Alejandra Arrugunaga Diaz
Expediente 841/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandra Arrugunaga Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se advierte que no existe motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, la copia certificada del expediente 960/2014, que la Juez Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, acompañó a su informe justificado, devuélvasele y pídase a la aludida que informe a este órgano jurisdiccional cuando las haya recibido, como constancia de su recepción.
- Principal
MESA II.Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de quince de agosto del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.
- Principal
MESA II. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el siete de agosto del año en curso, dictó un acuerdo en el que dio contestación a los escritos de tres de enero, veintitrés de marzo y veintiséis de mayo del año en curso, en autos del expediente 960/2014. Ahora bien, se trae a colación que el acto que Alejandra Arrigunaga Díaz reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Juez responsable de atender los escritos de tres de enero, veintitrés de marzo y veintiséis de mayo del año en curso, en el procedimiento de origen, particularmente en lo atinente a la solicitud de hacer efectiva la garantía de pago de la obligación del deudor alimentario. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de la Juez responsable de atender los escritos de tres de enero, veintitrés de marzo y veintiséis de mayo del año en curso, en el procedimiento de origen, en lo relativo a la solicitud de hacer efectiva la garantía de la obligación de pago del deudor alimentario. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la citada Juez adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el siete de agosto del año en curso, la atendió la solicitud realizada en los ocursos de referencia, en autos del expediente 960/2014, pues el efecto la responsable resolvió que previo a acceder a dicha petición de hacer efectiva la garantía de pensión alimenticia, comisionó al actuario para que requiriera al deudor con el pago respectivo. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que atendió la solicitud realizada en los escritos de tres de enero, veintitrés de marzo y veintiséis de mayo del año en curso, cuya omisión impugna, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al realizar pronunciamiento alguno respecto de la solicitud contenida en los escritos de referencia, lo que en el caso se subsana con el dictado del acuerdo de siete de agosto del año en curso, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Por otro lado, de autos se advierte que el doce de julio del año en curso, se reservó acordar lo relativo al emplazamiento del tercero interesado Mauricio Díaz Montalvo, hasta en tanto obre en el expediente el informe justificado de la responsable, lo que en la especie ya aconteció; sin embargo, resulta innecesario ordenarlo por los motivos asentados en los párrafos que anteceden. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA II. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el siete de agosto del año en curso, dictó un acuerdo en el que dio contestación a los escritos de tres de enero, veintitrés de marzo y veintiséis de mayo del año en curso, en autos del expediente 960/2014. Ahora bien, se trae a colación que el acto que Alejandra Arrigunaga Díaz reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Juez responsable de atender los escritos de tres de enero, veintitrés de marzo y veintiséis de mayo del año en curso, en el procedimiento de origen, particularmente en lo atinente a la solicitud de hacer efectiva la garantía de pago de la obligación del deudor alimentario. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de la Juez responsable de atender los escritos de tres de enero, veintitrés de marzo y veintiséis de mayo del año en curso, en el procedimiento de origen, en lo relativo a la solicitud de hacer efectiva la garantía de la obligación de pago del deudor alimentario. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la citada Juez adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el siete de agosto del año en curso, la atendió la solicitud realizada en los ocursos de referencia, en autos del expediente 960/2014, pues el efecto la responsable resolvió que previo a acceder a dicha petición de hacer efectiva la garantía de pensión alimenticia, comisionó al actuario para que requiriera al deudor con el pago respectivo. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que atendió la solicitud realizada en los escritos de tres de enero, veintitrés de marzo y veintiséis de mayo del año en curso, cuya omisión impugna, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al realizar pronunciamiento alguno respecto de la solicitud contenida en los escritos de referencia, lo que en el caso se subsana con el dictado del acuerdo de siete de agosto del año en curso, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Por otro lado, de autos se advierte que el doce de julio del año en curso, se reservó acordar lo relativo al emplazamiento del tercero interesado Mauricio Díaz Montalvo, hasta en tanto obre en el expediente el informe justificado de la responsable, lo que en la especie ya aconteció; sin embargo, resulta innecesario ordenarlo por los motivos asentados en los párrafos que anteceden. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Alejadro Carlos Augusto Varela Y Baeza843/2020
- Alejandr Aberenice Bravo Perez1740/2019
- Alejandra Acosta Abimerhi27/2022
- Alejandra Acosta Abimerhi26/2022
- Alejandra Adan Roman1463/2021
- Alejandra Adolfina May Ceh295/2019
- Alejandra Carballo Manzanilla696/2022
- Alejandra Chalé Martínez395/2022
- Alejandra Daniela Guzmán Hernández2600/2022
- Alejandra de los Angeles Escamilla Puc882/2022
- Alejandra del Carmen Burgos Medina653/2023
- Alejandra del Carmen Cervera Pech652/2018