Alejandra Bermudez Perez

Expediente 625/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
625/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Alejandra Bermudez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la Ley de Amparo, contra el proveído emitido dentro del presente juicio de amparo en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinte de agosto actual, que en lo conducente dice: RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio firmado por la Encargada de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en Acámbaro, Guanajuato. Lo cual acredita con la documental que anexa consistente en el nombramiento de quince de marzo de dos mil dieciocho, expedido a su favor por el Subdelegado Médico de dicha institución, por tanto se le tiene reconocida la personalidad que detenta. En atención a su contenido, y dado que con el oficio de mérito rinde su informe justificado, se ordena agregar para los fines legales conducentes, por los motivos que a continuación se expondrán. Por otro lado, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia. Ahora bien, la Encargada de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en Acámbaro, Guanajuato, hace del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dio contestación al escrito presentado por la quejosa ***, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, cuya omisión en dar respuesta constituyó el acto reclamado, adjuntando copia de dicho proveído para acreditar su dicho. Por otro lado, de autos, se advierte que mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, a quien correspondió conocer por razón de turno, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Unidad Médica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de Acámbaro Guanajuato, mismo que se admitió a trámite el treinta de julio de dos mil dieciocho, por los actos que a continuación se indican: ACTOS RECLAMADOS. La falta de contestación (motivación y fundamentación) y obstrucción al seguimiento de lo requerido desde el día 31 de octubre del año 2017 hasta la fecha. Acto que consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos los artículos 1, 4, 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, se solicitó su respectivo informe justificado a la autoridad responsable Unidad Médica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de Acámbaro, quien al rendirlo, negó la existencia de los actos que le reclamaron, bajo el argumento de que ya había dado respuesta a la solicitud formulada por la quejosa ***, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, adjuntando diversas documentales para acreditar su dicho. Documentales que merecen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Una vez analizada la demanda, así como las documentales de referencia, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, así como la de sobreseimiento contenida en el 63, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y, Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Lo anterior es así, toda vez que con la emisión de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada por la Encargada de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en Acámbaro, Guanajuato, quedó satisfecha la petición de la aquí quejosa ***, presentada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Por lo que es claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues se reitera, se dio contestación a la petición formulada por la nombrada quejosa. De ahí que sea válido concluir que han desaparecido las transgresiones que por esta vía se impugnan, por lo cual procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la tesis del entonces tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías. De igual forma, resulta ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento analizada, resulta innecesario abordar el estudio de la invocada en su informe justificado por parte de la Encargada de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en Acámbaro, Guanajuato, puesto que con independencia de que asista o no razón a la nombrada responsable, el sentido de la presente resolución no variaría. Además de que la misma es coincidente con la causal invocada por este tribunal federal. Sobre esto último, tiene aplicación la jurisprudencia 54/98, cuyos datos de localización son: Novena Época, Registro: 195744, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, materia común, página 414, que dispone: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, cuyo contenido reza lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. A virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se había fijado para las nueve horas con seis minutos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 32). Máxime, que atendiendo al artículo 17 constitucional, no tendría objeto la prolongación de la misma, al haberse restituido a la quejosa en la garantía violada, y si en cambio, se retardaría el presente juicio, en perjuicio de la parte promovente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo número 625/2018-II.2, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, por los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por las razones relatadas en el contenido de la presente determinación.

  3. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable Unidad Médico Familiar del I.S.S.S.T.E., con residencia en Acámbaro, Guanajuato, ni el acuse de recibo del oficio con el que se le requirió. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con seis minutos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, para que la misma tenga verificativo.

  4. Principal

    DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Unidad Médica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de Acámbaro Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en el artículo 1.°, 4, 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 625/2018-II.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por la quejosa Alejandra Bermúdez Pérez, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos reclamados a la Unidad Médica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de Acámbaro Guanajuato. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de ser omisa en rendirlo, a la autoridad que incumpla, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables residentes fuera de esta ciudad, para que rinda su informe justificado vía fax al número 01-461-61-5-57-93, telegráfica o correo electrónico a la dirección 5jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que para rendir su informe justificado, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde via fax, telegrama o correo electrónico, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado). Lo anterior conforme a la tesis que al rubro establece: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la audiencia constitucional, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término que se le concede para rendir su informe justificado, remita copia certificada legible de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le impondrá una multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo actual. Además, se requiere a la autoridad responsable para que exponga las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emitan, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. De igual forma, también deberán informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto, bajo el entendido que de no hacerlo, se hará efectiva en su contra la multa referida en el párrafo que antecede. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que deberá adjuntar a su informe de ley copia certificada de las constancias que hayan sido impresas en el juicio de origen, y de las actuaciones que no obre constancia impresa deberá remitir copia de la grabación de audio y video, de acuerdo a las herramientas tecnológicas de que disponga el tribunal actuante. REQUERIMIENTOS A LAS PARTES. De igual manera se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, de ser el caso a la autoridad que no lo haga se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. NO EXISTE TERCERO INTERESADO. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo, a fin de que proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado. Ello en razón de que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no existe, aunado a que el acto reclamado en el presente asunto se trata de un derecho de petición; es decir, un derecho constitucional violado al quejoso directamente, sin que haya contraparte respecto del acto reclamado, lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia; motivo por el cual no se actualiza la figura del tercero interesado, conforme lo establece el artículo 5°, fracción III de la ley de la materia. PRUEBAS. Asimismo, ténganse como pruebas de parte de la quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda; las cuales, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES PARA LA REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO, QUIENES PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común, bajo el rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). SIN INCIDENTE. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado el promovente, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa del incidente respectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponda. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, QUE NO ACUSEN RECIBO, SALVO AQUÉLLOS CASOS EN LOS QUE DE MANERA EXPRESA LE SEA SOLICITADO. Ahora bien, dado que resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este juzgado federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este tribunal federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle *** de esta ciudad. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se tiene como autorizada de su parte a los licenciados ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco y en atención al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis; y, a *** en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, es decir, únicamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley por no tener registrada su cédula profesional en la nombrada base de datos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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