Alejandra Aida Ramírez Cortes

Expediente 1399/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1399/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
11/12/2017

Partes del expediente

  • Alejandra Aida Ramírez Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 1219 a la 1224), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, HA CAUSADO ESTADO el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud de que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en el transcurso del procedimiento, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el conteido del acuerdo del once de diciembre de dos mil dieicsiete,que en la parte que intersa dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 1219 a la 1224), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, HA CAUSADO ESTADO el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud de que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en el transcurso del procedimiento, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada Andrés Ramírez Galicia, el contenido del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, para que las partes manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. ... Asimismo, el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 865 a 918), en el presente juicio de amparo indirecto número 1399/2016-VII, promovido por Alejandra Aida Ramírez Cortes, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "(.) VIII. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a América López Velarde o Alejandra Aída Ramírez Cortés, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con residencia en Apizaco, Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la causa 425/2015 de su índice, única y exclusivamente por cuanto hace a la quejosa América López Velarde o Alejandra Aída Ramírez Cortés; Analice si en el caso, existió demora injustificada; de considerar que sí la hubo, proceda a: La anulación de la confesión de la inculpada obtenida única y exclusivamente por la policía con motivo de la indebida retención; si es que la hay. Invalide todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valorados por el Juez; y, Declare la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio, es decir, sin la autorización del Ministerio Público. En el entendido que, para el caso de que se apreciara una dilación injustificada en la puesta a disposición, no puede tener como efecto la libertad de la quejosa. Además, deberá atender a que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden ser invalidadas por actos posteriores; a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención de la inculpada. Por lo que, solamente podrán ser invalidadas las pruebas que se hubieren obtenido sin la autorización del Ministerio Público y que tengan como fuente directa la demora injustificada. Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera ser imputable a las autoridades policiacas aprehensoras, al provocar la demora injustificada de un detenido. La cual podrá realizarse en la vía legal respectiva. Exponer el valor probatorio que otorgue a cada uno de los medios de convicción que obran en la indagatoria, acorde a las reglas de valoración de la prueba; expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para estimar o no acreditados los elementos del cuerpo del delito en estudio, para lo cual, deberá ponderar en lo individual cada una de las pruebas. De igual forma, deberá señalar por qué con las pruebas que enuncie y valore, se acredita que los sujetos activos llevaron a cabo una acción de apoderamiento, respecto de una cosa, el por qué ésta le es ajena y además, por qué puede considerarse como mueble; además, señalar cómo quedó acreditado a la luz de las pruebas que valore, que dicha conducta se llevó a cabo sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de ella con arreglo a la ley; en ese sentido, deberá señalar detalladamente el por qué la persona que considere es el agraviado era quien podía disponer de la cosa y cómo se acredita dicha circunstancia. Realice un exhaustivo análisis de las ampliaciones de declaración de los coinculpados Eusebio Flores Armenta, Alejandro Hernández Arce y Juan Rubio Juárez, en las que se retractaron de la confesión que produjeron en la etapa indagatoria ante el Agente del Ministerio Investigador; y en ese sentido, debe señalar cuál es la declaración que debe subsistir y por qué. Motive por qué, en su caso, la conducta que se le atribuye a la quejosa encuadra en la fracción III, del artículo 323, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Por cuanto hace al análisis de la probable responsabilidad, la Jueza Penal responsable no deberá concretarse únicamente a reseñar el contenido de los medios de prueba, sino que deberá establecer mediante razonamientos las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para determinar cuáles fueron los hechos que se demostraron con cada una de las pruebas que obren en la causa penal, y establecer el motivo del por qué con las pruebas existentes en la misma se demostró la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión de la conducta típica que se le atribuye, así como establecer cuál fue la conducta que en específico desplegó y que trajo como consecuencia que se tenga por acreditada su probable responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye. Por cuanto hace a la forma en que probablemente intervino en el delito de robo calificado que en su caso, estime actualizado, deberá señalar cuál de las hipótesis que establece el artículo 21, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, en su caso particular, es la que se actualiza; ello, a la luz de los lineamientos plasmados en esta ejecutoria (.)" Inconforme con tal determinación, el tercero interesado Andrés Ramírez Galicia interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 231/2017 (fojas 1093 y 1094). Ahora bien, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 1124 a la 1126), se tuvo por recibida la ejecutoria pronunciada en el expediente auxiliar 695/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, derivado del amparo en revisión penal R-231/2017 del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, dictada en el presente juicio, en donde se determinó confirmar la sentencia recurrida. Consecuentemente, el cuatro de octubre del presente año se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala y Director del Centro de Reinserción Social Regional, con sede en Apizaco, Estado de Tlaxcala (1124 a 1126). En otro orden, mediante oficios 2561 y 2372/2017 (fojas 1142 a 1194), recepcionados el diez de octubre del presente año, ante este órgano jurisdiccional, las autoridades responsables, informaron el cumplimiento del fallo protector. A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Posteriormente, mediante acuerdo de diecinueve de octubre del año en curso (foja 1206), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. En tal sentido, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que la parte quejosa, tercera interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, mediante oficio 2561 de diez de octubre del año en curso (foja 1142 a 1192) remitió copia certificada de la resolución de diez de octubre del año en curso, dictada dentro de la causa penal 425/2015, de su estadística, de las cuales se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el auto de formal prisión, dictado el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, en contra de la quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes, dentro de la causa penal 425/2015, del índice del juzgado responsable, como probable autora en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 321, 322, 323, fracción III, 328, fracciones I y II y 339, fracción VI, del Código Penal en vigor para el Estado, cometido en agravio de Andrés Ramírez Galicia (Resolutivo segundo, foja 1192). Consideró que sí existió demora injustificada de parte de los elementos aprehensores para poner a disposición del ministerio público a la quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes. (Considerando VI, fojas 1148 vuelta y 1149). Señaló que no obra en autos confesión de Alejandra Aida Ramírez Cortes, obtenida por la policía; asimismo, que no existen pruebas que tengan como fuente directa la demora injustificada y las diversas recabadas por iniciativa de los policías aprehensores so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material. Asimismo, adujo que tampoco existen pruebas sin la autorización del ministerio público, ya que las pruebas que obran en la averiguación previa de mérito, fueron recabadas por el fiscal investigador. Tomó en consideración que, aún habiendo dilación injustificada en la puesta a disposición, no tenía como efectos la libertad de la quejosa. Atendió a que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no podrán ser invalidadas por actos posteriores, a menos que se acreditara la existencia de vicios propios de la misma detención de la quejosa de mérito. También, dejó a salvo los derechos de la impetrante de garantías para ejercitar en contra de los elementos captores por la demora en que fuera puesta a disposición en la vía administrativa o penal. Realizó el estudio del cuerpo del delito que estimó acreditado para lo cual señaló los elementos del mismo, efectuando un estudio por separado de ellos y valoró los medios de prueba con los cuales estimó acreditado cada uno de ellos (Considerando VI, fojas 1144 vuelta a 1168). Determinó que se encuentra acreditado que el actuar de los sujetos activos se advirtió el nexo causal entre la conducta desplegada por éstos, consistente en el apoderamiento de diversos bienes muebles y el resultado obtenido, consistente en la afectación patrimonial de la víctima, para lo cual relacionó las pruebas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión y expuso el motivo por el cual con las mismas se acredita tal situación (Considerando VI, fojas 1168 vuelta y 1169). Realizó el análisis de las ampliaciones de declaración de los coinculpados Eusebio Flores Armenta, Alejandro Hernández Arce y Juan Rubio Juárez, en donde determinó que éstos no tenían la voluntad de realizar una manifestación autoincriminatoria y como consecuencia de ello, tampoco señalar a Alejandra Aida Ramírez Cortes, ya que desconoció la declaración rendida inicialmente y que valoró con el carácter de confesión al consignar la averiguación previa que motiva su causa penal; dejando subsistente la ampliación de declaración, en razón de que no pueden autoincriminarse (Considerando VI, fojas 1154 a 1156). Motivó el por qué la conducta que se le atribuye a la quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes, encuadra en la fracción III, del artículo 323, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, para lo cual relacionó las pruebas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión (Considerando VI, foja 1169). Estableció mediante razonamientos las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para determinar cuáles fueron los hechos que se demostraron con cada una de las pruebas que obran en la causa penal, además, estableció el motivo del por qué con dichos medios de convicción se demostró la probable responsabilidad de la aludida quejosa en la comisión de la conducta típica que se le atribuye, pues dejó precisada de manera concreta la conducta que desplegó (Considerando VII, fojas 1169 a 1179). Indicó que la autoría y participación penal de la quejosa en que probablemente intervino en el robo calificado, se encuentra actualizada en la hipótesis que establece la fracción III del artículo 21 del Código Penal en vigor en la Entidad, para lo cual relacionó las pruebas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión (Considerando VIII, foja 1179 a 1189). En consecuencia, es evidente que las autoridades responsables acreditaron haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes, el contenido del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, para que las partes manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. ... Asimismo, el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 865 a 918), en el presente juicio de amparo indirecto número 1399/2016-VII, promovido por Alejandra Aida Ramírez Cortes, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "(.) VIII. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a América López Velarde o Alejandra Aída Ramírez Cortés, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con residencia en Apizaco, Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la causa 425/2015 de su índice, única y exclusivamente por cuanto hace a la quejosa América López Velarde o Alejandra Aída Ramírez Cortés; Analice si en el caso, existió demora injustificada; de considerar que sí la hubo, proceda a: La anulación de la confesión de la inculpada obtenida única y exclusivamente por la policía con motivo de la indebida retención; si es que la hay. Invalide todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valorados por el Juez; y, Declare la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio, es decir, sin la autorización del Ministerio Público. En el entendido que, para el caso de que se apreciara una dilación injustificada en la puesta a disposición, no puede tener como efecto la libertad de la quejosa. Además, deberá atender a que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden ser invalidadas por actos posteriores; a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención de la inculpada. Por lo que, solamente podrán ser invalidadas las pruebas que se hubieren obtenido sin la autorización del Ministerio Público y que tengan como fuente directa la demora injustificada. Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera ser imputable a las autoridades policiacas aprehensoras, al provocar la demora injustificada de un detenido. La cual podrá realizarse en la vía legal respectiva. Exponer el valor probatorio que otorgue a cada uno de los medios de convicción que obran en la indagatoria, acorde a las reglas de valoración de la prueba; expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para estimar o no acreditados los elementos del cuerpo del delito en estudio, para lo cual, deberá ponderar en lo individual cada una de las pruebas. De igual forma, deberá señalar por qué con las pruebas que enuncie y valore, se acredita que los sujetos activos llevaron a cabo una acción de apoderamiento, respecto de una cosa, el por qué ésta le es ajena y además, por qué puede considerarse como mueble; además, señalar cómo quedó acreditado a la luz de las pruebas que valore, que dicha conducta se llevó a cabo sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de ella con arreglo a la ley; en ese sentido, deberá señalar detalladamente el por qué la persona que considere es el agraviado era quien podía disponer de la cosa y cómo se acredita dicha circunstancia. Realice un exhaustivo análisis de las ampliaciones de declaración de los coinculpados Eusebio Flores Armenta, Alejandro Hernández Arce y Juan Rubio Juárez, en las que se retractaron de la confesión que produjeron en la etapa indagatoria ante el Agente del Ministerio Investigador; y en ese sentido, debe señalar cuál es la declaración que debe subsistir y por qué. Motive por qué, en su caso, la conducta que se le atribuye a la quejosa encuadra en la fracción III, del artículo 323, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Por cuanto hace al análisis de la probable responsabilidad, la Jueza Penal responsable no deberá concretarse únicamente a reseñar el contenido de los medios de prueba, sino que deberá establecer mediante razonamientos las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para determinar cuáles fueron los hechos que se demostraron con cada una de las pruebas que obren en la causa penal, y establecer el motivo del por qué con las pruebas existentes en la misma se demostró la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión de la conducta típica que se le atribuye, así como establecer cuál fue la conducta que en específico desplegó y que trajo como consecuencia que se tenga por acreditada su probable responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye. Por cuanto hace a la forma en que probablemente intervino en el delito de robo calificado que en su caso, estime actualizado, deberá señalar cuál de las hipótesis que establece el artículo 21, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, en su caso particular, es la que se actualiza; ello, a la luz de los lineamientos plasmados en esta ejecutoria (.)" Inconforme con tal determinación, el tercero interesado Andrés Ramírez Galicia interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 231/2017 (fojas 1093 y 1094). Ahora bien, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 1124 a la 1126), se tuvo por recibida la ejecutoria pronunciada en el expediente auxiliar 695/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, derivado del amparo en revisión penal R-231/2017 del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, dictada en el presente juicio, en donde se determinó confirmar la sentencia recurrida. Consecuentemente, el cuatro de octubre del presente año se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala y Director del Centro de Reinserción Social Regional, con sede en Apizaco, Estado de Tlaxcala (1124 a 1126). En otro orden, mediante oficios 2561 y 2372/2017 (fojas 1142 a 1194), recepcionados el diez de octubre del presente año, ante este órgano jurisdiccional, las autoridades responsables, informaron el cumplimiento del fallo protector. A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Posteriormente, mediante acuerdo de diecinueve de octubre del año en curso (foja 1206), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. En tal sentido, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que la parte quejosa, tercera interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, mediante oficio 2561 de diez de octubre del año en curso (foja 1142 a 1192) remitió copia certificada de la resolución de diez de octubre del año en curso, dictada dentro de la causa penal 425/2015, de su estadística, de las cuales se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el auto de formal prisión, dictado el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, en contra de la quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes, dentro de la causa penal 425/2015, del índice del juzgado responsable, como probable autora en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 321, 322, 323, fracción III, 328, fracciones I y II y 339, fracción VI, del Código Penal en vigor para el Estado, cometido en agravio de Andrés Ramírez Galicia (Resolutivo segundo, foja 1192). Consideró que sí existió demora injustificada de parte de los elementos aprehensores para poner a disposición del ministerio público a la quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes. (Considerando VI, fojas 1148 vuelta y 1149). Señaló que no obra en autos confesión de Alejandra Aida Ramírez Cortes, obtenida por la policía; asimismo, que no existen pruebas que tengan como fuente directa la demora injustificada y las diversas recabadas por iniciativa de los policías aprehensores so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material. Asimismo, adujo que tampoco existen pruebas sin la autorización del ministerio público, ya que las pruebas que obran en la averiguación previa de mérito, fueron recabadas por el fiscal investigador. Tomó en consideración que, aún habiendo dilación injustificada en la puesta a disposición, no tenía como efectos la libertad de la quejosa. Atendió a que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no podrán ser invalidadas por actos posteriores, a menos que se acreditara la existencia de vicios propios de la misma detención de la quejosa de mérito. También, dejó a salvo los derechos de la impetrante de garantías para ejercitar en contra de los elementos captores por la demora en que fuera puesta a disposición en la vía administrativa o penal. Realizó el estudio del cuerpo del delito que estimó acreditado para lo cual señaló los elementos del mismo, efectuando un estudio por separado de ellos y valoró los medios de prueba con los cuales estimó acreditado cada uno de ellos (Considerando VI, fojas 1144 vuelta a 1168). Determinó que se encuentra acreditado que el actuar de los sujetos activos se advirtió el nexo causal entre la conducta desplegada por éstos, consistente en el apoderamiento de diversos bienes muebles y el resultado obtenido, consistente en la afectación patrimonial de la víctima, para lo cual relacionó las pruebas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión y expuso el motivo por el cual con las mismas se acredita tal situación (Considerando VI, fojas 1168 vuelta y 1169). Realizó el análisis de las ampliaciones de declaración de los coinculpados Eusebio Flores Armenta, Alejandro Hernández Arce y Juan Rubio Juárez, en donde determinó que éstos no tenían la voluntad de realizar una manifestación autoincriminatoria y como consecuencia de ello, tampoco señalar a Alejandra Aida Ramírez Cortes, ya que desconoció la declaración rendida inicialmente y que valoró con el carácter de confesión al consignar la averiguación previa que motiva su causa penal; dejando subsistente la ampliación de declaración, en razón de que no pueden autoincriminarse (Considerando VI, fojas 1154 a 1156). Motivó el por qué la conducta que se le atribuye a la quejosa Alejandra Aida Ramírez Cortes, encuadra en la fracción III, del artículo 323, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, para lo cual relacionó las pruebas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión (Considerando VI, foja 1169). Estableció mediante razonamientos las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para determinar cuáles fueron los hechos que se demostraron con cada una de las pruebas que obran en la causa penal, además, estableció el motivo del por qué con dichos medios de convicción se demostró la probable responsabilidad de la aludida quejosa en la comisión de la conducta típica que se le atribuye, pues dejó precisada de manera concreta la conducta que desplegó (Considerando VII, fojas 1169 a 1179). Indicó que la autoría y participación penal de la quejosa en que probablemente intervino en el robo calificado, se encuentra actualizada en la hipótesis que establece la fracción III del artículo 21 del Código Penal en vigor en la Entidad, para lo cual relacionó las pruebas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión (Considerando VIII, foja 1179 a 1189). En consecuencia, es evidente que las autoridades responsables acreditaron haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano