Aleida Catalina Resendez Cabrera
Expediente 713/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aleida Catalina Resendez Cabrera
Actuaciones
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control interno respectivos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 713/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ALEIDA CATALINA RESENDEZ CABRERA, por su propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa II de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO. La omisión de la responsable de dar contestación a su escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el cual solicita la devolución de diversos objetos personales asegurados dentro de la carpeta de investigación 3888/FVCE/OAXACA/2023 (consistentes en una laptop, una mochila con dos carpetas y una lapicera, una cosmetiquera y otros objetos que refiere le son de utilidad para sus estudios). DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Federal. DESECHAMIENTO Se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, ya que se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, FRACCIÓN XX de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos que resulten de la Constitución o de la Ley aplicable al caso en concreto, y en este supuesto, se advierte que el acto reclamado es susceptible DE CONTROL JUDICIAL, por vía ordinaria, ya que la quejosa se encuentra en aptitud de hacer valer el INCIDENTE INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LO QUE ACTUALIZA LA REFERIDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos e dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". En el caso, como ya se expuso, la quejosa manifiesta que reclama omisiones de la autoridad en la carpeta de investigación 3888/FVCE/OAXACA/2023, como es la omisión de no acordar su escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el cual solicita la devolución de diversos objetos personales asegurados dentro de la citada carpeta de investigación. Sin embargo, como ya se precisó, respecto de las omisiones reclamadas, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Lo anterior es así, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato. Por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no alude expresamente a los actos reclamados en este juicio de amparo, lo cierto es que éstos ocurren dentro de la carpeta de investigación. De modo que acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación; con lo que se concluye que la omisión reclamada, previo a su reclamo en amparo, deben ser impugnadas ante el Juez de Control, con la finalidad de que éste resuelva lo conducente. Lo anterior, pues es a través de ese medio de impugnación (previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales) que se permitirá establecer si el acto objeto de reclamo es atentatorio de derechos de la quejosa, lo que será dilucidado en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Se invocan en apoyo las referidas tesis de Jurisprudencia 27/2018 y 28/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 943 y 945 del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, respectivamente de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, as omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". DOMIILIO Y AUTORIZADOS. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, sin tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, en virtud de que no se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del año dos mil cinco; en tal virtud, se les tienen por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el numeral 24 de la ley de la materia. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por otra parte, se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. ALTA DE USUARIO Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente consulte el expediente electrónico de este asunto, con el usuario "IVANE********************mismo que fue proporcionado en la demanda de amparo. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular los usuarios que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema. MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora, la parte quejosa solicita que se autorice el uso de aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, grabadoras, teléfonos celulares, escáner digital o lectores ópticos; al respecto, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido, previa cita que agende. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA. Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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