Alda Beatriz Martínez Tavera

Expediente 794/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
794/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Alda Beatriz Martínez Tavera

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el dos de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto y se determinó que el plazo para su destrucción era de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo; sin embargo, tomando en consideración que se trata de un cuaderno de antecedentes, lo correcto es que una vez que transcurran seis meses de archivado el presente expediente es susceptible de destrucción, lo anterior de conformidad en los artículos 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.1 inciso a), del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo 794/2020-V del índice de este juzgado, promovido por *****, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mismo que registró con el número de amparo directo 921/2020. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  3. Principal

    En cumplimieto al AVISO de diecisiete de octubre de dos mil veinte se notifica a la quejosa el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte que a la letra dice; oluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ********, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca,regístrese bajo el número 794/2020-V. Incompetencia. Previo a explicar los motivos por los cuales este juzgado es legalmente incompetente, se precisa que de una lectura integral de la demanda que nos ocupa, así como de los agravios que hace valer la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, archivó como asunto concluido, al haber operado la caducidad el juicio laboral J.3/578/2018. En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, se considera que el acto que aquí se reclama sólo puede ser combatido a través del juicio de amparo directo, porque se reclama el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en el que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, archivó como asunto concluido, al haber operado la caducidad el juicio laboral J.3/578/2018. En efecto, de los antecedentes, así como de las constancias que adjuntó la parte quejosa a la demanda que nos ocupa se advierte que dentro de los autos del juicio laboral J.3/578/2018, la responsable dictó el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, del que se advierte que se ordenó el archivo como asunto concluido, al haber operado la caducidad. Luego, de lo anterior se advierte que el referido auto puso fin al ???????????? juicio laboral, y por ende, la vía procedente es el amparo directo. De ahí que se considere que es competente para conocer de la demanda de amparo promovida es el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno. Al caso es aplicable, la jurisprudencia número 2a./J. 97/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2401, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, Décima Época que establece: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO). De acuerdo con los artículos 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (este último en su texto vigente antes y después de la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 30 de mayo de 2017), el tribunal declarará la caducidad a petición de parte interesada o de oficio; en el primer supuesto, la declaración derivará de la petición de la parte a quien interese el decretamiento de dicha figura, y en el segundo, con motivo del cercioramiento oficioso, previo al dictado del laudo, de que no ha operado la caducidad, lo cual llevará a declarar su existencia cuando se estime consumada. De ese modo, si bien la declaración de la caducidad por parte de la autoridad puede tener origen en la petición de parte, ello no exime al tribunal laboral de analizar si se actualiza o no previamente al dictado del laudo correspondiente, para así tener plena certeza de que no existe algún impedimento técnico para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que si aquél no se pronunció oficiosamente sobre la caducidad, ni alguna de las partes la hizo valer, implícitamente se tiene por determinado que no se actualiza la caducidad por inactividad procesal. En tal virtud, en vía de amparo directo es posible analizar conceptos de violación donde se combata como violación a las leyes del procedimiento en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, la omisión del tribunal de pronunciarse oficiosamente respecto de la actualización de la caducidad, pues el laudo combatido aún no está elevado a la categoría de cosa juzgada al ser objeto del juicio constitucional, por lo que no existe impedimento técnico que, por preclusión, obstaculice su planteamiento vía conceptos de violación, máxime si se tiene en cuenta que no sería procedente combatir la omisión de declarar la caducidad a través del amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. De ese modo, cuando la legislación que rige el acto prevea que la caducidad del procedimiento laboral se declarará a instancia de parte o de manera oficiosa por el tribunal, sí será posible analizar en el juicio de amparo directo todo lo concerniente a dicha figura procesal, independientemente de que las partes no la hicieran valer en el juicio de origen y de que el tribunal no la analizara oficiosamente.". Así como la Tesis: III.5o.C.30 C, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Tercer Circuito, visible en la página 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que establece: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DECRETADA POR EL JUEZ AL RESOLVER EL RECURSO DE REVOCACIÓN. CASO EN QUE LA RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, SIN QUE IMPLIQUE INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 bis, fracción IX, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el proveído que decreta la caducidad de la instancia es impugnable a través de apelación, mientras que el auto que la niega no es recurrible. Empero, la primera hipótesis admite una excepción a la regla en cuanto a su impugnación, la que se surte cuando el acuerdo que decreta la caducidad se contenga en la resolución que decida un recurso, como el de revocación, que en términos de los artículos 428 y específicamente el 433 del propio ordenamiento es irrecurrible. Así, la regla general de impugnación de los acuerdos que decretan la caducidad no debe regir porque parte de la base de que la caducidad no va a decidirse a través de un recurso, sino mediante un acuerdo autónomo, pues lo lógico es, desde el punto de vista del derecho procesal, que el órgano jurisdiccional la declare en forma oficiosa o a petición de parte, pero no con motivo de la interposición de un recurso, tan es así que el legislador previó la apelación para el caso en que se decrete y proscribió cualquier otro recurso cuando se niegue. Por tanto, si se consideró operante esa figura jurídica en la resolución que decidió un recurso de revocación, que se hizo valer contra el acuerdo del Juez que omitió decretarla de oficio, tal resolución debe tenerse como definitiva para los efectos del juicio de amparo directo.". En este contexto, este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de grado; por tanto, con fundamento en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, para que conozca del acto reclamado en estudio, previa copia certificada que de la misma obre en autos. Solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, en virtud de que la parte quejosa tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen J.3/578/2018. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este ?????????????? momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente.

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