Aldo Oscar Rico Quintana

Expediente 535/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
535/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Aldo Oscar Rico Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...TERCERO. Inexistencia de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En esa tesitura se tiene que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que, al momento de rendir sus informes justificados, negaron el acto que se les atribuye. De ahí que se afirme la inexistencia de los actos impugnados en este juicio. En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE." Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa de los actos reclamados, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad de los mismos, lo que en la especie no acontece. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia VI.2o.J/308 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página setenta y siete, del rubro "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia de los actos que de ellas se reclama, es dable concluir que los actos motivo de la presente litis constitucional, no existen. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917-septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". CUARTO. Informe justificado. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público número 6, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos, de Irapuato, Guanajuato y Agente del Ministerio Publico de Tramite Común con Detenidos, Dependiente de la Fiscalía Regional de esta ciudad, omitieron rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele solicitado con la debida oportunidad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Octava Época, registro 206350, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, del Tomo 79, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Materia Común, número de Tesis 2a./J. 7/94, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo.". QUINTO. Estudio. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito inicial de demanda por las consideraciones siguientes: Conviene destacar dos aspectos que derivan del artículo 117 de la Ley de Amparo, que interesan en el caso concreto y son: 1. La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario; y, 2. Cuando se da la presunción de certeza por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de garantías en sí mismo. En cuanto al primer punto, no requiere mayor interpretación, en tanto es claro que, de demostrarse que no existe el acto reclamado, la falta de informe justificado hace presumir su existencia. Lo relevante en el caso, es el punto dos, respecto de la demostración de la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando en sí mismo no es violatorio de garantías, en cuyo caso, a la parte quejosa corresponde la carga de demostrar su inconstitucionalidad. Es decir, esto último constituye la excepción a la regla general, pues de ser violatorio en sí mismo el acto reclamado, la parte quejosa queda relevada de la carga probatoria. Ahora bien, un acto es en sí mismo violatorio de garantías, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. Resumiendo, la parte quejosa deberá demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando no es violatorio en sí mismo, pero queda relevada de la carga probatoria cuando si lo es. Sirve de fundamento a lo anterior, la Tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, registro 326936, visible en la página 6530, del Tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, que dice: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso.". En ese orden de ideas, se destaca que, en este juicio de amparo, se reclama una orden de detención girada en contra del quejoso, así como su ejecución; luego, dicho acto de autoridad, no es en sí misma violatoria de garantías. De modo que, en la especie, corresponde a la parte quejosa, la carga de probar la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual no hizo. Por otro lado, y sólo en abundancia de razones, con la determinación aquí tomada, no se desatiende lo que ordena el párrafo final del artículo 75 de la Ley de Amparo, el cual obliga al juez para que de oficio recabe las pruebas que fueron rendidas ante la autoridad responsable, que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto. Sin embargo, se actualiza esa circunstancia, siempre y cuando no se acredite la hipótesis prevista en el cuarto párrafo del diverso 117 de la propia ley reglamentaria, pues cuando no se rinde el informe con justificación, como sucedió en la especie, se presumirá cierto el acto reclamado con las consecuencias ya anotadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Octava Época, registro 210769, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, del Tomo 80, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Materia Común, número de Tesis VI.2o. J/308, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". Por lo anterior, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso *********, respecto de la orden de detención y su ejecución. SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SÉPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, contra el acto, las autoridades responsables y argumentos precisados en el considerando quinto de este fallo

  2. Incidental

    ...CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se les reclaman a las autoridades responsables, en razón de que así lo manifestaron al rendir sus respetivos informes previos. Ello, sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno tendente a desvirtuar dichas negativas. Por otra parte, con independencia de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Publico de Tramite Común con Detenidos, Dependiente de la Fiscalía Regional de esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe previo, pese a que se encuentra oportunamente notificada para tal efecto; no puede actualizarse la presunción de certeza del acto que se le atribuye, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, pues derivado de la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad señalada como ordenadora, resulta inconcuso que no puede ejecutar un acto inexistente. Por tanto, al no haber desvirtuado la negativa de la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirven de apoyo al particular las tesis siguientes: 1) Época: Quinta Época Registro: 350656 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 2275 "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan los actos que de ellas se reclaman, y el quejoso no rinde prueba alguna para desvirtuar esa negativa y demostrar la existencia de dichos actos, es improcedente conceder la suspensión contra los mismos". Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 8619/42. O'Reilly y Llano María Guadalupe y coags. 30 de octubre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente. 2) Época: Quinta Época Registro: 319729 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CV Materia(s): Común Tesis: Página: 1330 "SUSPENSIÓN, CUANDO NIEGA EL ACTO LA AUTORIDAD ORDENADORA. Es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del acto, cuando la autoridad ordenadora lo negó, pues sería incongruente que una autoridad ejecutora llevara a cabo medidas inexistentes." Amparo administrativo en revisión 1391/50. Sociedad Cooperativa de Pescadores, "Mar de Cortés", S. C. L. 11 de agosto de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: Octavio Mendoza González. R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta resolución...

  3. Principal

    ...Visto el estado de autos se advierte que a la presente data se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable: Jefe de Célula de la Coordinación Regional "B" de la Dirección General de Investigaciones, con sede en esta ciudad. El cual se puso a la vista de las partes en acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo...

  4. Principal

    ...Ténganse por recibido el oficio de cuenta que remite el Jefe de Célula de la Coordinación Regional "B" de la Dirección General de Investigaciones, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de éste al celebrarse la audiencia respectiva...

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