Aldo Martín Barrera Rodríguez

Expediente 1506/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1506/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Aldo Martín Barrera Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la ley de la materia. -------------, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- Autoridades Responsables.- Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango, con residencia en esta ciudad de Durango Dgo. IV.- Acto Reclamado.- La dilación u omisión en el trámite de la ejecución de sentencia dictado el proceso laboral expediente (convenio) -------" En sentencia dictada el diez de enero de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio, por lo que el quejoso interpuso recurso de revisión y en ejecutoria dictada el trece de marzo de dos mil veinte, en el amparo en revisión 21/2020, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, revocó dicha sentencia y concedió el amparo peticionado. Al efecto determinó que del sumario se advertía que la parte actora, no solo una, sino en varias ocasiones había solicitado la ejecución de la sentencia (convenio) y la autoridad responsable realizó diversos requerimientos al demandado, incluso le impuso una multa, y proveyó solicitar al Presidente del Congreso del Estado de Durango la destitución del Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, por incumplir con lo pactado con el trabajador. Que sin embargo, lo que realizado no revelaba un proveer eficaz ni inmediato a fin de ejecutar la sentencia (convenio), dado que la responsable no había llevado a cabo una eficaz ejecución de la sentencia, pues si bien hizo efectivo un apercibimiento de multa, giró los oficios correspondientes e incluso solicitó aplicar el procedimiento económico coactivo, lo cierto es que no consta en el sumario la notificación de tal recaudación (cobro de la multa). Que tampoco se advertía que se haya realizado el trámite en cuanto a la suspensión del cargo al titular de la dependencia patronal, dado que el Tribunal Laboral Burocrático ordenó girar oficio al Congreso del Estado, y no se aprecia el sello de recibido de dicha comunicación, ni obviamente que este último haya dado cumplimiento a lo solicitado. Aunado a que el factor tiempo, es decir, una inmediata ejecución, tampoco ha sido proveída por el Tribunal Laboral Burocrático, tan es así que desde el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el actor solicitó el cumplimiento del convenio, y ni siquiera al mes de enero de dos mil dieciocho, se verificó si el actuario se había constituido en el domicilio del demandado a efecto de requerirlo para ese fin. Que a la par de lo expuesto respecto de la eficacia, desde el once de abril de dos mil dieciocho, el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático giró un oficio a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, con la finalidad de que se hiciera efectiva la multa impuesta al Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, y a esa fecha no se apreciaba en el sumario el informe sobre su recaudación. Que menos aún constaba en autos que el Congreso del Estado de Durango haya suspendido al Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango y le haya requerido el cumplimiento del convenio), como se ordenó en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Por lo que, como lo arguyó el quejoso, la autoridad responsable no había sido eficaz ni inmediata en proveer la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, debido a que desde el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete la parte que obtuvo, cumplió con la carga procesal de solicitar la ejecución de la sentencia, y a partir de ello, el Tribunal Laboral Burocrático tiene la obligación de proveer de manera eficaz e inmediata, sin que, según lo que se evidenció, lo haya hecho. En otro aspecto, analizado en suplencia de la deficiencia de la queja, del sumario se advierte que las medidas que ha tomado el Tribunal Laboral Burocrático para hacer cumplir sus determinaciones no habían sido las idóneas. Por ello, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la Unión, para los efectos siguientes: 1. Atento a lo dispuesto por los artículos 143 a 146 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, la responsable proveyera el eficaz e inmediato cumplimiento del convenio llevado a cabo el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis entre las partes en el juicio laboral burocrático TLB/1100/2016, dictando todas las medidas en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. 2. Pero deberá abstenerse de imponer multas a la persona moral oficial u órgano de gobierno, pues en su caso, debe hacerlo sobre la persona física, en su actuar como servidor público del órgano de gobierno que tiene el carácter de parte en el juicio laboral burocrático; asimismo, deberá abstenerse de ordenar el embargo de bienes del Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, virtud a que el legislador no estableció tal medida de apremio en el procedimiento de ejecución de las sentencias; y cuando realice un apercibimiento como el de suspensión hasta por noventa días y en su caso la vista al Ministerio Público, deberá precisar el precepto legal, en su caso, el nombre de la persona física (servidor público que representa a la persona moral demandada) a quien se dirige y las consecuencias específicas en caso de incumplimiento, a fin de llevar a cabo el eficaz e inmediato cumplimiento del convenio Por ello, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia; después de diversos requerimientos, mediante oficios TLB/SAI/121/2021 y TLB/SAI/156/2021, recibidos el treinta y uno de mayo y dos de julio, ambos de este año, en el primero de los cuales se informó que se dio cumplimiento al convenio celebrado en el juicio de origen; en el segundo, se remitió copia de, entre otros constancias, la comparecencia del apoderado legal del Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, en el que depositó $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para dar cumplimiento parcial al convenio celebrado en autos, así como de la comparecencia del quejoso, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que recibió la suma depositada; se anexó asimismo escrito del apoderado de la parte demandada, mediante el cual exhibió $3,264.00 (tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) como pago total del convenio celebrado en ese juicio de trabajo, que recibió el veintiocho de mayo de este año, el ahora quejoso, por concepto de cumplimiento total al convenio celebrado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por lo que se ordenó el archivo del expediente, como asunto totalmente concluido. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya desahogado la vista. En ese tenor, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria, ya que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la misma, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de quien resuelve, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración de quien resuelve, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que si bien este órgano jurisdiccional sobreseyó en el juicio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, revocó tal determinación para conceder el amparo solicitado; por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. En apoyo a esta determinación, se invoca el criterio siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE.- Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva" Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la ley de la materia. -------------, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Al efecto determinó que del sumario se advertía que la parte actora, no solo una, sino en varias ocasiones había solicitado la ejecución de la sentencia (convenio) y la autoridad responsable realizó diversos requerimientos al demandado, incluso le impuso una multa, y proveyó solicitar al Presidente del Congreso del Estado de Durango la destitución del Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, por incumplir con lo pactado con el trabajador. Que sin embargo, lo que realizado no revelaba un proveer eficaz ni inmediato a fin de ejecutar la sentencia (convenio), dado que la responsable no había llevado a cabo una eficaz ejecución de la sentencia, pues si bien hizo efectivo un apercibimiento de multa, giró los oficios correspondientes e incluso solicitó aplicar el procedimiento económico coactivo, lo cierto es que no consta en el sumario la notificación de tal recaudación (cobro de la multa). Que tampoco se advertía que se haya realizado el trámite en cuanto a la suspensión del cargo al titular de la dependencia patronal, dado que el Tribunal Laboral Burocrático ordenó girar oficio al Congreso del Estado, y no se aprecia el sello de recibido de dicha comunicación, ni obviamente que este último haya dado cumplimiento a lo solicitado. Aunado a que el factor tiempo, es decir, una inmediata ejecución, tampoco ha sido proveída por el Tribunal Laboral Burocrático, tan es así que desde el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el actor solicitó el cumplimiento del convenio, y ni siquiera al mes de enero de dos mil dieciocho, se verificó si el actuario se había constituido en el domicilio del demandado a efecto de requerirlo para ese fin. Que a la par de lo expuesto respecto de la eficacia, desde el once de abril de dos mil dieciocho, el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático giró un oficio a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, con la finalidad de que se hiciera efectiva la multa impuesta al Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, y a esa fecha no se apreciaba en el sumario el informe sobre su recaudación. Que menos aún constaba en autos que el Congreso del Estado de Durango haya suspendido al Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango y le haya requerido el cumplimiento del convenio), como se ordenó en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Por lo que, como lo arguyó el quejoso, la autoridad responsable no había sido eficaz ni inmediata en proveer la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, debido a que desde el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete la parte que obtuvo, cumplió con la carga procesal de solicitar la ejecución de la sentencia, y a partir de ello, el Tribunal Laboral Burocrático tiene la obligación de proveer de manera eficaz e inmediata, sin que, según lo que se evidenció, lo haya hecho. En otro aspecto, analizado en suplencia de la deficiencia de la queja, del sumario se advierte que las medidas que ha tomado el Tribunal Laboral Burocrático para hacer cumplir sus determinaciones no habían sido las idóneas. Por ello, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la Unión, para los efectos siguientes: 1. Atento a lo dispuesto por los artículos 143 a 146 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, la responsable proveyera el eficaz e inmediato cumplimiento del convenio llevado a cabo el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis entre las partes en el juicio laboral burocrático TLB/1100/2016, dictando todas las medidas en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. 2. Pero deberá abstenerse de imponer multas a la persona moral oficial u órgano de gobierno, pues en su caso, debe hacerlo sobre la persona física, en su actuar como servidor público del órgano de gobierno que tiene el carácter de parte en el juicio laboral burocrático; asimismo, deberá abstenerse de ordenar el embargo de bienes del Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, virtud a que el legislador no estableció tal medida de apremio en el procedimiento de ejecución de las sentencias; y cuando realice un apercibimiento como el de suspensión hasta por noventa días y en su caso la vista al Ministerio Público, deberá precisar el precepto legal, en su caso, el nombre de la persona física (servidor público que representa a la persona moral demandada) a quien se dirige y las consecuencias específicas en caso de incumplimiento, a fin de llevar a cabo el eficaz e inmediato cumplimiento del convenio Por ello, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia; después de diversos requerimientos, mediante oficios TLB/SAI/121/2021 y TLB/SAI/156/2021, recibidos el treinta y uno de mayo y dos de julio, ambos de este año, en el primero de los cuales se informó que se dio cumplimiento al convenio celebrado en el juicio de origen; en el segundo, se remitió copia de, entre otros constancias, la comparecencia del apoderado legal del Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, en el que depositó $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para dar cumplimiento parcial al convenio celebrado en autos, así como de la comparecencia del quejoso, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que recibió la suma depositada; se anexó asimismo escrito del apoderado de la parte demandada, mediante el cual exhibió $3,264.00 (tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) como pago total del convenio celebrado en ese juicio de trabajo, que recibió el veintiocho de mayo de este año, el ahora quejoso, por concepto de cumplimiento total al convenio celebrado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por lo que se ordenó el archivo del expediente, como asunto totalmente concluido. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya desahogado la vista. En ese tenor, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria, ya que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la misma, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de quien resuelve, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración de quien resuelve, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que si bien este órgano jurisdiccional sobreseyó en el juicio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, revocó tal determinación para conceder el amparo solicitado; por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. En apoyo a esta determinación, se invoca el criterio siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE.- Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva" Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio TLB/SAI/121/2021 la autoridad responsable Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango, remitió, entre otras actuaciones, el acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por depositada la cantidad por pago total del convenio celebrado por la demanda con Aldo Martín Barrera del Campo, a efecto de que sean entregados al trabajador; sin embargo, no ha remitido constancia alguna de que se haya recibió el pago que se aduce. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad, para que en un término de tres días computados legalmente, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: 1. Atento a lo dispuesto por los artículos 143 a 146 de Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, provea el eficaz e inmediato cumplimiento del convenio llevado a cabo el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis entre las partes en el juicio laboral burocrático TLB/1100/2016; dictando todas las medidas en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. 2. Pero deberá abstenerse de imponer multas a la persona moral oficial u órgano de gobierno, pues en su caso, debe hacerlo sobre la persona física en su actuar como servidor público del órgano de gobierno que tiene el carácter de parte en el juicio laboral burocrático; asimismo, deberá abstenerse de ordenar el embargo de bienes del Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, virtud a que el legislador no estableció tal medida de apremio en el procedimiento de ejecución de las sentencias; y cuando realice un apercibimiento como el de suspensión hasta por noventa días y en su caso la vista al Ministerio Público, deberá precisar el precepto legal, en su caso, el nombre de la persona física (servidor público que representa a la persona moral demandada) a quien se dirige las consecuencias específicas en caso de incumplimiento, a fin de llevar a cabo el eficaz e inmediato cumplimiento del convenio". Asimismo, remitan copia certificada de los acuerdos o determinaciones que dicten al respecto. Se apercibe a las referidas autoridades responsables Que de incumplir con su respectiva prevención, sin causa justificada, se le impondrá una multa que oscilará entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida de Actualización). Asimismo, se le apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria,están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    agréguese el oficio número TLB/SAI/121/2021 que remite el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, en el que da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y previamente a tener por cumplida la sentencia, dese vista de manera personal a la parte quejosa y terceros interesados por oficio, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.

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