ALEIDA ARROYO LEDESMA y Otros.

Expediente 131/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
131/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • ALEIDA ARROYO LEDESMA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...Téngase por recibida la pieza postal relativa al oficio 13334/2020, dirigida al Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, la cual es devuelta por el servicio de mensajería acelerada estafeta, de cuyo historial, consultado en la página electrónica de ese servicio, se apreció que fue devuelta por "ENVIO RECHAZADO POR DESTINATARIO O POR POLITICA DE RECEPCIÓN EN CENTROS COMERCIALES". En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones, mediante oficio con transcripción del presente proveído, reexpídase dicha comunicación, con el tomo anexo, dirigiéndola al Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, al domicilio que se ubica en calle Díaz Mirón, número 8, zona centro de Valle de Santiago, Guanajuato.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que por acuerdo de nueve de octubre del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: La promovente sí allegó documentos para al presente juicio, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado en contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos exhibidos al juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se le informa que el horario del Juzgado es de las 13:00 horas a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a efecto de que lo tome en consideración, al momento de agendar su cita. Por otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, las constancias que se allegaron al presente juicio, constantes en un tomo, por ser innecesario conservarlas. Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el que remite: Copia certificada del oficio 387, suscrito por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato; Original de la demanda de amparo con la certificación respectiva; Constancia de emplazamiento; Copia certificada de expediente *** y Original del Juicio del juicio de amparo 131/2020, del índice de este Juzgado. Ello, en virtud que no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho y ostentándose como representante del menor de iniciales *** Acúsese recibo. COMPETENCIA Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por tal quejosa, contra actos que reclama del Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato. TOMO DE PRUEBAS Ahora bien, dado el volumen de las constancias recibidas, fórmense un cuaderno de prueba correspondiente al tomo I. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 1 El auto de radicación, la audiencia preliminar y la audiencia final de juicio, celebradas en el juicio ordinario familiar *** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato; y, 2 El convenio judicial de cinco de febrero de dos mil veinte, celebrado entre la aquí quejosa y *** en el citado juicio familiar, el cual considera que afecta derechos humanos del menor que dice representar. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, en el presente asunto se actualizan diversas causas de improcedencia, las cuales se analizarán por separado para su mejor comprensión. PRIMER CAUSA DE IMPROCEDENCIA Respecto al acto reclamado indicado con el número 1, que antecede, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación" al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos" expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO" resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación" Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios" Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncia en el juicio en amparo directo. Ahora, en el caso, los actos reclamados que se analizan se hacen consistir en el auto de radicación, la audiencia preliminar y la audiencia final de juicio, celebradas en el juicio ordinario familiar *** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato. Así, se tiene que los actos reclamados fueron emitidos dentro de juicio y se considera que no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no afectan derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, de los consagrados en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provocan los mencionados actos no es actual, sino que producen solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, cuyo efecto se traduce en que, se continúe con la secuela procesal del juicio familiar en el que la quejosa figura como parte actora; sin que esa circunstancia, de modo alguno afecte algún derecho fundamental, ya que dicho sumario puede concluir con resolución favorable, caso en el cual, los efectos de los actos aquí reclamados no se habrán materializado en su esfera jurídica. Sin embargo, en el supuesto de que la determinación que se asuma en definitiva en el juicio respectivo, le sea desfavorable, podrá aducir violación a las leyes del procedimiento, mediante la promoción de amparo directo en contra de esa decisión, en que tendrá la posibilidad de alegar las violaciones que considere se cometieron durante la substanciación del proceso que influyeran en el dictado de la respectiva resolución, en términos del artículo 172, de la Ley de Amparo. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo" Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos" En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. SEGUNDA CAUSA DE IMPROCEDENCIA Respecto al diverso acto reclamado consistente en el convenio judicial de cinco de febrero de dos mil veinte, celebrado entre la aquí quejosa y *** en el juicio ordinario familiar *** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, el cual considera que afecta derechos humanos del menor que dice representar, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de la Materia, mismos que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley" Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5 Son partes en el juicio de amparo: II La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" De los preceptos legales en cita, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En torno a este tema, acorde con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de la Materia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular y que esa relación tenga su nacimiento en la ley -lo que dota al ente de una facultad administrativa-, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; asimismo, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, el acto reclamado que se analiza en este apartado, atribuido al juez responsable, no reviste el carácter de un acto de autoridad que haga procedente el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, dado que en la demanda de amparo la parte quejosa manifestó: "Que en fecha 5 de febrero del año en curso, se celebró audiencia de juicio, en juicio ordinario familiar, tramitado bajo el expediente 390/2019, pero una vez terminada, el Juez nos mandó a llamar y nos dijo que no podía dictar sentencia si no llegábamos a un acuerdo sobre pensión alimenticia y convivencias familiares, prácticamente me obligaron tanto el Juez, como mi abogada y el de mi contraria, a firmar un convenio del cual no estaba de acuerdo" Asimismo, indicó que: "Es preciso manifestar, para efectos de la suspensión del acto reclamado, que no se ha dictado sentencia en juicio y tampoco se ha realizado convivencia alguna" Luego, de las copias simples que acompañó la quejosa a su demanda de amparo, de manera concreta, la relativa a la audiencia de juicio de cinco de febrero del año en curso, no se advierte que esa diligencia se haya ratificado el convenio, ni mucho menos que haya sido sancionado por el autoridad responsable. Lo que hace notar que ese acuerdo de voluntades se realizó únicamente entre particulares, esto es, entre la parte actora y demandada del juicio de origen, pero, no fue ratificado ante la autoridad judicial, ni sancionado por ella. De ahí que, es inconcuso que dicho convenio no se trata de un acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Aunado a que, del oficio que se recibe, se aprecia que la razón por la que el órgano colegiado no aceptó la competencia para conocer del asunto, es que si bien, en el juicio de origen se celebró tal convenio, lo cierto es que, en el caso, no tiene la categoría de cosa juzgada, dado que ese acuerdo de voluntades fue sancionado hasta la sentencia emitida el diecisiete de febrero de la presente anualidad, esto es, con posterioridad a la celebración de ese pacto de voluntades y de la presentación de la demanda de amparo (doce de febrero de dos mil veinte) En tal virtud, se insiste, no se trata de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al haber sido celebrado entre particulares, no reviste las características principales de un acto de esa índole, como son la unilateralidad, coercitividad; esto es, no es imperativo, a tal grado que se imponga sobre la voluntad de los destinatarios, ni coercitivo en el que el sujeto destinatario pueda ser sometido al mandato de la autoridad. Bajo esa premisa, el acto que se reclama a dicha autoridad de ninguna manera puede reputarse como acto de autoridad, debido a que éste fue hecho solamente por los contratantes. En consecuencia, respecto del acto que se analiza se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de la Materia. Luego, al actualizarse las diversas causas de improcedencia invocadas en el cuerpo de este acuerdo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aún substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal...

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