Aldo Saavedra Hernandez

Expediente 201/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
201/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2017

Partes del expediente

  • Aldo Saavedra Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 3546, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo número 201/2017-V-1, promovido por ***por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región de Celaya, Guanajuato, así como copia certificada de la resolución emitida el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por el órgano Colegiado de su adscripción, en el recurso de queja penal 91/2017, cuyo punto resolutivo quedó como sigue: "ÚNICO. Aunque por diversas razones, es infundada la queja interpuesta por ****contra el auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, dictado por el juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Celaya en el juicio de amparo indirecto 201/2017." Acúsese recibo. En consecuencia, al no requerir ejecución material el acuerdo recurrido, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido; hágase lo anterior del conocimiento del solicitante del amparo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de control; agréguese al expediente que se recibe el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto para los efectos legales conducentes. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; y como se anotó, el órgano Colegiado al resolver el recurso de queja que en su contra se interpuso, confirmó dicha determinación; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito firmado por el solicitante del amparo ***, por el que interpone recurso de queja en contra del acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete (f. 9-12), y formula los agravios que dice le irroga el acuerdo recurrido. Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 primer párrafo, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete (f. 9-12), que desechó la demanda promovida; en su oportunidad, remítanse los autos originales de este juicio de amparo, así como el original del escrito de expresión de agravios y copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, con sede en la ciudad de Guanajuato, para la substanciación y resolución del recurso de queja interpuesto. De igual forma, con fundamento en el artículo 101 párrafo primero, de la invocada Ley, ríndase informe sobre la materia de la queja en el sentido de que únicamente es cierto que por acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, se desechó la demanda promovida por los motivos y fundamentos anotados en dicha determinación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR PARTE DEL QUEJOSO, POR ESTE CONDUCTO SE LE NOTIFICA: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda promovida por *** por su propio derecho contra actos del Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región de Celaya, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías contenidas en los artículos 1°, 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 201/2017-V-1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la demanda promovida se aprecia que se señala como autoridad responsable al Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región de Celaya, Guanajuato; autoridad a la que reclama, el acto que describió de la forma siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Señalo como acto reclamado el siguiente: a) El auto por el cual se negó al suscrito que el Licenciado ***, fuese mi defensor particular dentro de la causa penal número ***." Asimismo, de los antecedentes de los actos reclamados, se desprende, en lo que aquí interesa que el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el quejoso fue detenido acusado del delito de homicidio calificado en agravio de ***. El veintinueve de noviembre siguiente, dentro de la audiencia de formulación de imputación le fue decretado auto de vinculación a proceso por el indicado delito. Por considerarlo en beneficio para sus intereses, revocó a sus anteriores defensores particulares y designó como tal, entre otros, al licenciado ***, quien fue el único que aceptó el cargo conferido. El tres de enero de dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos, estaba programada la audiencia intermedia la cual no se llevó a cabo por inasistencia de su defensor particular; inasistencia por enfermedad. En esa misma audiencia el Juez responsable le indicó que su abogado había abandonado su defensa injustificadamente y convino al aquí quejoso para que dentro de tres días hiciera la designación, en la inteligencia de que de no hacerlo, se le nombraría uno de oficio. El veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el quejoso firmó y entregó escrito en el que revoca a sus defensores públicos y designa como su defensor particular al licenciado ***. En diligencia señalada a las trece horas del treinta de enero de dos mil diecisiete, después de la hora señalada y un receso decretado, se reanudó la audiencia en la cual pidió al Juez responsable aceptara la designación del defensor particular propuesto; sin embargo, el Juez abrió el debate donde se escuchó a su defensora pública y Agente del Ministerio Público; y al final, acordó que no aceptaba su petición de designación de defensor particular; aclarando el quejoso que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Celaya, Guanajuato. Lo anotado, permite establecer que el ordenamiento legal que se aplicada en la causa de origen, es la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato; y que la negativa de tener como defensor particular al designado por el encausado, ocurrió en audiencia de treinta de enero de dos mil diecisiete. Fijado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la Ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al Principio de Definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debió agotar el recurso ordinario, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. En la especie, la determinación que constituye el acto reclamado, carece de definitividad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que en su contra, procede el RECURSO DE REVOCACIÓN de conformidad con lo establecido en los artículos 459, 460 y 461 de Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato; dispositivos que son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 459. El recurso de revocación tiene como propósito que el mismo órgano jurisdiccional que emitió una decisión, la revise y, en su caso, la sustituya por otra que la modifique o revoque. ARTÍCULO 460. Los autos para cuya emisión no hubiere precedido debate y contra los cuales no se conceda por esta ley el recurso de apelación ni expresamente se impida recurrirlos, serán revocables por el juez o tribunal que los dictó. De igual forma, lo serán los que se dicten en segunda instancia, antes de la sentencia. ARTÍCULO 461. El recurso de revocación contra las resoluciones pronunciadas durante las audiencias deberá interponerse de manera verbal, tan pronto se pronuncien; de inmediato se escuchará a las demás partes y de la misma manera se pronunciará la decisión, sin suspender la audiencia." En efecto, el demandante del amparo debió interponer el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, pues éste tiene como efecto, modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional y, al no hacerlo, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Asimismo, en el caso no se actualiza ninguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; puesto que el acto reclamado no se encuentra vinculado con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales [inciso a)]. De igual forma, el acto reclamado no lo constituye la orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso [inciso b)]. Además de que la parte quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen ya que se trata del encausado dentro del proceso penal ***, de la estadística del Juzgado responsable, y para la procedencia del recurso o medio de defensa que establece la Ley que rige el acto no se requiere de interpretación adicional y tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarlo [inciso c)]. Así, la determinación del Juez responsable que no tuvo por designado como defensor particular al licenciado Pablo Aldrete Ramírez del aquí quejoso, dentro de la causa penal ***, que resultó ser el acto reclamado que por esta vía se combate, carece de definitividad para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que no debe perderse de vista que si *** reclama la referida determinación, emitida por el Juez responsable dentro de la causa penal de origen, bien pudo impugnar el contenido de la aludida determinación a través del recurso de revocación de conformidad con lo establecido en los artículos 459, 460 y 461 de Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, medio de defensa por virtud del cual, pudo lograr su modificación o revocación, y al que estaba obligado el ahora promovente a agotar antes de acudir a la promoción del juicio de amparo; por lo que al no hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo sustancial, la Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Séptima Época Registro: 257209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 12, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 37 "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " Así como la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 224800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Civil, Común Tesis: I. 4o. C. J/25 Página: 361 "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción Vil, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. " Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se observó el principio de definitividad que impera para la procedencia del juicio de amparo, puesto que, en contra de la determinación que resultó ser el acto reclamado, no se interpuso el recurso revocación, se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. No es óbice para arribar a la anterior determinación que el artículo 20 apartado B, fracción VIII, Constitucional, establezca que el imputado tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público; ello en atención a que como se precisó, del contenido integral de la demanda de cuenta, no se desprende que el Juez responsable no haya permitido elegir al aquí quejoso libremente a la persona que habrá de defenderlo en la causa de origen, sino que, en todo caso, le tuvo por designado al defensor público del Juzgado de su adscripción, porque el designado abandonó el cargo, por lo que el Juez de primer grado se encuentra obligado a hacer la designación a favor del defensor público de su adscripción. En otro orden, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en *** Celaya, Guanajuato.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano