Aldo Alberto Castillo Cisnero

Expediente 784/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
784/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Aldo Alberto Castillo Cisnero

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Se efectivo el apercibimiento contenido en el aviso de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, y se notifica, por medio de lista, a la parte quejosa, los autos de veintiocho de octubre y once de diciembre, ambos de dos mil veinte, que dicen: "Toluca, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, regístrese bajo el número 784/2020-II. Desechamiento. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, el artículo 113 de la citada legislación establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama el auto de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente J.4/270/2020 de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en la que se declaró incompetente por razón de fuero y ordenó su remisión al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para que procediera conforme a sus facultades. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]" De la primera de las disposiciones transcritas se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que esta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; asimismo, del segundo de los dispositivos referidos, se advierte que el juicio de amparo procede contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora, para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente J.4/270/2020 de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en la que se declaró incompetente por razón de fuero y ordenó su remisión al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En atención a lo anterior, respecto a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado la segunda de las porciones normativas transcritas, en el sentido de que la misma no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese sólo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. Por tanto, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando aceptaba inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Atento a lo antes expuesto, el auto impugnado en el que la junta responsable se declaró incompetente, no es definitivo para los efectos del amparo indirecto, porque está supeditado a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se le declinó, y será, en todo caso, la resolución que ésta emita, la que le causará el agravio y que puede ser impugnado en esta vía constitucional, en términos del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, si no procede algún recurso en su contra. En virtud que la afectación personal y directa a la esfera de derechos del accionante, se produce cuando la autoridad a la que se le declinó la competencia del juicio laboral, la acepta, lo que en la especie no ha acontecido. Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, y libro 22, septiembre de 2015, tomo I, páginas 5 y 22, Décima Época, con los números de registro 2009721 y 2009912, respectivamente, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo". Así las cosas, queda claro que la resolución reclamada por el quejoso no es la definitiva que pudiera hacer procedente el juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, en sentido contrario, ambos de la citada ley. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente. "Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que el veintiocho de octubre del año en curso, se desechó la demanda presentada por ****; sin embargo, del expediente electrónico no se aprecia que se haya notificado al quejoso tal determinación; por tanto, se comisiona al actuario adscrito, para que notifique al nombrado, el citado proveído. Notifíquese personalmente al quejoso."

  4. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el AVISO de dos de marzo de dos mil veintiuno, y se notifica el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento al proveído de veintidós de febrero del año en curso, que dice: "Toluca, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, regístrese bajo el número 784/2020-II. Desechamiento. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, el artículo 113 de la citada legislación establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama el auto de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente J.4/270/2020 de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en la que se declaró incompetente por razón de fuero y ordenó su remisión al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para que procediera conforme a sus facultades. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]" De la primera de las disposiciones transcritas se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que esta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; asimismo, del segundo de los dispositivos referidos, se advierte que el juicio de amparo procede contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora, para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente J.4/270/2020 de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en la que se declaró incompetente por razón de fuero y ordenó su remisión al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En atención a lo anterior, respecto a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado la segunda de las porciones normativas transcritas, en el sentido de que la misma no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese sólo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. Por tanto, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando aceptaba inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Atento a lo antes expuesto, el auto impugnado en el que la junta responsable se declaró incompetente, no es definitivo para los efectos del amparo indirecto, porque está supeditado a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se le declinó, y será, en todo caso, la resolución que ésta emita, la que le causará el agravio y que puede ser impugnado en esta vía constitucional, en términos del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, si no procede algún recurso en su contra. En virtud que la afectación personal y directa a la esfera de derechos del accionante, se produce cuando la autoridad a la que se le declinó la competencia del juicio laboral, la acepta, lo que en la especie no ha acontecido. Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, y libro 22, septiembre de 2015, tomo I, páginas 5 y 22, Décima Época, con los números de registro 2009721 y 2009912, respectivamente, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ". "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.". Así las cosas, queda claro que la resolución reclamada por el quejoso no es la definitiva que pudiera hacer procedente el juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, en sentido contrario, ambos de la citada ley. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente.# Auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. "Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que el veintiocho de octubre del año en curso, se desechó la demanda presentada por ****; sin embargo, del expediente electrónico no se aprecia que se haya notificado al quejoso tal determinación; por tanto, se comisiona al actuario adscrito, para que notifique al nombrado, el citado proveído. Notifíquese personalmente al quejoso."

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