Alejandra de los Angeles Escamilla Puc

Expediente 882/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
882/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Alejandra de los Angeles Escamilla Puc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    érida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 20/07/23 21:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4c.05 LIBIA BEATRIZ CUA MEJIA establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo. Ahora bien, se trae a colación que la parte quejosa reclamó de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su demanda de amparo inicial, lo siguiente: 1. La omisión de dar trámite a la demanda laboral presentada el diez de febrero de dos mil veinte. Así mismo, con base en el informe justificado presentado por dicha autoridad, la parte quejosa amplió su demanda de amparo, la que fue admitida el treinta de mayo de dos mil veintidós, reclamando como segundo acto, ahora de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: 2. La omisión de radicar y su consecuente notificación a las partes, la demanda laboral presentada el diez de febrero de dos mil veinte, en autos del expediente laboral de origen 143/2020. En consecuencia, en el caso a estudio, concretamente en lo referente al acto reclamado precisado en el punto 1 precedente, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Se estima lo anterior, en virtud de que, del informe de Ley rendido por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, se desprende, que en cuanto al acto que se le reclamó consistente en: la omisión de dar trámite a la demanda laboral presentada el diez de febrero de dos mil veinte, dicha autoridad en esa fecha, diez de febrero de dos mil veinte, turnó la demanda laboral interpuesta por la parte quejosa a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. Por tanto, se advierte que la autoridad responsable primigenia, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al haber turnado el diez de febrero de dos mil veinte, la demanda laboral interpuesta por la parte quejosa, en la misma data a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y tomando en cuenta que lo anterior se llevó a cabo con fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, antes del veinticinco de marzo dos mil veintidós; en consecuencia, el referido acto reclamado, se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó en que al momento de que la parte quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ya que ésta turnó el diez de febrero de dos mil veinte, la demanda laboral interpuesta por la parte quejosa, a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la primera omisión reclamada, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste. En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, concretamente en lo referente al acto reclamado precisado en el punto 1, se decreta el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, julio de 1994, página 15, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora bien, en lo que respecta al acto reclamado, precisado en el punto número 2, consistente en: La omisión de radicar y su consecuente notificación a las partes de la demanda laboral presentada el diez de febrero de dos mil veinte, en autos del expediente laboral de origen 143/2020, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En relación con lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, dicho acto reclamado precisado en el punto número dos, consiste en la omisión de radicar y su consecuente notificación a las partes de la demanda laboral presentada el diez de febrero de dos mil veinte, en autos del expediente laboral de origen 143/2020, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sin embargo, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado adjuntó al oficio de cuenta, se desprende que el veintiocho de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda laboral interpuesta por la aquí quejosa, quedando registrada con el número de expediente 143/2020; así mismo, la parte actora aquí quejosa fue notificada por medio de su apoderado, Juan Francisco Amaro Franco, al haber comparecido espontáneamente a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones programada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que se hizo sabedora desde esa data del número de expediente laboral, así como ante qué junta se ventilaba su demanda laboral; finalmente, la parte demandada Universidad Tecnológica Metropolitana, mediante cédula de notificación de veintiuno de junio de dos mil veintidós. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable el veintiocho de febrero de dos mil veinte, radicó la demanda laboral interpuesta por la aquí quejosa, quedando registrada con el número de expediente 143/2020; de lo que tuvo conocimiento la agraviada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por comparecencia que realizó su apoderado a la audiencia de Ley, y la parte demandada mediante cédula de notificación, hasta el veintiuno de junio de dos mil veintidós. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no había radicado y notificado a las partes el auto de radicación dentro del juicio laboral de origen, lo que en el caso se subsana con lo antes expuesto. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguense a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante los cuales pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de cinco de los corrientes, y adjunta copia certificada del escrito de demanda presentada por la parte quejosa ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como, dos cartas poder, una cedula profesional y el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en autos del Juicio laboral de origen. Sin embargo, la Junta responsable fue omisa en remitir las constancias requeridas por este órgano jurisdiccional en proveído de cinco de julio cursante, relativas a la CEDULA DE NOTIFICACIÓN REALIZADA A LA PARTE QUEJOSA (PARTE ACTORA EN EL JUICIO DE ORIGEN) del auto de siete de junio cursante por medio del cual se señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase nuevamente a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación de presente acuerdo, REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN REALIZADA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE SIETE DE JUNIO CURSANTE POR MEDIO DEL CUAL SE SEÑALÓ FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, O EN SU CASO, INFORME SU IMPOSIBILIDAD PARA HACERLO. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia consultable, en la página 108, Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Materia: Común, Tesis: P./J.17/97. "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de ????????Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. " NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Agréguense a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante los cuales pretende cumplir con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintisiete de junio del año en curso, toda vez que de la revisión de las constancias que anexó a su oficio de mérito, se desprende que son las mismas que adjuntó a su informe de Ley, las cuales se pusieron a la vista de las partes en proveído de veintisiete de junio del año en curso. Ahora bien de la lectura del requerimiento que se le hizo a la citada junta responsable en el proveído en comento, fue para efecto de que remita copia certificada de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN REALIZADA A LA PARTE QUEJOSA (PARTE ACTORA EN EL JUICIO DE ORIGEN) del auto de siete de junio cursante por medio del cual se señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, siendo dichas documentales necesarias para resolver el presente asunto conforme a derecho, requiérase a dicha autoridad responsable, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de presente acuerdo, remita copia certificada de la cedula de notificación realizada a la parte quejosa del auto de siete de junio cursante por medio del cual se señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, o en su caso, informe su imposibilidad para hacerlo. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia consultable, en la página 108, Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Materia: Común, Tesis: P./J.17/97. "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."1 NOTIFÍQUESE

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