Aldair Campa Cornejo

Expediente 1240/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1240/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Aldair Campa Cornejo

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de once de agosto del año en curso, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** y otros; para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos del artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado César David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y del contenido de las cuatro razones actuariales de siete de agosto del presente año de cuenta, de las que se advierte que los directo quejosos ***, ratificaron la presentación de la demanda de derechos presentada en su nombre por Jesús Hernández Jiménez. Así como también se advierte que en el mismo acto, el Actuario adscrito que realizo dichas diligencia asentó que el mismo siete de agosto de este año, en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Agustín Tlaxiaca, los directos quejosos ya habían sido puestos en libertad, tan es así que ya contaban con sus cosas en mano y ya no se encontraban en los separos, cuestión que se confirmó con sus abogado. Por lo que se procede a acordar lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La privación de la libertad fuera de procedimiento judicial e incomunicación. Ahora bien, como se advierte de la razón actuarial de cuenta, se evidencia: Que el fedatario judicial adscrito asentó en la razón actuarial que antecede que la demanda presentada en nombre de los quejosos fue ratificada por ellos, además de que no presentaban maltrato físico alguno y que los mismos fueron puestos en inmediata libertad en esa misma data. En ese contexto, los actos que se reclaman ya cesaron al habérseles puesto en inmediata libertad y al advertirse que no se encontraban incomunicados. Precisado lo anterior, como ya se mencionó, quien aquí resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 en su fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el texto de dicho precepto, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violentado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En este contexto, se establece que el acto reclamado por la quejosa se hizo consistir en la privación ilegal de la libertad, mismo que dejo de surtir sus efectos al momento en que fueron puestos en libertad. De esta manera, se pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual la parte quejosa interpuso su demanda de derechos se encuentra totalmente satisfecha, ya que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos; por tanto, lo precedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de la Materia. En tales condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia establecidas en los artículos 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por Aldair Campa Cornejo, Jhony Hernández Camacho, Eden Rodríguez Hernández y Uziel Rodríguez Hernández, por derecho propio, respecto de dichos actos reclamados. Notifíquese y, personalmente a la quejosa por usuario.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL EXHORTO EN QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA:"Visto el estado que guardan los presentes autos y del contenido de las cuatro razones actuariales de siete de agosto del presente año de cuenta, de las que se advierte que los directo quejosos ***, ratificaron la presentación de la demanda de derechos presentada en su nombre por Jesús Hernández Jiménez. Así como también se advierte que en el mismo acto, el Actuario adscrito que realizo dichas diligencia asentó que el mismo siete de agosto de este año, en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Agustín Tlaxiaca, los directos quejosos ya habían sido puestos en libertad, tan es así que ya contaban con sus cosas en mano y ya no se encontraban en los separos, cuestión que se confirmó con sus abogado. Por lo que se procede a acordar lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La privación de la libertad fuera de procedimiento judicial e incomunicación. Ahora bien, como se advierte de la razón actuarial de cuenta, se evidencia: Que el fedatario judicial adscrito asentó en la razón actuarial que antecede que la demanda presentada en nombre de los quejosos fue ratificada por ellos, además de que no presentaban maltrato físico alguno y que los mismos fueron puestos en inmediata libertad en esa misma data. En ese contexto, los actos que se reclaman ya cesaron al habérseles puesto en inmediata libertad y al advertirse que no se encontraban incomunicados. Precisado lo anterior, como ya se mencionó, quien aquí resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 en su fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el texto de dicho precepto, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violentado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En este contexto, se establece que el acto reclamado por la quejosa se hizo consistir en la privación ilegal de la libertad, mismo que dejo de surtir sus efectos al momento en que fueron puestos en libertad. De esta manera, se pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual la parte quejosa interpuso su demanda de derechos se encuentra totalmente satisfecha, ya que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos; por tanto, lo precedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de la Materia. En tales condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia establecidas en los artículos 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por Aldair Campa Cornejo, Jhony Hernández Camacho, Eden Rodríguez Hernández y Uziel Rodríguez Hernández, por derecho propio, respecto de dichos actos reclamados. Notifíquese y, personalmente a la quejosa por usuario."Notifíquese

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por la Jueza Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, por el cual informa que por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno dictó acuerdo en cumplimiento a la ejecutoria en el sentido de no ejecutar el auto de ejecución de ocho de enero de dos mil veinte, respecto al inmueble propiedad de la aquí quejosa *******, además, que la actora ********, presentó escrito por el cual manifiesta que le han sido cubiertas todas y cada una de las prestaciones reclamadas, solicitando le sea devuelto el documento base de la acción a la parte demandada y que por ese motivo por auto de once de enero del año en curso, se ordenó ratificar dicho ocurso; y, para corroborar su información anexa diversas constancias. En atención a su contenido, se le tiene a la responsable informando del cumplimiento a la concesión del amparo concedido a la actora *******, por lo que se procede a resolver sobre ese tópico. 1. SENTIDO DE LA SENTENCIA. Vistos los autos, se advierte que mediante sentencia de trece de marzo de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de derechos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Ma. Guadalupe Cervates Vargas, misma que causó ejecutoria por auto de diez de mayo de dos mil veintiuno. 2. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La concesión del fallo protector consistió a efecto de que la autoridad responsable, Jueza Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, realice lo siguiente: ". para el efecto que la autoridad responsable no ejecute el auto de ejecución de ocho de enero de dos mil veinte, en el inmueble de la quejosa, respecto de los bienes y derechos de la quejosa, Ma. Guadalupe Cervates Vargas, en la parte correspondiente a la sociedad conyugal a la que tiene derecho.". 3. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Sentado lo anterior, se procede a resolver en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, así como en los diversos 77 y 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En ese orden, la Jueza Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Hidalgo, mediante oficio de tres de agosto del año en curso, como ya quedó expuesto, que por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno dictó acuerdo en cumplimiento a la ejecutoria en el sentido de no ejecutar el auto de ejecución de ocho de enero de dos mil veinte, respecto al inmueble propiedad de la aquí quejosa Ma. Guadalupe Cervates Vargas. Efectivamente, de las constancias que remitió la responsable al oficio de cuenta, así como las que obran en autos, se advierte que por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la responsable ordenó no ejecutar el auto de ejecución de ocho de enero de dos mil veinte, respecto al inmueble propiedad de la aquí quejosa Ma. Guadalupe Cervates Vargas, en la parte correspondiente a la sociedad conyugal a que tiene derecho, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se le concedió en este juicio de amparo; y como consecuencia facultó al Actuario de su adscripción se constituyera en hora y día hábil en el domicilio de la parte demandada Aldo Arturo Lozano Delgadillo, deudor principal y lo requiriera para que en el momento de la diligencia pague a la actora la cantidad demandada por concepto de suerte principal e intereses moratorios a que fue condenado en sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho y resolución interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y que al no verificarse en el momento de la diligencia procediera a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago requerido. De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la protección constitucional, contenida en la ejecutoria de amparo, esto es, acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, puesto que por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó no ejecutar el auto de ejecución de ocho de enero de dos mil veinte, respecto al inmueble propiedad de la aquí quejosa Ma. Guadalupe Cervates Vargas. Incluso, comisionó al Actuario de su adscripción se constituyera en hora y día hábil en el domicilio del demandado Aldo Arturo Lozano Delgadillo, deudor principal y lo requiriera para que pagara a la actora la cantidad demandada por concepto de suerte principal e intereses moratorios a que se le condenó en sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho y resolución interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y que al no hacerlo procediera a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago exigido. Aunado, que la actora Nancy Olivares García, presentó escrito ante el Juez responsable en el que expuso que le han sido cubiertas todas y cada una de las prestaciones reclamadas, solicitando le sea devuelto el documento base de la acción a la parte demandada; y, respecto a esa manifestación, por auto de once de enero del año en curso, se ordenó ratificar dicho ocurso. 4. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO. Así las cosas al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto a la concesión del juicio de derechos, es de concluirse que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito y en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XVI, de la Carta Magna, 192, 196 segundo párrafo y 214 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado GUADALUPE ALVAREZ SANCHES, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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