Aldo Elio Peña Boone
Expediente 419/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Aldo Elio Peña Boone
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
I. Estado de autos De autos se advierte que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. II. Hecho notorio Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet, el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual en sus transitorios primero, cuarto y quinto, se dispuso lo siguiente: "PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. [.] CUARTO. Los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental. QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste" III. Regulariza procedimiento En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera. IV. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, se considera carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la definitiva, no obstante que se haya concedido la provisional), es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente; de ahí que el plazo para su destrucción empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto de nueve de noviembre del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
agréguese el escrito signado por la licenciada ***, mediante el cual acepta el cargo de Representante Especial del menor ***. Toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "rojo" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo al personal de este órgano jurisdiccional así como las partes procesales a contraer dicho virus, se tiene a la promovente como defensora pública federal de la parte tercero interesada, sin que sea necesario que se constituya físicamente en las instalaciones de este órgano jurisdiccional para la aceptación y protesta de ley. Asimismo, agréguese el escrito presentado por citada defensora pública y como lo solicita, con fundamento en los artículos 2º de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa copia de las constancias que indica.
- Principal
...agréguese el escrito de la licenciada ***, representante especial en el presente juicio de amparo y como lo solicita, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa el acceso y notificaciones electrónicas en el presente juico a través del usuario ***. Asimismo, téngase a dicha representante proporcionando el correo electrónico *****gob.mx Con el mismo fundamento, agréguese el escrito presentado por la licenciada ***, asesora jurídica federal y ténganse por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. Por otro lado, visto el estado de autos, este órgano de control advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" El citado precepto legal, establece que el juicio de amparo es inviable cuando, aun subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Ciertamente, éste es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones a derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido transgredidas, se establecieron diversos requisitos de procedencia, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse en dicho juicio, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia que derivan del referido principio, se encuentra aquélla que en el presente caso se analiza, de la cual se desprende que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía o derecho humano que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, toda vez que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. Bajo ese contexto, se afirma que el acto controvertido a pesar que subsiste no puede surtir efectos legales y materiales. Para una mejor comprensión de lo anterior, se citan los siguientes antecedentes del acto reclamado que se advierten de la demanda de amparo: 1.- Se inició la causa penal 56/2018 en el Juzgado Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal para Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Distrito Judicial, en contra de ****, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado. 2.- En dicho proceso penal se designó como defensores particulares al aquí quejoso *** y diverso profesionista; posteriormente, se emitió un proveído en el que se declaró la apertura de juicio y se citó a las partes para la audiencia correspondiente, a verificarse el tres de enero de dos mil veinte, con el apercibimiento que de no comparecer alguno de los sujetos procesales se les impondría una multa. 3.- El impetrante del amparo compareció por escrito ante el juez responsable y solicitó se reprogramara la citada diligencia, en virtud que se ausentaría de la ciudad. 4.- El trece de diciembre de dos mil diecinueve, la responsable determinó que no era procedente reagendar la audiencia, decretando que subsistían la prevención previamente indicada. 5- En día de la citada diligencia se impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de ochocientos cuarenta y cuatro pesos con noventa centavos equivalente a diez unidades de medida de actualización, dada su incomparecencia; posteriormente, éste promovió recurso de revocación contra dicha sanción, el cual fue resuelto el veinte de enero del año en curso, de manera desfavorable. 6.- En contra de dicha determinación se promovió juicio de amparo, el cual conoció este juzgado Segundo de Distrito en el expediente 86/2020, resuelto el veintiocho de septiembre de esta anualidad, concediendo el amparo solicitado para efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y no se aplicara la multa impuesta. 7.- El veinte de enero, al llevarse a cabo la audiencia de juicio, se determinó que se actualizaba la hipótesis que prevé el numeral 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenándose la suspensión del juicio, para ser reiniciado por diverso tribunal de enjuiciamiento, declarando nulo todo lo actuado con anterioridad. 8.- Con motivo de lo anterior, el impetrante del amparo solicitó al tribunal responsable que se le informara si a raíz de la declaración de nulidad, también se incluiría la multa que se le impuso, por lo que el veinticinco de febrero, se dictó un auto en el que se estableció que no era procedente dejar sin efectos la sanción pecuniaria. 9.- Contra ese acuerdo se promovió recurso de revocación, resuelto el cuatro de marzo siguiente, declarado improcedente. Lo reseñado en el último numeral constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. Por otra parte, constituye un hecho notorio para este juzgador que el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se resolvió el diverso juicio de amparo 86/2020 de este índice, promovido por el aquí quejoso, en contra de la resolución de veinte de enero, en la que se declaró improcedente el recurso que se hizo valer contra el auto de tres de enero del año en curso, donde se le impuso una multa; esa determinación causó estado el veintiuno de octubre siguiente. Luego, los efectos para los cuales se otorgó el amparo y la protección de la justicia federal, fue para que se dejara sin efectos el fallo reclamado y se determinara que no era aplicable la multa conforme al artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales; tal y como se advierte de la consulta al Sistema de Seguimiento de Expedientes. Debe decirse que a pesar que subsiste el acto reclamado (proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó que era improcedente dejar insubsistente la multa impuesta al impetrante del amparo); el objeto materia de dicha determinación dejó de existir (se otorgó el amparo para dejar sin efectos la sanción pecuniaria), de ahí que no puede producir consecuencia legal alguna, en virtud que no es procedente imponerle la pena económica como se advierte de la sentencia dictada en el diverso juicio constitucional 86/2020, lo que impide que sus efectos trasciendan a la esfera jurídica del impetrante; de ahí que a nada practico conduciría analizar la constitucionalidad de esa determinación, en virtud que aun cuando se llegare a conceder la protección federal, no podría materializarse de modo alguno por la razón ya reseñada. En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
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