Aldhair Valle Guadarrama
Expediente 464/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aldhair Valle Guadarrama
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto de veintisiete de abril del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. ... se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto concluido. ...este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental.
- Principal
intégrese al expediente el oficio firmado por la Juez Primera Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, con el que devuelve diligenciado el despacho 388/2023-VI (orden 518) de este índice. En tales condiciones, téngase al quejoso notificado del proveído de veintisiete de abril de este año, en el que se desechó su demanda de amparo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes y dese de baja la comunicación oficial aludida
- Principal
Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Aldahir Valle Guadarrama, por propio derecho, contra actos del Comandante del Trigésimo Quinto Batallón de Policía Militar, residente en Irapuato, Guanajuato, y otras autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número 464/2023-VI. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad, esto es que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran ofrecer en el procedimiento, resulten innecesarios para configurar dicha improcedencia y para desvirtuarla. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17 que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. El quejoso reclama el oficio SPAA/8750 de ocho de abril de dos mil veintitrés, emitido por el Comandante del Trigésimo Quinto Batallón de la Policía Militar, con residencia en Irapuato, Guanajuato, mediante el cual se le cita para que se presente a las once horas del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en las instalaciones del comedor de la Décima Segunda Brigada de la Policía Militar para reunirse con el Consejo de Honor de esa Unidad, a fin de que dicho consejo conozca de la conducta en que incurrió, ante los resultados positivos de los exámenes toxicológicos que le fueron practicados el once de diciembre de dos mil veintidós y el ocho de marzo del año en curso, sobre consumo de metanfetamina y anfetamina; asimismo, en dicho oficio se le hizo del conocimiento que tiene derecho a nombrar un defensor entre los jefes u oficiales de esa corporación, así como a ofrecer las pruebas que estime pertinentes para su defensa. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que establecen: ... De los numerales transcritos se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en dichos procedimientos, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De acuerdo con la fracción II del artículo 35, en relación con la fracciones II y III del numeral 36 y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, dentro del procedimiento disciplinario, el Consejo de Honor tiene facultad de dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse desde el Capitán 1o., hasta el Soldado, por faltas como la embriaguez, uso de narcóticos y juegos prohibidos por la ley; además, tal organismo cuenta con facultad de acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea del imputado por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar. Empero, previamente a emitir tales determinaciones, el militar investigado cuenta con un plazo de quince días para manifestar lo que a su interés legal convenga, como garantía de audiencia, para poder obtener una resolución que le sea favorable. Aunado a ello, en el oficio reclamado se precisa al quejoso que tiene derecho a nombrar un defensor entre los jefes u oficiales de esa corporación, así como a ofrecer las pruebas que estime pertinentes para su defensa; además, no se le está formulando apercibimiento alguno en caso de no comparecer. De ahí que, se estima, el acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, sólo tiene consecuencias o produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Es así, pues sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente podrían producir una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues aun así podría determinarse su inocencia y, por consiguiente, no imponérsele alguna sanción de carácter disciplinario, por estimarse que no hay elementos suficientes para demostrar su responsabilidad. Máxime que el acto reclamado es sólo una citación para que el elemento militar investigado se presente ante el Consejo de Honor a fin de que dicho órgano conozca la falta o conducta indebida que se le atribuye; sin embargo, se concede al quejoso la oportunidad de designar a un defensor que lo asista y de ofrecer las pruebas que estime pertinentes para su defensa, sin formular apercibimiento alguno en caso de que no comparezca. De ahí que no pueda considerarse un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio amparo indirecto en este momento, sino que el quejoso deberá esperar a que se dicte resolución definitiva en el procedimiento administrativo disciplinario que se sigue en su contra, para comprobar si trasciende a su resultado. Decisión. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, del mismo ordenamiento, se desecha la demanda de amparo promovida por Aldahir Valle Guadarrama. Domicilio procesal y autorizados. El promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Finca San Antonio, **************** colonia Centro de Salamanca, Guanajuato, esto es, fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso j), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298, 299 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio previamente indicado y notifique al quejoso *********************a presente determinación. Se faculta al juez a quien corresponda conocer de la comunicación enviada para que habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase a Roberto Rafael Rodríguez Carranza, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos del precepto legal en cita a Agustín Mollinedo Herrera, por no contar con ese registro. Habilitación de días y horas inhábiles. ... Transparencia y protección de datos personales. ...
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