Alejandra Berenice Piñas Paredes
Expediente 917/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- Alejandra Berenice Piñas Paredes
- Junta Especial Numero Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Oficios. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, y anexo que se acompaña, mediante los cuales remite diversas actuaciones, de las que se desprende que las partes celebraron convenio para dar por terminado el juicio laboral origen y la junta responsable ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" El análisis de la causa de improcedencia en comento, conlleva a materializar la restitución del daño producido por el acto de autoridad, a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; pues en caso de apreciar alguna modificación al entorno jurídico en que surgió éste, que tornará fácticamente imposible lograr los fines propuestos por el legislador para el juicio de amparo, ningún fin positivo tendría darle curso legal, porque de todas formas lo resuelto no trascendería a la esfera jurídica del peticionario de amparo; el contenido normativo del citado dispositivo revela que para que tenga lugar esta causal de improcedencia es menester reunir los siguientes requisitos: a) Que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto que en ella se reclame subsista; b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió dicho acto reclamado; y, c) Que por haber dejado de existir la materia u objeto de éste, no pueda surtir efecto legal o material. Es aplicable la tesis de jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que dice: "Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó en forma destacada la omisión de agotar la etapa de desahogo de pruebas, en autos del expediente laboral 465/2018-3A, del índice de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California. Ahora, claramente el objetivo de la parte gestora del amparo era que se agotara la etapa procesal de desahogo de pruebas en el juicio laboral de origen. Empero, de las constancias remitidas por la Junta responsable en el oficio de cuenta, se advierte que en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a las partes contendientes celebrando convenio para dar por terminado el juicio laboral, mismo que la responsable tuvo por ratificado, aprobado y sancionado, al no contener clausulas contrarias a derecho ni a la moral, en términos de la Ley Federal del Trabajo, y elevado a la categoría de laudo ejecutoriado; dicha circunstancia, desde luego, torna jurídica y fácticamente imposible lograr los fines del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, la Junta responsable remitió el diverso auto de dos de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual la parte actora recibió un título de crédito como pago total del convenio celebrado en autos, y mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, se tuvo por realizado el buen cobro del mismo, por lo que se ordenó el archivo definitivo del asunto como total y definitivamente concluido. Documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa óptica, resulta inconcuso que se actualizan los requisitos de la causa de improcedencia aludida, en razón de que, a pesar de que subsiste el acto reclamado consistente en la omisión de agotar la etapa de desahogo de pruebas; sin embargo, ocurrió una modificación en el entorno jurídico del asunto de que se trata, al haber celebrado la parte un convenio con el cual dieron por concluida la contienda, lo que se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado y al haberse dado cumplimiento al mismo, se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. De ahí que este juzgado, aun y cuando examinara la legalidad del acto reclamado y, además, de llegarse a conceder la tutela de la justicia federal, ello no trascendería a la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido su objeto y materia. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las catorce horas del quince de diciembre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se desprende que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, señaló las nueve horas con treinta minutos del once de noviembre del presente año, para que tenga verificativo la audiencia pericial en calígrafoscópica y dactiloscópica, dentro del juicio laboral de origen. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe lo sucedido en esa data y además, remita las constancias relativas a la referida audiencia; documentales que se estiman necesarias para la resolución del presente juicio. Lo anterior, atendiendo a que podría actualizarse una causa de sobreseimiento, pues en el caso se reclama la omisión de desahogar las pruebas. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Precedente vertical. Como precedente vertical se tiene lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, en el amparo en revisión laboral 500/2021, en el que revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento, a fin de que se recabaran las constancias necesarias en un caso similar al que nos ocupa, a fin de indagar sobre la posible actualización de una causal de improcedencia. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 163/2005, Registro digital: 176291, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Diferimiento. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las catorce horas del quince de diciembre del presente año, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la Junta responsable, agregadas mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintidós. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Diferimiento. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy, y se señalan las diez horas con diez minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos y remite las constancias solicitadas por este órgano jurisdiccional, por ser necesarias para resolver el presente juicio. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe la autoridad responsable de mérito, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Vista a las partes. De conformidad con en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a la citada ley, al respecto resulta aplicable la tesis: XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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