Alejandra Castillo Venegas

Expediente 559/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
559/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Castillo Venegas
  • Gobernador del Estado de Baja California, Poder Ejecutivo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de febrero de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    toda vez que la parte quejosa no atendio el citatorio de 3 de enero de 2022 se notifica por este medio el auto de Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de quince de octubre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. Por lo anterior, se les ordenó que procedieran en los términos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i) Que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, proceda con prontitud a dictar y tomar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento total del laudo condenatorio emitido dentro del juicio laboral burocrático 1026/2011-V. Solo de esa forma se podrá restituir a la parte quejosa en pleno goce de los derechos humanos violados, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena." Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió dictar y tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del aludo condenatorio emitido en el juicio laboral burocrático 1026/2011-V. Causa ejecutoria. Por proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada; por lo que en el mismo acuerdo se requirió su cumplimiento. Actuaciones llevadas a cabo en acatamiento al fallo protector. En cumplimiento del fallo protector, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno este Juzgado acordó el oficio que remitió el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en que informó que se había reconocido la antigüedad de la quejosa por parte de la autoridad demandada, y previamente se acreditó que se habrían cubierto las cuotas de la trabajadora al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California. Vista. Con dichas constancias remitidas y demás obrantes en autos, en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se dio la vista a las partes, sin que la quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Dictamen de fallo cumplido. Pues bien, de las constancias relatadas se evidencia que la autoridad responsable dio total cumplimiento al fallo protector. Toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable dictó y tomó las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del aludo condenatorio emitido en el juicio laboral burocrático 1026/2011-V. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte amparista, por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, téngase por consentida esta determinación y ordénese el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Registro digital 164525, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/4600/2021 de veintinueve de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de quince de octubre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. Por lo anterior, se les ordenó que procedieran en los términos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i) Que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, proceda con prontitud a dictar y tomar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento total del laudo condenatorio emitido dentro del juicio laboral burocrático 1026/2011-V. Solo de esa forma se podrá restituir a la parte quejosa en pleno goce de los derechos humanos violados, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena." Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió dictar y tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del aludo condenatorio emitido en el juicio laboral burocrático 1026/2011-V. Causa ejecutoria. Por proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada; por lo que en el mismo acuerdo se requirió su cumplimiento. Actuaciones llevadas a cabo en acatamiento al fallo protector. En cumplimiento del fallo protector, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno este Juzgado acordó el oficio que remitió el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en que informó que se había reconocido la antigüedad de la quejosa por parte de la autoridad demandada, y previamente se acreditó que se habrían cubierto las cuotas de la trabajadora al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California. Vista. Con dichas constancias remitidas y demás obrantes en autos, en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se dio la vista a las partes, sin que la quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Dictamen de fallo cumplido. Pues bien, de las constancias relatadas se evidencia que la autoridad responsable dio total cumplimiento al fallo protector. Toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable dictó y tomó las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del aludo condenatorio emitido en el juicio laboral burocrático 1026/2011-V. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte amparista, por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, téngase por consentida esta determinación y ordénese el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Registro digital 164525, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/4600/2021 de veintinueve de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el telegrama del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, mediante el cual en cumplimiento a requerimiento de veinticinco de octubre del año en curso, informa que para efecto de llevar a cabo la ejecución del laudo y poder cumplir la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, informando que en proveído de veintiocho de octubre se le dio vista a la parte actora, con las manifestaciones de cumplimiento de la parte demandada, agréguese y dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que en su derecho convenga. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa, que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del término conferido, se tendrá por conforme con el contenido del anexo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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