Alejandra Aída Ramírez Cortes
Expediente 1021/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alejandra Aída Ramírez Cortes
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se determinó desechar la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ...
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el conteido del acuerdo del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se determinó desechar la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ...
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes, el contenido del proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete. 1. Vista la demanda de amparo que promueve Alejandra Aida Ramírez Cortes, contra los actos de la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1021/2017-II. 2. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: 3. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. 4. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: ... 5. De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo, en los supuestos en los que se reclamen actos dictados en ejecución de sentencia, procede únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. 6. Dicha previsión legal parte de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, al ser posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, pues de demostrarse que hubo la infracción legal y que dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. 7. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. 8. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. 9. No obstante, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 108/2010, al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia -previsto en la Ley de Amparo abrogada-, determinó que de manera excepcional la norma que regulaba la procedencia del amparo contra actos dictados dentro de juicio, dada su amplitud, podía aplicarse por analogía para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, en aquellos supuestos en los que existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. 10. Consecuentemente, se estima que tratándose de actos intraprocesales dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, de manera excepcional podrá determinarse la procedencia del juicio de amparo en aquellos supuestos en los que se actualice el supuesto normativo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio constitucional resulta procedente respecto de actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados tanto en la Constitución Federal como en los tratados internaciones celebrados por el Estado Mexicano. 11. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que proceda el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta necesario que se actualicen dos condiciones: 1. Que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, lo que implica que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el libre ejercicio de un derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, y no solo de naturaleza formal o adjetiva o procesal, pues en éstos la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, por lo que será en la resolución definitiva el momento en el cual se consumaran en forma efectiva. ... 13. A partir de las consideraciones expuestas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en sesión del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, determinó que en aquellos supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa sobre la de prosecución del trámite, incluso tratándose de la fase de ejecución de la resolución administrativa. 14. Lo anterior, pues sostuvo que si bien la afectación a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional, constituye uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables; lo cierto es que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. 15. Asimismo, determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. 16. De lo anterior, concluyó que, por regla general, el criterio que debe prevalecer es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con la salvedad de que, en el supuesto que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación" del procedimiento o paralización total del mismo, la demanda de amparo será procedente por excepción. ... 18. Ahora bien, el acto reclamado que en esta vía se combate es el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad que señalo como ordenadora, reclamo EL TEMOR FUNDADO DE QUE NO AJUSTARSE AL DEBIDO PROCESO, DERIVADO DE MI PETICIÓN DE SOLICITUD DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN, dentro de la causa penal 425/2015." 19. Lo anterior permite concluir que en el caso el juicio de amparo en que se actúa es improcedente, pues los actos reclamados consisten en omisiones dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no constituyen la última resolución, pues no aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como tampoco ordenan el archivo definitivo del expediente, ni aprueban el remate o la adjudicación del bien embargado. 20. Aunado a lo anterior, el juicio de amparo en que se actúa tampoco resulta procedente conforme a los parámetros establecidos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu y aplicable a lo dispuesto en su fracción IV, pues como ha quedado señalado, en la especie el quejoso reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar favorable su petición, relativa a cerrar la instrucción en el proceso penal del que deriva el acto aquí reclamado; sin embargo, como quedó establecido, en los supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de omisiones autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular. 21. Sin que para el caso se esté en la hipótesis de excepción, consistente en que se advierta que existe una "abierta dilación" del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso el juicio de amparo será procedente; en virtud de que como se advierte de los antecedentes de los actos reclamados, la juez responsable el diez de octubre de dos mil diecisiete, dictó auto el auto de plazo constitucional en cumplimiento a la ejecutoria del amparo 1399/2016 de la estadística de este órgano de control constitucional, por lo que este Juzgador no advierte que se esté ante una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. 22. En efecto, la omisión atribuida a la autoridad responsable (la omisión de acordar favorable su petición, relativa a cerrar la instrucción en el proceso penal del que deriva el acto aquí reclamado), no pueden reclamarse de manera autónoma, porque se suscitan en la etapa de instrucción del proceso penal 425/2015, el cual se sigue en contra de la quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de robo calificado; de ahí que en ese procedimiento tiene el carácter de demandada, pues el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, no obstante ello, existen diversos requisitos que condicionan a la procedencia del juicio de amparo, dado que debe trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. 23. En ese contexto, conviene precisar que los efectos jurídicos de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, en el que se conceda el amparo y protección de la justicia federal solicitado, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; de tal manera que la sentencia que en él se dicte, pueda producir la restitución a la agraviada en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, a fin de que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo, que constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. 24. De ahí que, la omisión reclamada, en el supuesto sin conceder, que fuera injustificada como una "abierta dilación" del procedimiento; no existiría margen para que pudiera cumplimentarse la resolución del juicio de amparo, ya que ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitado, si para el momento en que se requiriera su cumplimiento, ya se habría cumplido con la omisión reclamada; ello, tomando en consideración el tiempo aproximado para la probable tramitación y resolución de este juicio en ambas instancias, el cual es doscientos treinta y cinco días. ... 26. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto, el cual en su caso, admite el recurso de revisión para que la sentencia que en su caso se dicte adquiera firmeza, por lo que el plazo de resolución en ambas instancias por lo general será superior a seis meses. ... 28. Conforme a lo anterior, a ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo y, en su momento, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, al no ser posible restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estima violados, toda vez que el acto reclamado dejaría de surtir sus efectos con anterioridad al momento en que sea posible requerir el cumplimiento del fallo protector. ... 30. Ahora, tampoco resulta procedente el juicio de amparo indirecto en contra del auto que declara agotada la instrucción ya que no constituye actos de imposible reparación pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el presente juicio de amparo y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. INSTRUCCIÓN. EL AUTO QUE LA DECLARA AGOTADA Y EL ACUERDO QUE RESUELVE QUE ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA AQUÉL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales prevén el procedimiento y las reglas para declarar agotada la instrucción, entre de lo que destaca que el Juez del proceso debe avisar a las partes sobre el estado procesal que guarda la causa penal un mes antes de que venzan los plazos ahí establecidos para declarar agotada la instrucción, y les dará un plazo inicial de 10 días para que se pronuncien al respecto, hecho lo cual, dictará el acuerdo respectivo, en el que les otorgará otro plazo de 10 días para que ofrezcan las últimas pruebas, las que se desahogarán dentro de los 15 días siguientes; sin embargo, el legislador dejó abierta la posibilidad de que el Juez recabe de oficio pruebas para mejor proveer e incluso, que duplique el término de 10 días para el ofrecimiento de pruebas, de suerte que dicho auto, así como el acuerdo que resuelve que es infundado el recurso de revocación interpuesto contra aquél, no constituyen actos de imposible reparación pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. 31. En consecuencia, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alejandra Aida Ramírez Cortes. 32. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, teniéndose como autorizado en términos amplios del citado numeral, a la persona que indica, atento a que tiene registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. 33. Ahora, en virtud que de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes, manifestó que se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala; con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la presente y subsecuentes notificaciones a la mencionada quejosa en dicho centro penitenciario. 34. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero , de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. 35. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. 36. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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