Alberto Velázquez Jaramillo
Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alberto Velázquez Jaramillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el plazo de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de veintiocho de marzo pasado en el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 18 del referido Acuerdo, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, éstos serán destruidos. Asimismo, se le informa que para la entrega de estos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, lo que le permitirá generar el código QR correspondiente para su ingreso para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que cumpliera con la prevención que se le hizo en el proveído de once de marzo del presente año, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en ese auto y con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por José Luis Murillo Arellano, autorizado de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, infórmese al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos anteriores del presente acuerdo, en el que se tuvo no presentada la demanda de amparo, toda vez que la quejosa no cumplió con la prevención formulada en autos dentro del término concedido para tal efecto. Aunado a lo anterior, se considera que el autorizado en términos amplios del solicitante del amparo carece de legitimación para cumplir la prevención formulada, porque el artículo 15 de la Ley de Amparo faculta a cualquier persona a promover el juicio en favor del directo agraviado, siempre que éste se encuentre imposibilitado para hacerlo por derecho propio, o bien, por conducto de quien ejerza su representación. Así se advierte en el primer párrafo de la disposición citada, que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el caso, es claro que los menores de edad A.F.V.O.; J.A.S.V.; J.C.R.D.; E.E.R.D.; I.W.Z.S.; G.D.R.C.; C.S.V.; A.N.A.M., y E.R.B., están debidamente representados en el presente juicio, pues sus progenitores promovieron el presente juicio de amparo a su favor contra la omisión reclamada. Por ende, la situación jurídica de los menores quejosos no se subsume en la hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, según la cual cualquier persona puede promover el juicio a favor del directo agraviado cuando éste se encuentre imposibilitado para hacerlo, ya que la presente instancia fue promovida por las personas que ejercen la patria potestad sobre los menores y, por ende, deben ser dichas personas, y no su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes deben cumplir la prevención formulada. Apoya lo anterior las jurisprudencias 2a. 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 37/2011 y 50/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen, respectivamente: "DEMANDA, ACLARACION DE LA. EL AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material." "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Lo destacado no es de origen." "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no an
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, en representación del Secretario de Salud del Estado; en atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando las gestiones tendentes al cumplimiento de la suspensión decretada de plano en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en razón de su especial naturaleza, se admiten y desahogan las pruebas documentales que adjunta la autoridad oficiante. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II, de la ley de la materia, téngase como domicilio el que se señala, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal y como sus delegados a quienes indica. Asimismo, téngase proporcionado la cuenta de correo electrónico pramirezra@guanajuato.gob.mx, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Ahora bien, respecto de la petición a la que hace referencia la autoridad oficiante, infórmesele que mediante el oficio Cal/2022/10311, recibido en este juzgado el dieciocho de los actuales, el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, informó que notificó a la promovente mediante el correo electrónico proporcionado en la presente instancia, que se encuentran señaladas las nueve horas del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna preventiva contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, al menor quejoso de iniciales J.A.S.V., la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital Militar Regional de esta ciudad.
- Principal
Autorizado de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a su contenido, como lo solicita, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que pueda consultar el expediente electrónico. Por otra parte, Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngase rendido el informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos que le corresponde.- Asimismo, se toma conocimiento de las medidas adoptadas por la autoridad oficiante para cumplir con la suspensión de plano decretada en autos. Se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjunta para acreditar lo anterior. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional.
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