente 115/2022 de ese índice, en que se determinó la disolución del vínculo matrimonial entre el demandado ALFONSO AMARO CARRILLO y la actora ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO. De dicha documental se ordenó por el juez, dar vista a la parte actora por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Y, con respecto al pedido del promovente en mención para que se girara oficio al gerente general, pagador o a quien corresponda del Ingenio Motzorongo, para que cancelara el pago de alimentos del quince por ciento de sus ingresos a favor de la actora, el juez determinó que no había lugar a esa solicitud porque no había sido dictada sentencia definitiva con que culminara el juicio, por cuyo caso no era procedente la cancelación de la pensión provisional decretada. Es de puntualizarse que según lo proveído en diligencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, la actora nada dijo con respecto a la documental exhibida por su contrario, así que tuvo el juez por admitida dicha documental. 4.- En escrito de tres de junio de dos mil veintidós, el demandado interpuso revocación contra la determinación en que se negó su pedido de cancelación de la pensión provisional fijada en un quince por ciento sobre sus ingresos, de lo cual se dio vista a su contraria, quien por ocurso presentado en la oficina de correspondencia del juzgado el veintidós de junio posterior, dio contestación. 5.- Después, el demandado, según escrito de veintisiete de junio de dos mil veintidós, a virtud del divorcio entre éste y la actora, aquí quejosa, con base en la documental pública consistente en la copia certificada en que se decretó el divorcio entre los contendientes del juicio, solicitó al juez del conocimiento tuviera a bien girar oficio al Gerente General, pagador, o a quien corresponda para que en forma inmediata se sirva retener la orden de pago de alimentos decretada en favor de la actora, en lo que respecta al quince por ciento de sus ingresos que se le fijaron como pensión provisional. A esa solicitud, el juez responsable emitió: a).- El auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, a través del cual la responsable acordó que en atención a que la parte actora (aquí quejosa) y demandada (aquí tercero interesado), ya no son cónyuges, pues ya no existe el vínculo matrimonial que los unía, ha cesado la obligación de darse alimentos, por parte del acreedor alimentario y demandado Alfonso Amaro Carrillo, a favor de la acreedora alimentaria Alejandra Fabiola Peña Gallardo; por ende es procedente la retención en forma provisional del quince por ciento que le fue fijado al demandado sobre su sueldo y demás prestaciones. Como también ordenó: b) La expedición del oficio 778/2022, en el que se ordenó se realice la retención de pensión alimenticia, fechado el veintiocho de junio de dos mil veintidós; así como el diverso 784/2022, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós. Siendo tales decisiones los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación, de los cuales se destaca el siguiente: 1.- Que se viola en su perjuicio lo estipulado en el artículo 14 de la Constitución Federal, porque antes de proveer como lo hizo, la autoridad judicial responsable debió haberle dado vista con el escrito de veintisiete de junio de dos mil veintidós, formulado por el quejoso, en que le hizo solicitud de la retención del quince por ciento de sus ingresos, mismo porcentaje que se fijó en concepto de pensión alimenticia provisional. Que lo anterior es así, porque el señor Alfonso Amaro Carrillo, "manifestó que en virtud que: se decretó el divorcio entre la actora y el suscrito, de los que se desprende que ésta no se reservó acción de ningún tipo en contra del suscrito, desvirtuando con ello la presunción legal de necesidad de alimentos por parte de la actora." 2.- Que el acto reclamado es violatorio de sus derechos humanos porque no está debidamente fundado y motivado, pues, habiendo ordenado el Juez responsable la retención del quince por ciento decretado a su favor en concepto de pensión provisional, aun con aplicación de la normatividad que invoca, dejó de considerar lo estipulado en el artículo 681 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que dispone que no procede suspender el pago de alimentos ni aun con fianza; como los artículos 158 y 168 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca y 6, fracciones III y IV de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, en que se estipula que en cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima se manifiesta en la retención o distracción de objetos, como valores y derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. 3.- De igual manera señala que la determinación que se reclama es violatoria de derechos humanos, porque el juez del proceso familiar dejó de aplicar el método de juzgar con perspectiva de género, pues arbitrariamente está suspendiendo el pago de la pensión provisional, cuando que los alimentos son de urgente necesidad. Que en este punto, pasó por alto tomar en cuenta, como referente sustancial dicho método fundamental para impartir justicia, dejando de lado la consideración de vulnerabilidad en que se encuentra. 4.-que el acto es violatorio, porque en términos del artículo 158 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, los alimentos no deben ser reintegrados, lo que conlleva, en sentido contrario, que si la actora no obtiene en el juicio, los alimentos decretados serán reintegrados al demandado, cuando que legalmente existe prohibición relativa. 5.- Aduce también que la resolución del juez responsable atenta sus derechos humanos, porque en términos del artículo 168 del Código Familiar, no se advierte que la disolución del matrimonio sea una causal que motive el cese del pago de la pensión alimentaria. 6.- Que el acto reclamado trastoca lo establecido en el artículo 6°, fracciones III y IV de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 7.-Reitera la violación del artículo 14 de la Constitución que preserva el derecho de audiencia. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación marcado como número 1 y 7, suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, es esencialmente FUNDADO y suficiente para CONCEDER A LA QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SE SOLICITA. Se estima, como lo señala la parte quejosa, hay una violación a su derecho de audiencia. En efecto, el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 14. .Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..,". Como se ve, dicho numeral contempla uno de los derechos humanos fundamentales de los gobernados, a saber, el derecho de audiencia. .... Por otro lado, no es desconocido que el acto deriva de una contienda del orden familiar, donde hay una parte actora y otra demandada. Que de la lectura de los numerales del 962 al 978 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Oaxaca, no se desprende una norma particular que patentice que con cada acción que realice alguna de las partes durante el procedimiento, deba darse vista a su contraria, en respeto al principio de igualdad procesal. No debe perderse de vista que conforme al numeral 965 del Código en mención, una acción, la primera del inicio del procedimiento, en términos del artículo 1°, implica, al texto, lo siguiente: Artículo 1°.- El ejercicio de las acciones civiles requiere: I. La violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; II. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; III. El interés en el actor para deducirla. Esa acción, por supuesto, conlleva se haga del conocimiento al demandado, según el numeral 2° que le sigue. Artículo 2°.- La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción". De los artículos transcritos se desprenden un actor y un demandado, los cuales, con respecto al derecho controvertido o al desconocimiento de una obligación, deben ser tratados en igualdad procesal, según lo previsto en los artículos 1° y 17 Constitucionales, cuyo principio, se considera implícito en el artículo 965 del apartado especial que rige las controversias de índole familiar, que prescribe: "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio". Ya interpretados esos numerales en su conjunto, dejan ver que el inicio del procedimiento se genera con el ejercicio de una acción por parte de un actor, en contra de un demandado. Que de los hechos narrados, justificativos de la acción que patentiza -por parte del actor- la violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho, se dará vista al demandado, para que conteste la demanda; obviamente, se exhibirán pruebas, las partes alegarán y en términos del numeral 967 ulterior a los invocados, el juez resolverá sobre el derecho cuestionado. Todo lo anterior, con privilegio del principio de igualdad procesal y de audiencia. Ahora bien, bajo la interpretación conforme los antecedentes de los actos reclamados revelan que la actora, aquí quejosa ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, demandó a ALFONSO AMARO CARRILLO, en lo que interesa, la preservación del derecho de una pensión alimenticia provisional, y en su oportunidad de una pensión definitiva. . En auto de dos de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, en uso de su potestad constituyó a favor de la actora el derecho de a recibir una pensión provisional del quince por ciento de los ingresos del demandado. Pero, por supuesto decretó se emplazara al demandado para preservar su derecho de audiencia. En audiencia de dos de junio de dos mil veintidós, se acordó un escrito del demandado en que ofreció como prueba la documental consistente en copia certificada de la resolución de once de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente 115/2022 de ese índice, en que se determinó la disolución del vínculo matrimonial entre el demandado ALFONSO AMARO CARRILLO y la actora ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO. De dicha documental se ordenó por el juez, dar vista a la parte actora por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Sin embargo, con respecto al pedido del promovente en mención para que se girara oficio al gerente general, pagador o a quien corresponda del Ingenio Motzorongo, para que cancelara el pago de alimentos del quince por ciento de sus ingresos a favor de la actora, el juez determinó que no había lugar a esa solicitud porque no había sido dictada sentencia definitiva con que culminara el juicio. Mediante escrito de tres de junio de dos mil veintidós, el demandado interpuso revocación contra la determinación en que se negó su pedido de cancelación de la pensión provisional fijada en un quince por ciento sobre sus ingresos, de lo cual se dio vista a su contraria, quien por ocurso presentado en la oficina de correspondencia del juzgado el veintidós de junio posterior, dio contestación. Después, el demandado, según escrito de veintisiete de junio de dos mil veintidós, a virtud del divorcio entre éste y la actora, aquí quejosa, con base en la documental pública consistente en la copia certificada en que se decretó el divorcio entre los contendientes del juicio, solicitó al juez del conocimiento tuviera a bien girar oficio al Gerente General, pagador, o a quien corresponda para que en forma inmediata se sirva retener la orden de pago de alimentos decretada en favor de la actora, en lo que respecta al quince por ciento de sus ingresos que se le fijaron como pensión provisional. A esa petición recayó el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en los siguientes términos: Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. [.] Por último, se da cuenta con un escrito de ALFONSO AMARO CARILLO, recibido el veinticuatro de junio del año en curso; visto su contenido, como lo solicita y tomando en consideración que del atestado del registro civil relativo al divorcio de la actora con el ahora demandado se advierte que los mismos ya no resultan ser cónyuges, y como consecuencia, ya no existe el vínculo matrimonial que los unía; por lo que ha cesado la obligación de darse alimentos; así como por parte del acreedor alimentario y demandado ALFONSO AMARO CARILLO, a favor de la acreedora alimentaria ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, por ende es procedente la retención en forma provisional del quince por ciento (15%) que le fue fijado al demandado sobre su sueldo y demás prestaciones que percibe por la renta de vehículos y como introductor de caña del Ingenio Central Motzorongo S.A. DE C.V., a favor de la demandada (sic) ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163, 164 y 314 del Código Local de Procedimientos Civiles en Vigor, que textualmente dicen: Artículo 163.- Cuando los magistrados, jueces o secretarios no se inhibieren a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, procede la recusación, que siempre se fundará en causa legal. Artículo 164.- En los concursos, sólo el síndico podrá hacer uso de la recusación en los negocios que afecten al interés general; en los que afecten el interés particular de alguno de los acreedores, podrá el interesado hacer uso de la recusación; pero el juez no quedará inhibido más que en el punto de que se trate. Resuelta la cuestión, se reintegra al principal. Artículo 314.- Los cónyuges deben darse alimentos La Ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otras que la misma ley señale. En virtud de lo anterior, al efecto, gírese atento oficio al Gerente General o a quien corresponda del Ingenio Central Motzorongo .S.A DE C.V. del Municipio Tezonapa Veracruz, a fin de que proceda a realizar la retención antes ordenada, hasta en tanto esta autoridad no ordene su entrega a quien corresponda. De todo lo expuesto, se desprende, que el juez del proceso familiar, atendió, en respeto de las partes, al inicio del procedimiento en que tuvo por admitida la acción y ordenó el emplazamiento al demandado para que contestara la demanda, los principios de igualdad procesal y de audiencia; hecha excepción del demandado cuando fijó la pensión provisional a favor de la actora, pues en ese punto el apuntado numeral 965 del Código adjetivo local, así lo prescribe. También atendió los citados principios cuando el demandado exhibió copia certificada de la resolución que contiene la disolución del matrimonio, con la cual, se ordenó dar vista a la actora para respaldar el pedido del demandado, a saber, la cancelación de la pensión provisional, que se traduce en el desconocimiento de una obligación. Igual preservación hizo el juez, del derecho de audiencia e igualdad procesal, cuando, ordenó dar vista a la actora de los agravios hechos valer contra el acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, en que el juez decretó que no había lugar a la cancelación de la pensión provisional que le reconoció, porque no se había dictado sentencia. Sin embargo, no ocurrió así cuando, con el pedido del demandado de que se retuviera a la actora la pensión provisional, determinó, con desacierto, se suspendiera o retuviera esa pensión decretada el dos de marzo de dos mil veintidós, pues, lejos de dar vista a la actora, para que expusiera o alegara lo que a su derecho conviniera, a fin de tener el juzgador las argumentaciones para ponderar las posturas de los contendientes, con respecto al derecho de persistencia o no del derecho reconocido por el mismo en auto inicial del procedimiento. Con base en lo anterior, al existir un actuar contrario a lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional conlleva a concluir que el acto es contrario a los derechos humanos de la justiciable y por ello es procedente CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, que se solicita. El efecto de la CONCESIÓN DE AMPARO, es que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Tuxtepec, Oaxaca, en respeto al principio de igualdad procesal, realice lo siguiente: 1.- Deje insubsistente el acuerdo reclamado de veintiocho de junio de dos mil veintidós, como también los oficios 778/2022 y 784/2022, librados al Gerente General o representante de Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V., con motivo de dichos acuerdos; y, 2.- En su lugar, dicte otro en que ordene dar vista a actora, aquí quejosa, con la petición hecha por el demandado Alfonso Amaro Carrillo, y después de ello, con plenitud de jurisdicción, proceda a acordar lo que en derecho corresponda conforme a sus facultades legales. OCTAVO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Tuixtepec, Oaxaca, por las razones y para los efectos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA III "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 776/2022, promovido por ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa y otras autoridades; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza civil, especializado en materia familiar, seguido ante autoridades, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables: a).- El auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, a través del cual la responsable acordó que en atención a que la parte actora (aquí quejosa) y demandada (aquí tercero interesado), ya no son cónyuges, pues ya no existe el vínculo matrimonial que los unía, ha cesado la obligación de darse alimentos, por parte del acreedor alimentario y demandado Alfonso Amaro Carrillo, a favor de la acreedora alimentaria Alejandra Fabiola Peña Gallardo; por ende es procedente la retención en forma provisional del quince por ciento que le fue fijado al demandado sobre su sueldo y demás prestaciones. b) La expedición del oficio 778/2022, en el que se ordenó se realice la retención de pensión alimenticia, fechado el veintiocho de junio de dos mil veintidós; así como el diverso 784/2022, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, y ejecutor de su adscripción, no obstante que en su informe justificado hayan reconocido parcialmente su existencia; lo que se corrobora con las constancias que remitió en copia certificada como justificación a su informe. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a la que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1.- Que la ahora quejosa ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, demandó a ALFONSO AMARO CARRILLO, por derecho propio y en representación de la menor M.J.A.P., diversas prestaciones, a saber: a).- La guarda y custodia provisional de la menor M.J.A.P. b).- La guarda y custodia definitiva de la menor en mención. c).- El pago de una pensión alimenticia provisional hasta del sesenta por ciento de los ingresos del demandado, para sufragar las necesidades de la demandante y su menor hija. d).- El pago de una pensión definitiva de hasta el sesenta por ciento de todos los ingresos del demandado, para sufragar las necesidades en concepto de alimentos de la demandante y su menor hija. e).- El pago de gastos y costas del juicio. 2.- En auto de dos de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, entre otras cosas, hizo lo siguiente: radicó la demanda con el número 54/2022, la admitió a trámite; ordenó el emplazamiento al demandado; señaló fecha y hora para la celebración de pruebas y alegatos; admitió pruebas ofrecidas por la actora, y, en lo que interesa, fijó como medida provisional el pago a la actora, en concepto de alimentos para ella y su menor hija, el treinta y cinco por ciento sobre los ingresos y prestaciones del demandado, como introductor de caña de azúcar, de cuyo porcentaje correspondería el veinte por ciento para su hija y el quince restante para la demandante. 3.- El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en cumplimiento al auto inicial, el actuario de la adscripción emplazó al demandado, quien apersonado al juicio, compareció junto con la actora, a una audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos, en la cual, desahogadas algunas, seguidamente se acordó un escrito del demandado en que ofreció como prueba la documental consistente en copia certificada de la resolución de once de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente 115/2022 de ese índice, en que se determinó la disolución del vínculo matrimonial entre el demandado ALFONSO AMARO CARRILLO y la actora ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO. De dicha documental se ordenó por el juez, dar vista a la parte actora por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Y, con respecto al pedido del promovente en mención para que se girara oficio al gerente general, pagador o a quien corresponda del Ingenio Motzorongo, para que cancelara el pago de alimentos del quince por ciento de sus ingresos a favor de la actora, el juez determinó que no había lugar a esa solicitud porque no había sido dictada sentencia definitiva con que culminara el juicio, por cuyo caso no era procedente la cancelación de la pensión provisional decretada. Es de puntualizarse que según lo proveído en diligencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, la actora nada dijo con respecto a la documental exhibida por su contrario, así que tuvo el juez por admitida dicha documental. 4.- En escrito de tres de junio de dos mil veintidós, el demandado interpuso revocación contra la determinación en que se negó su pedido de cancelación de la pensión provisional fijada en un quince por ciento sobre sus ingresos, de lo cual se dio vista a su contraria, quien por ocurso presentado en la oficina de correspondencia del juzgado el veintidós de junio posterior, dio contestación. 5.- Después, el demandado, según escrito de veintisiete de junio de dos mil veintidós, a virtud del divorcio entre éste y la actora, aquí quejosa, con base en la documental pública consistente en la copia certificada en que se decretó el divorcio entre los contendientes del juicio, solicitó al juez del conocimiento tuviera a bien girar oficio al Gerente General, pagador, o a quien corresponda para que en forma inmediata se sirva retener la orden de pago de alimentos decretada en favor de la actora, en lo que respecta al quince por ciento de sus ingresos que se le fijaron como pensión provisional. A esa solicitud, el juez responsable emitió: a).- El auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, a través del cual la responsable acordó que en atención a que la parte actora (aquí quejosa) y demandada (aquí tercero interesado), ya no son cónyuges, pues ya no existe el vínculo matrimonial que los unía, ha cesado la obligación de darse alimentos, por parte del acreedor alimentario y demandado Alfonso Amaro Carrillo, a favor de la acreedora alimentaria Alejandra Fabiola Peña Gallardo; por ende es procedente la retención en forma provisional del quince por ciento que le fue fijado al demandado sobre su sueldo y demás prestaciones. Como también ordenó: b) La expedición del oficio 778/2022, en el que se ordenó se realice la retención de pensión alimenticia, fechado el veintiocho de junio de dos mil veintidós; así como el diverso 784/2022, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós. Siendo tales decisiones los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación, de los cuales se destaca el siguiente: 1.- Que se viola en su perjuicio lo estipulado en el artículo 14 de la Constitución Federal, porque antes de proveer como lo hizo, la autoridad judicial responsable debió haberle dado vista con el escrito de veintisiete de junio de dos mil veintidós, formulado por el quejoso, en que le hizo solicitud de la retención del quince por ciento de sus ingresos, mismo porcentaje que se fijó en concepto de pensión alimenticia provisional. Que lo anterior es así, porque el señor Alfonso Amaro Carrillo, "manifestó que en virtud que: se decretó el divorcio entre la actora y el suscrito, de los que se desprende que ésta no se reservó acción de ningún tipo en contra del suscrito, desvirtuando con ello la presunción legal de necesidad de alimentos por parte de la actora." 2.- Que el acto reclamado es violatorio de sus derechos humanos porque no está debidamente fundado y motivado, pues, habiendo ordenado el Juez responsable la retención del quince por ciento decretado a su favor en concepto de pensión provisional, aun con aplicación de la normatividad que invoca, dejó de considerar lo estipulado en el artículo 681 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que dispone que no procede suspender el pago de alimentos ni aun con fianza; como los artículos 158 y 168 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca y 6, fracciones III y IV de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, en que se estipula que en cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima se manifiesta en la retención o distracción de objetos, como valores y derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. 3.- De igual manera señala que la determinación que se reclama es violatoria de derechos humanos, porque el juez del proceso familiar dejó de aplicar el método de juzgar con perspectiva de género, pues arbitrariamente está suspendiendo el pago de la pensión provisional, cuando que los alimentos son de urgente necesidad. Que en este punto, pasó por alto tomar en cuenta, como referente sustancial dicho método fundamental para impartir justicia, dejando de lado la consideración de vulnerabilidad en que se encuentra. 4.-que el acto es violatorio, porque en términos del artículo 158 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, los alimentos no deben ser reintegrados, lo que conlleva, en sentido contrario, que si la actora no obtiene en el juicio, los alimentos decretados serán reintegrados al demandado, cuando que legalmente existe prohibición relativa. 5.- Aduce también que la resolución del juez responsable atenta sus derechos humanos, porque en términos del artículo 168 del Código Familiar, no se advierte que la disolución del matrimonio sea una causal que motive el cese del pago de la pensión alimentaria. 6.- Que el acto reclamado trastoca lo establecido en el artículo 6°, fracciones III y IV de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 7.-Reitera la violación del artículo 14 de la Constitución que preserva el derecho de audiencia. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación marcado como número 1 y 7, suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, es esencialmente FUNDADO y suficiente para CONCEDER A LA QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SE SOLICITA. Se estima, como lo señala la parte quejosa, hay una violación a su derecho de audiencia. En efecto, el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 14. .Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..,". Como se ve, dicho numeral contempla uno de los derechos humanos fundamentales de los gobernados, a saber, el derecho de audiencia. .... Por otro lado, no es desconocido que el acto deriva de una contienda del orden familiar, donde hay una parte actora y otra demandada. Que de la lectura de los numerales del 962 al 978 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Oaxaca, no se desprende una norma particular que patentice que con cada acción que realice alguna de las partes durante el procedimiento, deba darse vista a su contraria, en respeto al principio de igualdad procesal. No debe perderse de vista que conforme al numeral 965 del Código en mención, una acción, la primera del inicio del procedimiento, en términos del artículo 1°, implica, al texto, lo siguiente: Artículo 1°.- El ejercicio de las acciones civiles requiere: I. La violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; II. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; III. El interés en el actor para deducirla. Esa acción, por supuesto, conlleva se haga del conocimiento al demandado, según el numeral 2° que le sigue. Artículo 2°.- La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción". De los artículos transcritos se desprenden un actor y un demandado, los cuales, con respecto al derecho controvertido o al desconocimiento de una obligación, deben ser tratados en igualdad procesal, según lo previsto en los artículos 1° y 17 Constitucionales, cuyo principio, se considera implícito en el artículo 965 del apartado especial que rige las controversias de índole familiar, que prescribe: "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio". Ya interpretados esos numerales en su conjunto, dejan ver que el inicio del procedimiento se genera con el ejercicio de una acción por parte de un actor, en contra de un demandado. Que de los hechos narrados, justificativos de la acción que patentiza -por parte del actor- la violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho, se dará vista al demandado, para que conteste la demanda; obviamente, se exhibirán pruebas, las partes alegarán y en términos del numeral 967 ulterior a los invocados, el juez resolverá sobre el derecho cuestionado. Todo lo anterior, con privilegio del principio de igualdad procesal y de audiencia. Ahora bien, bajo la interpretación conforme los antecedentes de los actos reclamados revelan que la actora, aquí quejosa ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, demandó a ALFONSO AMARO CARRILLO, en lo que interesa, la preservación del derecho de una pensión alimenticia provisional, y en su oportunidad de una pensión definitiva. . En auto de dos de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, en uso de su potestad constituyó a favor de la actora el derecho de a recibir una pensión provisional del quince por ciento de los ingresos del demandado. Pero, por supuesto decretó se emplazara al demandado para preservar su derecho de audiencia. En audiencia de dos de junio de dos mil veintidós, se acordó un escrito del demandado en que ofreció como prueba la documental consistente en copia certificada de la resolución de once de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente 115/2022 de ese índice, en que se determinó la disolución del vínculo matrimonial entre el demandado ALFONSO AMARO CARRILLO y la actora ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO. De dicha documental se ordenó por el juez, dar vista a la parte actora por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Sin embargo, con respecto al pedido del promovente en mención para que se girara oficio al gerente general, pagador o a quien corresponda del Ingenio Motzorongo, para que cancelara el pago de alimentos del quince por ciento de sus ingresos a favor de la actora, el juez determinó que no había lugar a esa solicitud porque no había sido dictada sentencia definitiva con que culminara el juicio. Mediante escrito de tres de junio de dos mil veintidós, el demandado interpuso revocación contra la determinación en que se negó su pedido de cancelación de la pensión provisional fijada en un quince por ciento sobre sus ingresos, de lo cual se dio vista a su contraria, quien por ocurso presentado en la oficina de correspondencia del juzgado el veintidós de junio posterior, dio contestación. Después, el demandado, según escrito de veintisiete de junio de dos mil veintidós, a virtud del divorcio entre éste y la actora, aquí quejosa, con base en la documental pública consistente en la copia certificada en que se decretó el divorcio entre los contendientes del juicio, solicitó al juez del conocimiento tuviera a bien girar oficio al Gerente General, pagador, o a quien corresponda para que en forma inmediata se sirva retener la orden de pago de alimentos decretada en favor de la actora, en lo que respecta al quince por ciento de sus ingresos que se le fijaron como pensión provisional. A esa petición recayó el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en los siguientes términos: Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. [.] Por último, se da cuenta con un escrito de ALFONSO AMARO CARILLO, recibido el veinticuatro de junio del año en curso; visto su contenido, como lo solicita y tomando en consideración que del atestado del registro civil relativo al divorcio de la actora con el ahora demandado se advierte que los mismos ya no resultan ser cónyuges, y como consecuencia, ya no existe el vínculo matrimonial que los unía; por lo que ha cesado la obligación de darse alimentos; así como por parte del acreedor alimentario y demandado ALFONSO AMARO CARILLO, a favor de la acreedora alimentaria ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, por ende es procedente la retención en forma provisional del quince por ciento (15%) que le fue fijado al demandado sobre su sueldo y demás prestaciones que percibe por la renta de vehículos y como introductor de caña del Ingenio Central Motzorongo S.A. DE C.V., a favor de la demandada (sic) ALEJANDRA FABIOLA PEÑA GALLARDO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163, 164 y 314 del Código Local de Procedimientos Civiles en Vigor, que textualmente dicen: Artículo 163.- Cuando los magistrados, jueces o secretarios no se inhibieren a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, procede la recusación, que siempre se fundará en causa legal. Artículo 164.- En los concursos, sólo el síndico podrá hacer uso de la recusación en los negocios que afecten al interés general; en los que afecten el interés particular de alguno de los acreedores, podrá el interesado hacer uso de la recusación; pero el juez no quedará inhibido más que en el punto de que se trate. Resuelta la cuestión, se reintegra al principal. Artículo 314.- Los cónyuges deben darse alimentos La Ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otras que la misma ley señale. En virtud de lo anterior, al efecto, gírese atento oficio al Gerente General o a quien corresponda del Ingenio Central Motzorongo .S.A DE C.V. del Municipio Tezonapa Veracruz, a fin de que proceda a realizar la retención antes ordenada, hasta en tanto esta autoridad no ordene su entrega a quien corresponda. De todo lo expuesto, se desprende, que el juez del proceso familiar, atendió, en respeto de las partes, al inicio del procedimiento en que tuvo por admitida la acción y ordenó el emplazamiento al demandado para que contestara la demanda, los principios de igualdad procesal y de audiencia; hecha excepción del demandado cuando fijó la pensión provisional a favor de la actora, pues en ese punto el apuntado numeral 965 del Código adjetivo local, así lo prescribe. También atendió los citados principios cuando el demandado exhibió copia certificada de la resolución que contiene la disolución del matrimonio, con la cual, se ordenó dar vista a la actora para respaldar el pedido del demandado, a saber, la cancelación de la pensión provisional, que se traduce en el desconocimiento de una obligación. Igual preservación hizo el juez, del derecho de audiencia e igualdad procesal, cuando, ordenó dar vista a la actora de los agravios hechos valer contra el acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, en que el juez decretó que no había lugar a la cancelación de la pensión provisional que le reconoció, porque no se había dictado sentencia. Sin embargo, no ocurrió así cuando, con el pedido del demandado de que se retuviera a la actora la pensión provisional, determinó, con desacierto, se suspendiera o retuviera esa pensión decretada el dos de marzo de dos mil veintidós, pues, lejos de dar vista a la actora, para que expusiera o alegara lo que a su derecho conviniera, a fin de tener el juzgador las argumentaciones para ponderar las posturas de los contendientes, con respecto al derecho de persistencia o no del derecho reconocido por el mismo en auto inicial del procedimiento. Con base en lo anterior, al existir un actuar contrario a lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional conlleva a concluir que el acto es contrario a los derechos humanos de la justiciable y por ello es procedente CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, que se solicita. El efecto de la CONCESIÓN DE AMPARO, es que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Tuxtepec, Oaxaca, en respeto al principio de igualdad procesal, realice lo siguiente: 1.- Deje insubsistente el acuerdo reclamado de veintiocho de junio de dos mil veintidós, como también los oficios 778/2022 y 784/2022, librados al Gerente General o representante de Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V., con motivo de dichos acuerdos; y, 2.- En su lugar, dicte otro en que ordene dar vista a actora, aquí quejosa, con la petición hecha por el demandado Alfonso Amaro Carrillo, y después de ello, con plenitud de jurisdicción, proceda a acordar lo que en derecho corresponda conforme a sus facultades legales. OCTAVO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Tuixtepec, Oaxaca, por las razones y para los efectos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE TERCERA INTERESADA EN TERMINOS DE LEY

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano